Luis Alberto Ramírez Garcén
Expediente 335/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Alberto Ramírez Garcén
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.
- Principal
Radicación de la demanda. Vista; la demanda de amparo que promueve Luis Alberto Ramírez Garcen, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad a través de su Director General, con residencia en la Ciudad de México. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 335/2023, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al Oficial Judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Consideraciones previas. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia infructuoso, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Acto reclamado. El promovente del amparo Luis Alberto Ramírez Garcén, señala como autoridad responsable y actos reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL, con domicilio en (.) IV. ACTO RECLAMADO Y SUS ANTECEDENTES, bajo protesta de decir verdad se señala que los actos y hechos narrados y descritos en el presente escrito son ciertos y de las cuales se le atribuyen a la autoridad responsable y que constituyen los actos reclamados, en: De la autoridad señalada, se reclama la violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, que todo acto de autoridad debe de tener, consistente en el ilegal procedimiento para privar al suscrito de uso y disfrute del servicio de corriente eléctrica instalada en el inmueble ubicado en Fraccionamiento Marina Diamante, Condominio Victory, Q 01, colonia La Poza en Acapulco, Guerrero." Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamentos para desechar la demanda. Este Juzgado considera que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los numerales 3, 5 y 6, del mismo ordenamiento; atento a las consideraciones de derecho que a continuación se exponen a continuación. "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos se advierte uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, consiste en que debe ser promovido a instancia de parte agraviada, esto es, la persona física o moral a quien le afecte el acto. La demanda de amparo podrá presentarse en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, al utilizar la firma electrónica conforme a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa y, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de la voluntad para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia, convierte la promoción en un documento anónimo o privado de autenticidad, salvo las excepciones a que se refiere el ordinal 15 de la Ley que rige la materia. Por tanto, para la presentación de las demandas electrónicas, se utilizará la firma electrónica o certificado digital institucional vigente y reconocida por la Unidad; la cual se verificará en la parte final del documento electrónico que se reciba y debe mostrar el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado fue reconocido por la Unidad respectiva, a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, se tiene que el reseñado escrito inicial de demanda, carece de firma electrónica de quien supuestamente promueve por propio derecho, a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual provoca incertidumbre en cuanto a la voluntad de éste, para accionar a este órgano de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, pues era indispensable éste requisito (firma electrónica), para dar formalidad al caso, pues al carecer de la firma autógrafa o electrónica, no existe declaración de voluntad para presentar la demanda de amparo, ya que a través de ella, se exterioriza su propósito de promover el juicio de derechos fundamentales; de tal manera que la ausencia de tal firma electrónica, convierte la promoción en un documento anónimo o privado de autenticidad. Además, no se advierte, que el promovente refiera, tengan alguna imposibilidad de comunicarse y obtener el auxilio de persona experta en derecho, para iniciar el procedimiento constitucional que pretende. En esa tesitura, se reitera que el peticionario de amparo se encuentra legalmente facultado para presentar la demanda de amparo, en forma impresa con firma autógrafa o vía electrónica con firma electrónica. Por tanto, al elegir el ahora quejoso la presentación electrónica y hacer uso de las tecnologías de la información que el Consejo de la Judicatura Federal, pone al alcance de los justiciables, debió observar las reglas que para tal efecto se encuentran instituidas, esto es, al utilizar para su envío el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, estaba constreñido a firmarla electrónicamente, a cuyo efecto podía utilizar de manera indistinta la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), ello en atención a que ésta es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. No obstante, al elegir una u otra vía, se deben atender a las reglas que para tal efecto están previamente establecidas, puesto que si la demanda o promoción se presenta vía física, el escrito relativo debe estar firmado autógrafamente, de optar por la vía electrónica debe rubricarse de similar manera, toda vez que la firma, es la manifestación de la voluntad de la persona física o moral, que legitima el documento, da validez y exterioriza su deseo. Lo que guarda congruencia con el hecho de que el juicio de amparo, debe promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma o acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, en el entendido que el quejoso puede hacerlo por sí mismo o por conducto de su representante legal o apoderado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, Materia(s): Común, Registro digital: 2019715, que a la letra impone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Entonces, atento a la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la demanda de amparo se presentó, en la modalidad "juicio en línea", pero carece de la firma electrónica del quejoso Luis Alberto Ramírez Garcén, la demanda constitucional deviene improcedente y consecuentemente procede desecharla. Regla especial. No obstante lo expuesto en líneas que anteceden, precisa destacar, que en tratándose de las demandas de amparo presentadas en observancia a los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Federal, el líbelo puede ser presentado por el quejoso, su defensor o incluso cualquier persona a su nombre, por medio de comparecencia, presentación física o electrónica y carecer de firma, supuestos en los que resulta procedente, toda vez que únicamente se requiere e se manifieste el acto reclamado, la autoridad que lo hubiere ordenado, la autoridad que ejecute o trate de ejecutar e acto y en su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso, como se advierte, sin exigir algún tipo de formalidad sin importar la vía en que se presente, incluso no se requiere que el documento sea firmado. Sin embargo, para que se surta dicha hipótesis se debe justificar que exista: a) Peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, así como proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Privación total o parcial, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. c) Así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que a saber son la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Circunstancias que en el caso no acontecen, ya que el acto reclamado versa sobre el corte del servicio de energía eléctrica en un inmueble; con lo cual, no se advierte actualizado algún supuesto que justifique alguna de las hipótesis de procedencia de la vía especial en comento. Entonces, si el promovente optó por la tramitación del juicio en línea, resultaba necesaria su firma electrónica, por ser ésta la que patentiza su voluntad de promover el juicio y, si en la especie, no se actualiza algún supuesto de excepción que la autorice a prescindir de la misma, resulta evidente que su tramitación no puede tener lugar, pues no existe jurídicamente instancia de parte agraviada, como lo requiere el artículo 6 de la Ley de Amparo. Máxime que también es factible que una vez firmada la demanda de manera autógrafa por el quejoso, sea presentada en forma física a través de su autorizado, y no necesariamente por el solicitante del amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 3, 6 y 108, y con fundamento en los diversos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Salvedad. No se inadvierte que la demanda se dirija al Juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, en turno; sin embargo al no contar con firma electrónica, implica que no se encuentra plasmada la voluntad del promovente y por tanto, no se puede otorgar validez jurídica al contenido del escrito recibido. Se habilitan horas y días inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Autorizados y domicilio procesal del quejoso. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Puentes Reyes; y como lo solicita la diversas personas que señala, se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico que se proporciona, no ha lugar a realizar notificaciones, toda vez que esa opción se estableció como transitorio en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 cuya vigencia ya feneció y el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en vigor no contempla esa posibilidad, sino sólo para cuestiones no procesales. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Notificaciones vía electrónica. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. En cambio, las demás notificaciones que se ordenen en sumario, que no ameriten realizarse de manera personal, se publicarán por medio de lista electrónica, conforme lo estipula el artículo 29 de la Ley de Amparo; medio de comunicación oficial, que también está en posibilidad de consultar de manera electrónica, a través del Portal Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Estadística Judicial, con la página web: <www.dgepj.cjf.gob.mx>. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la el criterio I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que llegasen a solicitar durante la tramitación del presente juicio, sin que sea necesario que la soliciten por escrito ni que sea necesario emitir acuerdo posterior; la que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante la secretaria encargado del asunto. Transparencia y datos personales. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese vía electrónica al quejoso.
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