Luis Alberto Gómez Santos y Otros.
Expediente 6/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Alberto Gómez Santos y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que los quejosos no impugnaron el proveído de siete de enero de dos mil dieciséis (fojas 31 a 35), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio OCC/C13/JDM/02/2016, signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común "B" de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio 0007, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y anexos, consistentes en el original de la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Gómez Santos y Julio César Tolentino Martínez, contra actos del Titular de ese Juzgado de Distrito, y cuatro copias de la misma. Ahora, téngase por recibido el citado oficio 0007, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de dieciocho del mes actual, dictado en el juicio de amparo 641/2015, el aludido Secretario del Juzgado declinante remite la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Gómez Santos y Julio César Tolentino Martínez, contra actos del Titular de ese Juzgado de Distrito, y cuatro copias de la misma, por haber declarado ese órgano jurisdiccional carecer de competencia legal para conocer de la referida demanda, por haber sido señalado como autoridad responsable, declinándola a favor de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Acúsese el recibo correspondiente. Por las razones y fundamentos que tomó en consideración el Juez declinante, mismos argumentos que hace suyos este juzgador, por compartirlos sustancialmente, y con apoyo en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de que se trata; por consiguiente, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 6/2016. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Con esa base, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama el auto de veintidós de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 18/2015, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, por el que se negó el cierre de la instrucción en dicho procedimiento penal, hasta en tanto se recabe la copia certificada de la sentencia dictada en la causa penal 252/2012, del índice del Juzgado de Garantía en Materia Penal, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, instruido a Julio César Tolentino Martínez, por el delito de robo y abuso sexual, del auto en la que se declaró ejecutoriada o bien de la resolución emitida en segunda instancia, de la declaración preparatoria rendida por el citado quejoso, de la ficha signalética, así como de la constancia que sustente que la pena impuesta fue compurgada o del proveído que se haya decretado el sobreseimiento de la misma. Así, para determinar si el juicio de amparo es procedente o no, hay que acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Los primeros preceptos.interpretados en sentido contrario, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En ese sentido, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que los quejosos señalaron como acto reclamado, el auto de veintidós de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 18/2015, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, por el que se negó el cierre de la instrucción en dicho procedimiento penal, hasta en tanto se recabe la copia certificada de la sentencia dictada en la causa penal 252/2012, del índice del Juzgado de Garantía en Materia Penal, con residencia en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, instruido a Julio César Tolentino Martínez, por el delito de robo y abuso sexual, del auto en la que se declaró ejecutoriada o bien de la resolución emitida en segunda instancia, de la declaración preparatoria rendida por el citado quejoso, de la ficha signalética, así como de la constancia que sustente que la pena impuesta fue compurgada o del proveído que se haya decretado el sobreseimiento de la misma; proveído que indefectiblemente no depara un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa para los efectos del juicio de amparo, sino que, en su caso, sólo constituye una violación intraprocesal que afecta sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar en la causa penal respectiva, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación y, en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar los actos que aquí reclama, en caso de trascender al resultado del fallo, de conformidad con los artículos 170, fracción I , y 174 de la Ley de Amparo. En efecto, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos); por tanto, no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, pues la sentencia que se emita en los autos del juicio natural, incluso le puede resultar favorable en ese sentido y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse contra dicha resolución a través de los medios de impugnación que la ley le otorga. . Sin que pase desapercibido, el hecho de que los aquí quejosos se encuentran recluidos en el Centro de Internamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, lo que de modo alguno pudiera dar al acto reclamado la connotación de imposible reparación; sin embargo, los aquí quejosos se encuentran privados de su libertad con motivo del auto de formal prisión que se les dictó en el juicio de origen y no como consecuencia del acto reclamado, consistente en el auto de veintidós de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 18/2015, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de los quejosos para recibir acuerdos y notificaciones personales, el que señalan en su demanda de amparo, y por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Rosalino Martínez Hernández, en la medida que el acto reclamado deriva de un asunto de naturaleza penal, en cuya materia el aludido precepto legal, no exige que los autorizados con las facultades amplias que otorga, acrediten estar facultados para ejercer la profesión de abogado.
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