Luis Alberto Olán Aparicio

Expediente 43/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
43/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Olán Aparicio
  • Jose Trinidad Pereyra Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mesa 4. Con fundamento en el artículo 27 Incisos B) y C, respectivamente de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa y los terceros interesados Jesús Manuel Rodriguez Hernandez, Carlos Antonio Gomez Peregrino, Marcelino Mendoza Mendoza , Raul de la Cruz Merodio, Ramón Morales Almeida, Bulmaro Solis de los Santos, Julio César Hernandez Hernandez, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el aviso o citatorio respectivo, acuerdo que en lo conducente dice:----------------------------------VILLAHERMOSA, TABASCO VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MILVEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, respecto del cumplimiento que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar que, mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Alberto Olán Aparicio, para los efectos siguientes:[.] Deje insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009 de su índice, en el que ordenó la orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Luis Alberto Olán Aparicio. Emita otro acuerdo siguiendo los lineamientos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin apartarse de los indicadores establecidos en la resolución de quince de enero de dos mil catorce, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca penal 643/2013-III de su índice; esto es, conforme a lo establecido en los procedimientos especiales, capítulo II, relativo procedimientos relativos a inimputables y farmacodependientes, establecido en los artículos 264 a 267 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, vigente a la época en que sucedieron los hechos (veintisiete de mayo de dos mil nueve). Lo cual deberá realizar brindándole al quejoso los apoyos necesarios a fin de que entienda las consecuencias jurídicas del proceso que se siga en su contra, y en su caso realice los ajustes razonables1 al procedimiento que sean necesarios. Se hace hincapié al Juez Segundo de Primera Instancia Penal que todo acto que realice dentro del procedimiento 123/2009, deberá de atender siempre a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo asistido en la toma de decisiones, protegiendo la libertad de elección y garantizando al grado de diversidad funcional, fomentando la participación del aquí quejoso y la asunción de responsabilidades. Así, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia; y por ello, se requirió a la responsable, para que en el plazo de cinco días diera cumplimiento al fallo protector. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio y anexo signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, informando que dejó insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009, en el que decretó orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio y giró oficio al Fiscal General del Estado de Tabasco para informarle lo anterior. Asimismo, remitió el auto de ocho de febrero del año en curso, del que se advirtió que concedió el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a sus derechos convengan en relación al padecimiento de salud mental del quejoso y ordenó girar oficio al Director de Alta Especialidad de Salud Mental, con sede en esta ciudad, para que designara especialista en psiquiatría para la valoración de Luis Alberto Olán Aparicio, y que indicara si contaba con la capacidad para poder enfrentar el proceso legal, por lo que señaló las diez horas del cuatro de marzo de dos mi veintiuno, para la toma de protesta de ley y realizar lo anterior. Luego, mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la sentencia incidental de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 123/2009 de su índice, de la que se advierte que en su segundo punto resolutivo determinó que se declara de plano inimputable al procesado, aquí quejoso Luis Alberto Olan Aparicio, con sus respectivas notificaciones, con las que adujo dar cumplimiento al fallo protector. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con la cual estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, este órgano de amparo estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que: mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009, en el que decretó orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio y giró oficio al Fiscal General del Estado de Tabasco para informarle lo anterior. Posterior a ello, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, dictó sentencia incidental en treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 123/2009, en cumplimiento al fallo protector, en la que concluyó que, de acuerdo a las valoraciones realizadas y antecedentes del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio, éste padece de un trastorno neurocognitivo secundario a psicocirugía, caracterizado con problemas de la memoria reciente, alteraciones del juicio crítico, abstracción pobre y dificultad para la toma de decisiones, lo cual genera su inimputabilidad. Con base en lo anterior, se decretó que se trataba de un padecimiento incapacitante de por vida, el cual no tiene cura y requiere de una persona que lo asista, ya que no tiene la capacidad para sus funciones volitivas, por tal motivo debe tener un tutor a cargo que le ayude a su auto cuidado y manejo de su vida personal; lo cual se corroboró con el dictamen de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, elaborado por el doctor Luis Florencio Medrano Domínguez, pericial la cual fue ratificada por el medico psiquiátrico, ante el órgano jurisdiccional el veintiocho de abril del dos mil veintiuno. Así, a partir de todo lo antes descrito, el Juez responsable, determinó declarar de plano inimputable al procesado Luis Alberto Olan Aparicio -aquí quejoso-. Con lo cual se atendió, sin exceso ni defecto, los alcances del fallo, ya que constituye exactamente los puntos primordiales de la protección constitucional otorgada. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Por otro lado, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio, se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la suscrita Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuenta con las facultades para pronunciarse sobre el acatamiento de la ejecutoria protectora, por su carácter urgente, derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 1891 del Tomo II, Mayo de 2021, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE", pues es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa 4. Con fundamento en el artículo 27 Incisos B) y C, respectivamente de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, a la parte tercero interesada José Trinidad Pereyra Hernández y Martín Osorio Gómez, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el aviso o citatorio respectivo, acuerdo que en lo conducente dice:----------------------------------VILLAHERMOSA, TABASCO VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MILVEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, respecto del cumplimiento que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar que, mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Alberto Olán Aparicio, para los efectos siguientes: Deje insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009 de su índice, en el que ordenó la orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Luis Alberto Olán Aparicio. Emita otro acuerdo siguiendo los lineamientos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin apartarse de los indicadores establecidos en la resolución de quince de enero de dos mil catorce, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca penal 643/2013-III de su índice; esto es, conforme a lo establecido en los "procedimientos especiales, capítulo II, relativo "procedimientos relativos a inimputables y farmacodependientes", establecido en los artículos 264 a 267 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, vigente a la época en que sucedieron los hechos (veintisiete de mayo de dos mil nueve). Lo cual deberá realizar brindándole al quejoso los apoyos necesarios a fin de que entienda las consecuencias jurídicas del proceso que se siga en su contra, y en su caso realice los ajustes razonables1 al procedimiento que sean necesarios. Se hace hincapié al Juez Segundo de Primera Instancia Penal que todo acto que realice dentro del procedimiento 123/2009, deberá de atender siempre a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo asistido en la toma de decisiones, protegiendo la libertad de elección y garantizando al grado de diversidad funcional, fomentando la participación del aquí quejoso y la asunción de responsabilidades [.]" Así, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia; y por ello, se requirió a la responsable, para que en el plazo de cinco días diera cumplimiento al fallo protector. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio y anexo signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, informando que dejó insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009, en el que decretó orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio y giró oficio al Fiscal General del Estado de Tabasco para informarle lo anterior. Asimismo, remitió el auto de ocho de febrero del año en curso, del que se advirtió que concedió el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a sus derechos convengan en relación al padecimiento de salud mental del quejoso y ordenó girar oficio al Director de Alta Especialidad de Salud Mental, con sede en esta ciudad, para que designara especialista en psiquiatría para la valoración de Luis Alberto Olán Aparicio, y que indicara si contaba con la capacidad para poder enfrentar el proceso legal, por lo que señaló las diez horas del cuatro de marzo de dos mi veintiuno, para la toma de protesta de ley y realizar lo anterior. Luego, mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la sentencia incidental de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 123/2009 de su índice, de la que se advierte que en su segundo punto resolutivo determinó que se declara de plano inimputable al procesado, aquí quejoso Luis Alberto Olan Aparicio, con sus respectivas notificaciones, con las que adujo dar cumplimiento al fallo protector. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con la cual estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, este órgano de amparo estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que: mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009, en el que decretó orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio y giró oficio al Fiscal General del Estado de Tabasco para informarle lo anterior. Posterior a ello, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, dictó sentencia incidental en treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 123/2009, en cumplimiento al fallo protector, en la que concluyó que, de acuerdo a las valoraciones realizadas y antecedentes del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio, éste padece de un trastorno neurocognitivo secundario a psicocirugía, caracterizado con problemas de la memoria reciente, alteraciones del juicio crítico, abstracción pobre y dificultad para la toma de decisiones, lo cual genera su inimputabilidad. Con base en lo anterior, se decretó que se trataba de un padecimiento incapacitante de por vida, el cual no tiene cura y requiere de una persona que lo asista, ya que no tiene la capacidad para sus funciones volitivas, por tal motivo debe tener un tutor a cargo que le ayude a su auto cuidado y manejo de su vida personal; lo cual se corroboró con el dictamen de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, elaborado por el doctor Luis Florencio Medrano Domínguez, pericial la cual fue ratificada por el medico psiquiátrico, ante el órgano jurisdiccional el veintiocho de abril del dos mil veintiuno. Así, a partir de todo lo antes descrito, el Juez responsable, determinó declarar de plano inimputable al procesado Luis Alberto Olan Aparicio -aquí quejoso-. Con lo cual se atendió, sin exceso ni defecto, los alcances del fallo, ya que constituye exactamente los puntos primordiales de la protección constitucional otorgada. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Por otro lado, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio, se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la suscrita Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuenta con las facultades para pronunciarse sobre el acatamiento de la ejecutoria protectora, por su carácter urgente, derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 1891 del Tomo II, Mayo de 2021, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE", pues es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, respecto del cumplimiento que el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, rindió en relación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, resulta conveniente previamente precisar que, mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Alberto Olán Aparicio, para los efectos siguientes: "[.] Deje insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009 de su índice, en el que ordenó la orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Luis Alberto Olán Aparicio. Emita otro acuerdo siguiendo los lineamientos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin apartarse de los indicadores establecidos en la resolución de quince de enero de dos mil catorce, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca penal 643/2013-III de su índice; esto es, conforme a lo establecido en los "procedimientos especiales", capítulo II, relativo "procedimientos relativos a inimputables y farmacodependientes", establecido en los artículos 264 a 267 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco, vigente a la época en que sucedieron los hechos (veintisiete de mayo de dos mil nueve). Lo cual deberá realizar brindándole al quejoso los apoyos necesarios a fin de que entienda las consecuencias jurídicas del proceso que se siga en su contra, y en su caso realice los ajustes razonables1 al procedimiento que sean necesarios. Se hace hincapié al Juez Segundo de Primera Instancia Penal que todo acto que realice dentro del procedimiento 123/2009, deberá de atender siempre a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo asistido en la toma de decisiones, protegiendo la libertad de elección y garantizando al grado de diversidad funcional, fomentando la participación del aquí quejoso y la asunción de responsabilidades [.]" Así, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia; y por ello, se requirió a la responsable, para que en el plazo de cinco días diera cumplimiento al fallo protector. Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio y anexo signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, informando que dejó insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009, en el que decretó orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio y giró oficio al Fiscal General del Estado de Tabasco para informarle lo anterior. Asimismo, remitió el auto de ocho de febrero del año en curso, del que se advirtió que concedió el término de tres días a las partes para que manifestaran lo que a sus derechos convengan en relación al padecimiento de salud mental del quejoso y ordenó girar oficio al Director de Alta Especialidad de Salud Mental, con sede en esta ciudad, para que designara especialista en psiquiatría para la valoración de Luis Alberto Olán Aparicio, y que indicara si contaba con la capacidad para poder enfrentar el proceso legal, por lo que señaló las diez horas del cuatro de marzo de dos mi veintiuno, para la toma de protesta de ley y realizar lo anterior. Luego, mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la sentencia incidental de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la causa penal 123/2009 de su índice, de la que se advierte que en su segundo punto resolutivo determinó que se declara de plano inimputable al procesado, aquí quejoso Luis Alberto Olan Aparicio, con sus respectivas notificaciones, con las que adujo dar cumplimiento al fallo protector. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con la cual estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniere, sin que se hayan pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificadas para ello. En las relatadas condiciones, este órgano de amparo estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que: mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el auto de cinco de febrero de dos mil catorce, dictado en la causa penal 123/2009, en el que decretó orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio y giró oficio al Fiscal General del Estado de Tabasco para informarle lo anterior. Posterior a ello, el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, dictó sentencia incidental en treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 123/2009, en cumplimiento al fallo protector, en la que concluyó que, de acuerdo a las valoraciones realizadas y antecedentes del quejoso Luis Alberto Olán Aparicio, éste padece de un trastorno neurocognitivo secundario a psicocirugía, caracterizado con problemas de la memoria reciente, alteraciones del juicio crítico, abstracción pobre y dificultad para la toma de decisiones, lo cual genera su inimputabilidad. Con base en lo anterior, se decretó que se trataba de un padecimiento incapacitante de por vida, el cual no tiene cura y requiere de una persona que lo asista, ya que no tiene la capacidad para sus funciones volitivas, por tal motivo debe tener un tutor a cargo que le ayude a su auto cuidado y manejo de su vida personal; lo cual se corroboró con el dictamen de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, elaborado por el doctor Luis Florencio Medrano Domínguez, pericial la cual fue ratificada por el medico psiquiátrico, ante el órgano jurisdiccional el veintiocho de abril del dos mil veintiuno. Así, a partir de todo lo antes descrito, el Juez responsable, determinó declarar de plano inimputable al procesado Luis Alberto Olan Aparicio -aquí quejoso-. Con lo cual se atendió, sin exceso ni defecto, los alcances del fallo, ya que constituye exactamente los puntos primordiales de la protección constitucional otorgada. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Por otro lado, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio, se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la suscrita Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuenta con las facultades para pronunciarse sobre el acatamiento de la ejecutoria protectora, por su carácter urgente, derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 1891 del Tomo II, Mayo de 2021, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE", pues es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese.

  4. Incidental

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en esta la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

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