Luis Alberto Medina Avitia
Expediente 892/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Luis Alberto Medina Avitia
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa que se dictó la sentencia correspondiente en este juicio de amparo. Atento a lo anterior, intégrese dicho fallo tanto al expediente físico como al electrónico (en el rubro de registro y envío de sentencias) y, hecho lo anterior, notifíquese personalmente a las partes su contenido, corriéndoles traslado con copia de la resolución relativa. Notifíquese personalmente
- Principal
Mexicali, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del presente juicio de amparo; por tanto, glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes relativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ***** LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Mexicali, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ---, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Mexicali, Baja California, fórmese expediente físico y electrónico bajo número 892/2023-7. Desechamiento Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés en el expediente ----, en el que se ordenó el inicio del procedimiento de separación del cargo. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que aquel fue consentido tácitamente, como a continuación se verá. El numeral invocado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido y los supuestos que se menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Ahora bien, en el caso concreto, en su escrito inicial de demanda el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés se le notificó el acuerdo dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés en el expediente ----, en el que se ordenó el inicio del procedimiento de separación del cargo. Luego, dicha manifestación constituye una confesión expresa con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y demuestra, en forma fehaciente, que el quejoso fue notificado del acto reclamado en la fecha que afirmó. En ese orden de ideas, se estima que el plazo de quince días comprendió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil veintitrés, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio del año en curso, por haber sido inhábiles. Entonces, si el escrito de demanda se depositó en el buzón judicial el diez de julio de dos mil veintitrés, como se advierte del sello que obra en la primera hoja de dicho escrito, es claro que su presentación no resulta oportuna, al haberse presentado fuera del término aludido. Sin que en el caso concreto se surta algún supuesto de excepción a la regla establecida en el citado numeral 17 de la ley de la materia, ya que la parte quejosa no reclama: a) Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni, d) Un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por ende, al haberse presentado la demanda fuera del plazo de quince días aludido, debe concluirse que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 la Ley de Amparo y, por tanto, se desecha de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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