Luis Alberto Gómez Nolasco
Expediente 1088/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Alberto Gómez Nolasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firme los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1088/2021, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el veinte de octubre de dos mil veintiuno, recibido en este Juzgado Federal por razón de turno, Luis Alberto Gómez Nolasco solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y, por el acto que se precisa a continuación: ".III.- ES AUTORIDAD RESPONSABLE: Los CC. Miembros de la Junta Especial numero dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, [.] IV.- ES ACTO RECLAMADO: La omisión de cumplir con la obligación por parte de la Junta especial numero Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de emitir formalmente el auto de inicio correspondiente dentro del expediente laboral número 306/2021(2)bis y además velar porque el contenido de ese auto de inicio se cumpla cavalmente (sic), respecto de la demanda inicial del suscrito, de fecha 24 de marzo Del año dos mil veintiuno, presente ante oficialía de partes de la Secretaria General de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado demanda laboral, presentada A traves de la oficialía de partes de la Secretaria General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca el día 26 de marzo del año 2021, a las once horas con cuarenta y ocho minutos, mediante la cual demando diversas prestaciones, Cuando la obligación de la Aquo, es emitir dicho auto de inicio dentro de los primero quince días a la fecha de presentación ya la fecha ya transcurrieron mas de cinco meses. Como SEGUNDO ACTOR RECLAMADO en consecuencia al anterior acto reclamo: El incumplimiento y omisión por parte de la junta responsable de cumplir los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo en vigor, ya que a la fecha no está respetando dichos los plazos y términos, y tampoco ha cumplido en velar por que cumpla el actuario adjunto a esa H. Junta, en las respectivas notificaciones, y con ello afecta al suscrito y esta vulnerando a los artículos 8 y 17 constitucional, al dilatar el procedimiento legal." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 1088/2021, y se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal el día de hoy (dieciocho de enero de dos mil veintiuno), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse de un acto atribuido a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama de la autoridad responsable: La omisión por parte de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, de emitir pronunciamiento respecto de la demanda presentada por la parte queja el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, así como ordenar emplazar a la allá parte demandada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Certeza de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causal de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En este contexto, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado; además, realizó manifestaciones de las que se desprende su certeza. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la autoridad responsable, constancias que tienen valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de oficio, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia relativa a que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado. Cierto, de lo manifestado por la autoridad responsable y de las constancias que acompañó a su informe justificado, se advierte que surge a la vida jurídica, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" En principio, previo al estudio de la citada causa de improcedencia, se estima oportuno precisar que el acto reclamado en esta sede constitucional, consiste en la omisión por parte de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, de emitir pronunciamiento respecto de la demanda presentada por la parte queja el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, así como ordenar emplazar a la allá parte demandada. Ahora bien, respecto a la citada causa de improcedencia, debe decirse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, sirve de apoyo la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 210, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Una vez precisado lo anterior, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes: El acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir esencialmente en la omisión por parte de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, de emitir pronunciamiento respecto de la demanda presentada por la parte queja el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, así como ordenar emplazar a la allá parte demandada. Luego, la mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón a que, de las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado de cuenta, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2º, así como de las que obran en el presente asunto se advierte lo siguiente: Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda presentada por la aquí parte quejosa el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la cual quedó registrada bajo el número 306/2021, del índice de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, señaló las diez horas del nueve de agosto de dos mil veintiuno, para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, ordenó emplazar a la parte demandada; El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se levantó una certificación en la que se asentó que no pudo llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para las diez horas del nueve de agosto de dos mil veintiuno, en atención a la suspensión de actividades en virtud de la situación sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 (Covid-19); En proveído de esa misma fecha, señaló las diez horas del nueve de agosto de dos mil veintiuno, para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, nuevamente ordenó emplazar a la parte demandada; Luego, mediante proveídos de veinticuatro de noviembre, catorce de diciembre, ambos de dos mil veintiuno y doce de enero del año en curso, se dio vista la parte quejosa con el informe rendido y con las constancias señaladas en los puntos que antecede, sin que haya realizado manifestación alguna. En esas circunstancias, se tiene que al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, dictar el auto de admisión dentro del juicio laboral 306/2021, del índice de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje, y ordenar emplazar a la parte allá demandada, se considera que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el efecto que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo expuesto, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Al resultar improcedente el juicio de amparo y ante el sobreseimiento decretado, por cuestión prioritaria, acorde con la técnica que rige dicho juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época de título siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que pase inadvertido que en el presente asunto a la presente data, no obre constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada, pues como se estableció el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, no actualiza alguna hipótesis de las establecidas en el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, pues al tratarse lo reclamado de una omisión, se estima que el cúmulo de partes se encuentran interesadas en que se resuelva la litis; justamente este es el tópico que a consideración de este órgano jurisdiccional, no causa agravio a persona alguna, pues como se dijo, existe un interés común en que se resuelva el citado juicio; aunado a que, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Alberto Gómez Nolasco, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial número dos bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, remite copias certificadas de los acuerdos de doce de mayo y doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos en el juicio laboral 466/2021 (2) Bis de su índice. En atención a su contenido, se tiene al oficiante cumpliendo el requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no podrá llevarse a cabo, ya que a la fecha la autoridad responsable Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no remitió las constancias solicitadas; aunado a que se encuentra gozando de su periodo vacacional que comprende del dieciséis de diciembre de este año al tres de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las TRECE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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