Luis Alberto Pérez Mendoza
Expediente 107/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Alberto Pérez Mendoza y Otros.
- Luis Alberto Pérez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
"... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y... En ese orden, toda vez que existen agregados documentos, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos junto con su escrito inicial de demanda, previa cita que genere en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la misma suerte del expediente cuando se efectúe la depuración de éste..."
- Principal
"...Agréguese a los autos el escrito de la quejosa... mediante el cual solicita se le fije nueva fecha y hora para comparecer a este juzgado para ratificar el escrito de desahogo de prevención registrado bajo folio 3706; sin embargo, por los motivos que expone y toda vez que se advierte su disposición para comparecer a ratificar el escrito de mérito, aunado a que ya exhibió copia certificada del instrumento notarial... pasada ante la fe de la Notaria Público número Tres, con sede en esta ciudad; se provee: Con fundamento en el artículo 6°, de la Ley de Amparo, la personalidad jurídica de la apoderada de la parte quejosa, para efectos de este juicio se tiene por acreditada al tenor de la copia certificada del instrumento notarial que exhibió en su escrito registrado bajo folio... a saber, el relativo a la escritura pública... pasada ante la fe de la Notaria Público número Tres, con sede en esta ciudad. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado... En ese sentido, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro del término establecido por el ordinal 17, del cuerpo normativo. Al efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." A fin de demostrar que, en el presente caso, operó la causal de improcedencia antes referida, es menester destacar que la parte quejosa en el apartado de fecha de notificación de la resolución refiere: ".tuve conocimiento de lo que constituye el acto reclamado, el día 17 de febrero del año en curso." Sin embargo, de las copias certificadas del expediente... del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, que exhibió la promovente se advierte que el auto reclamado en el presente juicio (nueve de febrero de dos mil veintiuno) fue notificado por lista al impetrante de amparo el nueve de febrero de dos mil veintiuno. De lo expuesto, es claro que el acto reclamado consistente en el acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen fue consentido tácitamente, porque el juicio constitucional no fue promovido dentro del plazo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo. En ese tenor, a efecto de evidenciar la extemporaneidad de la demanda de amparo respecto al acto controvertido, conviene reproducir el siguiente cuadro... En tal virtud, como la demanda fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el ocho de marzo de dos mil veintiuno, es incuestionable que su presentación fue extemporánea. Por lo que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haber sido consentido tácitamente. Sin que se soslaye que, el impetrante en su demanda manifestó que se enteró del auto reclamado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, así como que el acuerdo no le fue notificado correctamente; sin embargo, como ya se dijo, de las copias certificadas que exhibe la promovente se advierte que el auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, contrariamente a lo que sostiene, sí le fue notificado, ya que esto se hizo por lista de acuerdos que se fija en los estrados de ese Juzgado, por lo que, debe estimarse realizada la notificación de que se trata para los efectos del presente juicio de amparo, puesto que no se observa que la legalidad de la misma haya sido combatida a través del incidente de nulidad de notificaciones que prevé el numeral 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz y, menos aún, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, por lo que dicha notificación, debe ser estimada para determinar la oportunidad para instar el presente juicio, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe destacar que en el caso también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En primer término, es pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a), y IV, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Al respecto, conviene invocar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohiba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción." Ahora bien, es necesario precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños a juicio, esto es, en estricto sentido y por equiparación. Por tercero extraño a juicio en estricto sentido es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Y por tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio o por haber sido citada en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. En el caso se precisa que la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña ya que es la promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria... del índice del Juzgado responsable, de donde emana el acto reclamado. Tomando en consideración lo anterior, de donde se desprende que la parte quejosa es parte formal en las diligencias de jurisdicción voluntaria... válidamente se concluye que antes de instar la vía constitucional, dicha parte se encontraba en aptitud de combatir la resolución reclamada a través de la reclamación previo a la acción de amparo, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, es necesario traer a colación el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz aplicables, que disponen: "Artículo 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso. Del precepto transcrito se colige que contra las medidas a que se refiere el Capítulo relativo al depósito o guarda de personas como acto prejudicial, se podrá inconformar la parte contraria, a través de la reclamación; el juzgador podrá levantar la referida medida provisional, cuando así sea procedente, de acuerdo a lo considerado en la tramitación de la reclamación de referencia; asimismo, el juez tendrá la facultad de levantar la providencia decretada provisionalmente y volver las cosas al estado en que se encontraban. Es importante destacar que al resolver el recurso de reclamación que la ley prevé, la autoridad judicial está constreñida a atender a la totalidad de medios de prueba que las partes hayan aportado hasta ese momento procesal, habida cuenta que ese actuar permitirá decidir sobre lo pedido a la luz de lo argumentado y probado por los contendientes, garantizando un fallo completo e integral, de modo que cuando se vean involucrados derechos de menores, se garantice la protección al interés superior del infante. Lo que de suyo hace que, con tal recurso ordinario, se hubiere podido modificar la determinación reclamada, y si bien es cierto que del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no se advierta término para interponer dicho recurso, lo cierto es que debe de ser aplicable el término de tres días contenido en el artículo 98, fracción IV, del mismo código adjetivo. Así, si el acto que se impugna pudo tener algún remedio ante la autoridad responsable mediante la interposición de recurso ordinario y ese medio de defensa no fue seguido por la ahora promovente, es inconcuso que el juicio de amparo promovido resulta improcedente, al no respetarse el principio de definitividad. Del precepto legal antes aludido, así como de la lectura íntegra del escrito de demanda, se desprende que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado debió ser impugnado mediante la reclamación, en términos de lo previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Veracruz; y al no agotar dicho medio ordinario de defensa, es evidente que el juicio de amparo deviene improcedente. En esas condiciones, si la promovente es parte formal en el juicio de origen, es inconcuso que antes de acudir al juicio de amparo tuvo que agotar la reclamación y de esa manera estar en posibilidad de obtener una modificación, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad, y si no lo hizo así, hace improcedente el presente juicio de amparo. Además, en el caso particular no opera excepción alguna al principio de definitividad, pues el asunto que nos ocupa no se refiere a ningún acto de autoridad que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni tener la quejosa el carácter de persona extraña al juicio pues es parte del mismo. Asimismo, el acto reclamado tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la interposición del medio de defensa legal correspondiente, por parte del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con motivo de las razones expuestas en la presente determinación, con fundamento en los diversos 112 y 113, de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo..."
- Principal
"...Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad del fedatario judicial adscrito para notificar personalmente a la parte quejosa *-*-*-*-*-*, quien aduce tener el carácter de apoderada legal de *-*-*-*-*-*-*-*-*, el proveído de veintiséis de marzo del año en curso, dictado en el presente juicio, por las razones que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente proveído, el diverso de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional..." PROVEÍDO DE VEITISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO
- Principal
"... Agréguese el escrito supuestamente firmado por la quejosa, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada el diez de marzo del año en curso; sin embargo, se observa que la signatura que calza el ocurso de cuenta es notoriamente discrepante con la estampada en el escrito inicial de demanda de amparo, tal como lo hizo constar el Secretario de la adscripción en la certificación de cuenta. Lo anterior, tal como se puede apreciar de las mencionadas signaturas de las que a continuación se inserta su imagen: Escrito inicial de demanda: Escrito mediante el cual se pretende dar cumplimiento a la prevención de diez de marzo de dos mil veintiuno: Por tanto, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el acto de la diligencia de notificación que al efecto realice el Actuario de la adscripción; o, dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en día y hora hábil ante este juzgado debidamente identificada, para que en diligencia formal ratifique el contenido y firma del libelo de mérito, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. En el entendido, que si después de reconocer como propia la firma a ratificar, se advierte que es notoriamente diferente con las plasmadas con anterioridad, se podrá hacer uso de la facultad que tiene el suscrito para ordenar el desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, -.....Para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte..."
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