Luis Alberto López Riscajche
Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Alberto López Riscajche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en el presente asunto, en que se decretó el sobreseimiento, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, sin embargo, es susceptible de DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión de plano, dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, conservando la demanda, la resolución mediante la cual se otorgó la suspensión de plano y definitiva; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************-VII, promovido por ********************, a favor del directamente quejoso ********************, de nacionalidad Guatemalteca, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinte de noviembre de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, ********************, promovió demanda de amparo a favor del directamente quejoso ********************, de nacionalidad Guatemalteca, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades responsables, de quienes reclamó el acto especificado en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con el acto reclamado se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo ********************-VII, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen, y para que se dejaran en inmediata libertad y cesaran la incomunicación; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veinte de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda el directamente quejoso ********************, de nacionalidad Guatemalteca, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que el quejoso reclamó de las autoridades responsables: La privación de la libertad, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. La negativa de visa humanitaria. La orden de deportación emitida en su contra. Incomunicación y hacinamiento. Acta de rechazo en su contra TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Las autoridades responsables, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad (foja 63), Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad (foja 65), al rendir su informe justificado negaron el acto reclamado. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, inclusive de las constancias se aprecia dicha inexistencia de actos; pues de las documentales que remitió la diversa autoridad responsable, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, se advierte la existencia de que el migrante quejoso se encuentra a disposición de la autoridad referida en último término, y no las responsables que negaron el acto reclamado. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de las autoridades y dichos actos reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, las autoridades responsables, Representante Local Noroeste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación y el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, y Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fueron omisos en rendir el informe justificado solicitado, pese estar debidamente notificados, de los oficios donde se les pidió dicho informe (fojas 40); por ende, se presume cierto los actos reclamados a tales autoridades responsables. Incluso, la autoridad responsable citada en segundo término, en cumplimiento al requerimiento por las constancias que sustentaran el acto reclamado, envió copia certificada, entre otras, del acuerdo de salida de estancia provisional, de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, en el que se otorgó la libertad al aquí quejoso, con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana a firmar el libro de extranjeros; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria. Resolución anterior que fue notificada de manera personal al quejoso ********************, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, según se desprende de la constancia de notificación que anexó la responsable. Las constancias referidas en las líneas anteriores cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, respecto al acto consistente en la privación de la libertad del quejoso, a través de su alojamiento en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, se emitió en favor del aquí quejoso, acuerdo de salida, dejándolo en libertad deambulatoria con motivo de la suspensión de plano concedida por este juzgado; donde se le sujetó a no abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad y a comparecer todos los martes y jueves de cada semana; asimismo, se dejó sin efecto el acuerdo de presentación de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, donde se determinó su alojamiento temporal en la citada estación migratoria. Constancias que fueron remitidas en oficio recibido en este Juzgado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, signadas por el Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de representación en Chihuahua, las cuales fueron valoradas con antelación. Bajo ese contexto, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por el alojamiento decretado en su favor, en las instalaciones de la Estación Migratoria, en esta ciudad, a la esfera jurídica del quejoso. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con esto no hay duda que se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuentas la autoridad responsable ya cesó en su actuar al haberse liberado a la parte quejosa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el alojamiento decretado el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, acorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido en favor de ********************, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes y mediante oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios y anexo remitidos por el Representante Local Noroeste y Subrepresentante Local por si, en su carácter de Encargado de la Estancia Provisional Juárez, ambas del Instituto Nacional de Migración, con domicilio oficial en esta localidad, mediante los cuales atiende los diversos requerimientos efectuados por este juzgado; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Además, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y a la correspondiente designando como delegado, a la persona que refiere en su informe. Respecto a los correos electrónicos que señalan, únicamente se autoriza para realizar notificaciones no procesales. En cuanto a sus respectivas solicitudes de acceso al expediente electrónico bajo los usuarios "********** y **********", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se le autoriza para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, como de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a acabo pues no obran las constancias relativas al expediente administrativo del quejoso **********, requeridas mediante auto de diecisiete de los actuales, a las autoridades responsables Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, residentes en esta ciudad, sin que hasta el momento se cuente con la constancia de notificación respectiva, mismas que se consideran necesarias para resolver el presente asunto. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para celebrarse el día de hoy y al efecto se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista a las partes incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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