Luis Alberto Ruiz Valladares

Expediente 417/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
417/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Luis Alberto Ruiz Valladares

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede, se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso alguno contra el auto de diecisiete de noviembre del año en curso, que desechó su demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Consérvese el expediente en el "Archivo reciente" de este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó de plano la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, V) ni se estiman asuntos de trascendencia jurídica, política, social o económica. En consecuencia, como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, se declara como sí destruible, de tal manera que sin necesidad de nuevo acuerdo, se deberá proceder a su destrucción en el término correspondiente, contado a partir de la fecha de notificación de este auto. En el entendido de que se anotará en la carátula, la circunstancia anterior, para su correcta identificación; en tal virtud, se ordena su archivo definitivo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, toda vez que se encontraban suspendidos los plazos y términos desde el dieciocho de marzo del presente año; procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, levantar dicha suspensión y reanudar los plazos en el punto en que quedaron pausados, continuando el trámite sin restricción alguna. Ahora, en virtud de que, en proveído de catorce de mayo del año actual, se reservó respecto a la procedencia de la demanda de amparo promovida por *********************; este juzgado procede a pronunciarse al respecto. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene, que la parte quejosa esencialmente hace consistir los actos reclamados en: Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, consistentes en la negativa de permitir a las personas físicas quejosas, el acceso al municipio de Hecelchakán, Campeche, donde se ubica la sucursal de "*******************", de la cual ellos son empleados, (.) misma que les fue comunicada de manera verbal los pasados días 28 y 29 de abril del año en curso, por parte de agentes policiacos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Hecelchakán, Campeche; así como también por elementos de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Hecelchakán, Campeche, y por personal de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, amenazándolos (los elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Hecelchakán, Campeche) con recluirlos en la cárcel municipal de Hecelchakán, Campeche, en caso de no acatar la instrucción que versa sobre la negativa de acceder al municipio de Hecelchakán, Campeche; y como consecuencia de esto, la violación de los derechos humanos previstos en los artículos 5 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los aludidos empleados de la sucursal de ********, ubicada en" (.) Esto, pues consideran los promoventes que dicha negativa les agravia, al no permitirles el acceso al municipio de Hecelchakán, Campeche, donde se ubica la sucursal de "Banco Azteca Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple", de la cual ellos son empleados. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en la especie se actualizan, de manera manifiesta e indudable, dos causas de improcedencia: La primera, contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo"... Es así, porque si bien los quejosos impugnan básicamente la negativa de las responsables de permitir a las personas físicas quejosas el libre acceso al municipio de Hecelchakán, Campeche, donde se ubica la sucursal de "*********Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple", de la cual ellos son empleados; tal circunstancia hoy en día no podría surtir efecto material alguno, ya que, como hecho notorio, se invoca que de conformidad con el sistema de alerta sanitaria previsto por el Gobierno Federal, la Entidad se encuentra en alerta verde, lo que acorde con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en su punto 4.2, permite, ante un nivel de riesgo bajo, como es el semáforo verde, la presencia de todo personal en su centro de trabajo, ya que en casos de alerta baja, como en la especie, no será necesario implementar medidas especiales, por lo que es evidente que no existe razón alguna para restringir o negar a los quejosos el acceso al Municipio de Hecelchakán, en donde se encuentra su centro de trabajo. En consecuencia, la negativa alegada no puede tener efecto alguno, ya que la restricción de acceso a las localidades, con motivo de la pandemia, no es operante y carece de objeto en etapa de riesgo bajo (semáforo verde), pues el regreso a las actividades es completo,sin restricciones. Por otro lado, tales actos reclamados también actualizan la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Lo anterior es así, toda vez que los quejosos señalan que les agravia la negativa de las responsables de permitirles el acceso al municipio de Hecelchakán, Campeche, donde se ubica la sucursal de "********* Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple", de la cual ellos son empleados, (.). Sin embargo, cabe señalar, que la Secretaría de Salud, estableció las etapas para regresar a las actividades normales durante la pandemia generada por el virus SARCOV2 (COVID-19), que denominó como: Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores: Rojo Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Asimismo, dicha institución de salud pública, determinó que a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el Estado de Campeche, pasaría del semáforo amarillo al verde, lo cual implica la reactivación de todas las actividades, incluidas las escolares, por lo que es indiscutible que la etapa de semáforo verde permite, sin excepción, que se desarrollen todas las actividades, sin restricción, ya que el regreso es completo. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXII, de la Ley de Amparo, procede, acorde con los diversos dispositivos 62 y 113 de la propia legislación, desechar por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por ********************************************* Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios y Secretarios adscritos para que en su caso, en días y horas inhábiles, realicen las notificaciones que se ordenan en el presente juicio. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente.

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