Luis Alberto Gonzalez Montejo

Expediente 798/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
798/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Gonzalez Montejo
  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregándoles, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la totalidad de los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución solo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación con dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta solo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por lo que hace al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, también son susceptibles de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), de la fracción I, del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno original y su duplicado, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Alberto González Montejo, contra los actos reclamados a las responsables precisadas en el resultando primero de esta sentencia definitiva, por las razones expuestas en la tercera de las consideraciones de las misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese

  3. Incidental

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 2518/2021-V-B, promovido por Antonino Almazán Arteaga, en contra del acto que reclama al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Antonino Almazán Arteaga, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional y con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 2518/2021-V-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite 31190004909, presentada el tres de junio de dos mil diecinueve, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 700, del Ejido de Progreso, del municipio de Progreso, del Estado de Yucatán; así como la expedición y puesta a disposición del título correspondiente. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional y con sede en la Ciudad de México, pues aunque lo negaron al rendir su informe justificado, hicieron manifestaciones que evidencian su existencia; lo que se corrobora en el contenido de los mismos. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (tres de junio de dos mil diecinueve), a la fecha en que se promovió la demanda (veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno), ya habían transcurrido más de dos años y seis meses, ello significa que ha excedido en exceso el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que se pronuncie en relación a la solicitud 31190004909, relativa a la expedición y puesta a disposición del título de propiedad correspondiente a la parcela 700, del Ejido de Progreso, del municipio de Progreso, del Estado de Yucatán. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, en su informe justificado, de donde se desprende que el día quince de abril de dos mil veintiuno le recayó calificación positiva a la solicitud número 31190004909, y la cual se encuentra en proceso para la liberación de la clave para su debida inscripción. En virtud de que, si bien las autoridades responsables ya emitieron la calificación positiva correspondiente, lo cierto es que a la presente fecha no han concluido con el trámite correspondiente a la solicitud 31190004909, pues el Director en Jefe no ha autorizado la liberación de la clave del sistema informático y, por ende, la Dirección General de Registro y Control Documental no ha realizado la inscripción respectiva, así como la expedición y puesta a disposición del título de propiedad en cuestión por parte de la Delegación Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, lo que evidencia la violación al artículo 17 Constitucional. Por tanto, toda vez que de autos se advierte que hasta el momento en que se resuelve las autoridades responsables aún no ha dado cabal trámite a la solicitud materia de la litis, por tanto, el acto reclamado resulta violatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, por lo que se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato concluyan el procedimiento correspondiente a la solicitud de mérito. Así como para que, en breve término, sea puesto a disposición el título de propiedad respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de las responsables dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Antonino Almazán Arteaga, en contra del acto que reclamó al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional y con sede en la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito presentado por ********************, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa. En virtud de lo manifestado en su ocurso de cuenta y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no ha lugar de acordar favorable a solicitado en relación con que se remitan en este momento las constancias al Tribunal Colegiado correspondiente para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Lo anterior, dado que aún no obra en autos el acuse del oficio 20332/2021, dirigido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional de la Ciudad de México; misiva relativa a la notificación de la sentencia dictada en este asunto. Sin embargo en cuanto se cuente con el acuse de la referida misiva, se ordenará lo conducente en relación con la remisión del asunto a la Superioridad a efecto de la sustanciación del recurso de revisión aludido; precisando a la ocursante que este órgano jurisdiccional ha estado realizando las gestiones correspondientes a fin de que el presente asunto quede debidamente integrado para su remisión al Tribunal Colegiado que corresponda. Por otra parte, con el diverso ocurso de cuenta, se tiene a la quejosa Míryan Santiago Martínez, solicitando copia de la constancia que señala; en atención a su petición, expídasele a su costa la copia de la constancia que solicita, y entréguesele por el conducto que designa. Sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 37/2020, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Dependiendo de la cantidad de copias que requiera, para la obtención de las mismas, deberá hacerse en diversos momentos, es decir, podrá generar una primera cita con relación a este expediente, a partir de las once horas, -horario de apertura del módulo de fotocopiado que se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial Federal en esta entidad- y hasta las catorce horas, tomando en consideración el horario de labores presenciales de este juzgado; precisando el motivo de la misma, obteniendo el código QR relativo, a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 37/2020. Cita en la que acudirá al recinto judicial a iniciar el trámite relativo a la expedición de copias, dentro del cual, la logística establecida implica que una persona de este órgano -con resguardo del expediente- lo acompañará al módulo de fotocopiado que se encuentra dentro del edificio, -lugar únicamente autorizado para tal efecto-, a fin de que el promovente gestione lo relativo a la reproducción de las copias, como lo es el costo de la reproducción. En el entendido que, las citas tienen una duración de veinticinco minutos, y por tal circunstancia, probablemente no se obtengan en ese momento las copias pretendidas, por lo que tendrá que agendar una segunda cita, o las que sean necesarias, a fin de que se logre la totalidad de las mismas. Así, ya que se culmine con la fase de obtención íntegra de las copias, tendrá que procederse a su cotejo; por tanto, a fin de dar oportunidad a ello, previa promoción del interesado, en cuanto a que se ha obtenido la totalidad de las copias solicitadas, este Juzgado procederá a agendar una última cita al promovente para que en el día y hora que le sean señalados, acuda a recoger las copias, acto del cual se deberá levantar constancia de entrega y recepción. A efecto de estar en coordinación para lo anterior, el ocursante deberá proporcionar un número de telefonía móvil o un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, en su caso. Notifíquese y cúmplase.

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