Luis Alberto Meouchi Lahud
Expediente 688/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Alberto Meouchi Lahud
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ese auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Por otra parte, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido y no es de relevancia documental; asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, que dice: "Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra el acto de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 688/2017-X (6), así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura integral de la demanda, se advierte que en el presente asunto se reclama la resolución dictada por la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en el expediente laboral, en la cual declaró fundado el incidente de falta de personalidad promovido por el actor (hoy quejoso), únicamente respecto de la enjuiciada; por el contrario, se declaró infundado en cuanto al resto de las codemandadas. Lo anterior, debido a que la Junta responsable consideró los instrumentos notariales, así como las pólizas aportadas al sumario de origen en copia certificada para acreditar la personalidad de quienes comparecieron en su representación, sí reúnen los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; particularmente, en cuanto a las personas jurídicas que se indican, la citada autoridad determinó que las pólizas de mérito cumplen con lo dispuesto en los numerales 5, 6 y 19, de la Ley de Correduría Pública, pues contienen el lugar y fecha de elaboración, el nombre y número del corredor, firma y sello, se consignan los antecedentes y se da fe de diversas actas de asamblea en las cuales se nombró como apoderados a quienes comparecieron en su nombre. Así, la resolución reclamada determinó tener por formuladas las contestaciones a la demanda, además, por opuestas las excepciones y defensas planteadas. Cabe señalar que en la demanda de amparo, el impetrante se duele especialmente del reconocimiento de la personalidad de quienes comparecieron en representación de las personas morales que se indican, pues dicho inconforme considera que las pólizas exhibidas para tal efecto no reúnen los requisitos legales, además de que los Corredores Públicos no tienen entre sus facultades dar fe del otorgamiento de poderes. De acuerdo con lo expuesto, este Juzgador considera que en el caso, respecto de la resolución reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior obedece a que la resolución reclamada, de acuerdo a su naturaleza, no produce efectos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio por su naturaleza no es irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, al existir la posibilidad legal de que la resolución que ponga fin al juicio natural sea favorable a la parte quejosa, pues en este caso los efectos intraprocesales que ha generado esa actuación desaparecerían. En efecto, la resolución reclamada sólo produce efectos de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que no priva en forma actual el ejercicio de un derecho a la quejosa, esto es, únicamente lesiona bienes jurídicos cuya fuente proviene de reglas adjetivas o procesales, pues con el reconocimiento de la personalidad de quienes comparecieron en representación de laspersonas morales que se indican, tales codemandadas solamente quedaron en aptitud de ejercer su prerrogativa de contradicción y defensa, por lo cual, respecto de ellas, el proceso deberá seguir su cauce legal. Sin embargo, lo anterior no implica que con ello la inconforme quede afectada en forma presente de algún derecho, pues la infracción que produce es de naturaleza meramente formal, la cual -así pueda calificarse como exorbitante- no puede ser sujeta al análisis constitucional inmediato a través del amparo biinstancial, sino solamente, en el supuesto de que alguna de las excepciones opuestas por dichas enjuiciadas resulte fundada y por ello, la violación alegada trascienda al resultado del fallo, ésta podrá reclamarse en el amparo directo que se haga valer contra esa resolución culminatoria. Como ya se anticipó, respecto de la resolución reclamada, no se cumplen las condiciones precitadas, ya que solamente lesiona bienes jurídicos tutelados en reglas adjetivas, como son: el ser representado adecuadamente en el juicio y controvertir los hechos, pues se reitera que al haberse reconocido la personalidad de quienes comparecieron en nombre de las codemandadas, tales personas quedaron en aptitud de ejercer su prerrogativa de contradicción y defensa, lo cual implica que en cuanto a ellas el proceso laboral seguirá todos sus cauces legales; sin embargo, eso no impide a la quejosa el libre ejercicio de sus derechos en forma presente, pues la determinación reclamada puede llegar o no a transcender al resultado del laudo definitivo, pero en el supuesto de que así sea podrá impugnarse a través del amparo directo, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracciones II y XII de la Ley de Amparo. En tal guisa, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, pues es requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual en la especie no acontece. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de garantías. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas que indica, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente al promovente".
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