Luis Alberto Martínez Flores

Expediente 301/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
301/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Luis Alberto Martínez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de seis de diciembre del año en curso, en el cual se le dio vista para ampliar su demanda, respecto de la respuesta pronunciada por la autoridad responsable el once de octubre de dos mil dieciocho, notificada al mismo el treinta de noviembre del año en curso, sin que haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se procede a proveer respecto de la autoridad y acto que señaló en su escrito de demanda.  Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Como antes se apuntó, la parte quejosa reclamó del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la omisión de contestar el escrito presentado el nueve de octubre del año en curso, ante la mencionada autoridad responsable. En este orden, se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo , ya que han cesado los efectos de la omisión reclamada como a continuación se verá: Lo anterior, dado que este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado a la responsable, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la omisión de contestar el escrito presentado el nueve de octubre del año en curso, ante la mencionada autoridad responsable; sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el cinco de diciembre del año en curso, se advierte que el once de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente de actuaciones ACT. 161/2018, la responsable dictó la respuesta a dicho escrito, notificada el treinta de noviembre del año en curso, en el que manifestó lo siguiente: ".Por instrucciones del Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en atención al escrito y anexos que acompaña el Ciudadano Luis Alberto Martínez Flores, recibido en la Oficialía Mayor de este Tribunal en nueve de octubre del año en curso, fórmese el expediente de actuaciones correspondiente bajo el numero progresivo 161/2018, y visto su contenido, con fundamento en los artículos 1, 15 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene al peticionario haciendo las manifestaciones que de su escrito se desprenden, en relación al conflicto que se tiene con Jorge Otilio Hernández Calderón, Roberto Irene Luna, Maribel Ramírez Saavedra y demás personas que señala en su escrito de mérito. Motivo por el cual se le hace saber, que toda vez que de la lectura de su escrito se advierte que de lo manifestado se traduce en controversias entre particulares, misma que se derivó en el expediente 768/2018 del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán Puebla, por lo cual el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se encuentra imposibilitado para intervenir, además de que no se advierte que exista ninguna irregularidad por parte de las autoridades que conocen del asunto, y el Presidente de ninguna manera tiene injerencia dentro de los asuntos que se ventilan en los Juzgados, ya que es respetuoso de la autonomía de los juzgadores; asimismo, se le informa que dentro de las obligaciones de los Jueces y Magistrados integrantes de este Tribunal, se encuentra la de cuidar el trámite oficioso y la integridad de los expedientes a su cargo, así como el de actuar en todo momento conforme a derecho al resolver los asuntos del ámbito de su competencia, por lo que este Tribunal no duda, que en el caso en específico, se actúe y resuelva con estricto apego a derecho. Independientemente de lo anterior, se le comunica, que esta autoridad estará al pendiente para que no sean cometidas faltas administrativas por parte de los funcionarios del Poder Judicial del Estado que conocen y tienen relación con el asunto planteado y que puedan afectar en el desarrollo del mismo. No obstante lo anterior, se ordena el envío de su escrito previa copia certificada que obre en autos, al titular del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla, para que se tome en conocimiento lo manifestado en el escrito de mérito. Notifíquese y Cúmplase." Lo anterior pone de manifiesto que la respuesta dada el once de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente de actuaciones ACT. 161/2018, del índice de la responsable, trae como consecuencia, que haya cesado la omisión de contestar el escrito presentado el nueve de octubre del año en curso, ante la autoridad responsable, que se le reclama al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, esto es así, puesto que los efectos de la omisión reclamada desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Luego, en virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Estado en su carácter de delegado del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, autoridad responsable en el presente juicio de amparo; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas. Asimismo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexó a su respectivo oficio consistente en copia certificada del expediente de actuaciones ACT. 161/2018, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Se da vista a la parte quejosa para ampliar su demanda. En otro aspecto, debe destacarse que de la relatoría de la demanda promovida por la parte quejosa, se advierte que señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito presentado el nueve de octubre del año en curso, ante la autoridad responsable. Por lo que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado de cuenta, anexó copia certificada del expediente de actuaciones ACT. 161/2018, en el que obra la respuesta a dicho escrito, pronunciada el once de octubre de dos mil dieciocho, y notificada el treinta de noviembre del año en curso, en el que manifestó lo siguiente: ".Por instrucciones del Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en atención al escrito y anexos que acompaña el Ciudadano Luis Alberto Martínez Flores, recibido en la Oficialía Mayor de este Tribunal en nueve de octubre del año en curso, fórmese el expediente de actuaciones correspondiente bajo el numero progresivo 161/2018, y visto su contenido, con fundamento en los artículos 1, 15 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se tiene al peticionario haciendo las manifestaciones que de su escrito se desprenden, en relación al conflicto que se tiene con Jorge Otilio Hernández Calderón, Roberto Irene Luna, Maribel Ramírez Saavedra y demás personas que señala en su escrito de mérito. Motivo por el cual se le hace saber, que toda vez que de la lectura de su escrito se advierte que de lo manifestado se traduce en controversias entre particulares, misma que se derivó en el expediente 768/2018 del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán Puebla, por lo cual el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se encuentra imposibilitado para intervenir, además de que no se advierte que exista ninguna irregularidad por parte de las autoridades que conocen del asunto, y el Presidente de ninguna manera tiene injerencia dentro de los asuntos que se ventilan en los Juzgados, ya que es respetuoso de la autonomía de los juzgadores; asimismo, se le informa que dentro de las obligaciones de los Jueces y Magistrados integrantes de este Tribunal, se encuentra la de cuidar el trámite oficioso y la integridad de los expedientes a su cargo, así como el de actuar en todo momento conforme a derecho al resolver los asuntos del ámbito de su competencia, por lo que este Tribunal no duda, que en el caso en específico, se actúe y resuelva con estricto apego a derecho. Independientemente de lo anterior, se le comunica, que esta autoridad estará al pendiente para que no sean cometidas faltas administrativas por parte de los funcionarios del Poder Judicial del Estado que conocen y tienen relación con el asunto planteado y que puedan afectar en el desarrollo del mismo. No obstante lo anterior, se ordena el envío de su escrito previa copia certificada que obre en autos, al titular del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán, Puebla, para que se tome en conocimiento lo manifestado en el escrito de mérito. Notifíquese y Cúmplase." Ahora bien, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 111 de la Ley de Amparo se ordena dar vista a la quejosa, para que dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la respuesta en mención, la cual como se dijo, se realizó el treinta de noviembre de dos mil dieciocho y manifieste si conviene o no a su interés ampliar la demanda y señalar como acto reclamado el contenido de dicha respuesta, efectuada por la autoridad responsable, así como ampliar sus conceptos de violación. Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda, en este caso de la ampliación, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor; por lo que si en el presente caso se advierte que la notificación a la respuesta dada a su escrito, fue realizada el treinta de noviembre del año en curso, el término para ampliar su demanda comienza a computarse a partir del día siguiente en que surte efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Asimismo, deberá cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente, apercibido que de no hacerlo, se resolverá el presente juicio conforme a las autoridades y actos que señaló en su escrito inicial de demanda; asimismo, para el caso de no ampliar su demanda de amparo podría actualizarse una causa de improcedencia. Cabe precisar, que en el presente caso no nos encontramos dentro un acto materialmente administrativo, toda vez que únicamente se alega una violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al tratarse de un acto omisivo, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, y por consecuencia, no se encuentra en el supuesto de agotar el principio de definitividad, con la interposición del algún medio de defensa en contra de dicha respuesta. Por tanto, como quedó señalado en párrafos que anteceden, se procede a darle vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda respecto a la respuesta dada por la autoridad responsable a su escrito de nueve de octubre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 111 y no así del diverso 117, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustenta en la jurisprudencia siguiente: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." Asimismo, cabe precisar que en el caso tampoco nos encontramos dentro de un procedimiento administrativo, por lo que el quejoso puede ampliar su demanda para combatir la respuesta de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 301/2018-I; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***, por propio derecho. Tercero(s) interesado(s). No existen. Autoridad(es) responsable(s). Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Acto(s) reclamado(s). La omisión de contestar el escrito presentado el nueve de octubre del año en curso, ante la autoridad responsable. Admisión de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se admite a trámite. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de 15 días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Asimismo, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable remita al correo institucional *** el archivo electrónico que contenga el acto reclamado, pues es deber de este juzgado federal recabar oficiosamente las actuaciones necesarias para la resolución del asunto. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintiocho del diciembre de dos mil dieciocho. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el(los) acto(s) reclamado(s) no encuadra(n) en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, el cual tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, registradas que sean las cédulas profesionales en el sistema antes mencionado a favor de ***, se les tendrá por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras tanto, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por admitida la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido que haya ofrecido como documental privada la copia simple de la foja del escrito de nueve de octubre de dos mil dieciocho, pues dicha documental no obra anexada a su escrito de demanda. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo.

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