Luis Alberto López Morales

Expediente 662/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
662/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto López Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubieran hecho; consecuentemente... se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora...resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. En relación a los cuadernos incidentales... el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a la DEPURACION del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. ... Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficios a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Téngase por rendido el informe justificado del Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en representación la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, no se tiene a la autoridad Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, rindiendo su informe justificado, toda vez que no fue señalada como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, dado que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Por otro lado... téngase como prueba de las responsables las constancias que anexan a su ocurso de cuenta. De igual modo, como lo solicitan las responsables téngase como domicilio y delegados, a los mencionados en su informe... Asimismo, respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico, toda vez que proporciona los usuarios: ksalgado1969, fergpalet2020, hpacheco1995 y wenosma; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de los usuarios referidos a fin de que las autoridades responsables estén en aptitud de acceder al expediente electrónico. ... Ahora, las autoridades responsables Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los descuentos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas a este juzgado en copia certificada, documentales que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2º de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo. ... En principio, es necesario precisar que de la interpretación en conjunto de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis aislada P. XXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, febrero de mil novecientos noventa y siete, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 199459: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el Máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ochenta y nueve, septiembre de dos mil once, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En ese contexto, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Expuesta la anterior premisa legal, en el caso, la parte quejosa Luis Alberto López Morales, reclama de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, el descuento y/o retención identificado con el concepto "147 CONSUPAGO S.A. DE C.V", realizado a su pago de nómina correspondiente a la quincena número diez, relativo al mes de mayo de dos mil veintidós. Ahora, la autoridad Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en representación la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la Dirección General de Administración de esa Secretaría, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado señalaron que el descuento reclamado en esta instancia constitucional, se encuentra amparado por mandato irrevocable de autorización de pago a favor de terceros, a través del cual, la parte quejosa solicitó que le fueran realizados descuentos y retenciones a su salario para hacer los pagos a la persona moral denominada CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., por lo que dicho descuento y retención han sido autorizados en cumplimiento de un contrato celebrado entre Luis Alberto López Morales y la persona moral referida. En ese sentido, de una lectura integral al documento que refieren las autoridades responsables, se advierte un mandato irrevocable de autorización para pago a tercero, con las siguientes peculiaridades: 1) Documental con número de registro: 13413-140-028602/01-06639-1217, por medio del cual se otorga mandato irrevocable al Gobierno del Estado de Veracruz y/o SEFIPLAN, para que a través del departamento de Recursos Humanos o la que dicha dependencia designe, a fin de que haga entrega a la empresa CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R., con cargo a nómina, la cantidad de doscientos sesenta y tres mil doscientos cinco pesos 12/100 M.N, a través de noventa y seis pagos quincenales en pago del efectivo que recibió en ese momento por el financiamiento que le otorgó dicha empresa, en la que se conforma y autoriza para que se efectúen las retenciones respectivas para ser entregadas directamente a dicha persona moral. En ese tenor, es claro que, en la especie, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Humanos adscritos a dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, y por ello, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre el aquí quejoso como trabajador, en su carácter de Auxiliar Administrativo de la Dirección de Operaciones de Seguridad Pública, con la categoría de Policía y las señaladas como responsables en su carácter de ente que se encarga del pago de su nómina. De modo que, la dependencia que fue señalada como responsable, sólo actúa en función del pago de nómina, y por ello se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral. Además, de las documéntales que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que el ahora quejoso realizó trato comercial con la entidad financiera denominada CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R., acordando que las amortizaciones generadas con motivo de ese crédito, se harían a través de descuentos de manera quincenal en su nómina, como se observa del recibo que obra agregado en autos y que corresponde al pago de la quincena diez relativa al mes de mayo, efectuada al aquí quejoso. Por ello, debe decirse que la Secretaría de Finanzas y Planeación no actuó en forma unilateral y por vía de consecuencia y no ejecutó actos de imperio, pues no impuso su decisión al margen de la voluntad de la parte quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto, característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Tampoco se advierte que el actuar de la autoridad señalada como responsable sea coercitiva, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad del trabajador quejoso a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. Máxime que de los medios de prueba que anexó a su escrito de demanda se advierte que el quejoso adjuntó la documental consistente en copia del escrito de nueve de junio de la presente anualidad, dirigido al Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sello de recibido de diez de junio de dos mil veintidós, firmado por el quejoso, a través del cual solicitó que no le fueran aplicados los descuentos vía nómina por diversas financieras y de donde se lee que el quejoso adujo que la financiera a que se ha hecho referencia incumplió con los convenios realizados, debido a que: ".en la cláusula cuarta la Secretaría manifiesta que las cantidades que retenga del salario de los trabajadores no son de su propiedad por lo que en caso que CONSUPAGO no reciba las cantidades retenidas por la Secretaría en los términos establecidos en el convenio, dará derecho a aquellas a ejercer las acciones legales que le correspondan, y es en ese contexto en que los suscritos deslindamos de cualquier responsabilidad, asumiendo todas las consecuencias legales que se deriven de no realizar los descuentos a favor de esta financiera y cualquier otra." Bajo tales supuestos, los descuentos realizados, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por más que repercutan en el salario del solicitante de la protección constitucional, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad; de ahí que, al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Sin que la causa de improcedencia analizada inmiscuya aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por la parte quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspecto que además no es controvertido por el peticionario del amparo, en esta instancia constitucional. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión al quejoso, porque tiene a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, labora, civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa al descuento en su pago de nómina. Es decir, está en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo al descuento, en donde podrá solicitar a las empresas con quienes contrajo los créditos o las deudas, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario; y una vez resuelto por el Tribunal común del Estado, en su caso, atacarlo a través del juicio de amparo respectivo. ... Además, si se tiene en cuenta que los multicitados descuentos no revisten el carácter de una determinación adoptada por sí y ante sí, por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, que llevara a cabo unilateralmente, sin la participación de la voluntad del afectado, sino, como se anticipó, es derivado de una obligación que ésta misma asumió frente a terceros, a nombre y por los cuales aquéllas efectuaron las referidas disminuciones salariales, cuestión que pone de manifiesto que los descuentos reclamados no se traducen en una decisión autoritaria, sino que son resultado de la autorización que concedió a la empresa financiera CONSUPAGO SA DE CV SOFOM ER, por lo que se insiste, los descuentos reclamados no son actos de autoridad, sino que se trata de gestiones o diligencias realizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, únicamente en su calidad de patrón. De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con la fracción II, del diverso artículo 5º, de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada contrario sensu y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. ... No está por demás señalar que este órgano jurisdiccional adoptó el mismo criterio en un diverso juicio de amparo 478/2021, en el que se analizó un supuesto similar al del presente juicio de amparo, el cual fue recurrido por la parte quejosa, tocando conocer del recurso de revisión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quien lo radicó con el número de amparo en revisión 6/2022, y por resolución de nueve de junio de dos mil veintidós, confirmó el sobreseimiento fuera de audiencia. ... Las que invoca con la finalidad de robustecer la procedencia del juicio de amparo respecto del acto que reclama. Sin embargo, el primer criterio antes señalado no resulta aplicable al presente juicio, toda vez que la jurisprudencia invocada dispone la posibilidad que tiene el trabajador de reclamar el pago de su salario íntegro, en cuestiones relativas a cuando la autoridad que le cubre su sueldo, disminuye o anula una o más de las prestaciones que percibe con motivo de los servicios que presta; sin embargo, en esos casos, quienes se sientan afectados por actos de tal naturaleza, tienen a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, laboral o administrativa, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa a los disminuciones en sus prestaciones o la desaparición de algún concepto de sus prestaciones y la consecuente omisión del pago de la misma. Es decir, los afectados están en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo a las disminuciones en sus sueldos con que se les afecta, lo que no sucede en el caso de que se trata, porque la autoridad que se señala como responsable no disminuye o desaparece prestación alguna, sino que realiza descuentos respecto de obligaciones que fueron contraídas por los solicitantes de amparo con empresas particulares, en donde se autorizó a la responsable a realizar los descuentos correspondientes para realizar el pago de los beneficios que fueron obtenidos, por lo que, en todo caso los solicitantes de amparo tienen expedito su derecho para ejercitar la vía legal que corresponda a fin de solicitar a las empresas con quienes contrajeron el crédito o la deuda, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario, lo que deberá ser resuelto por el Tribunal común del Estado. En relación al segundo criterio emitido por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito considera que tampoco tiene aplicación al presente juicio, ya que en dicha jurisprudencia se determinó que las autoridades jurisdiccionales pueden ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter, civil o mercantil contraídas por el trabajador respecto del treinta por ciento de dicho excedente; sin embargo, en el juicio en que se actúa no se reclama la existencia de embargo alguno, ni que se hubiese determinado por alguna autoridad jurisdiccional, sino que el reclamo de los promoventes se hace consistir en los descuentos realizados al quejoso con motivo del crédito contraído con la financiera CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R. y no por embargos ordenados y ejecutados por autoridades jurisdiccionales, de ahí que, contrario a lo señalado por los quejosos, dicho criterio no puede ser aplicado al juicio en que se actúa. ... En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual manera, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que no se haya ordenado el emplazamiento de a quien le pudo haber asistido el carácter de tercera interesada Financiera CONSUPAGO S.A. DE C.V. SOFOM E.R., ya que si bien es cierto que en el juicio de amparo deben ser oídas las todas las partes y, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los terceros interesados tienen derecho a ser oídos en el juicio de amparo con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, es notorio que, en el particular, al sobreseerse el juicio en que se actúa, consecuentemente, se causa un beneficio al tercero interesado; por tanto, resulta superfluo llamarlo a juicio, pues tal acontecimiento únicamente dilataría la impartición de justicia. ... Notifíquese vía electrónica al quejoso, por oficios a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Incidental

    En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a las diez horas con cinco minutos del uno de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental en el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 662/2022/VI-B, por lo que encontrándose en forma pública Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa con el secretario Pablo Alberto Ochoa Blanco, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes ni de sus autorizados. A continuación, el Secretario da lectura a todas las constancias que obran en el cuaderno incidental, haciendo constar que el día de hoy se recibió el oficio registrado en oficialía de partes de este juzgado con el número de promoción 9481mediante el cual, el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, rinde informe previo en representación de dicha secretaría, así como de las diversas autoridades Dirección General de Administración y Subdirección de Recursos Humanos adscritas a la citada secretaría. De igual forma, se hace constar la autoridad responsable Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, no rindió su informe previo, pese a encontrarse debidamente notificada del oficio 16042/2022 por el cual se le solicitó dicho informe, desde el veintiocho de junio del año en curso, como se advierte del acuse de notificación respectivo. El Secretario en funciones de Juez, acuerda: Ténganse por hechas la relación y certificación secretariales de cuenta para que surtan los efectos a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido únicamente el informe previo que el oficiante rinde en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y de la diversa autoridad Dirección General de Administración de dicha secretaría, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, para conocimiento de las partes. Y no así, el que rinde en representación del Subdirección de Recursos Humanos, toda vez que esta autoridad no fue señalada como responsable por el quejoso, sino que, la diversa autoridad señalada como responsable es la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Por otra parte, como lo solicitan las autoridades aquí responsables ténganse como su domicilio y delegados, a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por los numerales 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otro lado, de la consulta que realizó la Oficial Judicial A, a fin de verificar el registro de los usuarios "******************** ********************", advirtió que sí aparecen autorizados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por lo tanto, se comisiona a la nombrada oficial y a los actuarios adscritos a este juzgado, para que realicen el registro y alta correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y así dichas autoridades estén en aptitud de realizar la consulta electrónica del expediente en el que se actúa. Ahora, en relación a la autoridad omisa, determínese lo conducente al momento de dictar la resolución interlocutoria correspondiente. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que el quejoso aportó pruebas documentales adjuntas a su demanda de amparo, sin que las demás partes hayan aportado medio de prueba alguna. El Secretario en funciones de Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y al no existir alguna otra probanza pendiente de relacionarse o desahogarse, se cierra el periodo. Enseguida se abre el periodo de alegatos, en el que el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Secretario en funciones de Juez, acuerda: Al no haber formulado alegatos las partes, se declara precluído su derecho para hacerlo, por no haberlo ejercido, se cierra el periodo aludido y se da por concluida la presente audiencia, ordenando se dicte la resolución que en derecho proceda. Doy fe. Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 662/2022/VI-B; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. APERTURA Y TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante proveído dictado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el juicio principal, se tramitó el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 662/2022/VI-B, promovido por ********************, contra las autoridades responsables que en su demanda denomina: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Admite parcialmente 2 Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Omisa 3 Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Admite parcialmente De la que reclama: "LOS DESCUENTOS ILEGALES APLICADOS A NUESTROS SALARIOS EL 30 DE MAYO DE ESTE AÑO Y LOS POSTERIORES DESCUENTOS POR CONCEPTO DE PAGOS A FINANCIERAS CON LAS QUE NOSOTROS NO HEMOS CELEBRADO NINGÚN CONTRATO Y POR LO TANTO, DESCONOCEMOS DICHOS DESCUENTOS." Asimismo, en el acuerdo en que se ordenó formar el presente incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental. Finalmente, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. EXAMEN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir informe previo en representación de dicha secretaría y de la diversa autoridad Dirección General de Administración, admitió parcialmente la existencia del acto que se atribuye a sus representadas refiriendo que el descuento del que se duele el quejoso fue aplicado únicamente en la quincena correspondiente al comprobante de pago que el incidentista aportó como prueba en la demanda de amparo. Además, puntualizó que no fue posible aplicar la suspensión respecto al descuento reclamado en cuanto a la quincena correspondiente al treinta de junio de la presente anualidad, debido a la fecha en que sus representadas fueron notificadas de la suspensión provisional concedida a la parte quejosa. También precisó que giró el oficio ********************de veintinueve de junio de dos mil veintidós, por el cual solicitó a la diversa responsable Dirección General de Administración que procediera a acatar la medida suspensiva concedida al quejoso. En consecuencia, al existir el descuento al salario alegado por la parte incidentista, deberá tenérseles como cierto el acto que se reclama a las responsables, para todos los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 286, visible en la página 237, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por otro lado, la autoridad responsable Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, fue omisa en rendir su informe previo, por lo que se le presume cierto el acto que se le atribuye, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, por contenido histórico, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se enuncia: "INFORME PREVIO, OMISIÓN DEL. Si la autoridad responsable fue omisa al informar categóricamente si era cierto o no el acto reclamado, en esa virtud, presumiéndolo cierto por la falta de informe, el Juez de Distrito no violó el artículo 132 de la Ley de Amparo, al conceder la suspensión." SEGUNDO. ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Previo al análisis de la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, resulta conveniente señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 128 y 138 de la Ley de Amparo, los requisitos para concederla son: a) Que exista la solicitud del agraviado (interés suspensional y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa), y: b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. c) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En el caso, el primero de los requisitos señalado en el inciso a) consistente en que debe existir solicitud de la persona que vea afectado su interés jurídico o legítimo por el acto reclamado, se encuentra satisfecho, pues se advierte que el quejoso solicitó expresamente la suspensión del acto en su demanda de amparo, y acreditó su interés suspensional, pues anexó a su demanda de amparo diversas documentales, las cuales relacionadas entre sí, merecen valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Medios de prueba, consistentes en: Documental. Escrito dirigido al Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sello de recibido de diez de junio de dos mil veintidós, a través del cual solicitó que no le fueran aplicados los descuentos vía nómina por diversas financieras. Documental. Copia del recibo de pago de nómina correspondiente al mes de mayo de dos mil veintidós. Documentales que resultan suficientes para tener por acreditado presuntivamente el interés suspensional del incidentista. Lo que se refuerza con lo manifestado en el informe previo de las autoridades responsables al haber aceptado la existencia del acto que se les reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.1o.A. J/8 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "SALARIO. AL SER UN DERECHO FUNDAMENTAL ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RETENCIÓN EN EL PAGO, ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. El pago del salario es un derecho fundamental, acorde a lo dispuesto en los artículos 5o. y 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y sólo podrá retenerse el salario en los supuestos previstos en la ley. En esa medida, su retención es susceptible de suspensión, dado que podría causar daños y perjuicios de difícil reparación, porque se dejaría a los gobernados en un estado de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia y de sus dependientes económicos. Más aún, si en autos no obran elementos que permitan determinar que es justificada la retención del salario". Respecto al requisito señalado en el inciso b) consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, debe señalarse que, en el caso, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque no se le priva a la colectividad de beneficio alguno ni se le infiere ningún daño, sino que al contrario, a la parte quejosa sí se le afectaría en sus derechos laborales acreditados indiciariamente. En relación al inciso c), consistente en que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debe señalarse que este es de naturaleza positiva y de tracto sucesivo, es decir, que tiene efectos de hacer y que pueden ser sujetos de suspensión. Ahora bien, de la copia del recibo de pago de nómina correspondiente al mes de mayo de dos mil veintidós, se advierte que el quejoso cuenta con un salario de ********************, con motivo del puesto de Auxiliar Administrativo de la Dirección de Operaciones de Seguridad Pública, con la categoría de Policía, así como que se le realizó un descuesto identificado como ******************** Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/48 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la Décima Época, Libro 71, octubre de 2019, Tomo IV, página 3352, con número de registro digital 2020755, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "RECIBOS DE PAGO EMITIDOS POR MEDIOS ELECRÓNICOS SIN FIRMA DEL TRABAJADOR. SON VÁLIDOS PARA ACREDITAR LOS CONCEPTOS Y MONTOS QUE EN ELLOS SE INSERTAN. En materia laboral, los recibos de pago que se obtienen por medios electrónicos son válidos para acreditar los conceptos y montos que en ellos se insertan, en términos del artículo 776, fracciones II y VIII, de la Ley Federal del Trabajo, disposición que también puede aplicarse supletoriamente a los trabajadores al servicio del Estado; lo anterior por no ser contrarios a la moral ni al derecho, por lo que la falta de firma de esos documentos, no les resta convicción plena, porque el avance de la ciencia y la necesidad propia de evitar pagos en efectivo, han impuesto al patrón pagar a sus trabajadores por la vía electrónica; por tanto, si para demostrar las percepciones y montos los recibos correspondientes se exhiben de esta forma sin prueba en contrario que los desvirtúe, entonces no hay razón jurídica para condicionar su eficacia probatoria a que deban adminicularse con otras pruebas." Bajo este contexto, se estima que al realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima el promovente del amparo que le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, se estima procedente, respecto a la deducción indicada como "********************", el suscrito considera que conforme lo establecido en los artículos 131 y 139 de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A ********************, para el efecto de que las responsables se sigan absteniendo de realizar la deducción indicada con el concepto 147 ******************** antes citado. Lo anterior, en la inteligencia de que la presente medida cautelar solo surtirá efectos en caso de que la deducción reclamada efectivamente provenga de la autoridad señalada como responsable. Asimismo, cabe precisar que si el descuento mencionado en párrafos que anteceden se le está realizando al aquí quejoso en acatamiento a una resolución judicial o por concepto de pensión alimenticia decretada por autoridad judicial, entonces es improcedente la concesión de la medida cautelar respecto a dicho concepto. Lo anterior se sustenta en la Jurisprudencia en materias común y administrativa número PC.IV.C. J/3 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito, registrada con el número 2009364, de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DE UN SERVIDOR PÚBLICO ACTIVO, LA RETENCIÓN DEL SALARIO ES UN ACTO DE TRACTO SUCESIVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA. La retención del salario de un trabajador activo -no cesado o suspendido temporalmente como sanción-, de una corporación policial, dictada fuera de o durante el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra, es un acto de tracto sucesivo para efectos de la suspensión, respecto del cual la medida cautelar es procedente. Ello, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el salario y que se mantenga en poder de la autoridad, porque se realiza en forma consecutiva, atento a que el salario se genera día con día. De ahí que se trate de actos que, por su naturaleza, son susceptibles de suspenderse. Desde luego sin dejar de observar que la medida cautelar no opera sobre los actos ya realizados, sino solamente para efecto de que se paralice la retención del salario que se siga generando a partir de que se provee sobre la suspensión, con efecto de que el quejoso siga percibiendo su salario, siempre que se encuentren satisfechos los requisitos legales previstos para su concesión". Sin que tal previsión prejuzgue sobre el fondo del juicio de amparo, ya que tal adelanto es sólo temporal, susceptible de modificarse, ya sea en la suspensión definitiva o en la sentencia final del juicio; principio contenido en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Máxime que, atento a lo dispuesto por el numeral citado, que establece el deber de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, debe tomarse en cuenta que en la forma en que se encuentran planteados los antecedentes del acto reclamado, puede adelantarse un eventual estado de vulneración para el peticionario de amparo al no poder subsistir en razón de no contar con los medios necesarios para tal fin; de ahí que, por el momento, existan condiciones para preservar la materia de este asunto. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil sesenta y seis, Tomo II, Procesal Constitucional, Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, número de registro 1012382, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO" En tal virtud, atendiendo a los efectos que ocasiona la concesión de la medida suspensional solicitada, resulta innecesario fijar garantía para los daños y perjuicios, dado que la misma naturaleza del acto que se reclama podría poner en riesgo la subsistencia del impetrante de amparo al privársele de su salario y por ende, de los medios necesarios para tal fin. Se invoca en vía de orientación, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Tesis XXI.1°J/10, consultable en la Página ochenta y nueve, Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "SUSPENSION SIN FIANZA. La suspensión debe concederse sin fianza cuando, además de llenarse los requisitos de la ley, no hay tercero perjudicado." Asimismo, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, contenido en la Tesis VII.3o.C.16 C, consultable en la Página 1436, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN. PROCEDE PARA EL ACREEDOR ALIMENTARIO SU CONCESIÓN SIN FIANZA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ORDENA LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS PROVISIONAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)." TERCERO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al quejoso copia certificada de la presente resolución, misma que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que contiene la evidencia criptográfica del Secretario en funciones de Juez y Secretario que autorizaron dicha determinación y ténganse como sus autorizados para recibirlas a las personas indicadas en la demanda, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia. En ese contexto, para que le sea entregada la copia certificada de mérito, deberá agendar una cita en este órgano, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, para que genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito. Sin embargo, la recepción de dicha copia queda condicionada al horario de labores del centro de fotocopiado con el que cuenta el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, sede Xalapa, por lo cual deberá concertar previamente cita, con una anticipación de cuarenta y ocho horas, con el citado centro a los números telefónicos 55 18 36 80 66 y 55 31 48 76 82. Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la promovente se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) acceda al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Dado que las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva que solicita ********************, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el considerando primero de esta resolución, atento a las consideraciones vertidas en el segundo considerando. SEGUNDO. Hágase entrega de la copia certificada de esta resolución, tal como se ordena en el último considerando de la misma. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Incidental

    SE ABRE POR SEPARADO Y DUPLICADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN como se ordenó en el cuaderno principal del juicio de amparo 662/2022/VI-B, promovido por el quejoso, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SE SOLICITA INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informes previos que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que queden legalmente notificadas de este proveído, enviándoles para el efecto copia simple de la demanda; apercibidas que de no hacerlo así, se tendrán por presuntivamente ciertos los actos reclamados a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, sin perjuicio que en caso de omitir la rendición del informe previo solicitado se les aplicara una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables, que a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar, en la medida de lo posible, el uso excesivo de papel y evitar daños innecesarios al medio ambiente, se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para que rindan el informe previo que se les solicita. Por tanto, se requiere a las partes a fin de que proporcionen un correo electrónico y un número de teléfono móvil para mantener contacto con este juzgado en futuras ocasiones o la eventual celebración de la audiencia por medio de videoconferencia. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS... lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AL QUEJOSO, para el efecto de que las responsables se abstengan de realizar la deducción indicada con el concepto ..., antes citado. Lo anterior, en la inteligencia de que la presente medida cautelar solo surtirá efectos en caso de que la deducción reclamada efectivamente provenga de la autoridad señalada como responsable. Asimismo, cabe precisar que si el descuento mencionado en párrafos que anteceden se le está realizando al aquí quejoso en acatamiento a una resolución judicial o por concepto de pensión alimenticia decretada por autoridad judicial, entonces es improcedente la concesión de la medida cautelar respecto a dicho concepto...Sin que tal previsión prejuzgue sobre el fondo del juicio de amparo, ya que tal adelanto es sólo temporal, susceptible de modificarse, ya sea en la suspensión definitiva o en la sentencia final del juicio; principio contenido en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Máxime que, atento a lo dispuesto por el numeral citado, que establece el deber de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, debe tomarse en cuenta que en la forma en que se encuentran planteados los antecedentes del acto reclamado, puede adelantarse un eventual estado de vulneración para el peticionario de amparo al no poder subsistir en razón de no contar con los medios necesarios para tal fin; de ahí que, por el momento, existan condiciones para preservar la materia de este asunto...Por otro lado, ténganse como pruebas del quejoso las documentales que anexó a su escrito de amparo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia incidental. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase copias certificadas del presente proveído, ténganse como sus autorizados para recibirlas a las personas indicadas en la demanda, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia. En ese contexto, para que le sean entregadas las copias certificadas de la presente resolución, deberán agendar una cita, en el Portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ingresando al apartado de servicios jurisdiccionales específicamente en el rubro de "Agenda OJ", atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, para que genere un Código QR que le permitirá ingresar a este juzgado de distrito Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia del quejoso se hace de su conocimiento que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con la posibilidad de realizar el trámite correspondiente, para que a través del portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ obtengan su nombre de usuario, haciendo uso de la Firel o e.Firma (Fiel) acceda al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y puedan consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Además, las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". Finalmente, en lo relativo al acceso a la información pública, expedientes electrónicos publicidad de la sentencia, supresión de datos y habilitación de horas y días inhábiles; se acuerda en iguales términos que en el cuaderno principal, respecto de lo cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, en razón de que en el expediente en que se actúa deriva de aquél.

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