Luis Alberto Hernández Cerón
Expediente 1145/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Alberto Hernández Cerón
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE CAUSÓ ESTADO AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA Y DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA. ARCHÍVESE COMO EXPEDIENTE CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS, SIN QUE OBREN DOCUMENTOS ORIGINALES NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Luis Alberto Hernández Cerón, para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de treinta y uno de octubre del año en curso, sin que lo haya desahogado; en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente respecto de los artículos 4° y 52 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí. En tal virtud, procédase proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la sentencia de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca M-6/2018. Ahora bien, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado referido se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, se advierte lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el dos de febrero de dos mil dieciocho, en el proceso penal 08/2017, el Juez Especializado en Justicia para Adolescentes del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, determinó que el ahora quejoso Luis Alberto Hernández Cerón, era plenamente reprochable en la participación de la conducta tipificada como delito de homicidio calificado en grado de autoría indeterminada en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Luis Alberto Hernández Cerón, imponiéndole la medida de internamiento definitivo por el término de tres años, dos meses y veintiséis días, entre otras cosas. 2. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictado en el toca de apelación M06/20118, admitió el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, el defensor del adolecente Luis Alberto Hernández Cerón y sus padres José Luis Hernández Banda y Amparo Cerón García, en contra de la sentencia condenatoria referida en el punto que precede. Cabe precisar que en dicho proveído se tuvo como defensor del adolescente en esa instancia al licenciado Enrique Morales González, Defensor Público adscrito a la Sala, ya que así lo designó expresamente, ordenando que por conducto de éste, se notifique a Luis Alberto Hernández Cerón, todo lo actuado en el aludido toca, aun las que ameriten ser de carácter personal. 3. Mediante resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ordenó la reposición del proceso penal 08/2017, para el efecto de que se señalará fecha y hora para la audiencia inicial de formulación de la imputación por el delito de homicidio calificado en grado de autoría indeterminada a Luis Alberto Hernández Cerón, y se resuelva su situación jurídica, bajo el entendido que dicho proceso debía desahogarse de manera oral y formal, aplicando supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. Determinación que fue notificada al ahora quejoso por conducto del Defensor Público adscrito a la Sala referida, el catorce de junio del año en curso, según se advierte de las constancias de notificación que obran al reverso de la foja 23 del toca que obra agregado al anexo respectivo. 5. Asimismo, de las constancias referidas se advierte que el aquí quejoso a partir del veintisiete de abril de dos mil diecisiete, quedó en libertad merced a la resolución dictada en esa fecha dentro del incidente de cambio de medida cautelar, fijándose el diecinueve de mayo de ese año, la obligación de presentarse periódicamente ante el Juez del conocimiento a efecto de que estampara su firma; sin que posteriormente le haya sido revocado tal beneficio. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo expuesto se advierte plenamente que al aquí quejoso, por conducto de su defensor, se le notificó la resolución reclamada el catorce de junio de dos mil dieciocho. Al respecto, el artículo 29 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, vigente en la época en que se cometieron los hechos, dispone que los plazos surtirán efectos de momento a momento, y comenzarán a correr al día siguiente de la notificación. Si el menor se encuentra en libertad, los plazos serán prorrogables según lo establecido en dicha Ley. Por consiguiente, si la resolución reclamada se hizo del conocimiento del aquí quejoso por conducto de su defensor el catorce de junio del año en curso, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día siguiente en que se realizó la referida notificación, tal como lo dispone el artículo 29 de la ley referida, por lo tanto, dicho término transcurrió del quince de junio al cinco de julio del año en curso, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin que exista motivo de excepción para prorrogar el plazo aludido, pues no lo prevé así la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que el aquí quejoso se encontraba en libertad a partir del veintisiete de abril de dos mil diecisiete, merced a la resolución dictada en esa fecha dentro del incidente de cambio de medida cautelar, por lo que la Sala responsable no se encontraba obligada a notificarle directamente dicha sentencia a Luis Alberto Hernández Cerón, pues no se actualizaba alguna de las hipótesis previstas en el artículo 124, último párrafo, de la referida ley, o del numeral 98, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí, de aplicación supletoria. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 8, que dispone: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho, en la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, según el sello original de recibo que obra a foja 65 de autos; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. En cuyo caso, estaba obligado a presentar su demanda dentro de los plazos establecidos para ello, pero al no haberlo hecho, deviene notoriamente extemporánea su presentación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, remite el original del escrito mediante el cual Luis Alberto Hernández Ceron, promovió juicio de amparo; así como el original del proceso penal 08/2017, al cual obra glosado el tomo dos, así como el Toca M-6/2018. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el original del proceso penal 08/2017, al cual obra glosado el tomo dos, así como el Toca M-6/2018, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, que remite la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el que transcribe el auto de incompetencia dentro del amparo directo 205/2018; los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema Tradicional y Juez Especializada en Justicia para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; copia certificada del cuadernillo de antecedentes del toca M-6/2018; un tomo de constancias relativas al duplicado del proceso penal 08/2017, al cual obra glosado el Toca M-6/2018; y la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Hernández Cerón, con sus anexos. Fórmese y regístrese el expediente de amparo respectivo bajo el consecutivo 1145/2018-VI; con fundamento en los artículos 35 y 45, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del juicio de amparo referido. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, atendiendo a que en la demanda de amparo que se estudia, así como en el tomo que acompañó el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a su informe de ley, relativo al duplicado del proceso penal 08/2017, al cual obra glosado el Toca M-6/2018, no obra el sello de recepción de ésta, así como diversas constancias, lo cual no permite el debido estudio del asunto. En tal virtud, devuélvase al Magistrado referido el tomo de constancias aludido, y requiérasele para que en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, remita el original de la documental en la que conste el sello de recepción de la demanda referida, promovida por Luis Alberto Hernández Cerón, así como los originales del proceso penal 08/2017, y del Toca M-6/2018, o en su caso copia certificada de éstos últimos. No es óbice a lo anterior, el hecho de que en la parte final de la demanda de amparo que se estudia, se certificó que esta se presentó el dieciocho de septiembre del año en curso, sin embargo tiene una inconsistencia, ya que se hizo constar que la fecha de notificación al ".SENTENCIADO DIEGO ALFREDO GODÍNEZ CARBAJAL, POR CONDUCTO DEL DEFENSOR DE OFICIO DE LA ADSCRIPCIÓN.", siendo que en el controvertido del cual emana el acto reclamado el sentenciado es el aquí quejoso Luis Alberto Hernández Cerón, lo cual no genera certeza plena respecto a la data en que se presentó la demanda, pues pudiera existir la posibilidad que la ahí precisada también se encuentre incorrecta. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a efecto de no retrasar la impartición de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, precise: 1. Atendiendo a que en el capítulo de conceptos de violación, el quejoso formula motivo de disenso en contra de los artículos 4° y 52 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, refiriendo que violentan o se contraponen con diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que tales artículos hayan sido señalados como acto reclamado en el capítulo respectivo. En tal virtud, deberá manifestar si es su intención señalar como acto reclamado los artículos 4° y 52 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí. 2. En caso de ser así, precise a qué autoridades les reclama la creación de dichos dispositivos legales. Lo anterior es necesario para integrar debidamente la litis del juicio constitucional. Resulta aplicable la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Comuníquese a las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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