Luis Alberto González Vega
Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/09/2021
Partes del expediente
- Luis Alberto González Vega
Actuaciones
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ................, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro, Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Directora de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Jefa de Coordinación de Actuarios del Primera Instancia, Jefa de Coordinación de Actuarios del Juzgados Menores y Dirección de Contabilidad y Finanzas Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 915/2021. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, se advierte es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Acto reclamado. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tiene como actos reclamados los siguientes: Del LIC. ................ en su carácter de MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO la violación del artículo 29 en sus fracciones IV y IX de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, los cuales establecen que debe de administrar el presupuesto del Poder Judicial del Estado y dictar las medidas que estime convenientes para la mejor administración e impartición de justicia y, a su vez, proponer al Pleno y al Consejo de la Judicatura, según corresponda, los acuerdos que juzgue conducentes para el mismo objeto, artículos que no se han garantizado de manera correcta e idónea, toda vez que los Juzgados Menores del Estado de Querétaro no cuentan con la plantilla de actuarios necesaria para el número de volumen de diligencias que se deben de llevar a cabo, ya que dicha plantilla es menor a la de hace 10 años y el crecimiento poblacional debe de ser acorde a la misma, dicho artículo en relación con el Artículo 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la LIC. ................. OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO la repartición del presupuesto otorgado por el Poder Ejecutivo, omitiendo destinar parte de ese presupuesto para ampliar la plantilla de Actuarios Menores y/o Primera Instancia y así poder garantizar lo establecido en el Artículo 1º y 17 párrafo segundo Constitucional en relación con el Artículo 2º del Reglamento de la Oficialía Mayor del Poder Judicial de Querétaro Arteaga, a efecto de que no se está suministrando correctamente los recursos humanos, materiales y técnicos que se requieren para el buen funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Querétaro, ya que la plantilla de actuarios es menor a la de hace 10 años y el crecimiento poblacional no va acorde con el personal humano que atiende dicha coordinación, lo cual retrasa en su totalidad el buen funcionamiento de dicha coordinación. De igual forma se vulnera del mismo reglamento el Artículo 5º fracciones VIII, IX, X y XVI, los cuales establecen que la OFICIAL SUPERIOR DEL TRIBUNAL OE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO tiene la obligación de contratar a nombre del Poder Judicial al personal que sea necesario en los términos de la normatividad aplicable, evaluar los servicios prestados, así como tener la obligación de detectar nuevas necesidades y proponer la forma de satisfacerlas, a su vez, debe de coadyuvar en el seguimiento del presupuesto y la conciliación de cuenta en coordinación con la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Poder Judicial del Estado. De la LIC. ..................... en su carácter de DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA la violación al Artículo 9º fracción II del Reglamento de la Oficialía Mayor del Poder Judicial de Querétaro Arteaga, el cual establece que debe de proponer al Oficial Mayor del Poder Judicial del Estado la contratación del personal que sea necesario en los términos de la normatividad aplicable, toda vez que la asignación de citas de ejecución para las diligencias correspondientes a embargo, emplazamiento y requerimiento de pago y/o otras diligencias serán dentro de un plazo excesivamente largo al grado de asistir a una cita hasta 60 días, el cual no cumple con los requisitos de justicia pronta, completa y expedita, dicho artículo en relación con el Artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la LIC. ...................en su carácter de JEFA DE COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE PRIMERA INSTANCIA la violación al Artículo 8º fracciones II, III, XII y XIII del Reglamento de la Coordinación de Actuarios Y Peritos del Poder Judicial del Estado de Querétaro Arteaga, los cuales establecen que debe de Instrumentar e implementar las medidas y registros necesarios para el adecuado funcionamiento de la Coordinación de Actuarios y Peritos y demás Coordinaciones, supervisar los sistemas de trabajo de los Jefes Área de la Coordinación de Actuarios y Peritos, Establecer la distribución de las zonas para el buen funcionamiento de la Coordinación de Actuarios y Peritos y demás Coordinaciones y Fijar los criterios y medidas para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, dicho ordenamiento en relación' con el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la asignación de citas de ejecución para las diligencias correspondientes a embargo, emplazamiento y requerimiento de pago y/o otras diligencias se encuentran dentro de un plazo excesivamente largo. De la LIC. .................... en su carácter de JEFA DE COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DE JUZGADOS MENORES, la violación al Artículo 8 fracciones II, XII y XIII del Reglamento de la Coordinación de Actuarios Y Peritos del Poder Judicial del Estado de Querétaro Arteaga, los cuales establecen que tiene la obligación de Instrumentar e implementar las medidas y registros necesarios para el adecuado funcionamiento de la Coordinación de Actuarios y Peritos y demás Coordinaciones, así como establecer la distribución de las zonas para el buen funcionamiento de la Coordinación de Actuarios y Peritos y demás Coordinaciones y fijar los criterios y medidas para el adecuado cumplimiento de las atribuciones de la ya multicitada Coordinación. De igual manera, la prolongada asignación de citas de la agenda para ejecutar las diligencias respectivas al embargo, emplazamiento y requerimiento de pago dentro de los juicios ejecutivos mercantiles en los cuales me ostento como parte actora, toda vez que no se garantiza lo establecido en el artículo 1º y 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS a través del CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO la incorrecta administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con el fin de que los Juzgados del Estado de Querétaro detenten con la plantilla de actuarios necesaria para el volumen de diligencias que se deben de llevar a cabo dentro del Estado de Querétaro. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, el suscrito considera que es improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a las razones que a continuación se expondrán. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De las normas transcritas se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y, además, cumpla las condiciones formales que contiene el propio precepto y que se traducen en que el interesado alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es claro que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso ya que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico, como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, sin que éste último concepto jurídico se traduzca en una apertura absoluta para que cualquier persona acuda al juicio de amparo, por cualquier motivo, sustentándose en un interés simple. En ese sentido el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier persona, por alguna acción u omisión del Estado, pero que no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, en caso de satisfacerse. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Robustece lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE: La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. El interés legítimo es definido por la doctrina como una institución que faculta a todas aquellas personas, que sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo protegido por una norma objetiva, tienen interés en que la violación al derecho o libertad sea reparado. Esto es, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del ciudadano, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado, que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. El presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria de la administración pública, la cual no es acorde al derecho subjetivo de los particulares que se ven afectados por los actos de autoridad, esto es, dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que genere un derecho subjetivo, además, se origina debido a una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. La contrapartida al interés comentado es el interés jurídico, que tiene como presupuesto indispensable que se cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. Lo anterior significa que son dos los supuestos que generan el interés jurídico: la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, así como el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para combatir un acto de autoridad mediante el juicio de amparo, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia I. 1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, página 35, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO: El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las normas que tutelan el interés jurídico son susceptibles de generar "derechos subjetivos" en beneficio de personas determinadas y sus efectos pueden ser individualizados de tal manera que se afecte inmediata y directamente el estatus jurídico de la persona, mientras que las relativas al "interés legítimo" no generan derechos subjetivos, ya que protegen derechos difusos y están encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que carecen de personalidad jurídica. En conclusión, el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera particular de un individuo que se encuentra dentro de su estatus jurídico, mientras que el interés legítimo supone una afectación indirecta al estatus jurídico de un individuo, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a ese derecho. Agregó que para acreditar el interés legítimo deben quedar satisfechos los siguientes elementos: 1. Presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada. 2. Pertenencia del quejoso a dicha colectividad, y 3. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama. Con relación a este último elemento, es importante mencionar que aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el promovente deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama, porque la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una colectiva. Esas consideraciones quedaron reflejadas en la tesis aislada 2a. XVIII/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En el caso concreto se tiene que el quejoso, en esencia, reclama de diversas autoridades que integran el Poder Judicial del Estado de Querétaro, la violación de las garantías constitucionales relativas a la administración e impartición de justicia, prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal, ante la falta de observación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, específicamente ante la falta de actuación para administrar el presupuesto del Poder Judicial del Estado y dictar las medidas que estime convenientes para la mejor administración e impartición de justicia con la contratación de más empleados a efecto de que se combata el rezago laboral que se tiene, específicamente en las diligencias a realizar por los actuarios de esa institución y, a su vez, proponer al Pleno y al Consejo de la Judicatura, según corresponda, los acuerdos que juzgue conducentes para el mismo objeto. Así, la parte quejosa, establece que el Presidente del Poder Judicial en conjunto de sus órganos administrativos, debe administrar el presupuesto de egresos que se les otorgo además de proponer el presupuesto necesario para desarrollar la labor jurisdiccional en los órganos del estado, y a efecto de acreditar el interés que ostenta refiere ser parte de diversos sumarios, entre los que señala, ha solicitado citas para diligencias, tal como se advierte de las impresiones de las "SOLICITUD DE CITAS PARA DILIGENCIAS DE JUZGADOS MENORES", en el que el quejoso al parecer tiene reconocido el carácter de abogado y/o actor. Al respecto, del análisis de las documentales que adjuntó, y de sus antecedentes que vierte el quejoso bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el promovente se desempeña como Licenciado en Derecho y/o abogado litigante, con cédula inscrita en el padrón de abogados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, ostentándose como actor en diversos juicios ejecutivos mercantiles y otros, sin embargo, con dicho documento no implica un perjuicio personal y directo (interés jurídico) para el quejoso al vulnerar la esfera jurídica de la parte formal del asunto de origen. Pues como se explicó con anterioridad, el interés jurídico que en todo caso pudiera tener el promovente del amparo, consistente en el derecho subjetivo establecido en la ley o reconocido por un órgano jurisdiccional, en este caso, no se colma, pues, en principio, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, los actos reclamados descritos, no se hacen derivar exclusivamente de los tres asuntos, de los que anexa copia de la solicitud de la cita para diversas diligencias, sino que, los aduce como ejemplo de una dilación procesal frecuente derivada de la falta de personal con facultades para llevar a cabo las diligencias que en los juicios se puedan solicitar. En segundo, porque, como quedó establecido, el acto reclamado en el presente asunto no es justamente una dilación procesal en el señalamiento de las fechas para las diligencias en un asunto específico, de donde se pueda advertir claramente que el quejoso es parte dentro de ese procedimiento. Entonces, la parte quejosa no reclama actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sino de autoridades administrativas; atento al reclamo realizado por el quejoso en esta instancia constitucional, se puede advertir que, en todo caso, solicita el amparo ostentando un interés legítimo, pues al efecto se duele de la falta de administración de justicia por parte de las autoridades responsables para realizar los actos necesarios a efecto de contar con un mayor número de personal atento a las necesidades de los gobernados, derivado dicho interés, al afirmar que es abogado litigante y parte actora en algunos asuntos ventilados. Sin embargo, de las constancias que adjunta a su demanda de amparo identificadas como "SOLICITUD DE CITAS PARA DILIGENCIAS DE JUZGADOS MENORES", no se desprende que el quejoso cuente con un derecho difuso establecido, que pueda ser defendido, y con ello ubicarse en una especial situación frente al orden jurídico, porque no le afecta o no le causa un beneficio en su esfera de derechos particular con la aplicación del artículo combatido y materializado en el auto de cuatro de junio actual, sino que únicamente solicitó citas para diversas diligencias dentro de diversos asuntos radicados en juzgados menores. Máxime, que con dichas constancias no se establece con plenitud el carácter que tiene en dichos asuntos. Pues, de la normativa que señala viola la autoridad responsable, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, que dice: Artículo 26. Son facultades y obligaciones del Presidente del Poder Judicial: (.) IV. Administrar el presupuesto del Poder Judicial del Estado; (.) XI. Proponer al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial del Estado" De su contenido, si bien se establece la obligación del Presidente del Poder Judicial del Estado, para administrar y proponer el presupuesto anual para esa institución, con ello, en conjunto con las documentales anexas a la demanda de amparo ya descritas, no se actualiza la existencia de una norma en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, debido a que ésta sólo establece las facultades del presidente del Poder Judicial del Estado, sobre el presupuesto de egresos. No obstante, si bien, la quejosa aduce como derecho trasgredido la de administración de justicia efectiva, de que el destinatario de las normas constitucionales que contemplan tal garantía, son toda la población y no sólo un grupo de ella, por tanto, la alegación con que acude la parte quejosa al juicio de amparo es una afectación social y abstracta, no reducible al interés legítimo; siendo que este tipo de reclamo general y abstracto, si bien existentes, no son aptos para ser dirimidos en sede de control constitucional, pues el principio de división de poderes reserva la solución de este tipo de afectaciones a los canales democráticos, como lo es en este caso particular, el hecho de que el Poder Judicial del Estado de Querétaro, es un órgano autónomo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Sustenta a lo anteriormente expuesto, la tesis 1a. CLXXXVII/2015 (10a.), con registro digital 2009200, de la Primera Sala, Décima Época, página 447, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. LA AFECTACIÓN ALEGADA CON MOTIVO DE LA INDEBIDA INTEGRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, POR AUSENCIA DEL PODER IMPOSITIVO DEL ESTADO, NO LO ACTUALIZA. Es infundado que una persona, en su calidad de contribuyente, tenga interés legítimo para impugnar una ley fiscal que combate en su configuración por no incluir como sujeto pasivo a determinadas personas, a lo que se opone por no gozar de un mejor gasto público. Esta afectación no es privativa de los contribuyentes, como colectividad identificable, en oposición a los no contribuyentes. El sujeto jurídico que resiente los efectos de un deficiente sistema de gasto público y/o de recaudación es todo ciudadano, persona residente en el país o persona sin más, sujeto al Estado mexicano, pues todos son beneficiarios latentes de sus beneficios, por lo que debe concluirse que esa afectación afecta por igual a toda la población y, por tanto, no es reducible a un interés legítimo. Entonces, en el presente asunto, no se acredita el interés legítimo tampoco, que tiene como requisito indispensable para acreditar su titularidad la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del individuo, directa o indirecta. Así, carece de interés legítimo para promover el juicio de amparo el gobernado que pretende únicamente lograr un control de legalidad abstracto sobre un acto, sin lograr un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, de modo que no se advierta que esa impugnación le beneficiará ni demuestra cómo la concesión de amparo lo restituirá en el goce de un derecho violado. Bajo ese orden de ideas, se concluye que en el presente caso, el doliente del amparo no acredita el interés que aduce tener, ya que no se colige un daño en concreto, o al menos inminente que se le cause a él y a los profesionistas del derecho, y en ese sentido deviene patente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que conduce a desechar de plano la demanda intentada, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Cobra cabal aplicación la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 57/2017 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Libro 43, Junio de 2017, página 1078, cuyo rubro y texto disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo - no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia 296, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apéndice de dos mil once, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Tratándose de una demanda de amparo interpuesta en contra de la orden de desalojo o lanzamiento de un inmueble como consecuencia de la sentencia definitiva que ordena su desocupación y entrega, respecto del cual el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y aduce tener su posesión, no procede desecharla por notoriamente improcedente, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico del promovente, toda vez que ello deberá ser materia de prueba durante la secuela procesal del juicio constitucional, pues la sola existencia de dicha orden hace inminente su ejecución, aun cuando se dirija a otra persona; en tal evento y de no existir otra causal de improcedencia evidente del juicio, procede admitir y tramitar la demanda de amparo, ya que de otra forma el promovente quedaría en estado de indefensión, haciéndose nugatorios sus derechos al impedírsele demostrar los dos supuestos que integran el interés jurídico, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad." Pues se estima, que en el presente asunto no está en la hipótesis a que se refiere dicha jurisprudencia, debido a que el acto reclamado no deriva de un acto meramente jurisdiccional que pueda variar durante la secuela procedimental, puesto que el quejoso parte de la premisa de la afectación de un derecho, del cual no acreditó la actualización de interés jurídico ni legítimo. Ahora, es verdad que se encuentra comprobada la existencia de una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, pues el artículo 17 de la Constitución Federal, dispone que toda persona tiene derecho a la impartición de justicia gratuita, pronta y expedita, y que además el Estado tiene la obligación de garantizar el respecto a ese derecho. Sin embargo, el impetrante es omiso en evidenciar en forma concreta cómo la omisión de las autoridades que señala como responsables, le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en la de los integrantes de la sociedad que ejercen la profesión de abogado, se cuarta su derecho de desarrollar su función y tarea, pues en todo caso su pretensión se funda en un interés simple, ya que se insiste, la forma en que el Poder Judicial del Estado, como órgano autónomo, determina el uso de su presupuesto, específicamente en la contratación de su personal, se traduce en un derecho de índole adjetiva, lo que no lo pone en una situación especial específica derivado de la omisión reclamada. Por tanto, el derecho que aduce violado el peticionario de garantías constituye un derecho abstracto, sin que con la consecución del mismo pueda obtenerse un provecho concreto en su esfera jurídica particular. IV. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. V. Atención presencial. En caso de que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VI. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VII. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene refrendando el domicilio procesal el ubicado en .................; y, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado en términos amplios del referido precepto a .................., por no contar con su cedula en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales, y a ..................., por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XIII. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XIII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. otifíquese y personalmente a la parte quejosa
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