Luis Alberto Rodríguez Ortega
Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Alberto Rodríguez Ortega
Actuaciones
- Principal
pral.89/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio con terminación 3433/2022, del director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13, CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, mediante el cual en atención al requerimiento formulado de auto de ocho de febrero de este año, informa que no localizó registro de correspondencia del quejoso ***, dirigida a este Juzgado dentro del periodo del veintisiete de enero al dos de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se provee: 2. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso b), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
PRAL.89/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. De los mismos y de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere recibido escrito alguno del quejoso en ese plazo. 2. Requerimiento. No obstante, previo a acordar lo que en derecho corresponde y, además, por certeza jurídica; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos del centro penitenciario a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso *** dirigido a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y que hubiere sido depositado en el periodo comprendido del veintisiete de enero al dos de febrero de dos mil veintidós; de ser así, comunique en qué fecha fue enviado a este órgano jurisdiccional o, en caso de que aún no haya sido remitido, lo remita de manera inmediata. 2.1 Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento que tuviera para ello, se le impondrá una multa equivalente al importe de cincuenta unidades de medida de actualización, consistente en la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, moneda nacional); atendiendo a que el valor diario de la unidad de medida y actualización, es de $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
pral.89/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Glose de oficio. Incorpórese el oficio número 2994/2022, suscrito por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en ciudad judicial federal Zapopan; atento a su solicitud, se acuerda: Infórmese a dicho órgano jurisdiccional que, en auto de veintiuno de enero del año en curso, este Juzgado aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por tanto, remítase a la oficiante copia autorizada de dicho acuerdo, para los fines legales consiguientes. Notifíquese.
- Principal
pral.89/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintidós. 1. Se agrega un oficio. Se tiene por recibido el oficio número 1823/2022, suscrito por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, al que acompaña la demanda de amparo promovida por *** contra un acto del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de otras autoridades. Acúsese de recibo. Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 89/2022. 2. Integración del expediente (instrucción a la secretaria). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Análisis de la competencia. Del oficio de cuenta se desprende que el citado órgano jurisdiccional dictó un acuerdo el catorce de enero de dos mil veintidós en el juicio de amparo 32/2022, de su índice, en el que determinó declinar competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, en atención a que dicho quejoso reclama la posible orden de traslado del lugar de su reclusión, a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número Trece Cps-Oaxaca, a otro diverso de manera injustificada, por lo que el acto reclamado será ejecutado en ese lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado en materia mixta. Atendiendo esos argumentos que se comparten, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. 4. Compensación. Lo anterior, comuníquese a la autoridad declinante para los efectos legales procedentes y mediante correo electrónico infórmese esta determinación a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que proceda a la compensación del reparto de asuntos. 5. Desechamiento de la demanda de amparo. Acto reclamado. La parte quejosa reclama la posible orden de traslado del lugar de su reclusión a otro centro penitenciario injustificado (sic); acto que atribuye a las siguientes autoridades responsables: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Coordinador General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Director Operativo de la Coordinación General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Sub director de Ejecución de Sanciones CEFERESOS Extranjeros, Indígenas y Traslados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Comisionado General de la Policía Federal. Todas dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (sic). El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de ese ordenamiento legal. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." *** El referido principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa perjuicio. Orden de traslado. Por lo que respecta a la orden de traslado que reclama la parte quejosa y que atribuye a diversas autoridades administrativas, la causa de improcedencia señalada se actualiza, como se verá a continuación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En efecto, la Primera Sala señaló que con relación a la hipótesis de excepción al principio de definitividad, se debía corroborar si contra una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario. La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla los siguientes tipos de traslados: a) Voluntarios; b) Involuntarios; y, c) Urgentes. Los traslados voluntarios se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladada a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. Contra la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Tratándose de una orden de traslado por una autoridad administrativa sin intervención judicial, esto es, un traslado urgente o excepcional regulado por el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -que implica una determinación administrativa en casos de delincuencia organizada, riesgo a la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o riesgo a la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión-,*** En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Por tanto, cuando se reclamen traslados y no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el juez de Control o de Ejecución quien resuelva respecto de sus derechos implicados. De ahí que contra una orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. La Primera Sala apuntó que el medio ordinario de defensa referido es capaz de suspender los efectos de la orden de traslado con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, de ahí que sí cumple con las previsiones establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional, y puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el juez de Control o de Ejecución; por las siguientes razones: -El artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal está inserto en el Título Tercero, Capítulo V, denominado "Procedimiento Jurisdiccional", y señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del Juzgado de Ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, *** -El segundo párrafo del artículo 124 de la propia ley de ejecución regula la sustanciación de la controversia judicial y que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. De igual manera, ***** Motivos por los cuales, respecto a dicho tópico, concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Aunado a lo anterior, la Primera Sala se pronunció en relación a si la orden de traslado es urgente o excepcional, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución Federal; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, estableció que esos supuestos no se configuran, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Ello, porque el traslado urgente o excepcional, aun y cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. En esas condiciones, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente, la califica un juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Conforme a lo expuesto, la Sala subrayó que el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque, conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que, de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además de que el juez de Control o el juez de Ejecución, según sea el caso, será quien, finalmente, determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Y que, incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Razón por la cual, concluyó la Sala, el traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución Federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se erige en un acto dentro del procedimiento y, al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida y suspendida. Con base en lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó de los criterios sostenidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.) que se identifica con los rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA"; y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Ello, al estimarlos superados en virtud de la nueva tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), registro digital 2023190, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En el caso, como ya se precisó, el quejoso reclama la posible orden de traslado del lugar de su reclusión a otro centro penitenciario injustificado (sic) que pretenden ejecutar diversas autoridades administrativas, a saber: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Coordinador General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Director Operativo de la Coordinación General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Sub director de Ejecución de Sanciones CEFERESOS Extranjeros, Indígenas y Traslados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Comisionado General de la Policía Federal. Todas dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (sic). De ahí que, conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del movimiento carcelario atribuido a las autoridades responsables administrativas, el quejoso debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consistente en la controversia judicial. Ante ello, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracciones XVIII y XX, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Rodríguez Ortega, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Domicilio. Téngase como domicilio del quejoso el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 10. Forma de notificación. Ahora, no obstante que ese centro de reclusión se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente en ese lugar, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente al quejoso Luis Alberto Rodríguez Ortega este proveído. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden estatal y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. 6.1. Indicación al (la) actuario (a). También, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 11. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido.
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