Luis Alberto Garcia Zarate
Expediente 2017/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2017/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Alberto Garcia Zarate
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa LUIS ALBERTO GARCIA ZARATE, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes.********************En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido.********************Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente.********************Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.********************Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo recibida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) enviada por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, quien se ostenta como apoderado legal de la quejosa Luis Alberto García Zárate, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de Estado, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; fórmese expediente y regístrese bajo el número 2017/2022. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar ante todo, la procedencia del presente juicio de amparo, el cual faculta al Juez de Distrito a determinar si da trámite a las demandas de amparo recibidas, o bien, desecharlas siempre y cuando advierta una causal de improcedencia que sea manifiesta e indudable. Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Ahora, a efecto de tener claro cuál es el acto reclamado, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio consistente en que, con el objeto de lograr una determinación clara y precisa del acto reclamado, debe acudirse a la lectura íntegra del escrito de demanda, relegar los conceptos de violación, así como prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan acerca de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, así como de la constancia que se acompañó a la misma, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia debe ceñirse a lo siguiente: El dejar de dictar las medidas necesarias a fin de que el quejoso sea materialmente reinstalado en su trabajo en los términos del laudo de fecha 9 de septiembre de 2021; lo anterior derivado del juicio laboral burocrático 395/E/2018. Una vez puntualizado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con los diversos 192, 193 y 217, todos de la Ley de Amparo; los cuales a continuación se transcriben para una mejor comprensión: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". Ello, como a continuación se demostrará, el acto aquí impugnado por la quejosa si bien lo tratan de verter como la omisión de reinstalar al actor en la fuente de empleo, lo anterior dentro del expediente laboral 395/E/2018, lo cierto es que tiene como objetivo común logar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado de Distrito, al resolver el amparo indirecto 1356/2022, promovido por el mismo impetrante, en el cual se le otorgó a los impetrante el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En efecto, es un hecho notorio para este juzgador la existencia del juicio de amparo 1356/2022, promovido por la citada quejosa, a través de Joel Vicente Flores Sarno, del que se advierte reclamaron: "ACTO RECLAMADO: El dejar de materializar la reinstalación de del actor en los términos del laudo de fecha 9 de septiembre de 2021; lo anterior derivado del juicio burocrático 395/E/2018. Como puede verse, los actos reclamados en el amparo 1356/2012, fueron encaminados a lograr el cumplimiento total del laudo emitido dentro del expediente laboral 395/E/2018, del índice de la autoridad responsable. Objetivo que logró, pues mediante resolución constitucional de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 1356/2022, se concedió a los impetrantes el amparo y protección, para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con asiento en esta localidad: ".De inmediato lleve a cabo la notificación del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que ordenó llevar a cabo la diligencia de reinstalación de la parte actora a su centro de trabajo, en el expediente laboral 395/E/2018. ( En caso de que no se lleve a cabo la diligencia de reinstalación en el día que fijó para ello (doce horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós) dicte un nuevo acuerdo en el que ordene efectuar tal diligencia o fije nueva fecha, así como lleve a cabo la notificación del mismo, respetando los plazos previstos en la Ley Burocrática, a fin de lograr se ejecute la diligencia de reinstalación." Dicha resolución causó ejecutoria el catorce de noviembre de dos mil veintidós y se procedió a requerir su cumplimiento, de conformidad con el artículo 192, de la Ley de Amparo. El citado juicio de amparo 1356/2022, actualmente se encuentra en etapa de ejecución de cumplimiento, y el objetivo de éste, como ya se vio, es que la autoridad responsable de inmediato lleve a cabo la notificación del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el que ordenó llevar a cabo la diligencia de reinstalación de la parte actora a su centro de trabajo, dentro del expediente laboral 395/E/2018. Luego, si la parte medular de la pretensión de los quejosos es que a través de este juicio de amparo el Presidente del Tribunal responsable logre la reinstalación del actor, resulta es inconcuso que se busca lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este juzgado al resolver el juicio de amparo indirecto 1356/2022. Siendo así, la parte quejosa debe ajustarse al procedimiento que para ese fin establece la Ley de Amparo en los artículos 192 y 193, y que además se plasmaron en la jurisprudencia P.J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." La cual resulta obligatoria en términos del artículo 217 del ordenamiento legal en cita. Por ende, las omisiones o retardos en que incurra la responsable para cumplir una ejecutoria de amparo, no son reclamables en la misma vía, sino que debe observarse lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de Constitucionales, gestionando lo que en derecho corresponda dentro del expediente correspondiente. En esas condiciones, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 192, 193 y 217, todos de la Ley de Amparo; siendo así, se desecha la presente demanda de amparo dada su notoria e indudable improcedencia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Por otro lado, toda vez que Joel Vicente Flores Sarno, quien se ostenta como apoderado legal de la directamente quejosa, proporciona el nombre de usuario: "Joellegal2020"; correo floressarno@hotmail.com; teléfono fijo de oficina 134-19-27 y whatsApp 834 3086271 (para efectos de comunicación). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso, al Licenciado Joel Vicente Flores Sarno, con nombre de usuario ''Joellegal2020'' para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso, notificaciones en forma electrónica; lo anterior, también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario que proporciona, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y, atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Finalmente, obténgase copias del escrito de la demanda de amparo, de la sentencia y auto que la declaro ejecutoriada que obran dentro del juicio de ampro número 1356/2022, para ser agregadas a este expediente, como hecho notorio, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de Dos Mil Siete, Página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". Notifíquese.
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