Luis Alberto Sánchez Vázquez
Expediente 1169/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Alberto Sánchez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado el veinte de febrero del año en curso; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso, Luis Alberto Sánchez Vázquez, por derecho propio, ocurrió a promover juicio de amparo indirecto, señalando en su demanda de amparo, como acto reclamado de la autoridad responsable, Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, sustancialmente la omisión de contestar su escrito presentado el treinta de noviembre del año dos mil diecisiete. Ahora bien, de las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable, Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, se advierte que el uno de diciembre del año dos mil diecisiete, se acordó el escrito de cuya omisión de acordar reclama el quejoso, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que al respecto dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesado los actos reclamados. En efecto, como ya se vio, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se advierte que el uno de diciembre del año dos mil diecisiete, se acordó el escrito de cuya omisión de acordar reclama el quejoso; de ahí que es claro que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Efectivamente, ha cesado el acto reclamado; de ahí que deba estimarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia sujeta a estudio, respecto de dicho acto reclamado, por lo tanto, lo procedente será sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, promovido por la parte quejosa. Por otra parte, vista la diligencia que antecede, mediante el cual el quejoso ratifica su escrito presentado el siete de febrero del año dos mil dieciocho, consecuentemente se procede a proveerlo en los siguientes términos: Visto el escrito del quejoso, Luis Alberto Sánchez Vázquez, mediante el cual amplía su demanda de amparo, señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables, y nuevos conceptos de violación. Ahora bien, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, a contario sensu, se desecha la ampliación de demanda solicitada, de conformidad con las consideraciones siguientes. Por cuanto hace al acto reclamado consistente sustancialmente en la contestación-notificación que se le dio a su escrito de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, el primer acto reclamado de la ampliación de demanda, se hace consistir sustancialmente en la contestación-notificación que se le dio a su escrito de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete; mediante el cual se le citó al hoy quejoso, para que compareciera el once de diciembre del año dos mil diecisiete, ante la Sala de cabildo a las doce horas, así como el acta de sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, celebrada el once de diciembre de dos mil diecisiete; en lo particular, lo asentado allí al tratar los puntos VI y VII del orden del día; sin embargo, ese día ya transcurrió; de ahí que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, si bien existe, como lo es, dicha contestación, para que compareciera ante la Sala de Cabildo; no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; lo anterior, al haber transcurrido la fecha mencionada; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.- El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella.". Al respecto, se invoca, por las razones que la informan, la tesis aislada 2ª.XCIX/2000, localizable en la página 357, del Tomo XII, Agosto de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De ahí que respecto del acto reclamado consistente sustancialmente en la contestación-notificación que se le dio a su escrito de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete; mediante el cual se le citó al hoy quejoso, para que compareciera el once de diciembre del año dos mil diecisiete, ante la Sala de cabildo a las doce horas, y el acta de sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, celebrada el once de diciembre de dos mil diecisiete; en lo particular, lo asentado allí al tratar los puntos VI y VII del orden del día; procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por cuanto hace a los diversos actos reclamados consistentes en la omisión de publicar la totalidad de actas de cabildo, entre sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas a lo largo de dos mil diecisiete, y durante enero de mil dieciocho, en la página electrónica y en los estrados del Ayuntamiento, la omisión de enviar una copia de todas las actas de sesiones de cabildo, al archivo general del Estado, la omisión de constituir la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 111, de la Ley de Amparo, a contrario sensu; se desecha la ampliación de demanda formulada, ya que los actos reclamados no guardan vinculación con el acto reclamado inicialmente; pues no hay que perder de vista que el acto reclamado inicial, lo fue la omisión de acordarle su escrito presentado el treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, en el cual solicitaba que en la convocatoria a la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria de cabildo municipal, le permitieran exponer diversas problemáticas; de ahí que, se insiste, es procedente desechar la ampliación de demanda mencionada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis visible en la página 1549, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALAN ACTOS QUE NO GUARDAN VINCULACIÓN CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE O NO SON CAUSA EFICIENTE DE LOS MISMOS". También sirve de apoyo, por no estimarse contraria la Ley de Amparo en vigor, la tesis de jurisprudencia visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De igual forma, sirve de apoyo por no contravenir la Ley de Amparo en vigor, la tesis de jurisprudencia visible en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.- La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". Se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito al parecer signado por Luis Alberto Sánchez Vázquez; toda vez que se aprecia que la firma que calza dicho ocurso referido, difiere de la estampada en su escrito de demanda de amparo; en tales circunstancias, requiérasele para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, comparezca ante este Juzgado, en horas hábiles y con documento oficial con fotografía, a ratificar su escrito de mérito, y una vez hecho lo anterior, se acordará lo que en derecho proceda; en caso de no cumplir, se tendrá por no presentado. Consideración que encuentra su apoyo además en la Jurisprudencia por contradicción de tesis 7/89, publicada en la página novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Tercera Sala, Segunda Parte, bajo el rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las nueve horas con cincuenta minutos del dos de marzo del año en curso, para que tenga verificativo Notifíquese personalmente
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, se tienen por designados como delegados de su parte a los profesionistas que refiere; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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