Luis Alberto Estrada Gómez
Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luis Alberto Estrada Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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mesa 6.- QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. la sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la que en su primer punto resolutivo se NEGÓ el amparo y protección de la justicia a ******; HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a los que haya lugar. En consecuencia, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, Notifíquese.
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mesa 6 R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado y las autoridades responsables precisadas en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando quinto de la presente resolución.****************************************SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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NOTIFICACION ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinticinco minutos veinte de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Beatriz Rojas Méndez, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistida de Armando Blanco Palmeros, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 121/2023-6, promovido por Luis Alberto Estrada Gómez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda , consistente en copias simples de: La resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de ejecución 12/2022-III-E, del índice de la Sala responsable. Las actas de nacimiento a nombre de Luis Manuel Estrada Lázaro, Selena Yuridia Estrada Lázaro y Daniel Alberto Estrada Lázaro. El acta de defunción a nombre de Andrea Lázaro Sánchez. De igual forma, se tienen las diversas documentales remitidas por la Tercera Sala Penal responsable, consistentes en: El toca de ejecución 12/2022-III-E de su índice (un tomo). Copias certificadas de la carpeta de ejecución CE-293/2013 del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco (dos tomos). Un disco versátil digital (DVD) que contiene la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Al respecto, la Jueza de Distrito, acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la Jueza de Distrito, acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 121/2023-6, promovido por Luis Alberto Estrada Gómez, contra los actos que reclama del Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de Segunda Instancia, del Poder Judicial del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, el quejoso Luis Alberto Estrada Gómez, promovió juicio de amparo directo, el cual en su oportunidad fue remitido al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito. Luego, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el referido Tribunal radicó la demanda bajo el expediente de Amparo Directo 10/2023 de su índice, y declaró carecer de legal competencia para continuar conociendo de la demanda de amparo; por lo que remitió la misma a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, mismo que fue recibido el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y remitida en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional por razón de turno, del que se advierte que demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O Resolución pronunciada el día veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del Toca de Ejecución 12/2022-III-E, dictado por el Magistrado de la Tercera Sala Penal y Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Paraíso, Tabasco. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se ordenó su registro bajo el expediente 121/2023-6, y se previno para que el promovente del juicio de amparo realizara la protesta de decir verdad a que se refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, respecto de los hechos que señaló como actos reclamados. Cumplido el requerimiento de mérito, por auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, no fue necesario requerir el informe justificado a las autoridades responsables, en virtud que ya obraban en autos, tampoco se estimó pertinente ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, dado que ya habían sido emplazados por la sala penal responsable, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución emitida el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Sala Penal responsable, dentro del Toca de Ejecución 12/2022-III-E, en la que se confirmó la diversa resolución emitida por la jueza responsable en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que no se aprobó la suspensión condicional al quejoso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Lo que se corrobora con las documentales que remitió el Magistrado Integrante de la Tercera Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deducidas del toca de ejecución 12/2022-III-E, que adjuntó a su informe de ley, así como las copias certificadas de la carpeta de ejecución CE-293/2013 del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco y un disco versátil digital (DVD) que contiene la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente de origen del índice del juzgado responsable; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas de su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del referido acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ninguna de las partes expresó alguna causa de improcedencia y este órgano jurisdiccional de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco advierte que se actualice alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Analizado lo anterior, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, el concepto de violación expresado por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlo textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a dar contestación a los conceptos de violación, conviene citar los antecedentes más destacados del caso: 1. La jueza de ejecución responsable en la audiencia pública de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó suspensión condicional negada al sentenciado Luis Alberto Estrada Gómez, por el delito de lesiones calificadas cometidas en agravio de Eddy Acosta Pérez y otros. 2. Inconforme con tal resolución el defensor público especializado, mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, interpuso recurso de apelación ante la Administración del Centro de Justicia de Centro, Tabasco. 3. Seguidos los trámites de ley la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, remitió las constancias respectivas, recibidas en segunda instancia el diez de enero de dos mil veintitrés. 4. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, dictó la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. Ahora, la parte quejosa expresa medularmente, que le causa agravio, la resolución reclamada en la que se confirma la diversa emitida por el juzgado responsable en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la cual no se aprobó el beneficio de la libertad condicionada que solicitó dentro de la carpeta de ejecución CE-293/2013, que se le instruye por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de Eddy Acosta Pérez, toda vez que aduce que los matices de la citada resolución emitida por la juez responsable, se dan no en resolver su derecho a recibir un beneficio preliberacional, si no en exteriorizar su deficiencias, la falta de preparación y de experiencia laboral tanto del defensor asignado, como de las personas que participaron en el desahogo de las pruebas ofrecidas a su favor, con un sistema inquisitivo preocupado por el trámite y no por la solución. Agrega el impetrante, que si reúne los requisitos exigidos en las fracciones II, III y IV del artículo 137 de la Ley de Ejecución Penal, ya que aduce que no tiene ningún problema con el ofendido, pues en el expediente de ejecución de origen se comprueba que llegaron a un arreglo en cuanto a la indemnización, además de que no representa ningún riesgo para él, ya que también se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción de Comalcalco, Tabasco, por lo que, si bien las responsables señalan le existencia de un riesgo, no precisan cual es, ni en qué consisten los posibles daños que pudieran configurar una situación de riesgo para la víctima, concluyendo que corresponde al fiscal probar el riesgo y señalar en que consiste. Asimismo, el quejoso manifiesta que cumple con el requisito de buena conducta durante su internamiento, por lo que se viola en su perjuicio el derecho al acceso a la justicia, pues el expediente donde se acredita lo relativo a su buena conducta se encuentra en poder de la autoridad de ejecución, lo cual no se consideró en su favor, además que la fiscal no mostró ningún elemento donde conste que no haya tenido buena conducta y a pesar de que lo cambiaron de centro de reclusión, siguió con el programa de actividades que le fue diseñado. Además, el quejoso indica que con la emisión de la resolución reclamada se violan sus derechos humanos al carecer de defensa material efectiva, es decir, un actuar diligente que lo dejan en total estado de indefensión y le impide recibir el beneficio requerido; de igual forma, le causa agravio la forma discriminatoria en la que se determinó que su condición socioeconómica cultural impide sea puesto en libertad, ya que existe una teoría clínica la cual no se señala como una verdad absoluta y determinante, pues aunque sea verdad que sea una persona de escasos recursos, debe ser juzgado en condiciones de igualdad y no discriminatorio de manera imparcial. Finalmente, el impetrante concluye que contrario a lo manifestado por las responsables ha cumplido y participado en todos los planes de actividades otorgados en su centro de reclusión, por lo que si existen errores en dichas actividades que le aplicaron, no depende de él, sino de las autoridades penitenciarias y no deben repercutir en el resultado de su petición de concederle el beneficio preliberacional, la cual podría ser una libertad anticipada. Ahora bien, en apoyo a sus consideraciones la parte quejosa invocó la siguiente tesis: 1). LIBERTAD CONDICIONADA. EJES DE ANÁLISIS DEL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÌCULO 137, FRACCIÒN II, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, RELATIVO A LA INEXISTENCIA DE UN RIESGO OBJETIVO Y RAZONABLE CON EL EXTERNAMIENTO DEL SENTENCIADO PATRA LA VICTIMA U OFENDIDO, LOS TESTIGOS QUE DEPUSIERON EN SU CONTRA Y PARA LA SOCIEDAD, PARA LA OBTENCIÒN DE DICHO BENEFICIO PRELIBERACIONAL." En ese tenor, dichos conceptos de violación se estiman infundados, por los motivos que a continuación se expresan. El nuevo sistema penal se caracteriza por la oralidad y está regido entre otras máximas, por los principios de contradicción e igualdad procesal conforme a los cuales las partes exponen con oportunidades similares sus argumentos en un debate verbal escuchado directamente por el juzgador, con la finalidad de convencerlo de tener la razón jurídica, según los intereses que cada una persigue (artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI de la Constitución General de la República, en relación con los preceptos 4º, 6º y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales). También se conserva el respeto al derecho de presunción de inocencia, conforme al cual la persona imputada debe ser tratada como carente de responsabilidad respecto a la comisión de un hecho previsto en la ley como delito, hasta en tanto se dicte una sentencia condenatoria en su contra (artículos 20, apartado B, fracción I, constitucional y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Dicha apreciación además se apoya en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497, Décima Época, materias Constitucional, Penal, con registro digital 2006092, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Respecto al tema de la libertad condicionada en favor del sentenciado, concretamente, en lo que interesa para la resolución del caso concreto, es menester precisar que se trata de un beneficio preliberacional, que el juzgado de ejecución podrá conceder a los sentenciados bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico, la cual para su obtención la persona sentenciada deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, en principio conviene citar el contenido literal de los numerales 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regulan el beneficio de libertad condicionada, los cuales rezan: Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." Los preceptos transcritos se encuentran contenidos en el Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Beneficios Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad", de cuya lectura se desprende con meridiana claridad la naturaleza que tiene la solicitud de libertad condicionada, ante qué autoridad se tramita y los requisitos que deben satisfacerse para acceder a éste. El beneficio de libertad condicionada permite, bajo autorización judicial, la externación de la sentenciada previo a cumplir su pena bajo dos modalidades de supervisión, con o sin monitoreo electrónico. Si bien se trata de un derecho sustantivo de la sentenciada, para la verificación de la procedencia de dicho beneficio, ciertamente se tiene que cumplir con los requisitos que establece, al tratarse de una solicitud reglada, tales como: i) que no se haya dictado en contra del solicitante diversa sentencia condenatoria firme; ii) que no exista riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; iii) que haya tenido buena conducta durante su internamiento; iv) haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades; v) cubrir la reparación del daño y la multa; vi) no estar sujeto a otro proceso penal en cualquier fuero que amerite prisión preventiva; y, vii) que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Entonces, la concesión judicial del beneficio preliberacional de libertad condicionada está supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos legales previstos en el artículo 137 de la ley relativa. Entre otros, la fracción II de dicho numeral, antes transcrito, expresa que es requisito para la obtención de la libertad condicionada que el Juez observe que no existe riesgo objetivo y razonable en el externamiento del sentenciado para la víctma u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. El último párrafo de dicho precepto conlleva la obligación de la persona que obtenga la libertad condicionada, para comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra. Como se puede apreciar, dicho requisito debe ser analizado a la luz de la obligación del juzgador para cerciorarse de forma razonable si la externación de la sentenciada implica un riesgo para la víctima u ofendido, testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, para lo cual la propia solicitante del beneficio se comprometerá a no molestarlos. En el particular, de las constancias allegadas, se desprende que el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia donde se dirimió la solicitud de libertad condicionada planteada por el quejoso dentro de la carpeta de ejecución de origen, en la cual, la jueza responsable negó acordar de conformidad su petición. Ahora bien, la Sala Penal Tradicional y de Oralidad, con sede en esta ciudad, en la resolución impugnada, estimó que eran correctas las consideraciones de la Jueza de Ejecución responsable, pues consideró que no se cumplieron las exigencias previstas en las fracciones II, III y IV, del numeral 137 de la Ley de Ejecución Penal, en razón de que en cuanto a que no existe un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, para los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, ello no fue debidamente comprobado, ya que no solo se debió asentar en la literalidad, que el acusado no representaba un riesgo objetivo y razonable, sino que además el perito en criminología, debió generar convicción de que efectivamente el sentenciado no representaba ningún riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, ya que como lo refirió la fiscalía se determinó como indicadores criminológicos bajos. Además, porque el perito en ciencias criminológicas si bien manifestó que el sentenciado no presentaba un factor de riesgo para la víctima, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, opuesto a ello, la sala responsable advirtió que la juzgadora de origen para resolver respecto a dicho beneficio, no se encuentra limitada a considerar lo que concluyó en el dictamen criminológico, ya que de hacerlo así, se llegaría al extremo de limitar el otorgamiento de los beneficios con base en lo determinado por quien los elaboró, es decir, a discreción de la autoridad administrativa a la que pertenece el personal encargado de su realización. De igual manera, que dicha exigencia señalada en la fracción II, del artículo 137 de la Ley de Ejecución Penal, no puede evaluarse de modo genérico, sino que exige un análisis relativo que gira en torno a la identificación y plena certeza de la existencia de datos concretos y verificables de los posibles daños que pudieran configurar una situación de riesgo para la víctima. Asimismo, la sala responsable advirtió que la jueza de ejecución, tomó en consideración los elementos específicos del caso y no solo una generalización abstracta del posible riesgo que el sentenciado pudiera generar, sino que en atención a la información allegada, respecto al caso analizado, indicó que la fracción II del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que con el externamiento del sentenciado no debe existir riesgo para la víctima, entre otros; sin embargo, ello no implica que se trate de cualquier riesgo, sino que deberá ser objetivo y razonable. Por tanto, la sala de oralidad indicó que ese riesgo no debe partir de una mera posibilidad, sino por el contrario, quien sustente esa razón deberá demostrar dicho evento como probable, y no meramente posible, en el sentido de que la opción de ocurrencia del suceso supere a la de no acaecimiento; ante ello, la citada responsable estimó que el riesgo en mención al no encontrarse plenamente probado, la juzgadora no estuvo en condiciones de encontrar satisfecho ese requisito, por lo que no es posible que el quejoso tenga acceso a un beneficio preliberacional. En efecto, la responsable estimó que ese riesgo en mención quedó demostrado por la fiscalía, quien con base en el principio de contradicción obtuvo información del testimonio del criminólogo Gabriel de la Cruz Vázquez, en el sentido de que los indicadores criminológicos eran bajos, pero que el sentenciado presentaba un factor de riesgo que dentro de la teoría clínica, este factor es el socioeconómico cultural, ya que es un indicativo de tener una tendencia a cometer delitos. Además, que dicho criminólogo refirió que únicamente sostuvo una plática con el sentenciado, la cual duró de una hora con cuarenta minutos a dos horas, lo que se considera insuficiente para advertir la inexistencia de los posibles daños que pudieran configurar una situación de riesgo para la víctima, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, con el externamiento del sentenciado de mérito. Aunado, a que acertadamente la juzgadora tomó en cuenta la situación de la adaptabilidad social, ya que es la que se encuentra íntimamente relacionada con lo que indicó la psicóloga Magaly López Ramírez, quien señaló que el sentenciado ha demostrado poca disposición de adaptarse al cambio, ya que desde pequeño no fue enseñado a saber comportarse ante la sociedad, ya que ha participado en algunas actividades en su centro de reclusión, pero ninguna ha sido para cambiar. En razón de lo anterior, la sala penal responsable adecuadamente compartió lo resuelto por la juzgadora de que no se reúne la exigencia señalada en la fracción II del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como uno de los requisitos para el beneficio de la libertad condicionada solicitada por el quejoso. Bajo esas consideraciones, no asiste la razón al sentenciado cuando afirma que la responsable indebidamente consideró que conforme a la fracción II del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el deber de probar la inexistencia de riesgo razonable es de la solicitante; ya que, dice, ello implica la demostración de un hecho negativo, como lo es justificar la ausencia de riesgo objetivo y razonable en su externamiento para las personas que cita dicha norma. Por ello, sostiene, el deber de acreditarlo, recae en el Ministerio Público. Ahora, como ya se transcribió en párrafos precedentes, el referido numeral establece un derecho sustantivo del sentenciado -su libertad-; sin embargo, para la verificación de su procedencia, se tiene que cumplir con ciertos requisitos al tratarse de una solicitud reglada. En ese sentido, es manifiesto que la juzgadora de origen, así como la Sala responsable, se encontraban constreñidos a la observancia de tales numerales, en los que se dispone que para el otorgamiento de la libertad condicionada es imperativo y no potestativo acreditar todas y cada una de las condiciones que la propia ley establece. Es infundado lo alegado por la parte quejosa, ya que pierde de vista que de conformidad con el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, el Estado tiene la función preponderante de ordenar la consecución o la procuración de ciertos fines dentro del sistema penitenciario, es decir, establece determinadas directrices que deben regir la actuación de legisladores, jueces y autoridades administrativas. Así, una de esas funcionalidades del sistema penitenciario se traduce en el tratamiento preliberacional, el cual implica la externación de la persona privada de su libertad, en los casos en que proceda, es un beneficio que tiene carácter condicional, y que puede dejar de ser efectivo cuando la solicitante no cumple con los requisitos legales o se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la ley, respecto de los cuales no procede el otorgamiento de dicho beneficio. De ese modo, conforme al referido artículo 137 de la ley en comento, para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla con los requisitos que ahí se establecen, entre los que se encuentra la referida inexistencia de riesgo objetivo, previsto en la fracción II. Así, se tiene por un lado, que el sistema normativo que permite la obtención del beneficio de libertad condicionada, excluye de su acreditación a cualquier otra persona que no sea la solicitante -se entiende que el sentenciado es el interesado en obtener tal beneficio-, por ende, no es posible, que dicha carga se traslade a las contrapartes en el proceso, como pueden ser el Ministerio Público, la víctima o los testigos que hayan intervenido. Ahora, la actuación del juzgador se materializa en ponderar los elementos de prueba que se hayan puesto a su juicio, a efecto de acreditar que la solicitud de beneficio es procedente, en cuyo caso, dicha ponderación no es limitante a la solicitante, esto es, no solo tutela y protege su derecho a la libertad, sino también los derechos que se vieron afectados en perjuicio de las víctimas o los testigos en el proceso. Entonces, la acreditación de los requisitos para obtener tal beneficio redunda en el solicitante, pues el Juez al conocer las solicitudes de beneficios preliberacionales, tutela el aspecto legal en relación con el cumplimiento del requisito de inexistencia de riesgo; pero, también de forma obligada por su íntima relación, la protección a la víctima o testigos ante tal supuesto de externación penitenciaria, es decir, la actuación del juzgador consiste en valorar de forma definitiva el derecho de acceder al beneficio solicitado y también que el derecho de las víctimas no se vea trastocado. En ese tenor, de conformidad con el numeral 137 de la ley, al analizar la solicitud correspondiente, opera en sentido afirmativo o negativo, ya sea concediéndolo o negándolo; empero, lo importante a destacar, es que bajo dicho texto legal, el Juez debe observar la acreditación de las condiciones establecidas legalmente al tenor de lo propiamente solicitado, de lo que se concluye, que tal acreditación corresponde a la interesada. En ese orden de ideas, contrario a lo que expone el quejoso, la acreditación del requisito a que se refiere la fracción II del citado numeral, no se debe entender como la demostración de un hecho negativo, que refiere no le corresponde comprobar, pues si así lo desea el sentenciado, tiene bajo su arsenal un sin fin de pruebas directas e indirectas que la propia ley permite en todos los procedimientos conforme al principio de publicidad. Las cuales puede hacer valer para crear convicción en el juzgador de que no existe el riesgo en contra de las víctimas o testigos, sin necesidad de trasladar dicha carga probatoria a otros intervinientes del proceso. Lo cual, como ya se determinó, no es operativo con el sistema de acceso a beneficios preliberacionales, en el que, en atención al fin que se busca obtener -libertad del solicitante- corresponde al quejoso demostrar la satisfacción de las condiciones legales establecidas para llevar a buen puerto su solicitud. Pero para ello, es requisito previo y obligatorio, acreditar las propias condiciones que la ley establece, de ahí que contrario a lo que sostiene el justiciable, los fines de la reinserción social no se ven afectados con la determinación reclamada, pues ello no le impide continuar acatando las medidas a fin de lograr el objetivo que prevé la norma constitucional en cita, de ahí que se itera, tal argumento es infundado. Por otro lado, en cuanto a lo que estipula la fracción III, del citado numeral 137, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a que el sentenciado debió haber tenido buena conducta durante su internamiento, la sala de oralidad acertadamente estimó que dicha fracción no quedó acreditada fehacientemente, ello en razón de que acorde con el marco normativo actual que regula al derecho penitenciario, así como con las funciones y finalidades en la imposición de sanciones, la reinserción del sentenciado es un proceso gradual y progresivo que, precisamente, tiene una variación durante el transcurso del tiempo. Por tanto, la responsable adujo que era correcto lo determinado por la juzgadora respecto a la fracción III del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, concerniente de haber tenido buena conducta durante su internamiento, lo cual no se cumplió, en razón de que, si bien del testimonio de Ángel Cirenio Paz Ortiz, jefe del área de seguridad y vigilancia de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal de Huimanguillo, Tabasco, quien signó el informe de vigilancia y disciplina de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, respecto a la buena conducta del enjuiciado, el citado testigo manifestó que en cuanto a la conducta del sentenciado de mérito era a partir de dos mil veinte, por lo que no justificó que esa buena conducta haya sido a partir desde el inicio de su internamiento, lo cual era necesario, ya que puede darse el caso, que el acusado, en principio tenga un comportamiento social y posteriormente en el transcurso de la compurgación de la pena tenga otra distinta. Ello, en virtud que en un primer momento la autoridad penitenciaria pudo haber calificado el comportamiento del impetrante como negativo o malo y, después esa apreciación pudo haberse transformado y tomado en cuenta como un elemento favorable para el sentenciado. De ahí que la sala de oralidad, acertadamente indicó que el estudio concerniente para evaluar la conducta del impetrante no se debía limitar al análisis de un solo período, sino a la observación durante todo su internamiento, entendiendo como tal, el total de tiempo que lleva en reclusión, pues el artículo 137, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no hace distinción de los períodos que deben tomarse para esa valoración, esto es, debe ser integral y no segmentada. Agregando que la acreditación de la mala conducta del sentenciado no dependía de la mera existencia de correctivos disciplinarios, ni de las actividades recreativas, sociales, educacionales y deportivas, sino de su naturaleza y características, tanto aisladas como en conjunto, que pusieran de manifiesto que el interno es renuente a sujetarse a las normas de control que rigen su estancia en el centro penitenciario; datos que adujo la responsable, no quedaron corroborados con el testimonio del jefe del área de seguridad y vigilancia de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal de Huimanguillo, Tabasco, por lo que, la sala responsable estimó correcta la determinación de la juzgadora de que no se cumplió con la exigencia antes señalada. Continuando con ese tópico, se estima adecuado lo que resolvió la autoridad de alzada, pues consideró que acorde a los medios probatorios existentes en autos, no quedó determinado en el área de psicología que haya realmente progresado el sentenciado de los problemas con los cuales ingresó al centro de reclusión en el que se encuentra, lo cual no fue porque la psicóloga no haya podido determinarlo, sino porque dejaron patente que el sentenciado inició su programa en el cereso de Cunduacán, y lo que con posterioridad le dieron al cambiarlo al cereso de Huimanguillo, fue solo un avance para su reinserción, ya que las personas que le dieron el tratamiento y lo concluyeron, no fueron los que comparecieron al juicio para emitir su testimonio, por lo que no llevaron a la persona adecuada que pudiera constatar la mejoría del sentenciado; por tanto, dichos medios probatorios no generaron convicción a la juzgadora, en vista de que la psicóloga no lo pudo determinar en su testimonio. De igual manera, la responsable consideró que la fiscalía tenía la razón al manifestar que el área médica tampoco cumple con dicho requisito, toda vez que el médico que firmó las constancias en favor del impetrante, aun no se encontraba laborando en dicha institución, ya que tenía poco tiempo de trabajar, por lo que no fue la persona adecuada para expedir dichas constancias. Por otra parte, respecto a lo que el impetrante manifestó, en el sentido de que la reinserción social se sustenta en cinco ejes rectores, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, en donde optó por modificar su postura y aprovechar la oferta que le hizo la institución penitenciaria en la medida de sus posibilidades, evidenciándose el objeto de la reinserción social, como un sistema de carácter progresivo y técnico, gradual, flexible que posibilita al sentenciado un avance para la recuperación de su libertad. Contrario a ello, la Sala de Oralidad adujo que el artículo 18 Constitucional, establece que los ejes rectores del sistema penitenciario, se constituyen como medios para lograr la reinserción de los sentenciados, de ahí que para el cumplimiento de ese extremo, es necesario que se advierta una participación total y satisfactoria en todas las áreas encomendadas y, con ello se puede advertir el interés del sentenciado en reinsertarse, con el propósito de no volver a delinquir. En esos términos, adecuadamente señaló la citada responsable, que en el caso particular no se advertía que fuera de esa manera, por lo que la Jueza de Ejecución correctamente determinó negar el beneficio solicitado a favor del sentenciado de mérito, lo cual resultó acorde a la Constitución y a la ley Nacional de Ejecución Penal, incluso, conforme a lo establecido en el numeral 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dado que las acciones y cursos judiciales se sustanciarán conforme al sistema adversarial y oral, por lo que se rigen bajo los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, a la vez la libertad condicionada constituye una modalidad de cumplimiento de pena, bajo el presupuesto de libertad, para lo cual, el enjuiciado debe ajustarse a los requisitos que para su otorgamiento establece el arábigo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, tiene la carga de probar tales exigencias, que permitirá a la autoridad jurisdiccional efectuar un análisis y con base en ello, determinar si existe una reinserción social por parte del sentenciado, para lo cual debe ponderar los medios objetivos que tenga a su alcance en el procedimiento de ejecución. En razón de lo anterior, la responsable consideró acertadamente lo resuelto por la juzgadora de ejecución, quien estimó que no habían quedado satisfactoriamente colmados los requisitos con el plan de actividades, en virtud que no existieron medios objetivos que demostraran que el sentenciado los cumplió cabalmente. En lo que al caso interesa, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 16/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 951, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, de la Décima Época, que establece: BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien es cierto que el artículo 18, párrafo segundo, constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución General de la República. Por tanto, el hecho de que el legislador establezca condiciones de concurrencia necesaria para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, conceda o no dichos beneficios, no es contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales." Por tanto, la sala de oralidad precisó que si la defensa no ofreció medio de prueba alguno, ni tampoco incorporó al debate información que dejara de manifiesto que el enjuiciado durante el internamiento en el respectivo centro penitenciario donde se encontraba, cumplió con un plan de actividades en el área de psicología y médica, era evidente que no se cumplió con el requisito establecido en la fracción IV del numeral 137 de la Ley Nacional de ejecución Penal. De ahí que, esa falta de cumplimiento al plan de actividades, la sala responsable consideró era atribuible al enjuiciado, ya que reiteró que el informe de actividades agregado a la controversia, aprobado por el sentenciado y las autoridades penitenciarias, debió cumplirse satisfactoriamente, de ahí que era insuficiente pretender que se tuviera por cumplido ese rubro sin acreditar que se realizaron los procedimientos necesarios en torno a su adaptabilidad social y que con ello se pudiera advertir el interés del sentenciado en reinsertarse con el propósito de no volver a delinquir. Concluyendo de manera correcta la responsable, que los argumentos del impetrante resultaban ineficaces, ya que no advirtió que con el dictado de la determinación reclamada se vulneraran sus derechos humanos, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, esto no implica que deba ser considerado un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que el segundo párrafo del numeral 18 constitucional, admite la posibilidad de que se otorgue algún beneficio a quien esté en posibilidad de ser reinsertado y no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador de condicionar tal otorgamiento; por tanto, la responsable adecuadamente confirmó la resolución apelada, al advertir que en el presente caso no se acreditaron en su totalidad las exigencias para la procedencia del beneficio preliberacional de libertad condicionada. En esas condiciones este órgano jurisdiccional advierte que el Tribunal de Oralidad, analizó adecuadamente la determinación alcanzada por la jueza de ejecución responsable, quien realizó un ejercicio de ponderación de los derechos fundamentales del sentenciado, pues si bien reconoció que el quejoso cuenta con la potestad de gestionar la aplicación del beneficio de la libertad condicionada, también destacó que para que ello se acredite, se deben de cumplir con las exigencias previstas en el numeral 137 de la Ley de Ejecución Penal, lo cual en el caso no aconteció. De ahí que se estime que los motivos de disenso resulten infundados. En ese sentido, también se desestima la tesis invocada por el impetrante, ya que esta no resulta aplicable al presente caso, por las consideraciones establecidas en la presente resolución. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación señalados por el quejoso sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a la responsable ejecutora Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, dado que no existe señalamiento respecto de algún vicio por acto de aplicación. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se; R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Luis Alberto Estrada Gómez, contra el acto reclamado y las autoridades responsables precisadas en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinticinco minutos veinte de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Beatriz Rojas Méndez, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistida de Armando Blanco Palmeros, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 121/2023-6, promovido por Luis Alberto Estrada Gómez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda , consistente en copias simples de: La resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de ejecución 12/2022-III-E, del índice de la Sala responsable. Las actas de nacimiento a nombre de Luis Manuel Estrada Lázaro, Selena Yuridia Estrada Lázaro y Daniel Alberto Estrada Lázaro. El acta de defunción a nombre de Andrea Lázaro Sánchez. De igual forma, se tienen las diversas documentales remitidas por la Tercera Sala Penal responsable, consistentes en: El toca de ejecución 12/2022-III-E de su índice (un tomo). Copias certificadas de la carpeta de ejecución CE-293/2013 del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco (dos tomos). Un disco versátil digital (DVD) que contiene la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Al respecto, la Jueza de Distrito, acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la Jueza de Distrito, acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 121/2023-6, promovido por Luis Alberto Estrada Gómez, contra los actos que reclama del Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de Segunda Instancia, del Poder Judicial del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, el quejoso Luis Alberto Estrada Gómez, promovió juicio de amparo directo, el cual en su oportunidad fue remitido al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito. Luego, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el referido Tribunal radicó la demanda bajo el expediente de Amparo Directo 10/2023 de su índice, y declaró carecer de legal competencia para continuar conociendo de la demanda de amparo; por lo que remitió la misma a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, mismo que fue recibido el veinte de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y remitida en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional por razón de turno, del que se advierte que demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O Resolución pronunciada el día veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dentro del Toca de Ejecución 12/2022-III-E, dictado por el Magistrado de la Tercera Sala Penal y Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E Magistrado de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Paraíso, Tabasco. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. PREVENCIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se ordenó su registro bajo el expediente 121/2023-6, y se previno para que el promovente del juicio de amparo realizara la protesta de decir verdad a que se refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, respecto de los hechos que señaló como actos reclamados. Cumplido el requerimiento de mérito, por auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, no fue necesario requerir el informe justificado a las autoridades responsables, en virtud que ya obraban en autos, tampoco se estimó pertinente ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, dado que ya habían sido emplazados por la sala penal responsable, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional tuvo verificativo, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución emitida el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Sala Penal responsable, dentro del Toca de Ejecución 12/2022-III-E, en la que se confirmó la diversa resolución emitida por la jueza responsable en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la que no se aprobó la suspensión condicional al quejoso. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Lo que se corrobora con las documentales que remitió el Magistrado Integrante de la Tercera Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, deducidas del toca de ejecución 12/2022-III-E, que adjuntó a su informe de ley, así como las copias certificadas de la carpeta de ejecución CE-293/2013 del índice del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco y un disco versátil digital (DVD) que contiene la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente de origen del índice del juzgado responsable; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas de su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del referido acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ninguna de las partes expresó alguna causa de improcedencia y este órgano jurisdiccional de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco advierte que se actualice alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Analizado lo anterior, se impone entrar al estudio sobre el fondo del asunto, para lo cual se tiene por transcrito en este apartado, el concepto de violación expresado por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlo textualmente pues no existe precepto legal que obligue a la Juzgadora a ello. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a dar contestación a los conceptos de violación, conviene citar los antecedentes más destacados del caso: 1. La jueza de ejecución responsable en la audiencia pública de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó suspensión condicional negada al sentenciado Luis Alberto Estrada Gómez, por el delito de lesiones calificadas cometidas en agravio de Eddy Acosta Pérez y otros. 2. Inconforme con tal resolución el defensor público especializado, mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, interpuso recurso de apelación ante la Administración del Centro de Justicia de Centro, Tabasco. 3. Seguidos los trámites de ley la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, remitió las constancias respectivas, recibidas en segunda instancia el diez de enero de dos mil veintitrés. 4. El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, dictó la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. Ahora, la parte quejosa expresa medularmente, que le causa agravio, la resolución reclamada en la que se confirma la diversa emitida por el juzgado responsable en la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la cual no se aprobó el beneficio de la libertad condicionada que solicitó dentro de la carpeta de ejecución CE-293/2013, que se le instruye por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de Eddy Acosta Pérez, toda vez que aduce que los matices de la citada resolución emitida por la juez responsable, se dan no en resolver su derecho a recibir un beneficio preliberacional, si no en exteriorizar su deficiencias, la falta de preparación y de experiencia laboral tanto del defensor asignado, como de las personas que participaron en el desahogo de las pruebas ofrecidas a su favor, con un sistema inquisitivo preocupado por el trámite y no por la solución. Agrega el impetrante, que si reúne los requisitos exigidos en las fracciones II, III y IV del artículo 137 de la Ley de Ejecución Penal, ya que aduce que no tiene ningún problema con el ofendido, pues en el expediente de ejecución de origen se comprueba que llegaron a un arreglo en cuanto a la indemnización, además de que no representa ningún riesgo para él, ya que también se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción de Comalcalco, Tabasco, por lo que, si bien las responsables señalan le existencia de un riesgo, no precisan cual es, ni en qué consisten los posibles daños que pudieran configurar una situación de riesgo para la víctima, concluyendo que corresponde al fiscal probar el riesgo y señalar en que consiste. Asimismo, el quejoso manifiesta que cumple con el requisito de buena conducta durante su internamiento, por lo que se viola en su perjuicio el derecho al acceso a la justicia, pues el expediente donde se acredita lo relativo a su buena conducta se encuentra en poder de la autoridad de ejecución, lo cual no se consideró en su favor, además que la fiscal no mostró ningún elemento donde conste que no haya tenido buena conducta y a pesar de que lo cambiaron de centro de reclusión, siguió con el programa de actividades que le fue diseñado. Además, el quejoso indica que con la emisión de la resolución reclamada se violan sus derechos humanos al carecer de defensa material efectiva, es decir, un actuar diligente que lo dejan en total estado de indefensión y le impide recibir el beneficio requerido; de igual forma, le causa agravio la forma discriminatoria en la que se determinó que su condición socioeconómica cultural impide sea puesto en libertad, ya que existe una teoría clínica la cual no se señala como una verdad absoluta y determinante, pues aunque sea verdad que sea una persona de escasos recursos, debe ser juzgado en condiciones de igualdad y no discriminatorio de manera imparcial. Finalmente, el impetrante concluye que contrario a lo manifestado por las responsables ha cumplido y participado en todos los planes de actividades otorgados en su centro de reclusión, por lo que si existen errores en dichas actividades que le aplicaron, no depende de él, sino de las autoridades penitenciarias y no deben repercutir en el resultado de su petición de concederle el beneficio preliberacional, la cual podría ser una libertad anticipada. Ahora bien, en apoyo a sus consideraciones la parte quejosa invocó la siguiente tesis: 1). LIBERTAD CONDICIONADA. EJES DE ANÁLISIS DEL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÌCULO 137, FRACCIÒN II, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, RELATIVO A LA INEXISTENCIA DE UN RIESGO OBJETIVO Y RAZONABLE CON EL EXTERNAMIENTO DEL SENTENCIADO PATRA LA VICTIMA U OFENDIDO, LOS TESTIGOS QUE DEPUSIERON EN SU CONTRA Y PARA LA SOCIEDAD, PARA LA OBTENCIÒN DE DICHO BENEFICIO PRELIBERACIONAL." En ese tenor, dichos conceptos de violación se estiman infundados, por los motivos que a continuación se expresan. El nuevo sistema penal se caracteriza por la oralidad y está regido entre otras máximas, por los principios de contradicción e igualdad procesal conforme a los cuales las partes exponen con oportunidades similares sus argumentos en un debate verbal escuchado directamente por el juzgador, con la finalidad de convencerlo de tener la razón jurídica, según los intereses que cada una persigue (artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI de la Constitución General de la República, en relación con los preceptos 4º, 6º y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales). También se conserva el respeto al derecho de presunción de inocencia, conforme al cual la persona imputada debe ser tratada como carente de responsabilidad respecto a la comisión de un hecho previsto en la ley como delito, hasta en tanto se dicte una sentencia condenatoria en su contra (artículos 20, apartado B, fracción I, constitucional y 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Dicha apreciación además se apoya en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497, Décima Época, materias Constitucional, Penal, con registro digital 2006092, que dice: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Respecto al tema de la libertad condicionada en favor del sentenciado, concretamente, en lo que interesa para la resolución del caso concreto, es menester precisar que se trata de un beneficio preliberacional, que el juzgado de ejecución podrá conceder a los sentenciados bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico, la cual para su obtención la persona sentenciada deberá cumplir con los requisitos que señala el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, en principio conviene citar el contenido literal de los numerales 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regulan el beneficio de libertad condicionada, los cuales rezan: Artículo 136. Libertad condicionada. El Juez de Ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." Los preceptos transcritos se encuentran contenidos en el Título Quinto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Beneficios Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad", de cuya lectura se desprende con meridiana claridad la naturaleza que tiene la solicitud de libertad condicionada, ante qué autoridad se tramita y los requisitos que deben satisfacerse para acceder a éste. El beneficio de libertad condicionada permite, bajo autorización judicial, la externación de la sentenciada previo a cumplir su pena bajo dos modalidades de supervisión, con o sin monitoreo electrónico. Si bien se trata de un derecho sustantivo de la sentenciada, para la verificación de la procedencia de dicho beneficio, ciertamente se tiene que cumplir con los requisitos que establece, al tratarse de una solicitud reglada, tales como: i) que no se haya dictado en contra del solicitante diversa sentencia condenatoria firme; ii) que no exista riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; iii) que haya tenido buena conducta durante su internamiento; iv) haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades; v) cubrir la reparación del daño y la multa; vi) no estar sujeto a otro proceso penal en cualquier fuero que amerite prisión preventiva; y, vii) que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Entonces, la concesión judicial del beneficio preliberacional de libertad condicionada está supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos legales previstos en el artículo 137 de la ley relativa. Entre otros, la fracción II de dicho numeral, antes transcrito, expresa que es requisito para la obtención de la libertad condicionada que el Juez observe que no existe riesgo objetivo y razonable en el externamiento del sentenciado para la víctma u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. El último párrafo de dicho precepto conlleva la obligación de la persona que obtenga la libertad condicionada, para comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra. Como se puede apreciar, dicho requisito debe ser analizado a la luz de la obligación del juzgador para cerciorarse de forma razonable si la externación de la sentenciada implica un riesgo para la víctima u ofendido, testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, para lo cual la propia solicitante del beneficio se comprometerá a no molestarlos. En el particular, de las constancias allegadas, se desprende que el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia donde se dirimió la solicitud de libertad condicionada planteada por el quejoso dentro de la carpeta de ejecución de origen, en la cual, la jueza responsable negó acordar de conformidad su petición. Ahora bien, la Sala Penal Tradicional y de Oralidad, con sede en esta ciudad, en la resolución impugnada, estimó que eran correctas las consideraciones de la Jueza de Ejecución responsable, pues consideró que no se cumplieron las exigencias previstas en las fracciones II, III y IV, del numeral 137 de la Ley de Ejecución Penal, en razón de que en cuanto a que no existe un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, para los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, ello no fue debidamente comprobado, ya que no solo se debió asentar en la literalidad, que el acusado no representaba un riesgo objetivo y razonable, sino que además el perito en criminología, debió generar convicción de que efectivamente el sentenciado no representaba ningún riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, ya que como lo refirió la fiscalía se determinó como indicadores criminológicos bajos. Además, porque el perito en ciencias criminológicas si bien manifestó que el sentenciado no presentaba un factor de riesgo para la víctima, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, opuesto a ello, la sala responsable advirtió que la juzgadora de origen para resolver respecto a dicho beneficio, no se encuentra limitada a considerar lo que concluyó en el dictamen criminológico, ya que de hacerlo así, se llegaría al extremo de limitar el otorgamiento de los beneficios con base en lo determinado por quien los elaboró, es decir, a discreción de la autoridad administrativa a la que pertenece el personal encargado de su realización. De igual manera, que dicha exigencia señalada en la fracción II, del artículo 137 de la Ley de Ejecución Penal, no puede evaluarse de modo genérico, sino que exige un análisis relativo que gira en torno a la identificación y plena certeza de la existencia de datos concretos y verificables de los posibles daños que pudieran configurar una situación de riesgo para la víctima. Asimismo, la sala responsable advirtió que la jueza de ejecución, tomó en consideración los elementos específicos del caso y no solo una generalización abstracta del posible riesgo que el sentenciado pudiera generar, sino que en atención a la información allegada, respecto al caso analizado, indicó que la fracción II del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que con el externamiento del sentenciado no debe existir riesgo para la víctima, entre otros; sin embargo, ello no implica que se trate de cualquier riesgo, sino que deberá ser objetivo y razonable. Por tanto, la sala de oralidad indicó que ese riesgo no debe partir de una mera posibilidad, sino por el contrario, quien sustente esa razón deberá demostrar dicho evento como probable, y no meramente posible, en el sentido de que la opción de ocurrencia del suceso supere a la de no acaecimiento; ante ello, la citada responsable estimó que el riesgo en mención al no encontrarse plenamente probado, la juzgadora no estuvo en condiciones de encontrar satisfecho ese requisito, por lo que no es posible que el quejoso tenga acceso a un beneficio preliberacional. En efecto, la responsable estimó que ese riesgo en mención quedó demostrado por la fiscalía, quien con base en el principio de contradicción obtuvo información del testimonio del criminólogo Gabriel de la Cruz Vázquez, en el sentido de que los indicadores criminológicos eran bajos, pero que el sentenciado presentaba un factor de riesgo que dentro de la teoría clínica, este factor es el socioeconómico cultural, ya que es un indicativo de tener una tendencia a cometer delitos. Además, que dicho criminólogo refirió que únicamente sostuvo una plática con el sentenciado, la cual duró de una hora con cuarenta minutos a dos horas, lo que se considera insuficiente para advertir la inexistencia de los posibles daños que pudieran configurar una situación de riesgo para la víctima, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, con el externamiento del sentenciado de mérito. Aunado, a que acertadamente la juzgadora tomó en cuenta la situación de la adaptabilidad social, ya que es la que se encuentra íntimamente relacionada con lo que indicó la psicóloga Magaly López Ramírez, quien señaló que el sentenciado ha demostrado poca disposición de adaptarse al cambio, ya que desde pequeño no fue enseñado a saber comportarse ante la sociedad, ya que ha participado en algunas actividades en su centro de reclusión, pero ninguna ha sido para cambiar. En razón de lo anterior, la sala penal responsable adecuadamente compartió lo resuelto por la juzgadora de que no se reúne la exigencia señalada en la fracción II del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como uno de los requisitos para el beneficio de la libertad condicionada solicitada por el quejoso. Bajo esas consideraciones, no asiste la razón al sentenciado cuando afirma que la responsable indebidamente consideró que conforme a la fracción II del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el deber de probar la inexistencia de riesgo razonable es de la solicitante; ya que, dice, ello implica la demostración de un hecho negativo, como lo es justificar la ausencia de riesgo objetivo y razonable en su externamiento para las personas que cita dicha norma. Por ello, sostiene, el deber de acreditarlo, recae en el Ministerio Público. Ahora, como ya se transcribió en párrafos precedentes, el referido numeral establece un derecho sustantivo del sentenciado -su libertad-; sin embargo, para la verificación de su procedencia, se tiene que cumplir con ciertos requisitos al tratarse de una solicitud reglada. En ese sentido, es manifiesto que la juzgadora de origen, así como la Sala responsable, se encontraban constreñidos a la observancia de tales numerales, en los que se dispone que para el otorgamiento de la libertad condicionada es imperativo y no potestativo acreditar todas y cada una de las condiciones que la propia ley establece. Es infundado lo alegado por la parte quejosa, ya que pierde de vista que de conformidad con el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, el Estado tiene la función preponderante de ordenar la consecución o la procuración de ciertos fines dentro del sistema penitenciario, es decir, establece determinadas directrices que deben regir la actuación de legisladores, jueces y autoridades administrativas. Así, una de esas funcionalidades del sistema penitenciario se traduce en el tratamiento preliberacional, el cual implica la externación de la persona privada de su libertad, en los casos en que proceda, es un beneficio que tiene carácter condicional, y que puede dejar de ser efectivo cuando la solicitante no cumple con los requisitos legales o se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la ley, respecto de los cuales no procede el otorgamiento de dicho beneficio. De ese modo, conforme al referido artículo 137 de la ley en comento, para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla con los requisitos que ahí se establecen, entre los que se encuentra la referida inexistencia de riesgo objetivo, previsto en la fracción II. Así, se tiene por un lado, que el sistema normativo que permite la obtención del beneficio de libertad condicionada, excluye de su acreditación a cualquier otra persona que no sea la solicitante -se entiende que el sentenciado es el interesado en obtener tal beneficio-, por ende, no es posible, que dicha carga se traslade a las contrapartes en el proceso, como pueden ser el Ministerio Público, la víctima o los testigos que hayan intervenido. Ahora, la actuación del juzgador se materializa en ponderar los elementos de prueba que se hayan puesto a su juicio, a efecto de acreditar que la solicitud de beneficio es procedente, en cuyo caso, dicha ponderación no es limitante a la solicitante, esto es, no solo tutela y protege su derecho a la libertad, sino también los derechos que se vieron afectados en perjuicio de las víctimas o los testigos en el proceso. Entonces, la acreditación de los requisitos para obtener tal beneficio redunda en el solicitante, pues el Juez al conocer las solicitudes de beneficios preliberacionales, tutela el aspecto legal en relación con el cumplimiento del requisito de inexistencia de riesgo; pero, también de forma obligada por su íntima relación, la protección a la víctima o testigos ante tal supuesto de externación penitenciaria, es decir, la actuación del juzgador consiste en valorar de forma definitiva el derecho de acceder al beneficio solicitado y también que el derecho de las víctimas no se vea trastocado. En ese tenor, de conformidad con el numeral 137 de la ley, al analizar la solicitud correspondiente, opera en sentido afirmativo o negativo, ya sea concediéndolo o negándolo; empero, lo importante a destacar, es que bajo dicho texto legal, el Juez debe observar la acreditación de las condiciones establecidas legalmente al tenor de lo propiamente solicitado, de lo que se concluye, que tal acreditación corresponde a la interesada. En ese orden de ideas, contrario a lo que expone el quejoso, la acreditación del requisito a que se refiere la fracción II del citado numeral, no se debe entender como la demostración de un hecho negativo, que refiere no le corresponde comprobar, pues si así lo desea el sentenciado, tiene bajo su arsenal un sin fin de pruebas directas e indirectas que la propia ley permite en todos los procedimientos conforme al principio de publicidad. Las cuales puede hacer valer para crear convicción en el juzgador de que no existe el riesgo en contra de las víctimas o testigos, sin necesidad de trasladar dicha carga probatoria a otros intervinientes del proceso. Lo cual, como ya se determinó, no es operativo con el sistema de acceso a beneficios preliberacionales, en el que, en atención al fin que se busca obtener -libertad del solicitante- corresponde al quejoso demostrar la satisfacción de las condiciones legales establecidas para llevar a buen puerto su solicitud. Pero para ello, es requisito previo y obligatorio, acreditar las propias condiciones que la ley establece, de ahí que contrario a lo que sostiene el justiciable, los fines de la reinserción social no se ven afectados con la determinación reclamada, pues ello no le impide continuar acatando las medidas a fin de lograr el objetivo que prevé la norma constitucional en cita, de ahí que se itera, tal argumento es infundado. Por otro lado, en cuanto a lo que estipula la fracción III, del citado numeral 137, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a que el sentenciado debió haber tenido buena conducta durante su internamiento, la sala de oralidad acertadamente estimó que dicha fracción no quedó acreditada fehacientemente, ello en razón de que acorde con el marco normativo actual que regula al derecho penitenciario, así como con las funciones y finalidades en la imposición de sanciones, la reinserción del sentenciado es un proceso gradual y progresivo que, precisamente, tiene una variación durante el transcurso del tiempo. Por tanto, la responsable adujo que era correcto lo determinado por la juzgadora respecto a la fracción III del numeral 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, concerniente de haber tenido buena conducta durante su internamiento, lo cual no se cumplió, en razón de que, si bien del testimonio de Ángel Cirenio Paz Ortiz, jefe del área de seguridad y vigilancia de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal de Huimanguillo, Tabasco, quien signó el informe de vigilancia y disciplina de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, respecto a la buena conducta del enjuiciado, el citado testigo manifestó que en cuanto a la conducta del sentenciado de mérito era a partir de dos mil veinte, por lo que no justificó que esa buena conducta haya sido a partir desde el inicio de su internamiento, lo cual era necesario, ya que puede darse el caso, que el acusado, en principio tenga un comportamiento social y posteriormente en el transcurso de la compurgación de la pena tenga otra distinta. Ello, en virtud que en un primer momento la autoridad penitenciaria pudo haber calificado el comportamiento del impetrante como negativo o malo y, después esa apreciación pudo haberse transformado y tomado en cuenta como un elemento favorable para el sentenciado. De ahí que la sala de oralidad, acertadamente indicó que el estudio concerniente para evaluar la conducta del impetrante no se debía limitar al análisis de un solo período, sino a la observación durante todo su internamiento, entendiendo como tal, el total de tiempo que lleva en reclusión, pues el artículo 137, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no hace distinción de los períodos que deben tomarse para esa valoración, esto es, debe ser integral y no segmentada. Agregando que la acreditación de la mala conducta del sentenciado no dependía de la mera existencia de correctivos disciplinarios, ni de las actividades recreativas, sociales, educacionales y deportivas, sino de su naturaleza y características, tanto aisladas como en conjunto, que pusieran de manifiesto que el interno es renuente a sujetarse a las normas de control que rigen su estancia en el centro penitenciario; datos que adujo la responsable, no quedaron corroborados con el testimonio del jefe del área de seguridad y vigilancia de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal de Huimanguillo, Tabasco, por lo que, la sala responsable estimó correcta la determinación de la juzgadora de que no se cumplió con la exigencia antes señalada. Continuando con ese tópico, se estima adecuado lo que resolvió la autoridad de alzada, pues consideró que acorde a los medios probatorios existentes en autos, no quedó determinado en el área de psicología que haya realmente progresado el sentenciado de los problemas con los cuales ingresó al centro de reclusión en el que se encuentra, lo cual no fue porque la psicóloga no haya podido determinarlo, sino porque dejaron patente que el sentenciado inició su programa en el cereso de Cunduacán, y lo que con posterioridad le dieron al cambiarlo al cereso de Huimanguillo, fue solo un avance para su reinserción, ya que las personas que le dieron el tratamiento y lo concluyeron, no fueron los que comparecieron al juicio para emitir su testimonio, por lo que no llevaron a la persona adecuada que pudiera constatar la mejoría del sentenciado; por tanto, dichos medios probatorios no generaron convicción a la juzgadora, en vista de que la psicóloga no lo pudo determinar en su testimonio. De igual manera, la responsable consideró que la fiscalía tenía la razón al manifestar que el área médica tampoco cumple con dicho requisito, toda vez que el médico que firmó las constancias en favor del impetrante, aun no se encontraba laborando en dicha institución, ya que tenía poco tiempo de trabajar, por lo que no fue la persona adecuada para expedir dichas constancias. Por otra parte, respecto a lo que el impetrante manifestó, en el sentido de que la reinserción social se sustenta en cinco ejes rectores, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, en donde optó por modificar su postura y aprovechar la oferta que le hizo la institución penitenciaria en la medida de sus posibilidades, evidenciándose el objeto de la reinserción social, como un sistema de carácter progresivo y técnico, gradual, flexible que posibilita al sentenciado un avance para la recuperación de su libertad. Contrario a ello, la Sala de Oralidad adujo que el artículo 18 Constitucional, establece que los ejes rectores del sistema penitenciario, se constituyen como medios para lograr la reinserción de los sentenciados, de ahí que para el cumplimiento de ese extremo, es necesario que se advierta una participación total y satisfactoria en todas las áreas encomendadas y, con ello se puede advertir el interés del sentenciado en reinsertarse, con el propósito de no volver a delinquir. En esos términos, adecuadamente señaló la citada responsable, que en el caso particular no se advertía que fuera de esa manera, por lo que la Jueza de Ejecución correctamente determinó negar el beneficio solicitado a favor del sentenciado de mérito, lo cual resultó acorde a la Constitución y a la ley Nacional de Ejecución Penal, incluso, conforme a lo establecido en el numeral 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dado que las acciones y cursos judiciales se sustanciarán conforme al sistema adversarial y oral, por lo que se rigen bajo los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, a la vez la libertad condicionada constituye una modalidad de cumplimiento de pena, bajo el presupuesto de libertad, para lo cual, el enjuiciado debe ajustarse a los requisitos que para su otorgamiento establece el arábigo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, tiene la carga de probar tales exigencias, que permitirá a la autoridad jurisdiccional efectuar un análisis y con base en ello, determinar si existe una reinserción social por parte del sentenciado, para lo cual debe ponderar los medios objetivos que tenga a su alcance en el procedimiento de ejecución. En razón de lo anterior, la responsable consideró acertadamente lo resuelto por la juzgadora de ejecución, quien estimó que no habían quedado satisfactoriamente colmados los requisitos con el plan de actividades, en virtud que no existieron medios objetivos que demostraran que el sentenciado los cumplió cabalmente. En lo que al caso interesa, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 16/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 951, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, de la Décima Época, que establece: BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien es cierto que el artículo 18, párrafo segundo, constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución General de la República. Por tanto, el hecho de que el legislador establezca condiciones de concurrencia necesaria para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, conceda o no dichos beneficios, no es contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales." Por tanto, la sala de oralidad precisó que si la defensa no ofreció medio de prueba alguno, ni tampoco incorporó al debate información que dejara de manifiesto que el enjuiciado durante el internamiento en el respectivo centro penitenciario donde se encontraba, cumplió con un plan de actividades en el área de psicología y médica, era evidente que no se cumplió con el requisito establecido en la fracción IV del numeral 137 de la Ley Nacional de ejecución Penal. De ahí que, esa falta de cumplimiento al plan de actividades, la sala responsable consideró era atribuible al enjuiciado, ya que reiteró que el informe de actividades agregado a la controversia, aprobado por el sentenciado y las autoridades penitenciarias, debió cumplirse satisfactoriamente, de ahí que era insuficiente pretender que se tuviera por cumplido ese rubro sin acreditar que se realizaron los procedimientos necesarios en torno a su adaptabilidad social y que con ello se pudiera advertir el interés del sentenciado en reinsertarse con el propósito de no volver a delinquir. Concluyendo de manera correcta la responsable, que los argumentos del impetrante resultaban ineficaces, ya que no advirtió que con el dictado de la determinación reclamada se vulneraran sus derechos humanos, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, esto no implica que deba ser considerado un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que el segundo párrafo del numeral 18 constitucional, admite la posibilidad de que se otorgue algún beneficio a quien esté en posibilidad de ser reinsertado y no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador de condicionar tal otorgamiento; por tanto, la responsable adecuadamente confirmó la resolución apelada, al advertir que en el presente caso no se acreditaron en su totalidad las exigencias para la procedencia del beneficio preliberacional de libertad condicionada. En esas condiciones este órgano jurisdiccional advierte que el Tribunal de Oralidad, analizó adecuadamente la determinación alcanzada por la jueza de ejecución responsable, quien realizó un ejercicio de ponderación de los derechos fundamentales del sentenciado, pues si bien reconoció que el quejoso cuenta con la potestad de gestionar la aplicación del beneficio de la libertad condicionada, también destacó que para que ello se acredite, se deben de cumplir con las exigencias previstas en el numeral 137 de la Ley de Ejecución Penal, lo cual en el caso no aconteció. De ahí que se estime que los motivos de disenso resulten infundados. En ese sentido, también se desestima la tesis invocada por el impetrante, ya que esta no resulta aplicable al presente caso, por las consideraciones establecidas en la presente resolución. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación señalados por el quejoso sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a la responsable ejecutora Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, dado que no existe señalamiento respecto de algún vicio por acto de aplicación. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se; R E S U E L V E PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Luis Alberto Estrada Gómez, contra el acto reclamado y las autoridades responsables precisadas en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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