LUIS ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y Otros.
Expediente 1204/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- LUIS ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y Otros.
- Luis Alberto Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el telegrama enviado por la Directora de Amparos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde informe con relación a la suspensión de oficio y de plano decretada en el juicio de amparo relativo a este cuaderno de antecedente. Toda vez que por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, aceptó la competencia que se declinó en este asunto (ahora ********************2021); por lo tanto, previa copia que se deje en autos, mediante oficio, remítasele el original del telegrama de cuenta, para lo que estime procedente acordar en el expediente ********************2021 de su estadística. Notifíquese.
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio que remite por vía interconexión la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que acompaña una reproducción con firmas electrónicas del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo ... de su índice, y otras constancias deducidas del citado juicio, del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda de amparo origen del juicio de amparo relativo a este cuaderno de antecedentes y se avocó al conocimiento del mismo. Ahora bien, toda vez que por proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, en este cuaderno, se reservó el informe que rindió el Subdelegado de Desarrollo Urbano Ordenación del Territorio y Vivienda Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, que rindió a la suspensión de plano que fue decretada en el juicio (ahora ...); por lo tanto, desglósese éste y mediante oficio, remítase al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para lo que estime procedente acordar en el expediente de su estadística. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos, el oficio signado por el Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue realizado el trece de octubre del presente año, y sobre el particular manifiesta que no existe Delegado del ISSSTE en el Estado de Oaxaca, y refiere que en el ámbito de sus atribuciones que le confieren los artículos 7 fracción XXII, 14, 27, 28 fracción VI, 29 y 30 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2019, así como en los artículos 12 y 14 fracciones XVIII y XXII del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales, mediante oficio ".......""", de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, solicito al Subdelegado de Prestaciones, quien de conformidad con el artículo 26, A fracción II del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de junio del 2015, es el servidor público de la delegación estatal competente y con atribuciones en materia pensionaria, para que lleve a cabo de manera inmediata y urgente las acciones para dar cumplimiento a la sentencia del Juicio de Amparo en que se actúa; para acreditar su dicho adjunta copia simple de dicho oficio y del correo electrónico de su envió. Asimismo hace del conocimiento de este Juzgado las atribuciones que le fueron conferidas en su cargo conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2019, de lo cual concluye que el Director Normativo de Supervisión y Calidad carece de atribuciones en materia pensionaria, por consiguiente se encuentra impedido jurídicamente para resolver directamente la materia pensionaria, señalando que las autoridades competentes en ese tópico son el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación del ISSSTE en el Estado de Oaxaca y/o el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales en el Nivel Central; información que se toma en consideración para los efectos legales consiguientes. Ahora, en virtud de que en el oficio de cuenta la autoridad oficiante manifiesta que no existe Delegado del ISSSTE en el Estado de Oaxaca, sin embargo, dado que en este asunto ya existe sentencia ejecutoriada y que en auto de catorce de mayo del presente año, se tuvo al Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, rindiendo informe justificado en representación del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, sin que haya manifestado la circunstancia a que alude el Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de México, por tanto, con apoyo en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicho Jefe de la Unidad Jurídica, para que dentro del plazo de tres días a partir de su legal notificación aclare esta circunstancia respecto a la figura del Delegado del ISSSTE en el Estado de Oaxaca, y además proporcione el nombre de dicho Delegado, debiendo precisar a quién le resulta el carácter de superior jerárquico de esa autoridad con atribuciones en materia pensionaria, para ello, adjúntesele copia simple del oficio de cuenta. Se le apercibe que de no cumplir lo anterior, se le impondrá a su titular una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma, esto es, la cantidad equivalente a "....."""" ($"....."""), a razón de 89.62 como valor diario. En otro aspecto, vistos los autos se advierte que en proveído de veinte de octubre del presente año, se requirió a las autoridades responsables Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como al Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que recibieran el comunicado respectivo, cumplieran con la ejecutoria de amparo, y dentro del mismo plazo, remitieran copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adoptaran. En ese sentido, por auto de veintiséis de octubre último, se tuvo a la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Secretario de Acuerdos, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informando las gestiones que se encontraban realizando; sin embargo las demás autoridades responsables a la fecha no han cumplido con tal exigencia, pese a que quedaron legalmente notificadas del requerimiento el veintidós de octubre del presente año. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como al Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, cumplan con la ejecutoria de amparo, y remitan dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopten, esto es: ".Los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, deberán realizar lo siguiente: Emitir las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad "....."", en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las autoridades demandadas, cumplan plenamente con la sentencia de veinte de junio de dos mil dieciocho, lo cual significa que deberán ser diligentes en el trámite de la ejecución de dicha sentencia, a efecto de que éste no quede paralizado. Lo anterior, sin perjuicio que, dicten otras medidas que abonen al lograr el cumplimiento de la sentencia de mérito. Por su parte, las autoridades Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ambas residentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez, deberán de acatar la sentencia de nulidad dictada en el procedimiento administrativo antes mencionado." La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente; "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carecen de superior jerárquico, puesto que no lo es la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es la Junta de Gobierno y Administración de dicho Tribunal, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre los Magistrados de la Sala Regional en cuestión, para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a dichos Magistrados, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, los aludidos Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa carecen de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ellos. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Ahora respecto del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, Delegación Oaxaca, toda vez que en esta propia actuación se precisó quien es el superior jerárquico de dicha responsable, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, con copia autorizada de la sentencia, notifíquese este proveído al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la precitada autoridad responsable, en términos del artículo 27 segundo párrafo del Estatuto Orgánico de ese Instituto, y requiérasele para que inmediatamente ordene a su inferior cumplir con la ejecutoria. Apercíbase al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, y a la citada autoridad responsable que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá al titular de la referida autoridad una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a "....."" ($".....""), a razón de 89.62, como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. Finalmente, se precisa que respecto de la diversa autoridad responsable Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en esta actuación no se le requerirá el cumplimiento de la sentencia, hasta en tanto, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, desahogue el requerimiento que se precisó en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por "......."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número """""......""". Se precisa que de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el quejoso también pide la suspensión de los actos reclamados que agravian a su menor hija de iniciales """""......""""; sin que exhiba copia del acta de nacimiento de dicha menor; empero en atención a la naturaleza urgente de algunos actos reclamados, se provee con relación a la suspensión que se pide a nombre de dicha menor, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así también, el peticionario del amparo aduce la presentación de una demanda de amparo la cual pide se tramite conjuntamente con ésta, por economía y concentración, y así evitar resoluciones contradictoras; sin embargo, no aporta mayores datos que permitan identificar la demanda a que se refiere; de ahí que solo se emite pronunciamiento con relación a la demanda de cuenta. Suspensión de oficio y de plano En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 125, 128 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", reformado mediante diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, con relación al período de vigencia; en relación con los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, y el precepto 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos -que protege el derecho a la integridad personal- se concede a los quejosos ""......""" y a la menor de iniciales "......"" la suspensión de oficio y de plano respecto del acto reclamado que hace consistir en la ORDEN DE DESTIERRO (que la parte quejosa identifica como desplazamiento al interior de la República en un estado diferente a su cosmovisión), PRIVACIÓN DE LA VIDA, INCOMUNICACIÓN y PROSCRIPCIÓN POR CAUSAS POLÍTICAS, para el efecto de que cese la ejecución de los citados actos, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, requiérase a las responsables para dentro del término de VEINTICUATRO HORAS hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión decretada, en el oficio que se envíe hágase del conocimiento de tales responsables, el nombre completo de la citada menor, a fin de que conozcan con relación a la persona menor de edad a quien se le otorga la suspensión de plano; apercibidas que de no hacerlo su conducta actualizará el delito previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Precisión respecto de la suspensión de los diversos actos. En esa medida, se estima que no es el caso hacer mayor pronunciamiento respecto a la suspensión de los actos consistentes en orden de invasión, expulsión de su vivienda, desposesión y despojo del inmueble ubicado en"......""", y negativa a dejarlos salir por la puerta de acceso directo a la calle; toda vez que, tales actos no se ubican en los supuestos que prevé el numeral 126 de la Ley de Amparo. De ahí que, al no cumplir el extremo que exige el artículo 126 de la ley de Amparo, no es dable conceder la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa. No obstante, dado que el quejoso mayor de edad aduce ser pobre y hablante del idioma zapoteco y la otra quejosa, se trata de una menor de edad, de ahí que se advierte que pertenecen al grupo de personas vulnerables; por tanto, se impone a las autoridades responsables solicitar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (DIF), con fundamento en el artículo 2° de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, su asistencia fin de que los quejosos por pertenecer a personas vulnerables, puedan ser albergadas en la citada institución, en caso de que así lo requieran dichos quejosos a fin de no dejarlos desprotegidos; de ahí que deberán informar al juzgado competente el cumplimiento a lo anterior. Incompetencia. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. En ese tenor, vista la demanda de cuenta se desprende que los promoventes refieren que los actos reclamados se ejecutan en el inmueble ubicado en ""......"". Ahora bien, sentado lo anterior, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". De este modo, se destaca que la competencia por territorio en materia de amparo constituye tema de orden público, no sólo por ser presupuesto procesal, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". De lo anterior se obtiene en forma explícita que el juicio de amparo, se promoverá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente; al respecto el numeral 37 de la Ley de Amparo, textualmente señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del texto transcrito, se obtiene que para delimitar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, se desprenden tres reglas, a saber: 1) Primer párrafo. La competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquél en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Segundo párrafo. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o empiece a ejecutarse en un Distrito y siga desarrollándose en otro, la competencia se surtirá a favor del juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Último párrafo. Cuando el acto o actos reclamados no requieren de ejecución material, la competencia se surtirá a favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. Bajo esa tesitura, la parte quejosa se duele en esta instancia constitucional, de los actos reclamados se ejecutan en el bien inmueble ubicado en "....."", Oaxaca, puesto que, bajo protesta de decir verdad, refieren que el ocho de noviembre del año en curso, siendo aproximadamente las diez de la mañana se presentó la Dirección de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Ayuntamiento en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, y otras autoridades al predio de su propiedad y posesión, para ejecutar los referidos actos reclamados, además solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal para que los mismos no se vuelvan a repetir. En ese tenor, el punto Cuarto, fracción XII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dice: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo..". Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, lugar donde se encuentra el domicilio donde se ejecutan los actos reclamados. Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, por lo que se ordena remitir el presente juicio de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes, y este en espera a lo que el Juez en mención tenga a bien proveer sobre el particular. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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