Luis Alberto Morales García

Expediente 1664/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1664/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Morales García
  • Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda este sumario de amparo, se pudo advertir que en auto de seis de septiembre de la anualidad en curso, se ordenó girar el exhorto 42/2021 - orden 127 al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, para que en auxilio a las labores de este juzgado de Distrito realizara los emplazamientos a juicio de las personas jurídicas aquí terceras interesadas Hipotecaria Crédito y Casa, sociedad anónima de capital variable, sociedad nacional financiera de objeto limitado y GCANADA, sociedad anónima de capital variable, en los domicilios ahí precisados; sin embargo, conviene destacar que dicha comunicación fue recibida el once del mes y año en curso, y a la data no se cuenta con la información de a qué juzgado le correspondió diligenciarlo. Aunado a lo anterior, en actuación de dieciocho de noviembre pasado, se ordenó girar oficios a diversas dependencias para lograr la búsqueda de domicilios donde pueda ser localizada la diversa persona jurídica tercera interesada Guadarrama Promotores Inmobiliarios, sociedad civil; sin embargo, dada la temporalidad con la que se ordenó realizar dichas gestiones existe la presunción de que pronto se cuente con los acuses de recibo. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a que acontezca lo anterior, y así, se pueda continuar con la secuela judicial de este asunto, se determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Solicitud para realizar búsqueda de representantes. En otro orden de ideas, se tiene por recibido el ocurso suscrito electrónicamente por José Antonio García Casal, en su carácter de autorizado en amplios términos de la parte quejosa, a través del cual, atento a su primera solicitud, téngasele proporcionado el nombre de la comisaria y el del administrador único de la persona jurídica denominada COPROM del Centro, sociedad anónima de capital variable, y al efecto solicita que se realice una búsqueda de éstos para lograr su emplazamiento a este juicio. Bajo dicho tenor, indíquesele al promovente que deberá estarse a lo proveído en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual, se precisó que fueron agotados los domicilios y los medios proporcionados para el emplazamiento de citada parte tercera interesada, y a su vez, se ordenó reservar su llamamiento por medio de edictos a su costa. Lo anterior, una vez que se cuente con el resultado de la diligencia encomendada mediante el exhorto 42/2021 - orden 127 dirigido al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno. Parte quejosa cumple requerimiento. Por otra parte, el promovente de referencia cumple con el requerimiento efectuado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, al proporcionar los datos de la cesión de derechos realizada por las aquí terceras interesadas Hipotecario Crédito y Casa, sociedad anónima de capital variable, sociedad nacional financiera de objeto limitado y GCANADA, sociedad anónima de capital variable, en el juicio civil de origen. De lo que se toma la nota correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Constancias. Téngase por recibido el oficio y las constancias requeridas de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, las cuales se ordena agregar al presente asunto. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos, se constata la actualización del sobreseimiento en el juicio constitucional, previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y .". De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien, y; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable.". En el caso, el acto reclamado en esta instancia el dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, es la omisión de la responsable Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco de remitir oficio y los autos del juicio 2579/2020 a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, a quien le turnó competencia. Empero, de las constancias allegadas a los autos por la última de las autoridades en mención, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que ésta recibió de la primera los documentos de mérito el nueve anterior, como se digitaliza a continuación. Por tanto, si el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno) la responsable remitió a su homóloga el oficio y los autos del juicio de origen, es claro que la omisión hoy reclamada es inexistente. Es aplicable la jurisprudencia 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." (Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346.) Consecuentemente, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos" Lo cierto es que, en el caso, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión de remitir los autos del juicio laboral de origen a la autoridad a quien en su favor se declinó competencia, es inexistente, tal como se advierte de las constancias remitidas, precisamente, por la junta receptora. Lo anterior, como se dijo, antes de la presentación de la demanda de amparo de la cual derivó este asunto. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo dicho además tiene apoyo en la tesis XIII.1o.P.T.27 K (10a.), de registro 2019803, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2019, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado" No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el Juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia en materia penal 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270, registro 169410, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto" Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/Maa

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda este asunto, se pudo advertir que no obran incorporadas las constancias de notificación personal del tercero interesado de la sentencia de engrose de treinta de julio y del proveído de once de agosto, ambos de la anualidad en curso, así como los acuses de recibo de los oficios dirigidos la autoridad responsable Director General de Profesiones del Estado de Jalisco, por medio de la Secretaria General de Gobierno y del agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de Distrito del citado fallo constitucional. Lo anterior, con la finalidad de integrar y remitir el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa en esta instancia. Por tanto, de conformidad con los numerales 26, fracción I, incisos e) y k), así como el 28, ambos de la ley de la materia, se instruye al funcionario judicial de la adscripción para que de inmediato proceda a realizar las notificaciones de referencia del párrafo anterior, o en su caso, corrobore el paradero de las constancias correspondientes. En la inteligencia de que tan pronto estén disponibles las actuaciones encomendadas, las deberá subir al expediente electrónico de este sumario de amparo.

  4. Principal

    Téngase por recibido el comunicado que signan el juez, secretario y notificador del Jugado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, informan que se dejó insubsistente la resolución emitida el uno de junio de dos mil veinte, en la parte relativa a los alimentos provisionales, y para estar en aptitud de dictar otra resolución requiere las documentales aportadas por el quejoso en esta instancia constitucional. Como lo solicita, se le remite copia autorizada de los pagos originales de nómina de los periodos 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020 y 17/2020, emitidos por "Bebidas Mundiales", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, a favor del quejoso, así como las demás documentales exhibidas con el escrito inicial de demanda, a fin de que esté en posibilidad de cumplimentar la sentencia amparadora; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Requerimiento. Toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de diez días, contados a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

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