Luis Alberto Jesús Gómez Castilla

Expediente 1844/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1844/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Jesús Gómez Castilla

Actuaciones

  1. Principal

    .-Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que el quejoso lo haya hecho valer se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno en el sistema integral de seguimiento de expedientes (S.I.S.E) y archívese el expediente como asunto concluido. .... Notifíquese.

  2. Principal

    II.- DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, fracción III, 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, regístrese el expediente bajo el número 1844/2022-IV; y en términos de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, se actualiza la causa de improcedencia consistente a que el acto reclamado no es de los considerados de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se está en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la omisión reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. En efecto, respecto a la dilación aludida, sólo será procedente su estudio en amparo indirecto cuando exista una abierta o total paralización del procedimiento, Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, pues este órgano jurisdiccional estima que la omisión que por esta vía reclamada, no es de aquellas que producen un afectación de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable el catorce de septiembre de dos mil veintidós, turnó los autos del expediente********************, de su índice, al Auxiliar Dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, y a la fecha de presentación no haya emitido dicha resolución, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se turnaron los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte la resolución que conforme derecho corresponda, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. Para una mayor comprensión, resulta necesario destacar que los artículos 885, 886, 887, 888, 889, 890 y 891, de la Ley Federal del Trabajo, contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso. Así, de un análisis de los preceptos antes citados, se obtiene que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulara por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregara una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos estos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. De ahí, que se concluye que no se está ante una dilación franca y directa en la que hubiera incurrido la junta responsable, lo anterior tomando en consideración los días que tiene la responsable para el dictado del laudo correspondiente, a saber treinta y tres días (33) más el término que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (45 días naturales); por lo tanto, es claro que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo aun no pueden computarse los cuarenta y cinco días naturales, posteriores al plazo establecido en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior es así, porque al día de la presentación de la demanda han trascurrido los treinta y tres días que tenía la responsable para emitir el laudo más (33) treinta y tres días naturales de los cuarenta y cinco que establece la Jurisprudencia antes citada posteriores al plazo que tiene la Junta para dicha labor, lo que evidencia que a esa data no existe un tiempo prudente en ley que concluya que la responsable ha incumplido con lo establecido en el artículo 17 constitucional, por ende, se pone de manifiesto que a esa fecha no existe una dilación abierta sobre el juicio de origen materia del acto reclamado. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************. III. SE EXHORTA A LAS PARTES UTILIZACIÓN SERVICIOS EN LÍNEA. Se hace de su conocimiento, que cualquier consulta de los acuerdos que se susciten sobre este asunto, podrán realizarlo en la página oficial https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Se pone a su disposición el número telefónico 722-236-05-00 extensión: 2244 o 2245 en términos del artículo 258 del Acuerdo General citado para cualquier consulta relacionada con el tema. Notifíquese por lista electrónica.

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