Luis Alberto Galindo Barrios

Expediente 480/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Galindo Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. En tales condiciones, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto que sobreseyó en el juicio; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. agréguese a los autos con conocimiento de las partes, el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Luis Alberto Galindo Barrios, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito que presentó el treinta de enero de dos mil veinte. De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla en su informe de ley, aceptó la existencia del acto que se le reclama, pero aclaró que mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, se acordó el escrito que Luis Alberto Galindo Barrios, presentó el treinta de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral D-19/2016, para lo cual proporcionó los datos requeridos en el inciso a) y expidió las copias certificadas que solicitó en los incisos b) y c), y para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias conducentes, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada no existía en la forma planteada por el solicitante de amparo. Cierto, entre las referidas constancias obra copia del proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, a través del cual el tribunal responsable acordó el escrito que el aquí quejoso le presentó el treinta de enero de dos mil veinte. Luego, es inconcuso que al momento en que se presentó la demanda que dio origen al presente sumario, a saber, diecisiete de marzo de dos mil veinte, la omisión reclamada no existía; en virtud de que, como ya se expuso, del informe de ley de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, se advierte que el cuatro de febrero de dos mil veinte, se pronunció respecto al escrito que el impetrante presentó el treinta de enero de dos mil vente, dentro del expediente laboral D-19/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla por ser inexistente. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con quince minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. agréguese a los autos con conocimiento de las partes, el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Luis Alberto Galindo Barrios, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, consistente en la omisión de acordar el escrito que presentó el treinta de enero de dos mil veinte. De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla en su informe de ley, aceptó la existencia del acto que se le reclama, pero aclaró que mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, se acordó el escrito que Luis Alberto Galindo Barrios, presentó el treinta de enero de dos mil veinte, dentro del expediente laboral D-19/2016, para lo cual proporcionó los datos requeridos en el inciso a) y expidió las copias certificadas que solicitó en los incisos b) y c), y para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de las constancias conducentes, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada no existía en la forma planteada por el solicitante de amparo. Cierto, entre las referidas constancias obra copia del proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, a través del cual el tribunal responsable acordó el escrito que el aquí quejoso le presentó el treinta de enero de dos mil veinte. Luego, es inconcuso que al momento en que se presentó la demanda que dio origen al presente sumario, a saber, diecisiete de marzo de dos mil veinte, la omisión reclamada no existía; en virtud de que, como ya se expuso, del informe de ley de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, se advierte que el cuatro de febrero de dos mil veinte, se pronunció respecto al escrito que el impetrante presentó el treinta de enero de dos mil vente, dentro del expediente laboral D-19/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla por ser inexistente. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con quince minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA

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