Luis Alberto González Nieto
Expediente 690/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Alberto González Nieto
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se provee: con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales que sea de valor o interés para la parte quejosa y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Notifíquese: por oficio ordinario a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad de Naucalpan de Juárez, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 335/2020-III, de su índice, que se formó con la demanda de amparo que promovió Luis Alberto González Nieto, por propio derecho, contra la autoridad y actos que se precisan: Autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación Actos reclamados La orden de traslado ejecutada el treinta de octubre de dos mil diecisiete del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 14, CPS "DURANGO", en Gómez Palacio Durango. Lo anterior, al estimar el homólogo federal que se actualiza el criterio general previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en virtud de que este juzgado ha tenido previo conocimiento del juicio de amparo 1652/2017, promovido por Luis Alberto González Nieto. En consecuencia, este órgano de control constitucional asume el conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Atento a lo anterior, se tienen por convalidadas todas y cada una de las actuaciones. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia. Tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". La causal de improcedencia prevista en esta fracción tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada. Tiende a evitar la promoción de nuevos juicios de amparo planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Se actualiza esta causal cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir al igual que en la fracción X del propio artículo 61 de la ley de la materia los siguientes elementos: Identidad del quejoso. Identidad de las autoridades responsables. Identidad de los actos reclamados. d) Aunque las violaciones constitucionales sean diversas. El principio de cosa juzgada impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Sobre el particular es necesario destacar que este motivo de improcedencia del juicio de amparo se refiere no sólo al fondo de la controversia constitucional, ya que puede aplicarse a causas de improcedencia o sobreseimiento respecto de las cuales, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación. Ello es así, porque aun cuando el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto e idénticas autoridades responsables. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". De igual forma, la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Y la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que prescribe: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". Cabe precisar que mediante escrito de demanda recibida el tres de junio de dos mil veinte, por el secretario autorizado para recibir demandas y promociones urgentes fuera del horario de labores y días inhábiles, del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Luis Alberto González Nieto, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y actos reclamados que a continuación se precisan: Autoridad responsable Comisionado el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. Acto reclamado La orden de traslado ejecutada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Chiconautla", Ecatepec, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO", en Gómez Palacio Durango. En proveído de tres de junio de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo bajo el expediente 431/2020, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, se decretó al quejoso la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado y en esa propia fecha ese juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio y remitió los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el que la radicó con el número de expediente 335/2020-III, de su índice, y lo admitió a trámite. En proveído de dos de octubre de dos mil veinte, lo remitió a este juzgado por considerar que se actualiza el conocimiento previo en virtud de que ante este juzgado se encuentra radicado el expediente 1652/2017, promovido por el propio quejoso y contra la orden de traslado ejecutada de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, en la especie, de la lectura integral del informe rendido por la Directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derecho Humanos, en ausencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, que obra en el expediente 335/2020-III, que remitió el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con el oficio de cuenta, se advierte que los actos reclamados por el quejoso Luis Alberto González Nieto, en ese juicio de amparo, fueron materia de diversa ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1652/2017 del índice de este juzgado. Ello es así, en virtud de que en el juicio de amparo 335/2020-III, (ahora 690/2020) el quejoso en su escrito de demanda señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridad responsable Comisionado el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. Acto reclamado La orden de traslado ejecutada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Chiconautla", Ecatepec, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO", en Gómez Palacio Durango. Ahora bien, en el juicio de amparo 1652/2017, del índice de este juzgado, el quejoso señaló en su escrito de demanda como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables Ordenadora Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. Ejecutora Director del Centro Penitenciario y de reinserción Social del Estado de México. Acto reclamado La orden de traslado decretada en contra del quejoso del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al Centro Federal de Reinserción Social Número Catorce "CPS Durango", ejecutada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el juicio de amparo. A través de exhorto que se giró al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, se le notificó al quejoso la resolución de mérito de forma personal, en el lugar de su reclusión Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce CPS Gómez Palacio, Durango. Resolución que al no haber sido recurrida causó ejecutoria mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. De lo anterior, se puede advertir que el quejoso promovió diverso juicio de amparo en el que reclamó el propio acto, consistente en la orden de traslado ejecutada en su contra el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al Centro Federal de Reinserción Social Número Catorce "CPS Durango" Consideraciones que se sostienen al realizar un análisis de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en el diverso juicio de amparo 1652/2017, promovido por el propio quejoso, en los que se advierte que el acto que el quejoso pretende reclamar en el juicio de amparo en que se actúa, se trata de la misma orden que se ejecutó en su contra el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, donde se autorizó su traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al Centro Federal de Reinserción Social Número Catorce "CPS Durango". Cabe precisar que mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/25202/2017 de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que anexó la autoridad responsable Comisionado el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, a su informe justificado, se autorizó el ingreso del quejoso al Centro Federal de Reinserción Social Número Catorce "CPS Durango." Por tanto, el quejoso materialmente fue trasladado a ese centro de reclusión, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, según se advierte de la boleta de traslado que exhibieron las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado en el diverso juicio de amparo 1652/2017; por lo que se concluye que se trata del mismo acto reclamado. Por lo que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia de mérito, toda vez que los actos reclamados fueron materia de diversa ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1652/2017, del índice de este propio juzgado. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea". De igual forma, en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE OTRO JUICIO DE GARANTIAS. INTRASCENDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALADAS EN UNO Y OTRO: Para que opere la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, hay que atender a la identidad del acto reclamado, de quejoso y de autoridades responsables ordenadoras, siendo irrelevante la diversidad de autoridades ejecutoras señaladas en uno y otro juicio de garantías, porque de no ser así, se llegaría al absurdo de que si se promovieran tantos juicios de amparo como nuevas autoridades responsables ejecutoras se vayan señalando en cada uno de ellos no operaría la improcedencia de la acción." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Domicilio para oír y recibir notificaciones Debido a que de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso se encuentra representado por la Defensora Pública Federal en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Norma Castañeda Rivas, téngase como domicilio del quejoso para oír notificaciones en el local que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública en Naucalpan de Juárez, para que por su conducto se notifique al quejoso de manera personal esta determinación. Exhortación a las partes para seguir la tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, requiérase a las partes para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Oposición de publicación de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa (por conducto de la Defensora Pública Federal en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Norma Castañeda Rivas, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como al homólogo federal.
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