Luis Alberto García Ahumada
Expediente 299/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2018
Partes del expediente
- Luis Alberto García Ahumada
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto de desechamiento y se ordena remitir al archivo como asunto concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Desechamiento Esta juzgadora estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, en concomitancia con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los preceptos 61, fracción XII, en concomitancia con el artículo 5, fracción I, de la normatividad de garantías, de cuyo contexto se obtiene, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de garantías contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso, teniendo este carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tercera Sala en la tesis jurisprudencial del rubro: "LEGITIMACION, ESTUDIO OFICIOSO DE LA"; de la Primera Sala en las diversas tesis jurisprudenciales 1a./J. 38/, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE"; y, 1a./J. 168/2007, del epígrafe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS"; de la Segunda Sala 2a. LXXX/2013, de título: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"; relacionadas con la diversa tesis jurisprudencial CXXXV/2004, de la propia Primera Sala, con el rótulo: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"; ha establecido: 1) Que el juicio de amparo indirecto se sigue siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. 2) Que atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. 3) Que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. También sirve de sustento jurídico el contenido de los artículos 141, 211, fracción I, inciso a) y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se obtiene que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud de éste podrá ordenar la aprehensión contra dicho imputado; de igual forma, se colige que el procedimiento penal comprende, entre otras, la etapa de investigación inicial la cual comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; etapa en la cual el imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios para su defensa ante el juez de control. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque el acto reclamado consistente en lo actuado en la carpeta de investigación TOL/TOL/VIP/057/130663/16/12, que se traduce en la integración de la misma, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual, y de Género, en Metepec, Estado de México, iniciada por el delito de incumplimiento de pensiones alimentarias, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso de manera directa. Es así, en razón de que este acto no afecta algún derecho subjetivo, tampoco el interés legítimo del gobernado, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual, ni directa ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, porque en términos de los artículos 21, párrafo cuarto, constitucional; 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial (o carpeta de investigación), tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Por ello, el inicio y trámite de la investigación a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional, porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en que el fiscal formula la imputación ante el juez de control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Máxime, que de los hechos que narra el aquí quejoso, bajo protesta de decir verdad, señala que existe una orden de aprehensión vigente emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. En ese orden de ideas, se considera que la parte de la investigación inicial, en la fase de integración del ejercicio de la acción penal, que corresponde al Ministerio Público investigador concluyó al momento de que judicializó su investigación y le fue otorgada una orden de aprehensión según los datos que señaló el quejoso bajo protesta de decir verdad; de ahí que declarar la procedencia del juicio de amparo que intenta, trae como consecuencia necesaria entorpecer injustificadamente la potestad-deber conferida en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que se actualice la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, constitucional y 5, fracción I, de la legislación reglamentaria citada, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso. Finalmente, cabe acotar que lo que realmente afecta al hoy quejoso es la orden de aprehensión, que aduce bajo protesta de decir verdad, existe en su contra, la cual del oficio de cuenta se advierte que es combatida a través de un diverso juicio de amparo. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo.
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