Luis Alberto Rendon Aguilar

Expediente 403/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
403/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Rendon Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el sobre que devuelve la Administración de Correos de México, que contiene el oficio 10224/2023, dirigido al Registrador en Turno del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el cual fue rehusado por no especificar a qué autoridad va dirigido el sobre; en tal circunstancia, toda vez que la denominación correcta de dicha responsable es Registrador en Turno del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, del Instituto de la Función Registral; por tanto se ordena reexpedir el citado oficio, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo del Registrador del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la boleta registral inmobiliario, con número de prelación 58093. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta vía constitucional, esencialmente lo constituye: La omisión de la inscripción y entrega de la documentación referente a una compraventa celebrada y pasada ante la Fe Pública de la Notaria número noventa y nueve, contenida en el instrumento novecientos noventa y dos, volumen ciento once, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, recibido en las oficinas del Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el veinte de septiembre de dos mil veintidós, previo pago de derechos. Precisado lo anterior, de las constancias allegadas por el Registrador del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se advierte que el trámite que solicitó el quejoso consistente en la inscripción referente a una compraventa celebrada y pasada ante la Fe Pública de la Notaria número noventa y nueve, contenida en el instrumento novecientos noventa y dos, volumen ciento once, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, ya se encuentra inscrita como se desprende del contenido de la Boleta Registral Inmobiliario, con número de prelación 58093, Tomo 32, Sección: I Sección Primera Registro Propiedad, Oficina: Tlacolula de Matamoros, Registro: 50, y en su parte final se precisan los datos del pago realizado. En esas condiciones, este Juzgado Federal advierte de oficio, la actualización de una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Como se ve, el juicio de amparo resulta improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, este no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o su materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, la jurisprudencia ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que la condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Las consideraciones que anteceden se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, con número de registro digital 173858, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Como se dijo, en el caso en particular, el acto reclamado es la omisión de la inscripción y entrega de la documentación referente a una compraventa celebrada y pasada ante la Fe Pública de la Notaria número noventa y nueve, contenida en el instrumento novecientos noventa y dos, volumen ciento once, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, recibido en las oficinas del Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, el veinte de septiembre de dos mil veintidós, previo pago de derechos. Luego, queda evidenciado, que si bien el acto reclamado repercutió en la esfera jurídica de la parte quejosa, tal afectación, perjuicio o menoscabo ya no surte efectos sobre su persona, pues aun cuando subsiste la omisión de entregarle la documentación respectiva, la autoridad responsable refiere que el trámite solicitado ya se encuentra inscrito, emitiéndose la respectiva boleta registral, como se advierte del anexo adjunto, por lo que solicita que se haga del conocimiento de la parte quejosa el horario en el que puede comparecer ante las oficinas de la Registraduría del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca para imponerse del trámite otorgado. Por tanto, el objeto o materia del acto, dejó de existir en cuanto a sus efectos una vez que se emitió la Boleta Registral Inmobiliario, con número de prelación 58093, Tomo 32, Sección: I Sección Primera Registro Propiedad, Oficina: Tlacolula de Matamoros, Registro: 50, de cuyo contenido se desprende que quedó inscrito el instrumento novecientos noventa y dos, volumen ciento once, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, relativo a una compraventa celebrada y pasada ante la Fe Pública de la Notaria número noventa y nueve, de ahí que la falta de entrega de la documentación respectiva no surta ningún efecto jurídico, máxime que la responsable establece el horario en el que la parte quejosa podrá comparecer en las oficinas de la Registraduría del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, para que se imponga del trámite solicitado; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en con el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Luego, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes señalada, lo procedente sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. En virtud de lo anterior, comuníquese a las partes que quedan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con treinta y cinco minutos del doce de junio de dos mil veintitrés-, ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal; Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento Jurídico, en representación del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE.

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