Luis Alberto Rey Cárdenas

Expediente 950/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
950/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Rey Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que dicho acuerdo ha causado estado, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse.

  2. Principal

    Ciudad de México; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en proveído de doce de agosto de dos veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] Máxime que, se reitera existe resolución en el procedimiento administrativo *** instaurado en contra del quejoso en el que, con fecha *** se determinó que *** no era responsable de las conductas que se le imputaron y se determinó ausencia de responsabilidad; de ahí que no exista justificación para la retención de sus salarios. De ahí que, al no justificar la supresión de sus haberes y prestaciones que le corresponden, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efecto la suspensión de pago por baja preventiva por tres recibos consecutivos no cobrados, así como cualquier otro acto relacionado con su ejecución, debiendo pagar los salarios que dejó de percibir el quejoso desde su interrupción al no haber justificado la suspensión. Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce del derecho fundamental violado, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. [.]" Del análisis a lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se deberán acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Deje sin efecto la suspensión de pago por baja preventiva por tres recibos consecutivos no cobrados, así como cualquier otro acto relacionado con su ejecución, debiendo pagar los salarios que dejó de percibir el quejoso desde su interrupción al no haber justificado la suspensión. Lo anterior, a fin de restituir al impetrante en el goce del derecho fundamental violado, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese contexto, es preciso señalar que mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó declarar no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte que la autoridad responsable no acreditó haber acatado cabalmente los extremos de la concesión de la protección constitucional, pues si bien es cierto que exhibió diversos recibos de pago a efecto de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, también lo es que con los mismos únicamente se acreditaba la entrega de la remuneración a partir de la segunda quincena de febrero de dos mil veinte, siendo que de la lectura del informe justificado rendido en autos se advierte que el salario le fue suspendido al impetrante a partir del dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, sin que la propia autoridad hiciera aclaración al respecto; por lo que se requirió a las autoridades responsables. Ahora bien, resulta importante señalar que, mediante proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se declaró firme la cantidad líquida de $***, por concepto de percepciones, por el periodo comprendido del dieciséis de agosto de dos mil *** al quince de febrero de dos mil ***, requiriendo el pago a las responsables. En desahogo a lo anterior, mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el seis y once de agosto de dos mil veintiuno, registrados con los número "13655" y "13927", la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas de la Ciudad de México, remitieron las siguientes documentales: Contra recibo de la Cuenta por Liquidar Certificada número *** de *** a nombre del quejoso (anexo promoción 13655). Acta circunstanciada de *** e identificación oficial del quejoso (anexo promoción 13655). Póliza de cheque número *** de *** (anexo promoción 13927). Documentales que, por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa en proveídos de nueve y doce de agosto de dos mil veintiuno, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que NO realizó. Dicho autos fueron hechos del conocimiento al impetrante de garantías mediante lista de publicación de este órgano jurisdiccional el día dieciséis y dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal pendientes de acreditar y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que: por una parte, dejó sin efectos la suspensión de pago por baja preventiva por tres recibos consecutivos no cobrados, así como cualquier otro acto relacionado con su ejecución y, por la otra, realizó el pago de los salarios que dejó de percibir el quejoso desde su interrupción al no haberse justificado la suspensión. En consecuencia, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa de conformidad a lo ordenado en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    PERSONAL. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal, se requiere a las diversas autoridades referidas. Se aperciben. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta, dígase a la oficiante que mediante oficio registrado con el folio "11713", el Magistrado Presidente de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, informó a este órgano jurisdiccional que con dichas documentales no se acreditaba el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ***.

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