Luis Alberto Muñoz Ortiz
Expediente 708/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Alberto Muñoz Ortiz
Actuaciones
- Principal
MESA III.- CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Independientemente de lo anterior, hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III.- Visto lo de la cuenta, agréguense a estos autos el oficio signado por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidenta. Del análisis del acto reclamado, de las constancias remitidas por la responsable para justificación de su informe de cuenta, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: INTRODUCCIÓN El quejoso Luis Alberto Muñoz Ortiz, reclama básicamente la denegación de justicia en que incurre la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen. HECHOS De las constancias remitidas por la autoridad responsable y sus anexos, las cuales tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: - Acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, en el cual la junta responsable acordó con relación a las pruebas ofrecidas por las partes y fijó fechas para las que requieren de desahogo. - Constancia de notificación a las partes de veintiséis de mayo del año en curso. CONTEXTO LEGAL El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesa sino cuando es derogado o revocado, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que ha cesado los efectos del acto omisivo reclamado. En efecto, como quedó precisado, la parte quejosa se duele de que a la fecha de la promoción de su demanda de amparo, la autoridad responsable incurría en una denegación de justicia al no acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Ahora, de las constancias antes relacionadas, se cuenta con el acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, en el cual la junta responsable acordó con relación a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y fijó diversas fechas para las que requieren desahogo; notificación a la parte actora -aquí quejosa- de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (posterior a la presentación de la demanda); en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama han cesado sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Cabe agregar que el no sobreseer respecto del acto reclamado, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las diez horas con cuarenta minutos del día ocho de junio de dos mil veintiuno; por tanto déjese sin efectos la misma. No constituye obstáculo a lo anterior, que no se haya ordenado el emplazamiento al tercero interesado, toda vez que el sentido de este auto no le causa afectación a sus derechos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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MESA III.- Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. En consecuencia, fórmese expediente, tanto físico como electrónico (el cual deberá integrarse conforme a lo estipulado en el acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal); regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, para que lo rinda en el plazo de quince días siguientes contados a partir de la notificación de este acuerdo, en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y al que deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Además, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que acrediten su actualización. En tal virtud, apercíbasele que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Señálese a la parte quejosa que si no es posible entregar los oficios correspondientes a alguna de las autoridades responsables, por no existir la denominación apuntada en la demanda, no habrá lugar a prevenir para que sea corregida, sino que se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal con ellas, sin perjuicio de que pueda, en su caso, ampliar su demanda, si lo considera necesario. Lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, así como 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria, ya que es obligación de la parte quejosa señalar correctamente a las autoridades responsables. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora bien, indíquese a las partes, incluso a la autoridad responsable, que de señalarse una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, salvo que ésta se modifique en un día diverso a la originalmente prevista, no ameritará una notificación de naturaleza personal o su equivalente por oficio. Resérvese hacer pronunciamiento en relación al tercero interesado señalado por la parte quejosa, hasta que obre en autos el informe de la autoridad responsable del que se advierta le recae tal carácter. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. Se tiene como autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a los que señala en su escrito de demanda, en virtud de que la presente demanda versa en materia laboral y es promovido por la parte trabajadora. No obstante, cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Hágase saber a las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos y que, mientras esto no acontezca, este órgano jurisdiccional, en aras de una protección a su intimidad, determina suprimirlos de las versiones públicas de las resoluciones que se dicten en este asunto. No se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. Finalmente, al tomar en consideración de las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. En el caso de las autoridades responsables, aunque se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, se les requiere para que proporcionen a este Juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional (4jdo14cto@correo.cjf.gob.mx). Lo que de ningún modo sustituye la facultad de este Juzgado de ordenar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. Tratándose del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, notifíquesele vía correo electrónico a la dirección rossana.rosas971@gmail.com, con independencia de que pueda efectuarse por la vía ordinaria. 2. A que en su primera comparecencia en este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese.
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