Luis Alberto Reyes Sánchez
Expediente 1168/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Alberto Reyes Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley a la parte quejosa, así como a los terceros interesados, a fin de que se inconformaran respecto al proveído de cinco de noviembre de dos mil quince, ha transcurrido; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado... Toda vez que resulta innecesario que continúe a disposición de este Juzgado de Distrito el duplicado de la causa penal 3/2006, remitido por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicialo de Montes de Oca, con residencia en la Unión de Isidoro, devuelvase a su lugar de origen. Glosese el escrito signado por el quejoso...se tiene como autorizados a Gaudencio Rosas García y Ramiro Rosas Serrano...expidase únicamente un tanto de las copias certificadas de la constancias que menciona... Notifíquese.
- Principal
Notifico al quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, el proveido de cinco de noviembre de dos mil quince, toda vez que transcurrio el plazo de dos dias señalados en el aviso de seis del citado mes y año, acuerdo que dice: "Vista la certificación antes citada de la que se advierte que ha transcurrido el termino para que las partes desahogaran la vista dada en proveído catorce de julio del año en curso (foja 185), respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, residente en La Unión, Guerrero, respecto del oficio sin número y anexos que acompañó, (fojas 178 a 182), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el trece de marzo de dos mil quince, (fojas 81 a 95), se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "(.) En el presente caso, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión de amparo. Para restituir al aquí quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, en el pleno goce de las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero, deberá llevar a cabo lo siguiente: a) Dejar intocada la resolución de treinta de enero de dos mil seis, pronunciada en los autos de la causa penal 03/2006, en virtud de que al tratarse el indiciado de un homónimo del aquí quejoso, esta sentencia no abordó el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma. b) Emita un acuerdo en el que ordene a las autoridades que tienen facultades para ejecutar dicha orden, que no la ejecuten en contra del aquí quejoso que responde al nombre de Luis Alberto Reyes Sánchez, nacido el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, originario de Tecpan de Galeana, Guerrero, hijo de Efigenia Sánchez Pérez y Juan Reyes Robles, con domicilio en Avenida Principal, colonia Centro, del Municipio de Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero, quien además cuenta con Clave única de Registro de Población RESL960828HGRYNS05, pues de hacerlo se violarían sus garantías constitucionales. Por lo que las autoridades que deban llevar a cabo la ejecución de ese mandamiento de captura, deberán abstenerse de aprehender al mencionado quejoso, cuyos datos de identificación quedaron anotados en el párrafo anterior. En la inteligencia de que esta concesión de amparo, no impide a las autoridades responsables la ejecución de dicha orden de aprehensión en contra de las personas respecto de las cuales efectivamente se libró, y cuyos datos de identificación obran en los autos de la causa penal 03/2006, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero". Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Juez responsable, obre en el sentido de respetar el principio de congruencia, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese contexto, previo a determinar el alcance de la ejecutoria dictada en este juicio de garantías es importante señalar que de las actuaciones judiciales que forman el presente asunto, en cumplimiento al fallo protector, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero, por oficio sin número (foja 178), remitió copia certificada del acuerdo de uno de julio de dos mil quince (foja 180), en la que dejó intocada la resolución de treinta de enero de dos mil seis, en virtud de que no fue materia de estudio, quedando vigente de ejecutar la orden de aprehensión en contra de las personas respecto de las cuales efectivamente se libró; por tanto, ordenó girar oficio al Agente del Ministerio Público adscrito, para que ordenara a quien correspondiera no se ejecute dicha orden en contra del quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, asentando en dicho acuerdo tanto los datos de identificación del quejoso, como de su homónimo. Asimismo, con el oficio aludido, remitió copia certificada del oficio sin número de la misma fecha, dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito, con sello receptor de dos del mismo mes y año, por el cual le solicitó ordenar a quien corresponda que no se ejecute la orden de aprehensión de fecha treinta de enero de dos mil seis, en contra del quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, por haber resultado ser un homónimo del acusado Luis Alberto Reyes Sánchez, en contra de quien se libró orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, en agravio de Susano Moreno Valle. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero, dejara intocada la resolución de treinta de enero de dos mil seis, pronunciada en los autos de la causa penal 03/2006, en virtud de que al tratarse el indiciado de un homónimo del aquí quejoso, la sentencia no abordó el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma; asimismo, para que emitiera un acuerdo en el que ordenara a las autoridades que tienen facultades para ejecutar dicha orden, que no la ejecutaran en contra del aquí quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, aportándoles para ello los datos de identificación del impetrante de garantías y de su homónimo. En ese orden de ideas, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable, ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación antes citada de la que se advierte que ha transcurrido el termino para que las partes desahogaran la vista dada en proveído catorce de julio del año en curso (foja 185), respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, residente en La Unión, Guerrero, respecto del oficio sin número y anexos que acompañó, (fojas 178 a 182), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Lo anterior, con base en la jurisprudencia número 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región el trece de marzo de dos mil quince, (fojas 81 a 95), se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "(.) En el presente caso, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión de amparo. Para restituir al aquí quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, en el pleno goce de las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero, deberá llevar a cabo lo siguiente: a) Dejar intocada la resolución de treinta de enero de dos mil seis, pronunciada en los autos de la causa penal 03/2006, en virtud de que al tratarse el indiciado de un homónimo del aquí quejoso, esta sentencia no abordó el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma. b) Emita un acuerdo en el que ordene a las autoridades que tienen facultades para ejecutar dicha orden, que no la ejecuten en contra del aquí quejoso que responde al nombre de Luis Alberto Reyes Sánchez, nacido el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, originario de Tecpan de Galeana, Guerrero, hijo de Efigenia Sánchez Pérez y Juan Reyes Robles, con domicilio en Avenida Principal, colonia Centro, del Municipio de Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero, quien además cuenta con Clave única de Registro de Población RESL960828HGRYNS05, pues de hacerlo se violarían sus garantías constitucionales. Por lo que las autoridades que deban llevar a cabo la ejecución de ese mandamiento de captura, deberán abstenerse de aprehender al mencionado quejoso, cuyos datos de identificación quedaron anotados en el párrafo anterior. En la inteligencia de que esta concesión de amparo, no impide a las autoridades responsables la ejecución de dicha orden de aprehensión en contra de las personas respecto de las cuales efectivamente se libró, y cuyos datos de identificación obran en los autos de la causa penal 03/2006, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero". Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Juez responsable, obre en el sentido de respetar el principio de congruencia, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese contexto, previo a determinar el alcance de la ejecutoria dictada en este juicio de garantías es importante señalar que de las actuaciones judiciales que forman el presente asunto, en cumplimiento al fallo protector, la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero, por oficio sin número (foja 178), remitió copia certificada del acuerdo de uno de julio de dos mil quince (foja 180), en la que dejó intocada la resolución de treinta de enero de dos mil seis, en virtud de que no fue materia de estudio, quedando vigente de ejecutar la orden de aprehensión en contra de las personas respecto de las cuales efectivamente se libró; por tanto, ordenó girar oficio al Agente del Ministerio Público adscrito, para que ordenara a quien correspondiera no se ejecute dicha orden en contra del quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, asentando en dicho acuerdo tanto los datos de identificación del quejoso, como de su homónimo. Asimismo, con el oficio aludido, remitió copia certificada del oficio sin número de la misma fecha, dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito, con sello receptor de dos del mismo mes y año, por el cual le solicitó ordenar a quien corresponda que no se ejecute la orden de aprehensión de fecha treinta de enero de dos mil seis, en contra del quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, por haber resultado ser un homónimo del acusado Luis Alberto Reyes Sánchez, en contra de quien se libró orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, en agravio de Susano Moreno Valle. Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, con residencia en La Unión, Guerrero, dejara intocada la resolución de treinta de enero de dos mil seis, pronunciada en los autos de la causa penal 03/2006, en virtud de que al tratarse el indiciado de un homónimo del aquí quejoso, la sentencia no abordó el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma; asimismo, para que emitiera un acuerdo en el que ordenara a las autoridades que tienen facultades para ejecutar dicha orden, que no la ejecutaran en contra del aquí quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, aportándoles para ello los datos de identificación del impetrante de garantías y de su homónimo. En ese orden de ideas, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable, ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Notifico a los terceros interesados Víctor Moreno Basurto y Fidelina Balle Reyes o Findelina Valle Reyes, el acuerdo que antecede, mediante lista que se fija en los estrados del juzgado, por no haber señalado domicilio en esta ciudad para oir y recibir notificaciones.
- Principal
Notifico al quejoso Luis Alberto Reyes Sánchez, el proveído de catorce de julio de dos mil quince.
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