Luis Alberto Olvera Garduño
Expediente 12/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Alberto Olvera Garduño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de los autos... se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo... ha causado estado... remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo... es susceptible de destrucción.
- Principal
México, Distrito Federal, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual pretende desahoga la prevención formulada en proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciséis y, al respecto, realiza manifestaciones para aclarar los actos que reclama en este juicio. Se tiene por desahogada la referida prevención y, en consecuencia, se dejan sin efectos los apercibimientos ahí decretados. Ahora bien, vista en su integridad la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, presentados por Luis Alberto Olvera Garduño, contra actos de la Secretaría de Movilidad en el Distrito Federal y otras autoridades; se advierten los antecedentes siguientes: 1. El quejoso señala que hace más de nueve años se dedica a transportar bienes propios o conexos, actividad con la que obtiene su sustento familiar y que desarrolla con dos vehículos con capacidad de carga menor a cuatro toneladas y que son: (i) Nissan, Estacas, modelo 2006, placas 648ZKC; y, (ii) Nissan, modelo 2007, placas MRE7753. 2. Señala que al circular en esos vehículos por los caminos y puentes ya sea federales, del Distrito Federal o de los Estados de la República, los policías de tránsito le solicitan un permiso especial, que siempre es distinto. 3. A partir esa situación, el quejoso sostiene que las autoridades señaladas como responsable "le quitan su derecho al mínimo vital", pues es víctima de extorsión al exigirle aquel permiso, apercibiéndolo con levantarle infracciones y recoger sus vehículos para encerrarlos en el corralón, situación ante la cual tendría que pagar derechos de piso y de arrastre. 4. En mérito de lo anterior, promovió este juicio de amparo en que señala como actos reclamados diversos planteamientos que más bien, constituyen argumentos propios de los conceptos de violación. Ahora bien con el fin de identificar correctamente cuáles son los actos que en realidad reclama el quejoso, debe tenerse en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez deber atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo y de sus escritos aclaratorios este juzgador precisa que los actos reclamados son los siguientes: Las órdenes giradas a inspectores, patrulleros, motociclistas, agentes de crucero, operadores de grúas y montacargas, para que se recojan sus vehículos, con el fin de enviarlo a un encierro definitivo a un depósito de vehículos. Los efectos y consecuencias que deriven de esas órdenes, como pueden ser el cobro por derechos de piso, el embargo de sus automóviles, su remate mediante subasta y su adjudicación a terceras personas. Al tenor lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que en contra de los actos reclamados se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que por su naturaleza, no son susceptibles de afectar el interés jurídico del quejoso. Con el fin de demostrar esa conclusión, es necesario mencionar que en ese precepto se prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado "agravio personal y directo", que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: "5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". A partir de las anteriores normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. En ese sentido, este Juzgador concluye que, en el caso que nos ocupa, las órdenes reclamadas y las posibles consecuencias que señala el quejoso, no afectan su interés jurídico, ya que no transgrede de manera directa, real y actual su esfera jurídica. Lo anterior es así, ya que con las ordenes referidas, las autoridades señaladas como responsables no crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica concreta sobre su esfera de derecho, puesto que como el propio quejoso señala únicamente se le requirió para realizará una determinada conducta -presentara un permiso determinado- y, en todo caso, la posibilidad de que se le hagan efectivos los apercibimiento que menciona -la remisión de sus vehículos al depósito vehicular, cobro de derechos de piso y arrastre-, depende de la conducta que él mismo asuma y despliegue. En efecto, las órdenes que reclama el quejoso civil -de existir- constituyen un mero apercibimiento para que realice una conducta, pero con ellas no se le genera una afectación en su interés jurídico, pues será, en todo caso, el acto en el que se haga efectivo ese apercibimiento, cuando pudiera resentir una afectación y, de ser el caso, hacer valer los planteamientos que ahora hace valer. Lo anterior resulta relevante en la medida en que, para este Juzgador, un acto a través del cual se requiere a un particular para que lleve a cabo determinada conducta y se le apercibe con una consecuencia jurídica, no genera una afectación real, actual y directa sobre su esfera jurídica, toda vez que la sola prevención no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta sobre su esfera de derechos y, en su caso, la aplicación de la consecuencia jurídica dependerá de la conducta que asuma el particular en relación con la prevención que se le formuló. Por tanto, si la imposición de la sanción que refiere -la remisión de sus vehículos al depósito vehicular, cobro de derechos por piso y arrastre- no se ha materializado ni tampoco se ha determinado, no cabe duda que dicho apercibimiento sólo es genérico y, en consecuencia, no afecta el interés jurídico del quejoso. Apoya la anterior conclusión la jurisprudencia 2a./J. 36/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". De igual manera, resulta aplicable la tesis I.3o.C.121 K (9a.), que lleva por rubro: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA". En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no afectan de manera directa, actual y real su esfera jurídica, lo que provoca su desechamiento de plano. Igualmente, resulta ilustrativa la tesis 3a. XXXVIII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL". Lo anterior se justifica en la medida en que sin importar las pruebas que se ofrezcan o lo que se argumente con posterioridad, la naturaleza jurídica de los actos reclamados no variará, razón por la cual, la convicción a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Finalmente, debe decirse que no pasa inadvertida la afirmación del quejoso, en el sentido de que los actos de extorsión de que es víctima le generan una afectación; sin embargo, dichas conductas, de ser ciertas, constituyen delitos que debe denunciar a través de las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo no es un medio que tenga como finalidad hacer cesar una conducta delictiva. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente; de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien actúa asistido de Luis Hernández Plata, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AHVR*
- Principal
Una vez analizada integralmente la demanda, ese juzgado considera que debe desecharse de plano.... Notifíquese personalmente
- Principal
Notifíquese personalmente. Agréguense los escritos presentados por el quejoso, mediante los cuales pretende desahogar la prevención formulada en auto de ocho de enero pasado y, al respecto, exhibe una copia de la demanda de amparo y realiza diversas manifestaciones...Para lo anterior, deberá tomar especificar si se trata de una orden, una determinación o qué tipo de acto de autoridad es el que le causa un perjuicio...Finalmente, hágasele saber al promovente que, en el caso que no ocupa, no resulta aplicable la tesis ...En mérito de lo hasta aquí expuesto, no puede tenerse por desahogada la prevención formulada el ocho de enero de dos mil dieciséis; sin embargo, dicho proveído debidamente notificado de manera personal ... surtiendo efectos el trece siguiente, por lo que el término de cinco días transcurre del catorce al veinte de enero del presente año, descontando los días dieciséis y diecisiete de enero del año en curso por ser inhábiles...Tomando en consideración esa situación y que el plazo de cinco días debe transcurrir íntegramente, dado que presentó su ocurso de cuenta el tercer día, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, por única ocasión se interrumpe ese plazo y hágasele saber que aun cuenta con dos días para desahogar aquella prevención, los que comenzaran a contar a partir del día siguiente al en que se surta efectos la notificación de este proveído.En consecuencia, una vez que transcurra íntegramente el plazo otorgado, se acordará lo que en derecho corresponda...
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