Luis Alberto Ravelero Cruz
Expediente 1562/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 49 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1562/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 07/09/2021
Partes del expediente
- Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
- Luis Alberto Ravelero Cruz
- LUIS ALBERTO RAVELERO CRUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el sobre devuelto por el Administrador Postal, con sede en esta ciudad, mismo que contiene el oficio 20451/2021-II dirigido al Agente del Ministerio Público de San Blas, Nayarit, mediante el cual se mandó notificar el auto de treinta de junio de este año, donde se calificó el cumplimiento a la sentencia de amparo y se ordenó el archivo del presente juicio; en el cual aparece la leyenda "INFORMA EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE NO PUEDE RECIBIR POR NO COINCIDIR EL DOMICILIO"; en consecuencia, agréguese sin mayor acuerdo toda vez que mediante diverso comunicado 20454/2021-II se ordenó la citada notificación. Cúmplase.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos presentados en este Órgano Jurisdiccional el dieciocho y veintiocho de agosto, así como el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Blas, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiocho de octubre del año próximo pasado, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada con el cumplimento aludido, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el veintiuno de enero de dos mil veinte, por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en Funciones de Juez, determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] Deje insubsistente la resolución reclamada, pronunciada el tres de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente familiar ********************, únicamente lo relativo al recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de diecisiete de junio de ese año; consecuentemente, dejar sin efectos el diverso auto de doce de julio siguiente, al ser consecuencia directa de dicha determinación; exclusivamente, en la parte donde ordenó dar vista al Ministerio Público de su adscripción para que procediera conforme a sus atribuciones; y, Emita otra, debidamente fundada y motivada; respetando los principios de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución; atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, dando contestación a todos y cada uno de los agravios expuestos por el impetrante en su escrito por el que interpuso recurso de revocación [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, a través de los oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dieciocho y veintiocho de agosto, así como el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Blas, Nayarit, manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió copia certificada del auto de doce de marzo del año próximo pasado, dictado en el expediente familiar ******************** de su índice, de donde se aprecia que dejó sin efecto la resolución de fecha tres de julio del año dos mil diecinueve, únicamente en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de diecisiete de junio de ese mismo año, y por consiguiente, también ordenó dejar sin efectos el diverso auto de doce de julio de dos mil diecinueve, exclusivamente respecto de lo que se estableció en el párrafo cuarto de dicho auto, turnando de nueva cuenta los autos, para que dentro del término de ley, dictara la resolución respecto del recurso de revocación planteada por la parte quejosa, debidamente fundada y motivada. Así, el trece de marzo de dos mil veinte, el juez responsable dictó resolución en sentencia interlocutoria del incidente formado con motivo del recurso de revocación promovido por ********************, en su carácter de demandado, aquí quejoso, atendiendo a los lineamientos trazados en la resolución dictada por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en Funciones de Juez, fundando y motivando dicha interlocutoria, respetando los principios de congruencia y exhaustividad, dando contestación a todos y cada uno de los agravios expuestos por el impetrante en su ocurso por el que interpuso recurso de revocación. Así, al dictar los puntos resolutivos, en lo que al caso interesa se observa que, en su resolutivo segundo dejó sin efecto la resolución reclamada de tres de julio de dos mil diecinueve, emitida en el expediente familiar ********************, únicamente a lo atinente al recurso de revocación interpuesto por el agraviado contra el auto de diecisiete de junio de ese año, y por consiguiente, dejó sin efectos el diverso auto de dos (sic) de julio de dos mil diecinueve, al ser consecuencia directa de dicha determinación; exclusivamente, en la parte de donde ordena dar vista al Ministerio Público de su adscripción para que procediera conforme a sus atribuciones. Además, en su resolutivo tercero, declaró procedente el recurso de revocación, promovido por el quejoso, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el cual quedaría en los términos precisados de dicha resolución. Ahora, no pasa inadvertido que la autoridad responsable haya manifestado haber dejado sin efectos el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, pues como se advierte de los oficios recibidos en este Juzgado el veintiocho de agosto y el veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable mediante auto de veintisiete de agosto de la anterior anualidad, ordenó girar oficio al Agente del Ministerio Público de su adscripción, para que se sirviera dejar sin efecto legal alguno, todo lo actuado y practicado con motivo de la vista que se le había dado en auto de doce de julio de dos mil diecinueve, en donde se le ordena dar vista al Ministerio Público de la adscripción, para que procediera conforme sus atribuciones, acompañándole para tal efecto copia certificada de la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, así como del auto de fecha doce de julio de dos mil diecinueve; lo anterior, en razón de que tal determinación quedó sin efecto, en cumplimiento a la ejecutoria del presente amparo. Asimismo, se aprecia que dicha notificación se practicó al citado representante ministerial el mismo veintisiete de agosto de dos mil veinte. Sin que obste a lo anterior, que la autorizada de la parte quejosa mediante diversos escritos presentados el veintisiete de febrero, tres de marzo, cinco y veintiséis de agosto, trece de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, solicite que no se tenga por cumplido el fallo protector, pues a su criterio las autoridades responsables ejecutoras han incurrido en actos de molestia en contra del quejoso, además de que aún se encuentra activa la alerta amber, así como la ejecución de la orden de búsqueda del menor con iniciales ********************. En consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, pues el núcleo esencial de la ejecutoria se encuentra cumplida, en la medida que la autoridad responsable informó haber dejado sin efectos la resolución reclamada en el juicio de origen, únicamente en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por el agraviado contra el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, así como el diverso auto de doce de julio siguiente, al ser consecuencia directa de dicha determinación, exclusivamente, en la parte de donde ordena dar vista al Ministerio Público de su adscripción para que procediera conforme a sus atribuciones. Y emitió otra resolución debidamente fundada y motivada, conforme a los lineamientos ordenados por el Secretario en Funciones de Juez de Distrito; por lo que en el caso de que exista inconformidad de la peticionaria con el cumplimiento, tiene expedito su derecho para combatirlo a través de los medios legales que estime procedentes. En efecto, este Órgano de Control Constitucional, es el encargado de vigilar que las sentencias que dicte, queden debidamente cumplidas, esto es, se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria, cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquier otra cuestión ajena. Es aplicable al caso, la Tesis Jurisprudencial 2a/J.9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, visible en la página trescientos treinta y seis, Tomo XIV, Novena Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en octubre dos mil uno, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia". En el entendido que, por lo que atañe las autoridades ejecutoras, la concesión del amparo se hizo extensiva por vía de consecuencia y no por vicios propios; por lo que es indiscutible que dichas autoridades en cualquier momento deben atender la solicitud que les envíe la autoridad ordenadora. No es óbice lo anterior, se reitera, que en caso de estar inconforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, tiene expedito su derecho para combatirlo a través de los medios legales que se estime procedentes. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su fracción I, inciso a) del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte, se negó y por otra, se concedió, respecto de los actos reclamados; así, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente familiar ******************** de su índice, en un tomo, que remitió para el estudio del acto reclamado, solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos presentados en este Órgano Jurisdiccional el dieciocho y veintiocho de agosto, así como el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Blas, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiocho de octubre del año próximo pasado, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada con el cumplimento aludido, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el veintiuno de enero de dos mil veinte, por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en Funciones de Juez, determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] Deje insubsistente la resolución reclamada, pronunciada el tres de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente familiar ********************, únicamente lo relativo al recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de diecisiete de junio de ese año; consecuentemente, dejar sin efectos el diverso auto de doce de julio siguiente, al ser consecuencia directa de dicha determinación; exclusivamente, en la parte donde ordenó dar vista al Ministerio Público de su adscripción para que procediera conforme a sus atribuciones; y, Emita otra, debidamente fundada y motivada; respetando los principios de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución; atendiendo a los lineamientos trazados en este fallo, dando contestación a todos y cada uno de los agravios expuestos por el impetrante en su escrito por el que interpuso recurso de revocación [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, a través de los oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el dieciocho y veintiocho de agosto, así como el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Blas, Nayarit, manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió copia certificada del auto de doce de marzo del año próximo pasado, dictado en el expediente familiar ******************** de su índice, de donde se aprecia que dejó sin efecto la resolución de fecha tres de julio del año dos mil diecinueve, únicamente en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de diecisiete de junio de ese mismo año, y por consiguiente, también ordenó dejar sin efectos el diverso auto de doce de julio de dos mil diecinueve, exclusivamente respecto de lo que se estableció en el párrafo cuarto de dicho auto, turnando de nueva cuenta los autos, para que dentro del término de ley, dictara la resolución respecto del recurso de revocación planteada por la parte quejosa, debidamente fundada y motivada. Así, el trece de marzo de dos mil veinte, el juez responsable dictó resolución en sentencia interlocutoria del incidente formado con motivo del recurso de revocación promovido por ********************, en su carácter de demandado, aquí quejoso, atendiendo a los lineamientos trazados en la resolución dictada por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en Funciones de Juez, fundando y motivando dicha interlocutoria, respetando los principios de congruencia y exhaustividad, dando contestación a todos y cada uno de los agravios expuestos por el impetrante en su ocurso por el que interpuso recurso de revocación. Así, al dictar los puntos resolutivos, en lo que al caso interesa se observa que, en su resolutivo segundo dejó sin efecto la resolución reclamada de tres de julio de dos mil diecinueve, emitida en el expediente familiar ********************, únicamente a lo atinente al recurso de revocación interpuesto por el agraviado contra el auto de diecisiete de junio de ese año, y por consiguiente, dejó sin efectos el diverso auto de dos (sic) de julio de dos mil diecinueve, al ser consecuencia directa de dicha determinación; exclusivamente, en la parte de donde ordena dar vista al Ministerio Público de su adscripción para que procediera conforme a sus atribuciones. Además, en su resolutivo tercero, declaró procedente el recurso de revocación, promovido por el quejoso, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el cual quedaría en los términos precisados de dicha resolución. Ahora, no pasa inadvertido que la autoridad responsable haya manifestado haber dejado sin efectos el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, pues como se advierte de los oficios recibidos en este Juzgado el veintiocho de agosto y el veintisiete de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable mediante auto de veintisiete de agosto de la anterior anualidad, ordenó girar oficio al Agente del Ministerio Público de su adscripción, para que se sirviera dejar sin efecto legal alguno, todo lo actuado y practicado con motivo de la vista que se le había dado en auto de doce de julio de dos mil diecinueve, en donde se le ordena dar vista al Ministerio Público de la adscripción, para que procediera conforme sus atribuciones, acompañándole para tal efecto copia certificada de la resolución de trece de marzo de dos mil veinte, así como del auto de fecha doce de julio de dos mil diecinueve; lo anterior, en razón de que tal determinación quedó sin efecto, en cumplimiento a la ejecutoria del presente amparo. Asimismo, se aprecia que dicha notificación se practicó al citado representante ministerial el mismo veintisiete de agosto de dos mil veinte. Sin que obste a lo anterior, que la autorizada de la parte quejosa mediante diversos escritos presentados el veintisiete de febrero, tres de marzo, cinco y veintiséis de agosto, trece de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, solicite que no se tenga por cumplido el fallo protector, pues a su criterio las autoridades responsables ejecutoras han incurrido en actos de molestia en contra del quejoso, además de que aún se encuentra activa la alerta amber, así como la ejecución de la orden de búsqueda del menor con iniciales ********************. En consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, pues el núcleo esencial de la ejecutoria se encuentra cumplida, en la medida que la autoridad responsable informó haber dejado sin efectos la resolución reclamada en el juicio de origen, únicamente en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por el agraviado contra el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, así como el diverso auto de doce de julio siguiente, al ser consecuencia directa de dicha determinación, exclusivamente, en la parte de donde ordena dar vista al Ministerio Público de su adscripción para que procediera conforme a sus atribuciones. Y emitió otra resolución debidamente fundada y motivada, conforme a los lineamientos ordenados por el Secretario en Funciones de Juez de Distrito; por lo que en el caso de que exista inconformidad de la peticionaria con el cumplimiento, tiene expedito su derecho para combatirlo a través de los medios legales que estime procedentes. En efecto, este Órgano de Control Constitucional, es el encargado de vigilar que las sentencias que dicte, queden debidamente cumplidas, esto es, se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria, cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquier otra cuestión ajena. Es aplicable al caso, la Tesis Jurisprudencial 2a/J.9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, visible en la página trescientos treinta y seis, Tomo XIV, Novena Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en octubre dos mil uno, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia". En el entendido que, por lo que atañe las autoridades ejecutoras, la concesión del amparo se hizo extensiva por vía de consecuencia y no por vicios propios; por lo que es indiscutible que dichas autoridades en cualquier momento deben atender la solicitud que les envíe la autoridad ordenadora. No es óbice lo anterior, se reitera, que en caso de estar inconforme con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, tiene expedito su derecho para combatirlo a través de los medios legales que se estime procedentes. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su fracción I, inciso a) del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte, se negó y por otra, se concedió, respecto de los actos reclamados; así, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente familiar ******************** de su índice, en un tomo, que remitió para el estudio del acto reclamado, solicitándosele el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General en suplencia del Fiscal General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual señala correo electrónico, a efecto de establecer comunicación; además, manifiesta no contar con firma electrónica. Ahora, derivado de la pandemia existente en el país, con motivo de la enfermedad derivada del coronavirus SARS-CoV2, a efecto de lograr la continuación del presente asunto y toda vez que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé que, cuanto lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquéllas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica; se tiene a la autoridad promovente, como medio para recibir notificaciones y generar el acuse respectivo, los correos electrónicos a que hace referencia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Alma Angélica Conde Chávez, con quien actúa y da fe. Doy fe. ARL**
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