Luis Alberto Espinosa Salas
Expediente 1393/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1393/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Luis Alberto Espinosa Salas
- LUIS ALBERTO ESPINOSA SALAS y Otros.
- María Guadalupe Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Y, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, remitido vía electrónica por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual informa que se desechó el recurso de queja interpuesto por Juan Carlos Simón Hernández, en su carácter de autorizado del Ayuntamiento Constitución de Ixtlán, del Río, Nayarit -autoridad vinculada al cumplimiento-, en contra del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, por las razones expuestas en el oficio de cuenta, el cual quedó registrado con el número 662/2022 del índice de dicho Tribunal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran en autos los acuses de recibo de los oficios 3406-V y 4043-V dirigidos al Presidente Municipal, y al Jefe del Departamento de Catastro de Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas. En consecuencia, requiérase nuevamente al Administrador Postal de Correos, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificado del presente proveído, se remita a este juzgado federal, los acuses de recibo de los oficios de referencia, o en su defecto la copia certificada correspondiente de los mismos, los cuales fueron depositados en esa administración el primero de ellos el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, y el segundo el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, quedando registrados con las piezas postales MA013218885MX y MA013233556MX. En el entendido que de no hacerlo dentro del término que se indica, dicho Administrador se hará acreedor a una multa por cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé la fracción I del numeral 237 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese el escrito signado por JUAN CAMPOS HERNÁNDEZ, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, y en atención a lo que solicita dígasele que una vez que obren en autos los acuses de recibo mencionados en las líneas que anteceden se estará en condiciones de remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Turno, para la substanciación del recurso de revisión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales procedentes los oficios de cuenta, signados por la Directora Jurídica del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y anexos que acompaña, mediante los cuales en cumplimiento a lo solicitado por oficio 3311- VII, de doce de agosto del año en curso, remite la diligencia de quince de agosto del presente año, de la que se advierte que el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, no dio cumplimiento al fallo concesorio, esto es, no realizó el pago de la cantidad de $555,758.47 (quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos 47/100 moneda nacional) a la quejosa Roció Murillo Guzmán, ni la reinstaló en su fuente de trabajo, esto es, en el referido Ayuntamiento, en el mismo puesto y en los mismos términos y condiciones que venía desempeñando hasta antes de su despido, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. En ese sentido, de las constancias del presente juicio de amparo se advierte que el nueve de agosto de dos mil veintidós, se notificó al Presidente, Síndico, Regidores, y Tesorero, todos municipales del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, el auto de cinco de agosto del presente año por el que este órgano jurisdiccional los requirió a efecto de que realizaran las gestiones y trámites internos necesarios y giraran instrucciones a quien correspondiera para que el día y hora que el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit señalara para la diligencia de cumplimiento de laudo, ésta fuera atendida por persona con facultades para cumplir con el laudo y se reinstalara a Rocío Murillo Díaz y se le hiciera pago de las prestaciones determinadas en cantidad líquida. Consecuentemente, dado que el Presidente, Síndico, Tesorero y Regidores, todos municipales del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit no acataron en los términos el requerimiento formulado en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, no obstante que los mismos fueron claros y concisos, su conducta se considera una evasiva para dar cumplimiento al fallo protector y, por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se impone al Presidente, Síndico, Regidores, y Tesorero, todos municipales del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Gírese oficio al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esta Ciudad, para que se sirva hacer efectivo el cobro de las multas impuestas con antelación, dejándose expedito el derecho de investigar el domicilio a efecto de que se encuentre en aptitud de hacer efectivo el cobro de las mismas. Asimismo, requiérase al citado Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esta Ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe el seguimiento de las multas impuestas en párrafos que anteceden. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente auto, fije nueva hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de $555,758.47 (quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos 47/100 moneda nacional) y de reinstalación de Rocío Murillo Guzmán, en acatamiento al laudo emitido en el juicio laboral 95/2008, misma que deberá fijar dentro del plazo que no exceda de diez días. En la inteligencia de que la referida autoridad deberá realizar las gestiones necesarias a fin de que el día y hora señalados para dicha diligencia se lleve a cabo la misma, y no sea diferida por algún motivo imputable a dicha autoridad o a algún funcionario de su adscripción. De igual forma, el Instituto responsable deberá ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, para que el día y hora que sea señalado, cuente con el numerario suficiente a efecto de hacer el pago de la cantidad referida en párrafos anteriores, y para que la impetrante sea reinstalada en su fuente de trabajo, esto es, en el aludido Ayuntamiento, en el mismo puesto y en los mismos términos y condiciones que venía desempeñando hasta antes de su despido, debiendo ordenar la notificación del auto respectivo con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. A fin de lograr lo anterior, deberá hacer uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede. Luego, en mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se requiere a todas las autoridades que conforman el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit -Presidente Municipal, Síndico, Regidores y Tesorero para que actúen conforme lo siguiente: a) El día y hora que el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, señale para que se lleve a cabo la diligencia de pago y reinstalación a favor de la aquí quejosa, esté presente persona con facultades necesarias para hacerlo. b) El día de referencia proceda a realizar el pago por la cantidad de $555,758.47 (quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos 47/100 moneda nacional) en favor de Rocío Murillo Guzmán y se le reinstale en la aludida fuente de trabajo. c) En la inteligencia, que deberán de informar en el término de tres días a este órgano jurisdiccional, las gestiones que realicen para el debido cumplimiento de esta ejecutoria de amparo. Al respecto, se reitera a las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán de Río, Nayarit, lo que les fue señalado en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, que con fundamento en lo establecido en el artículo 2021 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, cuando dichas autoridades tengan que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, pueden hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen se dictó un laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit a cumplir con diversas prestaciones, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita; en ese sentido, no existe impedimento para que hagan uso del presupuesto de egresos a fin de dar cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 95/2008. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 178, emitida por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 145 y 146, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que dicho ayuntamiento en la diligencia de quince de agosto de dos mil veintidós, haya manifestado que el ejercicio presupuestal del año en curso no se encuentra partida alguna para el pago de dicho laudo, ni la existencia de presupuesto de salarios futurosp. Toda vez que lo anterior, no es motivo para retardar el cumplimiento a las ejecutorias de amparo, en razón que las mismas deben ser puntalmente cumplidas de conformidad con el artículo 192 de la ley de la materia. Con independencia de lo anterior, se apercibe tanto al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad como a las autoridades vinculadas a su cumplimiento del Ayuntamiento constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, por conducto de su Presidente, Síndico, Regidores y Tesorero municipal, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos que se contienen en el presente proveído, con fundamento en el precepto legal invocado, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien días cada una, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con independencia que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad. NOTIFÍQUESE.
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