Luis Alberto García Vega

Expediente 1254/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1254/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto García Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno en el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Destrucción juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda con que se formó este expediente y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, cumple con la prevención realizada el uno de diciembre de dos mil veintiuno y En consecuencia, se tiene a la parte quejosa, aclarando su demanda de amparo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia señaladas, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Agréguese el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, cumple con la prevención realizada el uno de diciembre de dos mil veintiuno y En consecuencia, se tiene a la parte quejosa, aclarando su demanda de amparo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia señaladas, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación con que se da cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestaciones respecto de la vista que se le mandó dar en el acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso y que el tercero interesado sí realizó manifestaciones; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Sentencia. En sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en el juicio de amparo en que se actúa, para los siguientes efectos: "[.]I. Tomando en consideración que la interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el expediente 886/2019, índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar, en esta ciudad, autoridad sustituida por el Juez Mixto de Primera Instancia en Santa María del Río, San Luis Potosí, bajo el consecutivo 588/2020, la responsable determinó establecer un régimen de convivencia no asistido -presencial- entre los menores quejosos D.P.G.U. y S.S.G.U., con su padre no custodio conforme a los días y horas propuestos; en consecuencia, con libertad de jurisdicción, atendiendo al interés superior de los menores, el Juez responsable de manera fundada y motivada, deberá sin suspender el régimen la convivencia del padre con sus hijos, realizar un pronunciamiento especial sobre los lineamientos y mecanismos de protección que deben establecerse en el caso de que los menores quejosos salgan de su domicilio y tengan contacto con la familia del progenitor no custodio, ante la actual situación que prevalece en el país por el virus SARS-COV2 en cualquier modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades de los infantes involucrados que se adviertan de los datos que obren el juicio de origen. II. En el entendido, que si la responsable considera que existe algún dato que objetivamente le haga estimar que se pueda poner en riesgo a los menores de llevarse a cabo la convivencia presencial con su padre, de considerarlo necesario, pero en forma fundada y motivada, podrá dejar sin efectos el régimen de convivencia ya establecido, y acordar lo que en derecho corresponda atendiendo al interés superior de los infantes involucrados. En cuyo caso, se insiste, queda expedida su jurisdicción para implementar otro mecanismo para efectuar las convivencias de los menores con su progenitor, que podrá ser mediante el uso de tecnologías de la información (por llamada telefónica en conferencia, video llamada, whatsapp, webex, zoom, o cualquier otra), así como las medidas necesarias para corroborar que se verifiquen, como podría ser su participación inicial en la conferencia para corroborar que la madre hiciera el enlace y posteriormente otorgarles privacidad. [.]" Ejecutoria y requerimiento. Dicha determinación causó ejecutoria el veintiséis de julio de este año, por lo que en esa misma fecha se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Cumplimiento. Luego de diversos requerimientos a la autoridad responsable, el Juez Segundo Familiar en el Estado remitió copia certificada de la resolución de once de noviembre de este año, dictada en el expediente 693/2020 de su índice por la cual estableció el régimen de convivencias que debe llevarse a cabo entre los menores de edad con iniciales D.P.G.U. y S.S.G.U. con su progenitor, con los lineamientos y mecanismos de protección necesarios, es decir que antes, durante y después de las convivencias que se lleven a cabo de manera presencial quedan obligados a observar las medidas básicas de prevención de contagio de COVID-19 emitidas por las autoridades sanitarias y de salud públicas para disminuir el riesgo de contagio. Vista. En el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con las constancias mencionadas en el párrafo que antecede. Consideraciones materia de cumplimiento. El derecho a que los menores de edad convivan con sus progenitores, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores y, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres, siempre que no exista algún factor grave que ponga en riesgo su seguridad o adecuado desarrollo. En efecto, el derecho de convivencia se justifica porque mediante él, los menores de edad menores D.P.G.U. y S.S.G.U., generaran lazos afectivos con el progenitor no custodio, lo cual es importante para su desarrollo emocional, por ende, se debe dar con regularidad y sólo puede restringirse o suspenderse cuando así lo demande el interés superior del menor. Ciertamente, no es dable pasar por alto que la determinación del interés superior del niño, en casos de guarda y custodia, debe realizarse a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y desarrollo del niño, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios; por ende, no es admisible las especulaciones, presunciones, estereotipos ni consideraciones generalizadas sobre características personales del padre o de la madre. Para ello, la autoridad responsable deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de la menor y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los niños. En cualquier modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades de los infantes involucrados que se adviertan de los datos que obren el juicio de origen, mediante el pronunciamiento especial sobre lineamientos y mecanismos de protección, ante la actual situación que prevalece en el país por el virus SARS-CoV2, que ha generado la enfermedad que se dio el nombre de COVID-19. Por cumplida. De la resolución que remitió el Juez Segundo Familiar de esta ciudad, se aprecia que cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, ya que la responsable estableció el régimen de convivencias que debe llevarse a cabo entre los menores de edad con iniciales D.P.G.U. y S.S.G.U. con su progenitor, con los lineamientos y mecanismos de protección necesarios para disminuir el riesgo de contagio al obligarlos a que antes, durante y después de las convivencias deberán observar las medidas básicas de prevención de contagio de COVID-19 emitidas por las autoridades sanitarias. Además, decreto régimen de convivencias provisionales, por el plazo de dos meses y, en protección a la integridad física y psicológica de los infantes involucrados determinó que estás se llevarían a cabo de manera supervisada y en un lugar neutral, ello con la finalidad de que el Juez de origen responsable a través de la trabajadora social adscrita percibiera, sí efectivamente, existe o no resistencia por parte delos menores D.P.G.U. y S.S.G.U., u alguno de ellos para convivir por el progenitor no custodio antes o durante la convivencia. Para en su caso, ponderar si es necesario que los infantes se sometieran nuevamente a una valoración psicológica o sean escuchados ante el órgano jurisdiccional responsable, con el fin de evitar una revictimización o una práctica desconsiderada de tales pruebas. Luego, decretó que el régimen de convivencia entre los infantes y el padre de estos Daniel Alejandro Gómez Robles, se llevaría a cabo en las instalaciones del Centro de convivencias familiares ubicado en avenida Luis Donaldo Colosio, 305, Colonia ISSSTE de esta ciudad, los jueves de cada semana en un horario de las 10:00 diez a las 12:00 doce horas mismas que iniciarían el jueves dieciocho de noviembre del presente año. Además determinó que durante el periodo comprendido del veinte de diciembre de dos mil veintiuno al tres de enero de dos mil veintidós, con motivo del segundo periodo vacacional que gozara la autoridad responsable, las convivencias se efectuarían en la modalidad de distancia a través de los medios de comunicación disponibles y a los que pudieran tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas u otros similares, los martes, jueves y sábados de cada semana de las 17:00 diecisiete a las 18:00 dieciocho horas, a fin de que puedan tener comunicación continua los menores con su progenitor. Finalmente estableció la responsable que una vez que transcurran los dos meses de convivencia provisionales establecidos y, atendiendo al resultado del informe que al efecto emitiera la trabajadora social adscrita con relación a la manera en que se desarrolle, la forma en que se lleve a cabo la adaptación de los menores con su padre, la respuesta de los infantes con aquél y en general, cualquier circunstancia relacionada con la forma en que los progenitores faciliten dicho proceso de adaptación, se dará vista a las partes, a la ministerio público y al tutor de los menores con su contenido. Por consiguiente, en caso de que no se advierta ninguna circunstancia que pudiera poner en riesgo la integridad física o psicológica de los infantes, las convivencias se retomarían conforme al régimen establecido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, es decir, bajo el esquema de recoger y entregar a los menores D.P.G.U. y S.S.G.U., en su domicilio. Manifestaciones. El tercero interesado mediante escrito recibido en este Juzgado el veinticuatro de noviembre de este año, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en el que expone, en esencia, que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo porque la responsable dejo sin efectos el régimen de convivencia ya establecido. Al respecto, dígase al tercero interesado que en la resolución de once de noviembre de este año, dictada en el expediente 693/2020, la responsable sin suspender el régimen la convivencia, con libertad de jurisdicción, atendiendo al interés superior de los menores, realizó pronunciamiento especial sobre los lineamientos y mecanismos de protección que deben establecerse y, a las necesidades de los infantes involucrados que advirtió de los datos que obran el juicio de origen. En ese sentido, estableció el régimen de convivencias provisional que debe llevarse a cabo entre los menores de edad con iniciales D.P.G.U. y S.S.G.U. con su progenitor, aquí tercero interesado, estableciendo los lineamientos y mecanismos de protección necesarios para disminuir el riesgo de contagio. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que dicha determinación se ha cumplido, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Devuelve anexo. Devuélvase al Juez Segundo Familiar de esta ciudad, las copias certificadas que presentó en este asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las restantes partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

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