Luis Alberto Rosales Nuñez

Expediente 253/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
253/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Rosales Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia que antecede, de cuyo contenido se advierte que el directo quejoso Luis Alberto Rosales Núñez, ante la presencia judicial, externó su deseo de desistirse de la demanda que dio inicio al presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Lo anterior resulta procedente toda vez que, en principio, el estado procesal de este juicio de amparo admite dicho desistimiento, en virtud de que aún no se ha celebrado la audiencia constitucional, menos aún dictado sentencia ejecutoria; además, tal como se advierte de la comparecencia que antecede, el directo quejoso se constituyó en el local que ocupa este órgano de control de la constitucionalidad, a manifestar su desistimiento ante la presencia judicial, previa identificación, con lo cual quedó de manifiesto su voluntad expresa para concluir el juicio. Por lo que, considerando que conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, al no existir interés de la parte quejosa para proseguir con su acción, resulta atendible su petición y procede resolver en la forma apuntada. Apoya lo considerado la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 147, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Así como la diversa tesis VI.2o.19 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 488, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso también solicitó se le tuviera renunciando al plazo establecido en el artículo 86 de la ley de la materia, para interponer recurso de revisión, lo que denota su conformidad con el sobreseimiento decretado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355, 356, fracción III, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara, desde este momento, que dicha determinación causa estado. Sin que obste para ello el hecho de que aún no se ha notificado a las demás partes el sobreseimiento, pues sus consecuencias únicamente afectan al promovente, de ahí que solo él estaba legitimado para recurrirlo. En esas condiciones, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; agréguese el cuaderno único del incidente de suspensión, archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al archivo de este juzgado para su resguardo. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, mientras que el cuaderno único del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos en el capítulo siete, apartado 7.1, numeral 7.1.1. sub numeral 2, apartado 7.3, y apartados 7.5 y 7.6, y capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en el incidente de suspensión respectivo, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sea conservada la demanda, auto admisorio, determinaciones relativas a la concesión de la medida cautelar así como el presente acuerdo. Hágase todo lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Tomando en consideración que el catorce de abril del año en curso, entre otras cosas, se ordenó el emplazamiento como tercera interesada de Ana Rosa Ríos Ramos, quien tiene derecho a la reparación del daño respecto del delito cuya comisión se atribuye al quejoso, por conducto del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta localidad fronteriza, lo que tuvo verificativo el veintiocho de ese mes y año; comuníquese el presente proveído al citado representante social, a fin de que, dentro del plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, por su conducto ordene a quien corresponda notifique a la citada tercera interesada el contenido de la presente determinación. Hecho lo anterior, dentro del plazo concedido, remita a este juzgado las constancias que acrediten su cumplimiento. Finalmente, agréguese el escrito signado por el quejoso Luis Alberto Rosales Núñez; atento a su contenido, téngasele solicitando la devolución del billete de depósito N 954996, presentado ante este órgano jurisdiccional a fin de cubrir la garantía que se fijó en la suspensión definitiva decretada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar que se concedió en los términos precisados en la misma. En consecuencia, en razón de lo expresado en párrafos precedentes, es innecesario que continúe en este juzgado la garantía exhibida para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada al quejoso; por consiguiente, devuélvase el billete de depósito N 954996, expedido a nombre del quejoso, por la cantidad de $ $12,000.00 (doce mil pesos, cero centavos) moneda nacional. En la inteligencia que el depositante Luis Alberto Rosales Núñez, cuenta con un plazo de dos años, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que comparezca personalmente en días y horas hábiles ante este tribunal a recibir el aludido billete de depósito, trayendo consigo identificación original vigente con fotografía; apercibido que de no hacerlo en dicho lapso, se hará efectivo a favor del erario federal, acorde a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Tesorería de la Federación, en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia que antecede, de cuyo contenido se advierte que el directo quejoso Luis Alberto Rosales Núñez, ante la presencia judicial, externó su deseo de desistirse de la demanda que dio inicio al presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Lo anterior resulta procedente toda vez que, en principio, el estado procesal de este juicio de amparo admite dicho desistimiento, en virtud de que aún no se ha celebrado la audiencia constitucional, menos aún dictado sentencia ejecutoria; además, tal como se advierte de la comparecencia que antecede, el directo quejoso se constituyó en el local que ocupa este órgano de control de la constitucionalidad, a manifestar su desistimiento ante la presencia judicial, previa identificación, con lo cual quedó de manifiesto su voluntad expresa para concluir el juicio. Por lo que, considerando que conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, al no existir interés de la parte quejosa para proseguir con su acción, resulta atendible su petición y procede resolver en la forma apuntada. Apoya lo considerado la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 147, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Así como la diversa tesis VI.2o.19 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 488, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado". Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso también solicitó se le tuviera renunciando al plazo establecido en el artículo 86 de la ley de la materia, para interponer recurso de revisión, lo que denota su conformidad con el sobreseimiento decretado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355, 356, fracción III, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara, desde este momento, que dicha determinación causa estado. Sin que obste para ello el hecho de que aún no se ha notificado a las demás partes el sobreseimiento, pues sus consecuencias únicamente afectan al promovente, de ahí que solo él estaba legitimado para recurrirlo. En esas condiciones, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; agréguese el cuaderno único del incidente de suspensión, archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al archivo de este juzgado para su resguardo. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, mientras que el cuaderno único del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos en el capítulo siete, apartado 7.1, numeral 7.1.1. sub numeral 2, apartado 7.3, y apartados 7.5 y 7.6, y capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en el incidente de suspensión respectivo, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sea conservada la demanda, auto admisorio, determinaciones relativas a la concesión de la medida cautelar así como el presente acuerdo. Hágase todo lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Tomando en consideración que el catorce de abril del año en curso, entre otras cosas, se ordenó el emplazamiento como tercera interesada de Ana Rosa Ríos Ramos, quien tiene derecho a la reparación del daño respecto del delito cuya comisión se atribuye al quejoso, por conducto del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta localidad fronteriza, lo que tuvo verificativo el veintiocho de ese mes y año; comuníquese el presente proveído al citado representante social, a fin de que, dentro del plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, por su conducto ordene a quien corresponda notifique a la citada tercera interesada el contenido de la presente determinación. Hecho lo anterior, dentro del plazo concedido, remita a este juzgado las constancias que acrediten su cumplimiento. Finalmente, agréguese el escrito signado por el quejoso Luis Alberto Rosales Núñez; atento a su contenido, téngasele solicitando la devolución del billete de depósito N 954996, presentado ante este órgano jurisdiccional a fin de cubrir la garantía que se fijó en la suspensión definitiva decretada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar que se concedió en los términos precisados en la misma. En consecuencia, en razón de lo expresado en párrafos precedentes, es innecesario que continúe en este juzgado la garantía exhibida para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada al quejoso; por consiguiente, devuélvase el billete de depósito N 954996, expedido a nombre del quejoso, por la cantidad de $ $12,000.00 (doce mil pesos, cero centavos) moneda nacional. En la inteligencia que el depositante Luis Alberto Rosales Núñez, cuenta con un plazo de dos años, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que comparezca personalmente en días y horas hábiles ante este tribunal a recibir el aludido billete de depósito, trayendo consigo identificación original vigente con fotografía; apercibido que de no hacerlo en dicho lapso, se hará efectivo a favor del erario federal, acorde a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Tesorería de la Federación, en vigor a partir del uno de enero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia de su homólogo adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Integridad Física y Daños; atento a su contenido, téngasele atendiendo el requerimiento de catorce de abril de dos mil veintitrés, y al efecto remite la constancia de veintiocho de ese mes y año, relativa al emplazamiento de la víctima directa *******, quien tiene derecho a la reparación del daño respecto del delito cuya comisión se atribuye al quejoso ******, en la causa penal *****/2022, de la que derivan los actos combatidos y, a quien le recae el carácter de tercero interesado en este juicio de amparo. Lo que se tomará en cuenta al momento de la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    De autos se advierte que el catorce de abril del año en curso, se requirió al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta localidad fronteriza, para que por su conducto ordene a quien corresponda realice el emplazamiento al presente asunto de la tercera interesada Ana Rosa Ríos Ramos, quien tiene derecho a la reparación del daño respecto del delito cuya comisión se atribuye al quejoso Luis Alberto Rosales Núñez, en la causa penal 4158/2021, de la que derivan los actos combatidos; quien, según la certificación de cuenta, se impuso el diecisiete de los actuales del requerimiento respectivo contenido en el oficio 9522/2023; por lo que, se encuentra transcurriendo el plazo de diez días concedido para tal efecto. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo dicha actuación.

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