Luis Alberto Lang López

Expediente 617/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
617/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2017

Partes del expediente

  • Luis Alberto Lang López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 617/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de veintitrés de abril de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se declaró sin materia. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, del que se advierte que se deja sin efectos el acuerdo dictado el tres de abril del año en curso, así como exhortar a la demandada para que se le otorgue acceso al perito al expediente personal del asegurado y al sistema SINDO; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de CINCO DÍAS siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias de notificación a las partes del acuerdo de veinticinco de abril del año que transcurre, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por acuerdos de cinco y veinte de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el informe rendido por la Secretaría de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista ordenada en autos. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de quince de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rafaela Díaz San Vicente, por derecho propio y en representación de los menores Edgar Eduardo y Anahí Montserrat, ambos de apellidos Blanco Díaz, precisando los efectos siguientes: ".En ese sentido, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos deje insubsistente la resolución del nueve de marzo de dos mil dieciséis dictada dentro del toca civil 1257/15-19, mediante la cual declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte quejosa dentro del juicio de Controversia Familiar sobre Modificación de Cosas Juzgada 153/15-2 del índice del Juzgado Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y en su lugar, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada emita una diversa, siguiendo los lineamientos previstos en los párrafos 53, 54 y 57 de esta sentencia." Por auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el cumplimiento de la sentencia constitucional. En acatamiento a lo anterior, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante oficio recibido el diez de octubre de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución de siete de octubre del año pasado, dictada en el toca civil 1257/2015-19-17, con motivo de la substanciación de la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de territorio, planteada por la parte demandada, dentro del expediente 153/2015-2, determinando dejar insubsistente la resolución de nueve de marzo de dos mil dieciséis y ordena reponer el procedimiento para que el juez natural desahogara -urgentemente- las pruebas periciales en materia de psicología respecto de las partes en la presente controversia familiar, esto es, al actor Javier Blanco Hernández, demandada Rafaela Diaz San Vicente, así como a los menores Edgar Eduardo y Anahí Monserrat ambos de apellidos Blanco Díaz, debiendo el Juez de la causa, girar oficios al Departamento de Orientación Familiar dependiente de ese Tribunal de Justicia para que a la brevedad posible se designara perito en materia de psicología y procediera a realizar la evaluación psicológica ordenada a las partes, asimismo, ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social, verificando el domicilio ubicado en Calle Laurel número 7, colonia El Castillo, Jiutepec, Morelos, en el que por mandato judicial en el expediente 337/2010-3 se ordenó el depósito de los menores, asimismo, se desahogara dicha prueba en relación al domicilio ubicado en Calle Marcelo número 9, colonia Ampliación Chipitlán, Mina número cinco, Cuernavaca, Morelos, en el que de hecho se encuentran habitando los menores, debiendo el Juez primario realizar el procedimiento necesario para lograr que se designe un perito en trabajo social, y una vez realizada su designación procediera a realizar el desahogo de la prueba encomendada, verificando las condiciones socioeconómicas y de entorno familiar de los lugares señalados. Por auto de trece de octubre de dos mil dieciséis, se requirió al Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que informara los actos tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A lo anterior, por oficio recibido el veintiuno de octubre pasado, la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 153/2015, ordenándose el desahogo de las siguientes probanzas: Ordenó el desahogo de una prueba pericial en materia de psicología respecto de los ciudadanos JAVIER BLANCO HERNÁNDEZ y RAFAELA DÍAZ SAN VICENTE, así como a los menores EDGAR EDUARDO Y ANAHÍ MONSERRAT ambos de apellidos BLANCO DÍAZ. Ordenó girar el oficio respectivo al Departamento de Orientación Familiar Dependiente de este Tribunal de Justicia, para que a la brevedad posible designara perito en materia de psicología y procediera inmediatamente a realizar la evaluación psicológica ordenada a las partes. Ordenó requerir al Departamento de Orientación Familiar Dependiente de este Tribunal de Justicia, a efecto de que señalará las fechas en que los ciudadanos JAVIER BLANCO HERNÁNDEZ y RAFAELA DÍAZ SAN VICENTE, así como a los menores EDGAR EDUARDO Y ANAHÍ MONSERRAT ambos de apellidos BLANCO DÍAZ deberían comparecer a sus instalaciones a la práctica de las evaluaciones psicológicas ordenadas. Ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de trabajo social, la cual, se debería verificar respecto del domicilio ubicado en Calle Laurel número 7 , Colonia El Castillo, Jiutepec, Morelos, en el que por mandato judicial en el expediente 337/2010-3 se ordenó el depósito de los menores EDGAR EDUARDO Y ANAHI MOSNERRAT ambos de apellidos BLANCODÍAZ; ordenando desahogar dicha prueba en relación con el domicilio ubicado en calle Marcelo número 9, colonia Ampliación Chipitlán, Mina número 5, Cuernavaca, Morelos, en el que de hecho se encuentran habitando los menores EDGAR EDUARDO Y ANAHÍ MONSERRAT ambos de apellidos BLANCODÍAZ. Ordenó girar el oficio respectivo al Departamento de Orientación Familiar Dependiente de este Tribunal de Justicia, para que a la brevedad posible designará perito en materia de Trabajo Social y procediera inmediatamente a realizar las investigaciones encomendadas. Asimismo, precisó que una vez que se realizara su designación del especialista en comento, procediera dicho profesional de forma inmediata a llevar a cabo el desahogo de la prueba citada, mediante la cual, verificará: Las condiciones socioeconómicas y de entorno familiar de los lugares señalados. Las condiciones en que se encuentran las viviendas. Expresar características de las mismas, factores de riesgo, así como elementos positivos y negativos que en éstas se encuentren. Asimismo, deberá informar la trabajadora social quienes habitan en cada uno de los domicilio antes referidos, las respectivas ocupaciones de los habitantes, sus roles en el hogar y el tiempo en promedio que cada uno de los habitantes permanezca durante el día en los respectivos domicilios. Asimismo, la Juez Décimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada del desahogo de las probanzas mencionada en párrafos que anteceden, de igual manera, por oficio recibido el diecisiete de marzo del año que transcurre, informó que por auto de quince de marzo actual, ordenó remitir los autos originales de la controversia 153/2015-2 a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para los efectos del cumplimiento. El trece de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante este Juzgado Federal Edgar Eduardo Blanco Díaz, quien se identificó con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector BLDZED99013117H800, mediante cual se desistió del juicio de amparo 775/2016-II promovido por Rafaela Díaz San Vicente por su propio derecho y en representación de Edgar Eduardo y Anahi Montserrat, ambos de apellidos Blanco Díaz; por lo que, se tuvo únicamente al quejoso Edgar Eduardo Blanco Díaz desistiéndose del juicio constitucional, decretándose el sobreseimiento, y se ordenó continuar el trámite de ejecución en el juicio de amparo 775/2016-II, respecto de la quejosa Rafaela Díaz San Vicente y su menor hija Anahí Montserrat Blanco Díaz. El veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se requirió a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que informara el cumplimiento al fallo protector. La Secretaría de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por oficio recibido el cuatro de abril actual, remitió copia certificada de la resolución de treinta y uno de marzo del año en curso, dictada en los autos del toca civil 1257/2015-19-17, en la que destacó que en el asunto se encuentran involucrados los derechos fundamentales de la menor Anahí Monserrat Blanco Díaz, ya que por cuanto a Edgar Eduardo Blanco Díaz, al haber obtenido la mayoría de edad desde el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, y al haberse apersonado en el juicio haciéndose valer sus derechos personalmente, la Tercera Sala dejó de estar facultada para suplir cualquier deficiencia a favor de Edgar Eduardo Blanco Díaz, por lo que continuó el asunto respecto de Rafaela Díaz San Vicente por su propio derecho y su menor hija Anahí Monserrat Blanco Díaz. Asimismo, procedió a la ponderación de la existencia de los dos domicilios y a determinar con las pruebas que fueron recabadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuál es el ambiente idóneo para el desarrollo de la menor Anahí Monserrat Blanco Díaz y con base a lo anterior, decidir sobre la excepción de incompetencia planteada, valorando el dictamen en materia de Psicología emitido por la experta Claudia Araceli Meza Guzmán, así como el estudio de Trabajo social realizado a las partes en el presente asunto, por parte de la Trabajadora Social Tania Díaz Ortega, para determinar las circunstancias que rodean a la menor de referencia, atendiendo al principio del interior superior de la infancia. De igual manera, precisó que una vez analizadas las pruebas consistentes en el dictamen en materia de psicología y el estudio de trabajo social realizado a las partes, advirtió que la menor Anahí Monserrat Blanco Díaz, se encuentra habitando voluntariamente en el domicilio ubicado en calle Marcelo, número 9, colonia Ampliación Chipitlán, Cuernavaca, Morelos, lugar en que la experta corroboró que es un entorno socioeconómico y familiar en el que se le permite vivir sanamente, teniendo buenas relaciones familiares, tanto con su progenitor Javier Blanco Hernández y su hermano Edgar Eduardo Blanco Díaz, así como con las hijas de la pareja de su progenitor. En cuanto al estudio de trabajo social realizado en el domicilio ubicado en calle Laurel número 7, colonia el Castillo, Municipio de Jiutepec, Morelos, se desprendió que si bien la técnica en trabajo social fue atendida por Rafaela Díaz San Vicente, quien le permitió el acceso a dicho domicilio, refirió que se afectó y entorpeció dicha prueba, pues la abogada instruyó a Rafaela Díaz San Vicente, lo que debía comentar o contestar a la Trabajadora Social, teniendo a la demandada en una actitud que la perito percibió como estudiada, nerviosa, titubeante y con ciertas contradicciones al responder a los cuestionamientos técnicos propios de Trabajo Social. Además, tomó en consideración que la menor Anahí Monserrat Blanco Díaz, fue presentada por la parte actora ante el Juez, quedando corroborado que desde el catorce de abril de dos mil quince, vive con su papa, por lo que quedó robustecido que se encuentra habitando con su papa, en el domicilio ubicado en calle Marcelo, número 9, colonia Ampliación Chipitlán, Cuernavaca, Morelos, localidad en la que asiste a su educación básica. Por tanto con los elementos de prueba, otorgó pleno valor probatorio en términos del artículo 404 del Código Procesal Familiar del Estado, resultando suficientes para determinar la competencia del Juez, ya que tal determinación compete exclusivamente al órgano jurisdiccional que esté a cargo del cumplimiento del proceso, en consecuencia, procedió a resolver la cuestión competencial planteada tomando como base lo más favorable al interés superior de la menor. Determinando, declarar infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de territorio opuesta por la demandada Rafaela Díaz San Vicente, toda vez que la menor Anahí Monserrat Blanco Díaz, se encuentra viviendo voluntariamente en el domicilio calle Marcelo, número 9, colonia Ampliación Chipitlán, Cuernavaca, Morelos, toda vez que no se advirtió por las expertas en la materia, peligro alguno que pudiera poner en riesgo la integridad física o emocional de la menor mencionada, resultando que la competencia en razón de territorio para conocer del asunto se surte a favor del Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Consecuentemente, si la Sala responsable dejó insubsistente la resolución del nueve de marzo de dos mil dieciséis dictada dentro del toca civil 1257/15-19, y en su lugar, con libertad de jurisdicción dictó el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, una nueva resolución en la que determinó declarar infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de territorio opuesta por la demandada Rafaela Díaz San Vicente, en virtud de que la menor Anahí Monserrat Blanco Díaz, se encuentra viviendo voluntariamente en el domicilio calle Marcelo, número 9, colonia Ampliación Chipitlán, Cuernavaca, Morelos, y al no advertir peligro alguno que pudiera poner en riesgo la integridad física o emocional de la menor, resultó que la competencia en razón de territorio para conocer del asunto se surtiría a favor del Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Síndico Municipal y por el Consejero Jurídico, todos del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado, señalan las diez hora del día veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que en presencia de la parte quejosa o de persona que se encuentre, acudan al inmueble objeto del cumplimiento de la ejecutoria a realizar los trabajos de construcción de la barda; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, en atención a lo manifestado por las autoridades responsables, dese vista a la parte quejosa, a efecto de que el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete a las diez hora, se encuentre en su domicilio o bien persona autorizada con el fin que se inicie la construcción de la barda, misma que deberá tener las características señaladas en la resolución de incidente innominado. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos (María de Jesús Vital Díaz), Síndico Municipal del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, (Benito José Saldaña Jiménez), Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, (David Livono García), Director de Catastro del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, (David Lievanos Livera), para que el día y fecha señalada acudan al inmueble objeto del cumplimiento de la ejecutoria a realizar los trabajos de construcción de la barda. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se ordena remitir copia autorizada del presente proveído al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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