Luis Alberto Pérez Trinidad
Expediente 526/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/05/2019
Partes del expediente
- Luis Alberto Pérez Trinidad
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de mayo de dos mil diecinueve. Glósese a los autos la comunicación de la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova de Ordóñez, Chiapas, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 28), e informa el destino del juicio de amparo *************** del índice de este juzgado, el cual fue recibido el veintiséis de abril del año en curso, y turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. En consecuencia, solicítese vía telegráfica, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, domiciliado en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, para que de no tener inconveniente alguno, remita el acuse correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. 2. Segundo Secretario de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 526/2019-IX. INCOMPETENCIA Ahora, de un análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. El citado artículo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el peticionario de amparo, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo el acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve dentro del expediente *****, en el cual se le fija a los aquí quejosos el monto de la caución. Sirve de apoyo a lo antes afirmado la tesis de jurisprudencia J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del título y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado 'las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión', aparece en claro que los actos reclamados los constituyen 'las órdenes de comisión o de visita', nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." En efecto, la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, el acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciocho de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente ***** del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en Tonalá, Chiapas, en que se fija la caución que deberán exhibir los quejosos para gozar de la libertad provisional; lo que implica que se trate de un acto que trae consigo efectos positivos, pues en el caso, tiene efectos positivos que se materializan en el ámbito de actuación de la autoridad responsable domiciliada en aquella jurisdicción, al tener consecuencia dentro del propio juicio. Por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde se materializarán los actos reclamados. Apoyo a esta conclusión, por analogía de circunstancias, la tesis VII.1.o.C.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, diciembre de 2013, libro I, tomo II, página 1107, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material". Similar criterio sostuvo el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, en el juicio de amparo ***** que remitió por incompetencia, el cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgador bajo el número *****, en el que se aceptó la competencia planteada, donde el juzgado homólogo preciso en su auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, lo siguiente: "En efecto, para confirmar lo anterior; es conveniente precisar el acto reclamado, según se aprecia de la simple lectura integral de la demanda de amparo consistente en las omisiones y dilaciones de señala fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley; tramitar, desahogar y resolver el juicio laboral dentro de los plazos legalmente establecidos, así como la omisión de emplazar a la parte demandada y notificar al aquí quejoso su admisión. Ahora, esos actos reclamados, si bien la parte quejosa los denomina como una omisión, lo cierto es que tiene repercusión dentro del propio expediente relativo al juicio laboral que entabló ante la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y por consiguiente, tiene efectos positivos que se materializan en el ámbito de actuación de la autoridad responsable domiciliada en aquella jurisdicción, al tener consecuencias dentro del propio juicio; luego, la competencia recae en el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde la autoridad laboral responsable se ubica, pues las consecuencias de los actos omisivos que se reclaman solo tendrán verificativo en aquélla demarcación, lo que enmarca en la hipótesis que prevé en el primer párrafo del mencionado dispositivo 37 de la ley en la materia, al establecer que es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que reclame deba tener ejecución". En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; a quien se considera competente para conocer del asunto. Lo anterior, sin proveer sobre la suspensión del acto reclamado, dado que el mismo se hace consistir en la el auto que fija el monto de la garantía para que los quejosos obtengan su libertad; motivo por el cual, no se ajusta a las hipótesis establecidas en el numeral 48 de la Ley de Amparo, para resolver en este momento sobre la concesión de la medida cautelar. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y téngase por autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que indica, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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