Luis Alberto Gamboa Esma

Expediente 1232/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1232/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Gamboa Esma

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso **************, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés; formándose por tal motivo el toca 305/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida por ******, contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1232/2023-II. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama de la responsable, lo siguiente: La resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 787/2020, por medio de la cual se determinó no procedente reconocerle al aquí quejoso el carácter de representante legal de la moral Centro de Cultura Nuestra América Asociación Civil. Desechamiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo por existir motivos indudables y manifiestos de improcedencia. En el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por el 107, fracción, V de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. Como supuesto de procedencia del amparo indirecto, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución política de los estados unidos mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; (.)." De la literalidad de dicho artículo se obtiene, que el legislador determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador terminó con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues estableció, una regla de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. De esta manera, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo reconocido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, como se precisó, en este asunto se pretende reclamar una resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 787/2020, por medio de la cual se determinó no procedente reconocerle al aquí quejoso el carácter de representante legal de la moral Centro de Cultura Nuestra América Asociación Civil; por tanto, en virtud de que el acto reclamado de manera destacada, no afecta materialmente derechos sustantivos, es que se estima que se presenta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En estas condiciones, y al no ser los actos reclamados de aquellos previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser estos de aquéllos que no afectan de manera inmediata los derechos fundamentales consagrado en la Constitución, el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Es así porque, se advierte que es un acto de naturaleza procesal que tiene como efecto directo e inmediato el desenvolvimiento del proceso, por lo que la única consecuencia que genera que éste no sea analizado a través del juicio de amparo indirecto, es que se continúe con la secuela procesal del juicio de origen hasta que se dicte una sentencia definitiva y ésta, en su caso, podrá ser impugnada a través del amparo directo, en el que podrán hacerse valer las violaciones procesales o adjetivas que se hubieren cometido en el desarrollo del proceso, por lo que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama En ese contexto, se puede determinar que el acto reclamado no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o algún Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea parte y, por ende, no puede considerarse que dicho acto tenga la naturaleza de ser irreparable. Además, al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporciona el debido acceso a la justicia, el cual, como ya se dijo, en su caso, puede llegar a ser analizado y restituido a través del juicio de amparo directo que se llegue a promover en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, pues se insiste, la determinación reclamada, trae como consecuencia que continúe la tramitación del juicio, lo cual no puede ser considerado como un acto de ejecución irreparable. Apoya a la anterior determinación, en lo conducente y por analogía, la tesis jurisprudencial VII.2o.T. J/52 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De una interpretación extensiva de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", se advierte el supuesto de improcedencia del amparo indirecto promovido contra la resolución que desconoce la personalidad que ostenta en juicio el apoderado o representante del demandado, bien sea con motivo de la declaración de procedencia de la excepción o incidencia propuesta por su contraparte actora o, en su caso, por un pronunciamiento oficioso de la Junta, pues si bien la consecuencia de tal declaratoria conlleva tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer y desahogar pruebas, en virtud de que la sanción procesal de trato (desconocimiento de la personalidad del compareciente) le impedirá mantener una participación activa dentro del juicio, en tanto que sólo podrá imponerse de los autos sin poder desplegar defensa alguna, lo cierto es que ello no da pauta en automático a obtener un laudo adverso a sus intereses, ya que la Junta debe analizar la procedencia de la acción, con independencia de lo alegado o probado por la demandada en el juicio. De manera que si sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del amparo indirecto, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable." En esas condiciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovido por Luis Alberto Gamboa Esma, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la referida causal de improcedencia. Domicilio y autorizados. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo y como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Carlos Moguel Escalante, en virtud de que acredito el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del citado precepto legal a ********************. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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