Luis Alberto Moreno Lópéz

Expediente 1841/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1841/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Moreno Lópéz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Agréguense a los autos la promoción de cuenta y, visto su contenido, téngase a la Magistrada Presidenta de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, rindiendo su informe previo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia incidental.

  2. Incidental

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran en autos los informes previos de las autoridades responsables Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo y Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Hidalgo, ni el acuse de recibo de los oficios mediante los cuales les fue requerido dicho informe, por lo que no encuentra debidamente integrada la presente incidencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta fecha, señalándose al efecto las nueve horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés.

  3. Incidental

    (1) I. Trámite del incidente. Vistas las fotocopias de la demanda y, atento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo1, tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado por ***, por derecho propio y en representación de su menor hijo de identidad reservada ***., personalidad que acredita con copia certificada de la acta de nacimiento ***de cuatro de septiembre de dos mil trece, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y otra autoridad. II. Informe previo. Así las cosas, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto fotocopia sin certificar de la demanda de control constitucional; por lo que, en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrán por cierto los actos reclamados y se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el propio oficio contenga; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. III. Audiencia Incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, señalan las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Precisión de los actos reclamados. Conforme a los artículos 138, fracción I, 139 y 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados que, en términos del análisis íntegro de la demanda de amparo, son los siguientes: a) La omisión de resolver el recurso de reposición interpuesto por ***, contra el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés dictado dentro del toca ***del índice de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. b) El auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente ***del índice del Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo. V. Negativa de la suspensión. 1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, se niega a la quejosa ***, por derecho propio y en representación de su menor hijo de identidad reservada ***., la suspensión provisional del acto reclamado señalado en el inciso a), en virtud de que al mismo le reviste la calidad de omisivo, contra el cual es improcedente conceder la medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo así equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el cuaderno principal del cual deriva esta pieza incidental. Es ilustrativa de lo antes expuesto, por las razones que informa en su parte conducente, la tesis de contenido siguiente: "Registro digital: 2017473 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.12o.C.6 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1623 Tipo: Aislada Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UN ACTO OMISIVO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, ATENTO A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN O PERJUICIO QUE AQUÉL OCASIONE. En términos del artículo 147 de la Ley de Amparo es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, sus párrafos segundo y tercero prevén la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, debe fijarse la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva, con lo cual existe la posibilidad no sólo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y prohibitivas, acorde con la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que los derechos de ellos no se defrauden y, por ende, se hagan efectivos. Por otro lado, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, tiene facultad para establecer condiciones de cuyo cumplimiento que dé la quejosa, depende que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Entonces, el texto del artículo 147 citado, obliga al Juez a analizar cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan graves pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos del quejoso. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión contra un acto omisivo y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden los derechos de menores o incapaces." En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la medida suspensional permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. 2. Así, en relación el actos precisado en el inciso b), lo procedente es negar la medida cautelar, toda vez que, ya fue emitido, por lo que le reviste el carácter de consumado y contra el mismo es improcedente la suspensión, pues concederla implicaría la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estima violados, efecto que es propio de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el principal, habida cuenta que la naturaleza jurídica de la institución suspensional sólo tiene efectos preventivos más no reparadores.2 VI. Concesión de la suspensión. Con fundamento en lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado en el inciso b) se concede a la parte quejosa, la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del acto combatido, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las convivencias entre el menor de iniciales por resguardo de identidad ***, y la madre no custodia ***, se continúen realizando de manera supervisada en el Consejo de Familia del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en los términos que se realizaban previo a la celebración de la audiencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la que se determinaron nuevas reglas. De modo que, con el fin de salvaguardar la materia de la litis, la suspensión también tiene por efecto que no desahogue la valoración psicológica del niño ***, programada para las ocho horas con treinta minutos del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, pues para efectos del juicio de amparo el desahogo de esta probanza puede constituir un acto de imposible reparación. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia que sigue: "Registro digital: 162017 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 20/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 128 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la Contradicción de Tesis 130/2005, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", a las sentencias de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitan y desahoguen pruebas psicológicas a cargo de menores en juicios de guarda y custodia y patria potestad. En efecto, conforme a tal criterio el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, por lo que no es necesario que se acredite que las pruebas psicológicas ocasionarán una afectación a la salud mental de los menores para que se considere un acto de imposible reparación, sino que la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia del amparo por la vía indirecta. Ahora bien, el que se considere a las pruebas psicológicas un acto de imposible reparación, no quiere decir que estén proscritas sino que es posible controvertir su pertinencia a través del amparo indirecto." Se llega a la anterior determinación, en razón de que podría afectarse la seguridad e integridad del menor de que se trata, en caso de que las convivencias sean practicadas sin supervisión de especialistas en la materia; puesto que en este momento, no se cuenta con el análisis técnico de un especialista en la materia (psicología del menor) y no existe elemento que acredite que en caso de que se efectúen las convivencias entre el menor de iniciales por resguardo de identidad ***. y la madre no custodia ***, la integridad física y psicoemocional de aquél no se verá afectada. Por tanto, es que la medida cautelar tiene como efecto que las convivencias entre el menor de iniciales por resguardo de identidad ***y la madre no custodia ***, se continúen realizando de manera supervisada en el Consejo de Familia del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. En esta línea, debe decirse que la sociedad tiene interés claro en la protección de los derechos de los niños y niñas, a fin de salvaguardarlos de todo peligro, sea físico o psicológico, para garantizar su pleno desarrollo en todas sus capacidades; ánimo que encuentra su concepción normativa primaria en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que el estado debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de forma plena sus derechos. Al respecto, se cita el precedente siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2012592 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Página: 10 INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Por otra parte, si bien el artículo 132 de la Ley de Amparo establece que, en caso que la emisión de la medida cautelar pueda afectar intereses de terceros, deba constituirse garantía para que continúe surtiendo sus efectos, lo cierto es que por tratarse de un procedimiento judicial en que se involucra la guarda y custodia de menores de edad, se considera innecesario exigirla. Sustenta lo anterior, mutatis mutandis, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2013129 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: VII.2o.T.85 L (10a.) Página: 2527 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SI ES SOLICITADA POR UN MENOR DE EDAD, QUE SE OSTENTA BENEFICIARIO DEL TRABAJADOR FALLECIDO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, ESTÁ EXENTO DE OTORGAR GARANTÍA PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Cuando de la demanda de amparo se advierta que el quejoso es menor de edad, quien se ostenta como beneficiario de un trabajador fallecido, esa sola circunstancia implica que se encuentra protegido por el Estado, según el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, para evitar imponerle una carga económica, debido a que lo que pretende es precisamente que se le considere beneficiario del finado quien, según asegura, es su padre, en atención al principio que tutela el interés superior de la niñez, no es dable fijarle cantidad alguna como garantía para que surta efectos la suspensión provisional; lo anterior, en virtud de que si bien es cierto que el artículo 132 de la Ley de Amparo, ordena que el quejoso otorgue garantía suficiente para resarcir los posibles daños o perjuicios que pudiera ocasionar la suspensión del acto reclamado si no obtuviera sentencia favorable en el juicio, también lo es que tal regla no impera en materia laboral cuando los solicitantes de dicha medida son menores que se ostentan como beneficiarios del trabajador fallecido, dado que está de por medio su subsistencia y, por ello, no es dable imponerles una carga económica, pues es una obligación del Estado proveer lo necesario para proteger los intereses de la niñez, como lo señalan el citado artículo 4o. y el diverso 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e, incluso, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ello es así, dado que el objetivo de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica de la parte quejosa en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia del juicio. La presente medida cautelar se decreta, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, toda vez que en el presente incidente se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, se ordena reservar notificar personalmente a la parte tercero interesada el presente proveído, hasta en tanto se realice el emplazamiento correspondiente en los autos del juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. VI. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente cuaderno incidental, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes previos; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VII. Autorizados y domicilio ad litem. Téngase por autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a ***y en los restringidos de dicho numeral a ***y ***, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Notificaciones vía correo electrónico. Con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 3º y 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, dígase a promovente que no ha lugar a practicarle notificaciones vía correo electrónico, dado que al efecto debe contar con número de usuario y firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. En todo caso, el número de teléfono celular y dirección de correo electrónico proporcionados se utilizarán para establecer comunicación no procesal con las partes cuando exista necesidad al respecto, conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen.

  4. Principal

    I. Cumplimiento a la prevención. Visto el escrito signado por la parte quejosa ***, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de treinta de octubre del año en curso (fojas 15 a 20) y subsistió en el diverso de nueve de noviembre del año en curso (fojas 27 a 29), por lo que, déjese sin efectos el apercibimiento realizado al efecto y, se provee: II. Desechamiento parcial de demanda. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En efecto, en relación a los actos reclamados consistentes en: a) "La admisión ilegal del recurso de apelación promovido por el suscrito en efecto devolutivo, cuando el auto dictado dentro de la audiencia de 27 de junio de 2023 que se impugna lo es de imposible reparación dentro del juicio radicado en el Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo bajo el número 63/2020"; y b) "A consecuencia de lo anterior, y dada la negligencia de la Sala hoy responsable, al no tramitar ni admitir el recurso de apelación en ambos efectos de conformidad a las actuaciones y formalidades respectivas". La suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos preceptos 17 y 18 de la Ley de Amparo, numerales que en lo atinente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.(.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a tales ordinales, el plazo para la interposición del juicio de amparo, es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Consecuentemente, la demanda de amparo que se promueva fuera del plazo de quince días, será extemporánea. Al respecto, es importante destacar que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, es decir, no pueden coexistir simultáneamente dos o más formas de imponerse de un solo hecho o acto para computar el plazo correspondiente; verbigracia, si la parte impetrante tiene conocimiento de un acto por cualquier medio externo, o simplemente se ostenta pleno sabedor de éste con antelación a que se le efectúe la notificación correspondiente en un procedimiento y con posterioridad éste le es notificado formalmente, ambos medios imposición no pueden surtir efectos a la par para computar el término para la promoción del amparo, sino que el primero de ellos subsiste sobre el segundo, por haber sido la primera hipótesis en que se actualizó el conocimiento del acto. Sustenta lo anterior, el precedente que enseguida se cita: Registro digital: 239520 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 105 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado. Asimismo, tiene aplicación al caso, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro digital: 2016652 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 8/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador. En esa guisa, lo mismo ocurre cuando la quejosa, siendo parte en un procedimiento judicial o administrativo, le es hecha la notificación de un acto conforme a la legislación correspondiente y, con posterioridad a ésta, tiene conocimiento del hecho por cualquier otro medio, pues de ninguna manera puede ser considerada para la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo la segunda fecha de conocimiento, ya que bastaría con que la quejosa se apersonara al asunto en la temporalidad que le convenga a imponerse de autos y aducir que en esa data tuvo conocimiento, para después promover el amparo dentro de los quince días siguientes, lo que equivaldría en dejar al total arbitrio del justiciable la temporalidad para la promoción del amparo. -Caso concreto. En el caso que nos ocupa, el motivo del reclamo se hace consistir en: a) "La admisión ilegal del recurso de apelación promovido por el suscrito en efecto devolutivo, cuando el auto dictado dentro de la audiencia de 27 de junio de 2023 que se impugna lo es de imposible reparación dentro del juicio radicado en el Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo bajo el número ***"; y b) "A consecuencia de lo anterior, y dada la negligencia de la Sala hoy responsable, al no tramitar ni admitir el recurso de apelación en ambos efectos de conformidad a las actuaciones y formalidades respectivas". Ahora, el quejoso, al narrar los antecedentes del acto reclamado en cumplimiento a la prevención realizada en auto de treinta de octubre del año en curso, bajo protesta de decir verdad, señaló que el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual la Sala responsable calificó en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el aquí impetrante, contra el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, emitido dentro de los autos del expediente *** del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, el cual le fue notificado el siete de septiembre de dos mil veintitrés; manifestaciones, las cuales hacen prueba plena en términos del numeral 200 de la Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º. Luego, si de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, la impetrante se desprende que desde el siete de septiembre de dos mil veintitrés (foja 24), tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, entonces en el presente se surte la hipótesis indicada en el inciso a), así pues el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de Amparo para interponer la demanda de garantías, comenzó a contar a partir del día siguiente hábil en que fue notificado de los actos reclamados, en términos del numeral 94 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Por lo que, es a partir del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, que la parte quejosa estuvo en aptitud de presentar su demanda de derechos fundamentales, feneciendo el término para ello el dos de octubre siguiente, tal y como se advierte del presente cómputo: Quejoso Auto Notificación Inicia plazo Fenece plazo ***. 1 de septiembre de 2023 7 de septiembre de 2023 8 de septiembre de 2023 2 de octubre de 2023 Luego, si la demanda de amparo se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés (foja 1), es inconcuso que su presentación se realizó fuera del plazo legal de quince días, con que contaba para ello. Máxime que el acto reclamado no se encuentra en ninguno de los casos de excepción del citado artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el caso no se reclama la aplicación de una norma general, no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal, no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios, tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). Por lo tanto, es válido concluir, que el aquí quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados y estuvo en oportunidad de combatirlos dentro del plazo de quince días que establece la ley de la materia, lo que no aconteció en el presente sumario de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, se desecha parcialmente la presente demanda de amparo, respecto a los actos reclamados señalados como "La admisión ilegal del recurso de apelación promovido por el suscrito en efecto devolutivo, cuando el auto dictado dentro de la audiencia de 27 de junio de 2023 que se impugna lo es de imposible reparación dentro del juicio radicado en el Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo bajo el número ***" y "A consecuencia de lo anterior, y dada la negligencia de la Sala hoy responsable, al no tramitar ni admitir el recurso de apelación en ambos efectos de conformidad a las actuaciones y formalidades respectivas". III. Decisión sobre los restantes actos materia de la acción de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, respecto de los actos reclamados a la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y otra autoridad, señalados como: a) "La Justicia tardía por parte de la Sala Hoy responsable para no dar resolución al recurso de reposición hecho valer por el suscrito desde el mes de septiembre del presente año dentro del Toca número 145/2023, dejando vulnerable los derechos de mi menor hijo por imposible reparación, por la falta de aplicación el numeral 377 en relación al 378 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Hidalgo." b) "el auto de 18 de octubre de 2023. emitido por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, a consecuencia de la admisión del recurso de apelación interpuesto en efecto devolutivo, en el que a grandes rasgos se cita a continuación: ." IV. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con quince minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 1. Autoridades responsables. a. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibida que de no hacerlo se presumirán como ciertos los actos reclamados y se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el importe de la unidad de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada, que asciende a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. Ello, en el entendido que si la autoridad responsable no considera necesario remitir constancias, el informe justificado correspondiente deberá enviarse ÚNICAMENTE por correo electrónico a la dirección 2jdo29cto@correo.cjf.gob.mx, pues constituye hecho notorio para la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el servicio postal ordinario que presta Correos de México se encuentra gravemente afectado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2-19. b. Informe vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A fin de agilizar la integración del expediente, en caso de haberlas, remítase vía interconexión los oficios correspondientes a las autoridades que constituyen órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, o bien, a las autoridades con las que el Consejo de la Judicatura Federal ha celebrado convenios respectivos, solicitándose atentamente que el informe que rindan se envíe por la misma vía, a excepción de los casos en que deban remitir constancias que deban exhibirse forzosamente en forma física (discos compactos, etcétera), conforme a lo ordenado en este apartado. Finalmente, en caso que los actuarios adscritos cuenten con el correo electrónico oficial de las autoridades responsables, se les instruye para que remitan los oficios derivados de este acuerdo por tal vía, siempre y cuando puedan constatar, por cualquier medio, su recepción. c. Multa por no recibir oficios. Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, apercíbase a las autoridades responsables que si se niegan a recibir los oficios librados en el presente juicio, se les impondrá multa por el equivalente de cien unidades de medida y actualización, conforme al diverso segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. De igual forma, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial (verbigracia, por tratarse de encargado y no titular, o viceversa; o bien por no estar completa la denominación) si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, sobre todo, en caso que no exista organigrama o directorio que tanto este juzgador como las partes puedan consultar en línea para determinar con precisión el nombre del cargo), se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso el domicilio correcto, al rendir su respectivo informe o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, con la razón actuarial que se levante, o bien lo que informe el funcionario de correos o telégrafos, se dictará el acuerdo correspondiente, sin perjuicio que se les imponga una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al último de los numerales invocados, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. d. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en caso que tengan conocimiento o con su conducta provoquen la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si saben que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se les impondrá una multa equivalente a treinta unidades de actualización y medida, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita, que asciende a tres mil ciento doce pesos, veinte centavos, moneda nacional. e. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días, contados desde el momento en que le sea notificado el presente acuerdo, las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional. 2. Tercero interesado. a. Quién. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, incisos b), de la Ley de Amparo, se tiene a *** como parte tercera interesada. Toda vez que el domicilio para emplazar a la tercera interesada es el ubicado en ***, y este se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al Juez Tercero Civil y Familiar de Primera Instancia con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, emplace a la parte tercero interesada, en su caso por conducto de quien legalmente le represente, y en caso de ser infructuosa su búsqueda en el referido lugar, lo haga en el domicilio señalado para recibir notificaciones en el expediente de origen y por conducto, en su caso, de los autorizados al efecto en el mismo; para ello, acompáñese a la comunicación oficial correspondiente fotocopia autorizada de la demanda de amparo y de esta resolución, a efecto que esté en posibilidad de comparecer al presente juicio de amparo, de así estimarlo oportuno; asimismo, en el acto de la notificación y emplazamiento antes ordenados, le requiera a la parte tercero interesada para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo y sin perjuicio del derecho procesal que le asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos; finalmente, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al juez de referencia, para que habilite días y horas inhábiles al actuario de su adscripción, a efecto que realice la diligencia encomendada, esto con apoyo en los artículos 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 3. Representación Social. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, asentándose en el acta respectiva que se le corre traslado con copia del escrito de demanda y, en su caso, aclaratorio. V. Incidente de suspensión. Con copias de la demanda de amparo, fórmese por duplicado el incidente de suspensión que se solicita. VI. Pruebas. Asimismo, toda vez que la parte quejosa exhibió a su escrito de seis de octubre del año en curso, fotocopia de las documentales con las que dio cuenta la secretaría en proveído de nueve de octubre del año en curso (fojas 13 a 17), instrúyasele para que se agregue testimonio de las mismas a los cuadernos del incidente de suspensión.

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