Luis Alberto Lozano Juárez

Expediente 1290/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1290/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Lozano Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VI.-Agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado por la actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual contiene inserto el acuerdo de ocho del presente mes y año, dictado por la Presidenta de dicho órgano colegiado, en el amparo directo...de su índice, por medio del cual informa que levantó la reserva decretada en proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, por lo que se avocó al conocimiento de dicho juicio; asimismo, hace del conocimiento que desechó la demanda de amparo directo dado que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; de lo que se toma conocimiento....

  2. Principal

    VI.- Agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado por la actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual contiene inserto el acuerdo de uno del presente mes y año, dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado, del que se advierte que tuvo por recibida la boleta de turno, vinculó el expediente electrónico del juicio en que se actúa, asimismo, formó y registró el expediente con el número de amparo directo 83/2022 de su índice... refiere que se avocó preventivamente al conocimiento de la demanda de amparo reservándose a proveer sobre la competencia propuesta, hasta recibir los autos originales del juicio de amparo... hágasele del conocimiento del Tribunal oficiante, vía interconexión, como se advierte de la certificación de cuenta, mediante oficio 2832/2022, de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se envió el expediente original del juicio de amparo 1290/2021, al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito mediante el servicio de paquetería acelerada "ESTAFETA".

  3. Principal

    VI.- ...se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de once de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo... en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales... tomando en consideración que en proveído de once de enero de dos mil veintidós, se reservó acordar... se levanta dicha reserva y se acuerda... remítase la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho con sus copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos legales a que alude el artículo 47 de la Ley de Amparo... fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias relativas, así como de este proveído con evidencias criptográficas correspondientes...

  4. Principal

    VI.- Agréguese a este juicio la comparecencia de cuenta en la que consta que el quejoso, ****, reconoció la firma que calza en los escritos registrados con los folios 16300 y 61, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco del mes y año en curso; en consecuencia, se acuerda: Visto el estado procesal de autos y nuevamente el contenido del escrito registrado con el folio 61, presentado por el quejoso, ****, se advierte que desahoga en sus términos la prevención formulada en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno se reservó acordar lo conducente respecto de la ampliación de la demanda presentada por el quejoso mediante el escrito registrado con el folio 16300, hasta en tanto desahogara la prevención formulada en auto de veintiuno de diciembre de esa anualidad; empero, esa circunstancia ha quedado superada; por tanto, se levanta dicha reserva, y se provee. En principio, es menester establecer que del escrito de demanda, ocurso de desahogo de prevención, y escrito de ampliación se advierte que el promovente del amparo señala como actos reclamados los siguientes: a) La sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno emitida en el juicio especial de desahucio 520/2021 del índice del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México. b) La discusión, aprobación y promulgación del artículo 2.323 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con motivo del primer acto de aplicación que, según manifiesta el promovente, se materializó en la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el referido expediente. c) El auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno emitido en el juicio especial de desahucio *** del índice del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México. Con base en lo anterior, el suscrito estima conveniente pronunciarse por separado respecto de dichos actos reclamados. Sentado lo anterior, es menester señalar que las cuestiones de competencia, por ser de orden público y de estudio preferente, deben ser estudiadas de oficio a efecto de no violar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo. En este orden de ideas, cabe destacar que en los preceptos citados se fija la competencia en materia de amparo directo con base en un criterio unitario, esto es, la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si se trata de una sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal, o bien, de una resolución que ponga fin al juicio; es decir, que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido. Además, se obtiene que del amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio debe conocer el Tribunal Colegiado de Circuito competente; asimismo, que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos sean materia de amparo directo, el órgano jurisdiccional deberá declarar carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En el caso, uno de los actos reclamados en esta instancia constitucional es la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno emitida en el juicio especial de desahucio **** del índice del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo radica en un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la sentencia definitiva es aquella que decide el juicio en lo principal; además, las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; en la inteligencia que previamente a acudir a la vía constitucional deberán agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, en virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Se puntualiza que dicha vía consiste en un medio extraordinario de defensa que tiene como finalidad el control de la constitucionalidad de los actos de los órganos -formal o materialmente- jurisdiccionales, con el propósito de garantizar en favor de los gobernados, el goce de sus derechos públicos subjetivos. Así, también es necesario destacar el principio de definitividad, pues la materia del juicio constitucional uniinstancial se encuentra constituida, categóricamente, por resoluciones definitivas emitidas por los órganos judiciales federales o del orden común, sean éstos penales, civiles, administrativos o laborales, a efecto de determinar la existencia o no de violaciones de garantías en perjuicio de la quejosa; y sobre este aspecto dependerá el pronunciamiento de concesión o negativa del amparo y protección constitucionales. Ahora bien, el juicio de amparo directo sólo será procedente contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. Genéricamente la procedencia de esta vía de amparo se presenta en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendidas las primeras como aquellas que resuelven el juicio en lo principal; además, se reglamentan específicamente los supuestos de dicha competencia, correspondiéndole el inciso a), fracción V, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la materia penal; b) administrativa; c) civil y d) a la materia laboral, a los que se debe estar, para dilucidar los casos especiales en que procede la vía directa. De lo anterior es dable establecer, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Contra sentencias definitivas, que son aquellas determinaciones que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; y, b) Contra resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Bajo esa óptica, es inconcuso que contra el acto reclamado, consistente en la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno emitida en el juicio especial de desahucio **** del índice del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, procede el juicio de amparo directo, ya que está comprendida dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo y no en el supuesto relativo a la procedencia del juicio biinstancial conforme a lo previsto en el numeral 107 de la citada ley. Por tanto, el estudio de la demanda de amparo promovida por el quejoso, ***, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), compete al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En tal virtud, con fundamento en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta, únicamente por lo que se refiere al acto citado. No obstante, la escisión de la demanda para su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, queda sujeta a lo determinado en la parte final de este acuerdo. En diverso aspecto, con base en lo expuesto, respecto del acto reclamado señalado en el inciso b), que consiste en la discusión, aprobación y promulgación del artículo 2.323 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con motivo del primer acto de aplicación que, según manifiesta el promovente, se materializó en la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el referido expediente, este órgano constitucional considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217 de la propia ley. Ello se estima así, pues la parte quejosa no pretende cuestionar la constitucionalidad de dicha norma a través de los conceptos de violación propuestos contra la sentencia en la que fue aplicada, como lo prevé el cuarto párrafo de la fracción I del numeral 170 de la ley de la materia, sino que la señala como acto reclamado destacado, conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la misma legislación En ese contexto, aunque el quejoso reclame una norma que genera una afectación a sus derechos fundamentales, no se debe soslayar que este órgano jurisdiccional estaría impedido para realizar el análisis de dicho precepto de forma independiente, ya que se encuentra estrechamente vinculado con el acto concreto de aplicación, esto es, la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno emitida en el juicio especial de desahucio **** del índice del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México; acto respecto del cual este órgano de control constitucional es incompetente en términos de la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), obligatoria para este órgano de control constitucional conforme al numeral 217 de la Ley de Amparo; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. En otro aspecto, ahora se hará el pronunciamiento en relación con el acto reclamado señalado en el inciso c), que consiste en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno emitido en el juicio especial de desahucio **** del índice del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México. En principio es importante precisar que el numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establece que el juzgador examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo "manifiesto" e "indudable" de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, el suscrito estima que, en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, De los preceptos transcritos se advierte que, tratándose de actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues si son actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que contra las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá incoarse la acción constitucional, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se controvierta la última resolución. Lo anterior es así, dado que la consecuencia de dicho acto consistiría en que el procedimiento de ejecución de sentencia continuara por sus etapas procesales, en el cual, se reitera, aún faltaría que se declare cumplida o se establezca la imposibilidad que para ello se tenga; por lo que, de admitirse el amparo contra el acto reclamado, demoraría indefinidamente la ejecución de sentencia con notorio perjuicio en la administración de justicia. Ahora, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Así, cuando el acto que se reclame se haya dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, tampoco el que ordene el archivo del expediente, el juicio de amparo será improcedente en su contra. Lo anterior se estima así, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Cabe destacar que es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir la acción constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que a través de la interposición de muchos amparos obstaculizara su ejecución. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso, el acto reclamado en análisis consiste en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno emitido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, en el juicio especial de desahucio **** de su índice, en el que ordenó turnar los autos a la Ejecutora adscrita a dicho órgano jurisdiccional, para que se constituyera en el inmueble materia del juicio de origen y requiriera a la parte demandada para que en el acto de la diligencia hiciera entrega del mismo y lo pusiera en posesión material y jurídica del actor, en cabal cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en ese sumario, y para el caso de no hacerlo, se autorizaría el auxilio de la fuera pública, así como el rompimiento de cerraduras. En ese sentido, es evidente que el referido acto reclamado fue emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia; por tanto, es una actuación procesal que podrá ser reclamada conjuntamente con la última resolución que se dicte en dicho procedimiento de ejecución, pudiendo impugnarse entonces las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al quejoso; es decir, cuando se emita la resolución que determina el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material para ello. Lo anterior, porque los actos reclamados no constituyen el último acto en la etapa de ejecución de la sentencia para que proceda el juicio de amparo, en virtud de que no se decretó el cumplimiento total de la sentencia, tampoco se ha establecido la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o se ha remitido el expediente al archivo; por tanto, es indudable que no se satisfacen los extremos requeridos para la procedencia de dicho juicio. En efecto, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplirse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los jueces dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones éstas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. En ese contexto, es obvio que el acto reclamado no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución del sumario de origen, en los términos precisados por la Ley de Amparo; por tanto, la acción constitucional intentada es improcedente, porque dicho acto no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución, toda vez que no es una actuación en la que se haya tenido por cumplida la resolución que puso fin al juicio precisado, o bien, que determine la imposibilidad para su acatamiento, tampoco es aquella que ordena el archivo definitivo del expediente, lo que en su caso, sí constituiría la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; de tal manera que en el juicio de origen aún no se ha dictado la última resolución Ciertamente, el acto reclamado es un acto intermedio dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual, obedece a la existencia de una resolución que al tener el carácter de cosa juzgada debe cumplirse atendiendo a su naturaleza de orden público, de manera que dicho acto no resulta ser la última resolución dictada en el juicio especial de desahucio ****, pues se encuentra supeditada al resultado de diversos actos jurídicos. En relatadas circunstancias, al quedar establecido que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, al quedar establecido que respecto de los actos reclamados señalados en los incisos b) y c), se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia examinadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la propia ley, se desecha la demanda de amparo promovida por el quejoso, *****, únicamente por lo que hace a tales actos Finalmente, pese a lo acordado en líneas que preceden, se reserva ordenar girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, para efecto de que remita a este juzgado de Distrito la boleta de turno con el fin de identificar el órgano colegiado al que será asignado el presente asunto; así como para escindir la demanda y remitir el expediente electrónico y físico del juicio de amparo 1290/2021-VI, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, para continuar con el trámite correspondiente, hasta en tanto transcurra el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y cause estado el desechamiento a que se refiere la presente determinación.

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