Luis Alberto Rodríguez Ulloa
Expediente 547/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/11/2021
Partes del expediente
- Luis Alberto Rodríguez Ulloa
- José López Pintor
- Juez de Control de la tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del estado. San Fernando, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto de sobreseimiento emitido el once de octubre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicha determinación ha causado estado. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, se determina que es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso c), pues se negaron las medidas cautelares (suspensiones provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el correo electrónico enviado por el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en San Fernando, al que anexa la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio oral del proceso penal CP/0012/2018, que remite en alcance a su oficio 958/2021; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, sin que amerite sustancial proveído, en razón de que este asunto fue sobreseído en auto de once de octubre del año actual. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 958/2021, signado por la Encargada de la Sala y Seguimiento de Causas de la Tercera Región Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando, a través del cual comunica que la Juez Presidente de Tribunal de Enjuiciamiento actuando en forma Colegiada de la Tercera Región del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño celebrada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta procesal CP/0012/2018, que se sigue en contra del aquí quejoso Luis Alberto Rodríguez Ulloa y otros, por el delito de secuestro agravado, se condenó al referido agraviado a cumplir una pena de cincuenta años de prisión, el pago de una multa de $322,400.00 (trescientos veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), y al pago solidario por concepto de reparación del daño, cuantificable en ejecución de sentencia; de igual forma, que el veintinueve del indicado mes y año, se celebró la audiencia de lectura y explicación de sentencia, encontrándose la misma pendiente de que quede firme; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, este Juzgador establece que en el presente juicio de garantías, sobreviene la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Para fijar el alcance de la disposición transcrita, conviene tener presente que, de acuerdo a su naturaleza, el juicio de amparo se caracteriza por ser un instrumento que busca controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad, reparando las violaciones de garantías que un determinado acto genera sobre la esfera jurídica de la agraviada, con el fin de restituirla en el goce pleno de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el legislador ha establecido y la Jurisprudencia ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En la fracción XXI del artículo 61, antes transcrita, se advierte que el legislador tomó en cuenta que al ocurrir alguna situación mediante la cual desaparezcan las consecuencias que genera el acto reclamado, hace que el juicio de amparo quede sin objeto y consecuentemente sea jurídicamente imposible analizar la constitucionalidad de éste. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque los actos reclamados, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, cuya esencia, de acuerdo a la naturaleza del acto que se reclama, conforme al artículo 77, fracción II del propio ordenamiento legal, es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página setenta y uno, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENIAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Como ya se dijo, en el caso a estudio, debe resaltarse que Luis Alberto Rodríguez Ulloa, reclama del Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando, el exceso de más de dos años de prisión preventiva sin que se haya dictado sentencia dentro de la carpeta procesal número 12/2018, y del Director del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), de esta localidad, la ejecución material de la prisión preventiva. Empero, como pudo verse, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente dentro de la carpeta procesal CP/0012/2018, cuya omisión de emitir reclamaba el quejoso Luis Alberto Rodríguez Ulloa, en el expediente que nos ocupa, tal como si se hubiera concedido en forma lisa y llana la protección constitucional. En tales condiciones, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado a tales autoridades y, como consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, ante lo cual, resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada Ley. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Corrobora lo anterior por contener consideraciones inherentes la tesis XIV.1o.13 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 1235, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, correspondiente al mes de Agosto de 2000, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Por los motivos expuestos, déjese sin efectos la audiencia constitucional que está programada para las once horas del catorce de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
I...De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico a la parte tercero interesado victima de identidad reservada a través del asesor jurídico, el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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