Luis Alberto Hernández Rodríguez

Expediente 509/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
509/2018
Año
2018
Actuaciones
29
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Luis Alberto Hernández Rodríguez
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 509/2018-II, dieciocho anexos, y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 33/2019, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Alberto Hernández Rodríguez, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I a XVIII; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión, mismo que quedó radicado con el número 33/2019; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En once de enero de dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta al Juez, con el número de folio 1052 del índice del libro de correspondencia de este órgano jurisdiccional.- Conste. Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Luis Alberto Hernández Rodríguez, el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, téngase al quejoso haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Asimismo, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción del recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. MCEC

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, a la parte tercero interesada MARTÍN GUSTAVO LEZAMA RODRÍGUEZ, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe. ...sentencia que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 509/2018-II, promovido por LUIS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese día a este Juzgado Federal LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo (foja 21 a 25); inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa promovió recurso de queja que fue del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, el cual por sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciocho declaró fundado el recurso de queja (foja 40 a 53). Por consiguiente, el dos de agosto de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se fijaron las nueve horas con cuarenta minutos del tres de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio especial hipotecario 34/1996-2, donde ordena poner en posesión física y material el inmueble ubicado en calle Coahuila número 398, esquina Campeche de la colonia Pablo Torres Burgos, Cuautla, Morelos, en los términos del auto de ocho de junio de dos mil diecisiete. Del Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la ejecución del acuerdo emitido el quince de noviembre de dos mil diecisiete. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio hipotecario 34/1996-2; documentos que reúnen las características de un documento público, al haber sido expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, por lo que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, procede el estudio de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a esa causal, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. La causa de improcedencia se surte en razón de que el quejoso (Luis Alberto Hernández Rodríguez) no acredita que la orden de desposesión y entrega emitida en el juicio hipotecario 34/1996-2, lesione los derechos de posesión que aduce tener sobre el bien inmueble ubicado en calle Coahuila número 398, esquina Campeche de la colonia Pablo Torres Burgos, en Cuautla, Morelos, esto es, no acredita la afectación a su interés jurídico. Como se advierte de las constancias remitidas como justificaciones se tiene que en el juicio hipotecario 34/1996-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, promovido por Martin Gustavo Lezama Rodríguez en contra de Miguel Haddad Morales y María de los Ángeles Chavelas, el quince de noviembre de dos mil diecisiete (foja 708 del anexo II), a petición del actor (aquí tercero interesado) se ordenó poner en posesión física y material a favor del actor (Martin Gustavo Lezama Rodríguez), el inmueble ubicado en calle Coahuila número 398, esquina Campeche de la colonia Pablo Torres Burgos, en Cuautla, Morelos, en los términos ordenados en auto de ocho de junio de dos mil diecisiete, en relación con el auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete. De lo que se sigue, que el quejoso Luis Alberto Hernández Rodríguez, le recae el carácter de tercero extraño, siendo aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Así lo definió la jurisprudencia del Tribunal en Pleno, P./J.7/98, Visible en la página 719 del tomo II. Procesal Constitucional 1, común primera parte, SCJN quinta sección procedencia del amparo indirecto, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que indica: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Precisado lo anterior, se analiza si el acto reclamado afecta el interés jurídico del quejoso. Como quedó apuntado, el interés jurídico es la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados por la autoridad. Luego, como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. En consecuencia, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente, pues de no ser así, bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de amparo, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, para que esto se tuviera por acreditado. Resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Por lo expuesto, en el caso que aquí se estudia, es inconcuso que el quejoso LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, no acredita que la orden de desposesión y entrega emanada del juicio especial hipotecario 34/1996-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, afecte de manera real y actual su esfera jurídica, pues no exhibe medio probatorio que permita establecer de manera indefectible, la calidad de poseedor del bien inmueble afecto al juicio natural, a fin de considerarlo apto para ser tutelada por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, condición indispensable para acreditar el interés jurídico, toda vez que cuando se reclaman actos de desposeimiento, aducidos por terceros extraños al juicio natural, para que éstos acrediten su interés jurídico deben justificar que ejercen o ejercían la posesión del inmueble y, además que es jurídica, originaria o derivada, según se disfrutara en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título apto análogo. En el caso, el quejoso pretenden demostrar su interés jurídico con el original del contrato de arrendamiento celebrado entre Gilberto Garcia Alvarez, en su carácter de arrendador y el quejoso, Luis Alberto Hernanadez Rodriguez, como arrendatario, respecto del inmueble ubicado en calle Coahuila número 398, esquina Campeche de la colonia Pablo Torres Burgos, en Cuautla, Morelos, sin fecha, siendo insuficiente para acreditar de manera fehaciente su interés jurídico para hacer procedente la acción constitucional, en virtud de que se trata de documento privado de fecha incierta, toda vez que de su examen no se desprende que haya sido presentado ante alguna autoridad con fe pública o ante algún depositario de fe pública, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por tanto, dada su naturaleza de documento privado, no puede considerarse suficiente para demostrar, de manera fehaciente, el interés jurídico del quejoso. Las consideraciones anteriores, encuentran apoyo en la jurisprudencia número 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de dos mil ocho, página 11, cuyo texto y rubro es el siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito.". Asimismo, con la tesis número II.1o.C.T.25 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Septiembre de mil novecientos noventa y seis, página 661, cuyo texto y rubro es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL. Si el contrato de arrendamiento exhibido por el impetrante de garantías, con el cual pretende acreditar su interés jurídico, es de fecha incierta, dada su naturaleza de documento privado, sin haber sido presentado ante ninguna autoridad con fe pública; no puede considerarse para demostrar, de manera fehaciente, el interés jurídico del quejoso". Máxime que la existencia del acto reclamado -orden de desposesión y entrega, es insuficiente para liberar al quejoso de la obligación de demostrar su interés jurídico, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra la afectación real y actual que ese cause en la esfera jurídica de la parte quejosa (Luis Alberto Hernández Rodríguez), pero en el caso, la prueba aportada (contrato de arrendamiento) no acredita ese interés. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a/J.1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV Febrero de dos mil dos, página quince, registro 187777, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". En consecuencia, toda vez que la prueba aportada por el quejoso es insuficiente para acreditar su interés jurídico y, como quedó apuntado, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; título cuya existencia no acreditó el quejoso y, como consecuencia, no permite considerarlo apto para ser tutelado por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, condición indispensable para acreditar el interés jurídico, toda vez que cuando se reclaman actos de desposeimiento, para que éstos acrediten su interés jurídico, deben justificar que ejercen o ejercían la posesión del inmueble y, además, que es jurídica, originaria o derivada, según se disfrutara en concepto de dueño o en calidad de usufructuario, arrendatario o cualquier otro título apto análogo. Como apoyo, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002, consultable en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, registro 187733, que precisa lo siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En mérito de lo anterior, al no acreditarse el interés jurídico del quejoso para acudir al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de amparo; de ahí que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de dicha ley. Sobreseimiento que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman al Actuario adscrito al juzgado Primero Civil de Primera instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla, Morelos, en virtud de que no se reclamaron por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: UNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, contra los actos reclamados de las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron las labores de este juzgado.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano