Luis Alberto Fernández Pedroza
Expediente 744/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Alberto Fernández Pedroza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que se desechó de plano la demanda de amparo intentada, sin que haya realizado manifestación al respecto. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a, y 98 de la Ley de Amparo, en correlación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al artículo 20, fracción II del aludido acuerdo general, el presente expediente es destruible dentro del plazo de tres años -contado a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Entretanto, resguárdese en el "Archivo de Trámite" de este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por *********, por propio derecho, en contra de actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nación del Agua de esta ciudad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 16 y 17 constitucionales.. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el registro número 744/2023-5. En principio, es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a combatir lo que, preliminarmente, se hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Director Local Guanajuato de la Comisión nacional del Agua, con residencia en Celaya. La omisión de dar contestación a la solicitud de trámite con número de expediente GUA-L-0137-04-04-23, de cuatro de abril de dos mil veintitrés. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la persona que funge como juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, del análisis integral del escrito inicial de demanda con sus anexos, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, emerge que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta al trámite con expediente GUA-L-0137-04-04-23, de cuatro de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, este Juzgado Federal considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1° y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda por las siguientes consideraciones: El artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental previsto por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que dé cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición reconocido en el precepto que cita, conformado no por uno si no varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: a) De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado en breve termino. b) De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y, c) De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, en el domicilio que el gobernado señaló para tal efecto. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: «PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido.» Así como la diversa, jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: «DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.» Sobre ese tenor, resulta oportuno señalar los artículos 22 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales, en lo conducente, disponen: «ARTÍCULO 22. "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. [.]» «ARTÍCULO 24. [.] "La Autoridad del Agua" está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y al procedimiento establecido en el Artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.» Numerales de los que se desprende que la autoridad del agua deberá dar contestación a las solicitudes relacionadas con las concesiones de explotación de aguas subterráneas, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles (contado a partir de que el expediente respectivo esté debidamente integrado) y notificar su respuesta dentro de ese mismo término. Por su parte, el diverso numeral 35 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, dispone que se considerará integrado el expediente si después de veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la «La Comisión» no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que existieren. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad del agua cuenta con un plazo de sesenta días hábiles para dar respuesta a la solicitud que le sea planteada y además notificarla a la parte interesada; empero, este término comenzará a correr veinte días hábiles siguientes a la presentación de la petición. Asimismo, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio que en el cuaderno administrativo de varios 01/2023 de este juzgado federal, el dieciocho de abril del año en curso se tuvo por recibido el oficio remitido por el titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, por el cual informó la imposibilidad que tenía dicha dependencia para laborar, debido al ataque cibernético de que fue objeto y, el diecinueve siguiente, con fundamento en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se suspendieron, únicamente por el lapso que durara la imposibilidad informada, los términos legales en los juicios que se tramitaron en este órgano jurisdiccional, para la autoridad local del agua -a partir del trece de abril de dos mil veintitrés- hasta que reanudara sus labores con normalidad. Por otra parte, también resulta un hecho notorio en términos del aludido numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el doce de junio del presente año, se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el «ACUERDO por el que se prorroga por cuarta ocasión el diverso por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, por existir causas de fuerza mayor originadas por el incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril de 2023». En dicho acuerdo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que la suspensión de plazos y términos en cuestión se prorrogaría hasta el día veintitrés de junio de dos mil veintitrés, fecha en la que concluyó la suspensión los términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua. Sentado ello, en el caso, del escrito de demanda se desprenden como antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, que: a) El cuatro de abril de dos mil veintitrés, el quejoso presentó un trámite -el cual, según se desprende de los anexos al escrito de demanda, se trata de una autorización para la transmisión de títulos y su registro-, registrado bajo el número de expediente GUA-L-0137-04-04-23, sin que a la fecha el organismo descentralizado haya dado respuesta o resuelto el expediente en cuestión. b) La demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, residentes en Celaya, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. De tal guisa, tomando en consideración la suspensión de labores a que se ha hecho referencia, han transcurrido treinta y cuatro días hábiles de los sesenta con que cuenta la responsable para ello, contados a partir de que se encontrara integrado el expediente para que la autoridad estuviese en condiciones de emitir su respuesta y notificarla a la parte quejosa. En ese sentido, se precisa que el cómputo indicado se realizó conforme a lo siguiente: Fecha de presentación de la petición: 04 de abril de 2023. Inicio de plazo para integrar el expediente: 10 de abril de 2023. Fecha en que por ministerio de ley, se consideró integrado el expediente respectivo, al no haberse hecho requerimiento al promovente para subsanar deficiencia alguna: 18 de julio de 2023. Fecha en que comenzó a correr el plazo de sesenta días para dar respuesta a su solicitud y notificarla personalmente: 19 de julio de 2023. Días transcurridos a antes de la presentación de la demanda de amparo (04 de septiembre de 2023): 34 Cómputos en los que no se consideraron los días siguientes: I. 8 y 9 de abril; 24 y 25 de junio; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de julio; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de agosto, así como 2 y 3 de septiembre, todos del año en curso, por ser sábados y domingos de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. II. Del 13 de abril al 23 de junio de la presente anualidad, ante la suspensión de labores de la autoridad señala como responsable, como se señaló en líneas precedentes. III. 20 y 21 de marzo; y, 5, 6 y 7 de abril del año que trascurre. En esas condiciones, resulta evidente que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso indicado para dar respuesta a la ahora solicitante de amparo. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, cuya síntesis es: Vista la demanda de amparo presentada por *********, por propio derecho, en contra de actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nación del Agua de esta ciudad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 16 y 17 constitucionales.. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el registro número 744/2023-5. En principio, es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a combatir lo que, preliminarmente, se hace consistir en: Autoridades responsables: Actos reclamados: Director Local Guanajuato de la Comisión nacional del Agua, con residencia en Celaya. La omisión de dar contestación a la solicitud de trámite con número de expediente GUA-L-0137-04-04-23, de cuatro de abril de dos mil veintitrés. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la persona que funge como juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, del análisis integral del escrito inicial de demanda con sus anexos, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, emerge que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta al trámite con expediente GUA-L-0137-04-04-23, de cuatro de abril de dos mil veintitrés. En ese sentido, este Juzgado Federal considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1° y 5° fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda por las siguientes consideraciones: El artículo 8 constitucional dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Para que se dé cabal cumplimiento al derecho fundamental previsto por el numeral 8 de nuestra Carta Magna, es necesario que a toda petición que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo en breve término al peticionario. Para que dé cabal cumplimiento a dicho derecho fundamental, es necesario que la respuesta sea congruente con la solicitud. Lo anterior es así, puesto que en el derecho fundamental de petición reconocido en el precepto que cita, conformado no por uno si no varios derechos que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa a saber: a) De dar respuesta por escrito a la petición del gobernado en breve termino. b) De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y, c) De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, en el domicilio que el gobernado señaló para tal efecto. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: «PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido.» Así como la diversa, jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: «DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.» Sobre ese tenor, resulta oportuno señalar los artículos 22 y 24 de la Ley de Aguas Nacionales, en lo conducente, disponen: «ARTÍCULO 22. "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. [.]» «ARTÍCULO 24. [.] "La Autoridad del Agua" está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y al procedimiento establecido en el Artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado. La falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.» Numerales de los que se desprende que la autoridad del agua deberá dar contestación a las solicitudes relacionadas con las concesiones de explotación de aguas subterráneas, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles (contado a partir de que el expediente respectivo esté debidamente integrado) y notificar su respuesta dentro de ese mismo término. Por su parte, el diverso numeral 35 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, dispone que se considerará integrado el expediente si después de veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la «La Comisión» no requiere a los interesados para que subsanen las deficiencias que existieren. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad del agua cuenta con un plazo de sesenta días hábiles para dar respuesta a la solicitud que le sea planteada y además notificarla a la parte interesada; empero, este término comenzará a correr veinte días hábiles siguientes a la presentación de la petición. Asimismo, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio que en el cuaderno administrativo de varios 01/2023 de este juzgado federal, el dieciocho de abril del año en curso se tuvo por recibido el oficio remitido por el titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, por el cual informó la imposibilidad que tenía dicha dependencia para laborar, debido al ataque cibernético de que fue objeto y, el diecinueve siguiente, con fundamento en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se suspendieron, únicamente por el lapso que durara la imposibilidad informada, los términos legales en los juicios que se tramitaron en este órgano jurisdiccional, para la autoridad local del agua -a partir del trece de abril de dos mil veintitrés- hasta que reanudara sus labores con normalidad. Por otra parte, también resulta un hecho notorio en términos del aludido numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el doce de junio del presente año, se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación el «ACUERDO por el que se prorroga por cuarta ocasión el diverso por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, por existir causas de fuerza mayor originadas por el incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril de 2023». En dicho acuerdo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinó que la suspensión de plazos y términos en cuestión se prorrogaría hasta el día veintitrés de junio de dos mil veintitrés, fecha en la que concluyó la suspensión los términos y plazos de los procedimientos que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua. Sentado ello, en el caso, del escrito de demanda se desprenden como antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, que: a) El cuatro de abril de dos mil veintitrés, el quejoso presentó un trámite -el cual, según se desprende de los anexos al escrito de demanda, se trata de una autorización para la transmisión de títulos y su registro-, registrado bajo el número de expediente GUA-L-0137-04-04-23, sin que a la fecha el organismo descentralizado haya dado respuesta o resuelto el expediente en cuestión. b) La demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, residentes en Celaya, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. De tal guisa, tomando en consideración la suspensión de labores a que se ha hecho referencia, han transcurrido treinta y cuatro días hábiles de los sesenta con que cuenta la responsable para ello, contados a partir de que se encontrara integrado el expediente para que la autoridad estuviese en condiciones de emitir su respuesta y notificarla a la parte quejosa. En ese sentido, se precisa que el cómputo indicado se realizó conforme a lo siguiente: Fecha de presentación de la petición: 04 de abril de 2023. Inicio de plazo para integrar el expediente: 10 de abril de 2023. Fecha en que por ministerio de ley, se consideró integrado el expediente respectivo, al no haberse hecho requerimiento al promovente para subsanar deficiencia alguna: 18 de julio de 2023. Fecha en que comenzó a correr el plazo de sesenta días para dar respuesta a su solicitud y notificarla personalmente: 19 de julio de 2023. Días transcurridos a antes de la presentación de la demanda de amparo (04 de septiembre de 2023): 34 Cómputos en los que no se consideraron los días siguientes: I. 8 y 9 de abril; 24 y 25 de junio; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de julio; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de agosto, así como 2 y 3 de septiembre, todos del año en curso, por ser sábados y domingos de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. II. Del 13 de abril al 23 de junio de la presente anualidad, ante la suspensión de labores de la autoridad señala como responsable, como se señaló en líneas precedentes. III. 20 y 21 de marzo; y, 5, 6 y 7 de abril del año que trascurre. En esas condiciones, resulta evidente que no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del lapso indicado para dar respuesta a la ahora solicitante de amparo. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse".
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