Luis Alberto Martínez Díaz

Expediente 107/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
107/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Martínez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    : Agréguese la promoción de cuenta, firmada por el quejoso ***; en atención a su contenido, devuélvanse los documentos que solicita, previa toma de razón por su recibo, por conducto de cualquiera de las personas que autoriza para tal efecto... devuélvase el presente expediente al archivo de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.

  3. Principal

    En catorce de marzo de dos mil veintidós, el secretario Carlos Arturo Sandoval Salvatori, certifica: que obra el informe justificado de la autoridad responsable, no hay pruebas por preparar y ninguna de las partes solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Doy fe. El secretario En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 107/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos; además, da cuenta al Juez con las promociones con números de registro 4458 (con anexo) y 4474; en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese a los autos la promoción de cuenta con registro 4458, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, rindiendo informe justificado y, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la citada autoridad ofreciendo como prueba la documental que adjunta; luego, hágase la relación respectiva en la etapa correspondiente de esta audiencia. De igual forma, glósese a los autos el pedimento con registro interno 4474, firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este juzgado federal; visto su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente de esta audiencia. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse copias certificadas de la misma. Finalmente, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, ofrecieron pruebas documentales; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realiza el fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 107/2022-II, promovido por Luis Alberto Martínez Díaz, por derecho propio, contra una omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido el diez siguiente por razón de turno a este juzgado de distrito, Luis Alberto Martínez Díaz, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una omisión de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarla violatoria de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTOS QUE SE RECLAMAN: - - - Se reclama como acto la DENEGACION DE JUSTICIA en que incurren la autoridad señalada como responsable, siendo que mediante escrito de fecha 04 de NOVIEMBRE DEL 2021, según consta de sello de recibido, se solicitó sean revocados los poderes otorgados con anterioridad y señalando nuevo domicilio para recibir y oír notificaciones, así mismo, se solicitaron copias certificadas de todo lo actuado. De la misma manera, en esa misma fecha, anexado al referido escrito, se adjunta una carta poder de fecha 01 de octubre del 2021 la cual la autoridad responsable ha sido omisa de acordar para los efectos legales a los que haya lugar, y siendo que han concluido los dos días que tiene la autoridad responsable en demasía para acordar de conformidad con el numeral 838 de la Ley Federal del Trabajo, me causa un daño directo en mis derechos humanos, reconocidos por los tratados internaciones ratificados por el Estado Mexicano y Nuestra Carta Magna." SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida la demanda de amparo el diez de febrero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de once siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 107/2021-II; se admitió a trámite; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de conceder el amparo solicitado; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de un tribunal en materia de trabajo que carece de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar eñ acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consiste en: ? De la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el aquí quejoso Luis Alberto Martínez Díaz, en autos del juicio laboral 143/2017 de su índice, mediante el cual solicitó diversas cuestiones. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, citado en el considerando tercero de esta sentencia; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con sus propias manifestaciones, pues arguye que por auto de once de marzo de dos mil veintidós, proveyó en el relación con la promoción materia del acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con la documental que dicha autoridad adjuntó a su informe, la cual cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del cual se advierte por proveído de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral 143/2017 de su índice, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de febrero de dos mil veintidós), la junta responsable acordó la promoción presentada por el aquí quejoso el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del referido juicio, en la que solicitó diversas cuestiones. Por tanto, a la fecha de ejercicio de la acción constitucional es cierta la omisión reclamada, precisada en el considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, como se vio, la parte quejosa reclama de la junta responsable la omisión de acordar el escrito que presentó el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 143/2017 de su índice, mediante el cual solicitó diversas cuestiones. Ahora, de la documental consistente en fotocopia certificada del proveído de once de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del aludido juicio laboral, a la que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto de esta sentencia, se advierte que ha cesado la omisión de la que se duele la parte impetrante. Se afirma lo anterior, debido a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (nueve de febrero de dos mil veintidós), no se había acordado la promoción presentada por el aquí quejoso el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 143/2017 del índice de la junta señalada como responsable, situación que aconteció hasta el once de marzo de dos mil veintidós, en que dicha junta acordó la referida promoción, en el sentido de hacer del conocimiento de Luis Alberto Martínez Díaz (aquí quejoso), que no procedía acordar favorable lo que solicitó, toda vez que en dicho juicio laboral funge como parte actora una persona distinta al aquí quejoso y que de una revisión al libro de gobierno, con el nombre de Luis Alberto Martínez Díaz se localizó el diverso juicio laboral 143/2007 de su estadística. Por ello, se concluye que han cesado los efectos de manera total e incondicional del acto reclamado en estudio, consistente en la omisión de acordar la promoción presentada por el aquí quejoso, el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 143/2017 del índice de la junta responsable. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por el fiscal federal de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Luis Alberto Martínez Díaz, por derecho propio, contra la omisión reclamada de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisada en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción remitida por la autoridad responsable Director de la Unidad Jurídica de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a través de la cual informa que se convocó a los integrantes de la Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo a la Primera Sesión Ordinaria de ese órgano colegiado, misma que se llevará el diecisiete de febrero del presente año, en la cual en su punto octavo del orden del día se someterá a consideración la emisión de un acuerdo bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Luego, si bien la autoridad responsable informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, a la fecha no ha dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo, para que dentro del término de tres días contados a partir del día posterior al diecisiete de febrero del año en curso, fecha de la sesión antes citada, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo requerido en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, deberá remitir fotocopia certificada de lo resuelto en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por los integrantes de la Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia, de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo en relación a la Primera Sesión Ordinaria de la citada comisión. Aunado a lo anterior, se recuerda a la autoridad responsable que para dar total cumplimento a la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno en el presente asunto, deberá tener en cuenta que los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "(.) 1. Deje insubsistente la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se determinó iniciar el procedimiento administrativo de separación o baja por incumplimiento de los requisitos de permanencia en contra del quejoso, radicado bajo el expediente CSCHyJ/078/2019-PAS de su índice. 2. Emita un nuevo acuerdo en el que, ajustándose a las consideraciones de la presente sentencia, prescinda de tomar en consideración el i) el reporte integral de resultados SG/DGCEECC/DI/0447/2018, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, respecto de la evaluación de control de confianza practicada al hoy quejoso, así como ii) el oficio CEECC-0691-2018, de siete de marzo de dos mil dieciocho, en el que se determinó que el hoy quejoso no aprobó dicha evaluación, los cuales fueron suscritos por la Directora General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal. De obrar diversas pruebas en el expediente de origen, la responsable deberá establecer de manera fundada y motivada si tienen el valor y alcance probatorio suficiente para acreditar la probable responsabilidad administrativa del implicado; luego, con libertad de jurisdicción, decida iniciar o no con el procedimiento administrativo de origen. (.)" En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, hasta en tanto dé cumplimiento a lo requerido.

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