Luis Alberto Ramírez Hernández
Expediente 478/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2016
Partes del expediente
- Luis Alberto Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y dado que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto emitido el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis que sobreseyó fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, dado que el presente juicio de garantías se encuentra debidamente integrado, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y auto definitivo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y el auto definitivo, los cuales, además deberán ser digitalizadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la misiva de cuenta, suscrita por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remite copias certificadas de las notificaciones del acuerdo de ocho de abril de la presente anualidad, dictado en los autos del expediente laboral J.29/296/2014. Ahora, en atención a su contenido, se estima que en el caso en estudio se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, de la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues respecto al acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia, consistente en la omisión de emitir el acuerdo de admisión y desahogo de pruebas dentro del expediente 296/2014, sobrevino una cesación por sustitución, en razón que con fecha ocho de abril del año en curso, se dictó el acuerdo de admisión de pruebas en el juicio laboral referido y se notificó a las partes el veintitrés de los cursantes; lo anterior, según consta de los anexos que remite la oficiante en esta data. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (S.J.F. y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38). "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (S.J.F y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210). En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las diez horas del quince de junio de dos mil dieciséis. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la misiva de cuenta, suscrita por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde su informe justificado y remite constancias en copia certificada que acreditan su dicho. Por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de la Materia, con la misiva de cuenta y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Luego, en términos de lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley antes mencionada, se tiene por admitidas y desahogadas dada su propia naturaleza las probanzas que adjuntó la autoridad oficiante, para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, de una revisión exhaustiva de dichas copias certificadas, se advierte la falta de notificación al aquí quejoso del acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis; por tanto, requiérase a la autoridad oficiante, para que en el término de tres días contados a partir de su legal notificación, remita a este órgano de control constitucional copia certificada de la notificación referida; en la inteligencia que de ser omisa o no manifestar su imposibilidad para dar cumplimiento a la prevención decretada, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; según lo previsto en los artículos 237, fracción I y 238 y 259 de la ley de la materia, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. En consecuencia, con el afán de no violentar las reglas procedimentales del juicio de amparo, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional prevista para este día; por lo que se difiere y se señalan las diez horas del quince de junio de dos mil dieciséis para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el oficio de cuenta 227030006-1016/2016, signado por el Encargado del Departamento de Archivo de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, a través del cual en respuesta al requerimiento de cinco de abril del año en curso, reiterado el trece de abril siguiente, a lo cual remite copias certificadas de las actas de matrimonio y defunción de Casimiro Víctor Torres Castro. No obstante las documentales certificadas remitidas, el Director General del Registro Civil del Estado de México aún no informa si en su acervo archivístico cuenta con las constancias originales en cuanto a las actas mencionadas y de ser así, comunique si están en aptitud legal para remitir las constancias originales a este órgano de control constitucional, a fin que la perito oficial en grafoscopía obtenga las muestras respectivas y hecho lo anterior, se le devolverán o, en su caso, autorice el ingreso en sus instalaciones, en horario hábil a la experto oficial Josefina Flores Pacheco, adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estado de México para la obtención de muestras relacionadas con el desahogo de la pericial en la materia mencionada. Así, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, requiérase por tercera ocasión al Director General del Registro Civil del Estado de México, para que en el plazo de tres días comunique si entre su acervo archivístico cuentan con constancias originales suscritas por Casimiro Víctor Torres Castro, con motivo de algún trámite gestionado ante ellos, comprendido entre mil novecientos noventa y cinco y el año dos mil cinco; de ser afirmativa su respuesta, informe si está en aptitud legal para remitir las constanciasd originales a este órgano de control constitucional, a fin que la perito oficial en grafoscopía obtenga las muestras respectivas y hecho lo anterior, se les devolverán o, en su caso, autoricen el ingreso en sus instalaciones, en horario hábil, de la experto oficial Josefina Flores Pacheco, para la obtención de muestras relacionadas con el desahogo de la referida prueba pericial. En caso de reiterada omisión, se requerirá por conducto de su superior jerárquico. Razón por la cual subsiste el apercibimiento decretado el cinco de abril del año en curso, es decir, en caso de ser omiso, o bien, de no exponer por escrito las razones y disposiciones legales que les impidan dar cumplimiento al presente requerimiento, se le impondrá una multa de quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley de la materia.
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