Luis Alberto Rodriguez Cruz
Expediente 951/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 21/06/2023
Partes del expediente
- Luis Alberto Rodriguez Cruz
- Juez de Primero del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
- Luis Alberto Rodriguez Cruz y Otros.
- Rosa Nidia García Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el proveído de tres de enero de dos mil dieciocho (fojas 211 a 215), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que por una parte, decretó el sobreseimiento y, por otra, concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido por unos actos la suspensión definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 18628 (fojas 186 a 203), la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito procede a analizar dicho tópico con base en los elementos que obren en el presente expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: ".La orden de aprehensión de cuatro de agosto de dos mil doce, dictada en contra del quejoso y otro por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada, dentro de la causa penal ***, del índice del 1. Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas." Mediante resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 123 a 140), pronunciada por este órgano jurisdiccional y que causó ejecutoria por auto de treinta de noviembre actual (fojas 172 a 173), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTOS DE LA SENTENCIA Los efectos de la concesión de amparo quedaron de la siguiente forma: ".En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable, 1. Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas: a) Deje sin efectos la orden de aprehensión de cuatro de julio de dos mil doce, librada en la causa penal ***; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público, en la que deberá evitar conceder validez probatoria plena al dictamen médico remitido mediante oficio *** de veintidós de febrero de dos mil doce, emitido por ***, perito médico legista adscrito a Subdirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; al estudio victimológico remitido mediante oficio ***, de veintidós de febrero de dos mil doce, suscrito por ***, psicóloga adscrita a la Dirección General de Servicios a la Comunidad, Departamento de Atención Social; a la valoración psicológica remitida mediante oficio ***, de veinticuatro de febrero de dos mil doce, suscrita por ***, psicóloga adscrita a la Dirección de Atención a Víctimas, Departamento de Atención Psicológica; y al dictamen médico enviado por oficio *** a ***, de doce de mayo de dos mil doce, emitido por ***, perito médico legista adscrita a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; lo anterior, pues éstos deberán ser valorados como dato-indicio, conforme a lo expuesto en la presente sentencia; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal." ACTO DE LA AUTORIDAD Mediante oficio con folio 18628 (fojas 186 a 203), la autoridad responsable informó que cumplió con la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el dictado de la determinación de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal *** de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del código adjetivo supletorio. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, la autoridad vinculada en cumplimiento al inciso a) de los efectos de la concesión de amparo, dejó insubsistente y sin ningún valor jurídico el auto de incoación de cuatro de julio de dos mil doce, dictado en la causa penal ***, y en su lugar, en acatamiento al inciso b) se pronunció nuevamente con relación a la petición de captura del Ministerio Público, negando la orden de búsqueda y aprehensión de ***, como probable responsable del delito de violación, prevista en el artículo 233, párrafo primero, y sancionada por el 233, párrafo tercero, agravada por el 248, fracción I, sancionada la citada agravante en el primer párrafo del citado numeral, en relación con el 14, párrafos primero y segundo, fracción I, 15, párrafos primero y segundo, y 19, párrafos primero (primer hipótesis) y segundo, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la menor *** y denunciado por ***, y por el cual ejerció acción penal el Fiscal del Ministerio Público Investigador en su contra. De manera que la autoridad responsable en determinación de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en acatamiento a los lineamientos expuestos en la ejecutoria de amparo, realizó un análisis con relación a las pruebas aportadas por el Fiscal del Ministerio Público, siendo los siguientes: a) Declaración Ministerial de la denunciante ***. b) Declaración Ministerial de la menor agraviada ***. c) Fe ministerial de integridad física de veintiuno de febrero de dos mil doce. d) Dictamen médico remitido mediante oficio *** de veintidós de febrero de dos mil doce, emitido por ***, perito médico legista adscrito a Subdirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. e) Estudio victimológico remitido mediante oficio ***, de veintidós de febrero de dos mil doce, suscrito por ***, psicóloga adscrita a la Dirección General de Servicios a la Comunidad, Departamento de Atención Social. f) Valoración psicológica remitida mediante oficio ***, de veinticuatro de febrero de dos mil doce, suscrita por ***, psicóloga adscrita a la Dirección de Atención a Víctimas, Departamento de Atención Psicológica. g) Dictamen médico enviado por oficio *** a ***, de doce de mayo de dos mil doce, emitido por ***, perito médico legista adscrita a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. En ese contexto, la responsable al analizar el cuerpo del delito al tenor de los medios de prueba que le fueron aportados por el Ministerio Público, realizó la valoración de los dictámenes periciales antes señalados, determinando que al no encontrarse ratificados por quienes los suscribieron presentan un vicio formal, resultando ser pruebas imperfectas, considerando que para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique, ha de ser accesible o entendible para el órgano jurisdiccional del conocimiento de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano; además de que para que produzca efectos legales debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga, para concluir que al tener dichas pruebas periciales un vicio formal, estas se valoran como un dato-indicio, esto al tenor del artículo 248 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efectos la determinación de cuatro de julio de dos mil doce, dictada por Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de los Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa, en la causa penal ***, donde se dictó la orden de búsqueda y aprehensión en contra de ***, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción emitir una nueva evitando conceder valor probatorio pleno al dictamen médico signado por ***, al estudio victimológico, suscrito por ***, a la valoración psicológica, suscrita por ***, y al dictamen médico emitido por ***, valorándolos únicamente como dato-indicio; analizando los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. A decir verdad, la autoridad vinculada en el nuevo acto determinó para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador debe ser auténticamente ilustrativo, y además para que produzca efectos legales debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga como es la ratificación ante el juzgador de su opinión, caso contrario, constituye una prueba imperfecta, ya que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable, como se dijo, que sea ratificado por el perito que la formuló, motivo por el cual, los dictámenes periciales antes señalados, al no haber sido ratificados por quien los suscribió detentan un vicio formal, careciendo de validez probatoria plena y por ello únicamente los valoró como dato-indicio, al tenor del artículo 248 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, haya negado la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, al considerar que las pruebas arrojadas en la indagatoria resultan insuficientes para demostrar la corporeidad del ilícito. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. Resulta aplicable, la tesis 1a. CX/2015 (10a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN." CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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