Luis Alberto Pérez Aranja
Expediente 178/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 178/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2016
Partes del expediente
- Luis Alberto Pérez Aranja
Actuaciones
- Principal
se declara que ha causado estado dicho proveído... Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo...
- Principal
Visto el estado de autos... se tiene por no presentada la demanda de amparo...
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por Luis Alberto Pérez Aranja, contra los actos reclamados del Juez Primero Penal de Primera Instancia de Cuautitlán, Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 178/2016. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que el quejoso esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al justiciable para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, subsane las omisiones en que incurrió. I. Esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del primero de los ordenamientos invocados, lo siguiente: A. La residencia donde se pretendieron ejecutar los actos reclamados que precisa, y B. Los motivos por los cuales señaló como responsables, autoridades foráneas. En efecto, de la lectura integral de la demanda se advierte que el amparista no señaló domicilio alguno que permita establecer dónde intentó ejecutarse el acto reclamado, pues incluso manifestó que las notificaciones que derivaran de este controvertido, se realizaran en el domicilio de este juzgado, en tanto que en los antecedentes del acto reclamado refirió que ".Desde el día domingo 14 de febrero del año en curso y hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo personas que utilizan insignias de diversas corporaciones federales y locales, se han constituido en mi centro de trabajo y domicilio, implementando vigilancia discreta, tanto móvil como fija, diciendo que traen un mandamiento judicial de captura.". De lo expuesto se advierte que si bien en el capítulo de antecedentes el quejoso manifestó que diversas personas de corporaciones federales y locales se constituyeron en su centro de trabajo y su domicilio, lo cierto es que no precisó dónde se encuentran ubicados los mismos, esto es, la ciudad o localidad donde sucedió dicha circunstancia, por lo que es evidente que no se puede advertir dónde se pretenden ejecutar los actos que reclama; máxime si se toma en consideración que indicó autoridades fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, sin informar los motivos de su señalamiento. De ahí que es necesario que el quejoso realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos que atañen a los actos reclamados por esta vía y que resultan relevantes para conocer la verdad legal, pues la falta de certeza del lugar en donde se pretendieron ejecutar los actos reclamados, podría influir en cuestiones de competencia que son de orden público y de estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". II. Por otra parte, de la lectura integral de la demanda, específicamente en el capítulo de acto reclamado, no se advierte cuál es el que atribuye al Procurador General de Justicia de esta ciudad, pues en el mismo el quejoso únicamente manifestó: "De los Jueces que señalo como autoridades responsables, reclamo. De las autoridades ejecutoras reclamo." Sin referir qué es lo que reclama de dicho procurador, que señaló en el capítulo de autoridades ordenadoras. Circunstancia que se considera indispensable aclare a efecto de establecer la relación procesal y por tanto la litis constitucional planteada que en su caso será motivo de estudio al momento de dictarse la sentencia. Sin que se soslaye que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación de actos reclamados y autoridades responsables. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". De ahí la importancia que el promovente subsane dicha irregularidad, ya que al requerir a las autoridades responsables su respectivo informe, es necesario que se pronuncien respecto de todos los actos que se les reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, en términos del numeral 117 de la ley reglamentaria, lo que no acontecería si dichos actos no son claros y precisos. En el entendido de que el requerimiento que aquí se formula únicamente podrá desahogarlo el quejoso, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo se deberán exhibir tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes. III. Para el caso de desahogar los puntos anteriores, deberá exhibir una copia más de su demanda de amparo, como exige el numeral 114, fracción V, de la ley reglamentaria, ya que únicamente exhibió veintisiete, siendo necesarias veintiocho, para distribuirlas de la siguiente manera: veinticinco para emplazar a las autoridades responsables; una para la representación social adscrita; y dos más para tramitar el incidente de suspensión. No es obstáculo para prevenir al promovente del amparo, lo que dispone el artículo 110 de la ley de la materia, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado dicho numeral debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura de este artículo, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima, que cuando la demanda se presente en forma escrita, el quejoso está obligado exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado numeral 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número electrónico 2010048, del rubro y texto siguientes: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación armónica y sistemática del ordinal 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con vista al derecho de acceso efectivo a la justicia contenido en el numeral 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que tratándose de la presentación del escrito inicial de demanda de amparo indirecto respecto de un asunto en materia penal, si quien lo promueve, por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentra en clara desventaja social para emprender el proceso constitucional, no debe aplicársele la regla general contenida en el párrafo segundo de la fracción V del arábigo 114 de la propia ley, que impone la obligación al quejoso de exhibir las copias del escrito de demanda para emplazar a las partes al proceso y, en su caso, para tramitar el incidente de suspensión, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada, sino que el Juez de amparo deberá ordenar oficiosamente la expedición de las copias faltantes, toda vez que tratándose de la materia penal y bajo los supuestos precisados, debe prevalecer el derecho de acceso efectivo a la justicia, el que se vería violentado al hacer nugatorio el derecho del quejoso a que se resuelva en definitiva la cuestión planteada, ante la exigencia de requisitos excesivos, en atención a los valores fundamentales comprometidos en el ámbito penal". Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento indicado en el punto I, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Empero en caso de incumplir con el punto II, se proveerá lo conducente por las restantes autoridades, y en el supuesto de desahogar las anteriores, pero no el III, se postergará la apertura del incidente de suspensión. Por otra parte, como se solicita en la demanda de amparo, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que se señaló para tal efecto las oficinas que ocupa este órgano jurisdiccional. Se tienen por autorizados para los efectos que se indican a las personas que se mencionan...
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