Luis Alberto Ozuna Martínez
Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Alberto Ozuna Martínez y Otros.
- Luis Alberto Ozuna Martínez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente, así como su valoración, relevancia documental y destino, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; sin embargo, el mismo debió ser valorado en cuanto a su relevancia documental y destino en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, cuyos artículos primero y quinto transitorios señalan: "..PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.." ".QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste." Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de subsanar dicha inconsistencia; se ordena regularizar el presente procedimiento y valorar el expediente en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, se determina: En consecuencia, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción l, inciso b), del citado acuerdo, consérvese el expediente principal, por el termino tres años, a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, porque se concedió la protección constitucional, transcurrida dicha data, el mismo será DEPURABLE, por lo que dentro de los siguientes noventa días, posteriores al transcurso de la citada temporalidad, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio y auto que la declara ejecutoriada; luego solicítese la transferencia de este a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que de acuerdo a las circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, de treinta de enero, seis, trece, veinte y veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmadas electrónicamente por la jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que se determinó adoptar como medida especial para salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, suspendiéndose las labores jurisdiccionales para los periodos comprendidos del uno febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por Acuerdo General 1/2021, que reforma el similar 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes. Asimismo, en la antes citada circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, firmada electrónicamente por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que interesa, se comunicó lo siguiente: I. En relación con Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Guerrero (Vigesimoprimer Circuito) se determina: Los días 2 y 3 de marzo de 2021 se aplicará un breve régimen de transición, . 2. Los días 2 y 3 de marzo de 2021, será aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. ... 5. A partir del 4 de marzo de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Por otra parte, se advierte que de conformidad a la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se decretó la suspensión de las labores jurisdiccionales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. En razón de lo anterior, se advierte que se decretó la suspensión de las labores jurisdiccionales, razón por la cual no corrieron plazos y términos en los periodos siguientes: Veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno. Uno de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno. En ese contexto, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada y se reanuda el presente juicio en el punto en que quedó pausado, específicamente en el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, tomando en cuenta que de acuerdo a la segunda certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal.
- Principal
Visto el escrito de demanda firmado por Luis Alberto Ozuna Martínez, por propio derecho, contra actos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 699/2020 y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En el caso, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley, como a continuación se demostrará. Falta de actualización de principio de instancia de parte agraviada. Como se adelantó, se actualiza de manera manifiesta e indudable esta causa de improcedencia, pues la demanda de cuenta fue presentada vía electrónica (mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación), sin haberse firmado electrónicamente por el aparente quejoso -tal como se advierte de la certificación del Secretario adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, y no se está en el caso de excepción previsto en la parte final del artículo 3, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo. Así, el artículo 107, fracción I, de la Constitución establece: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)" Por su parte, los artículos 3 y 6 de la ley de la materia disponen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De lo anterior se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución, es determinante al disponer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en relación con esa disposición el diverso 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia; asimismo, el artículo 3 del ordenamiento legal antes citado establece que la demanda de amparo se puede promover mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Razón por la cual se emitió el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que en su artículo 2, fracción II, establece: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: (.) II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación; (.)". Precisado lo anterior, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin firma electrónica certificada. Por lo que, es inconcuso que si la demanda carece de la firma de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica del promovente, ya que la firma es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica del promovente en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como promovente, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Es aplicable la jurisprudencia 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". (El resaltado es propio). Así, como se adelantó, está demostrado que la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación del directo quejoso, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de esa misma ley. Por ello, al quedar acreditada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida, aparentemente, por Luis Alberto Ozuna Martínez, por propio derecho. DOMICILIO. El quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el Buzón de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no proporciona el nombre de usuario; por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En consecuencia, téngase como tal la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de la Materia. Asimismo, el quejoso señala como correo electrónico luisozuna.mtz@gmail.com y el número telefónico 744 103 7275; por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marisol Serrano Tinoco, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se desprende que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las demás personas que relaciona, por no contar con cédula registrada en el sistema antes aludido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Luis Alberto Garduño Ojeda165/2016
- Luis Alberto Hernández Martínez66/2018
- Luis Alberto Marín Organista740/2018
- Luis Alberto Mesino Nuñez y Otros.694/2023
- Luis Alberto Murillo Quinde y Otros.121/2023
- Luis Alberto Ozuna Martínez700/2020
- Luis Alberto Quevedo Rodíguez y Otros.1145/2023
- Luis Alberto Rojano Hernández y Otros.1465/2022
- Luis Alberto Villamil Montero901/2018
- Luis Alejandro Balbuena Medina986/2017
- Luis Alejandro González Rodríguez67/2016
- Luis Alejandro González Rodríguez804/2018