Luis Alberto Escobar Vázquez

Expediente 1185/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1185/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Escobar Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente. Tribunal Colegiado admite recurso. Se tiene al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, informando que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintidós de septiembre del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional; el cual quedó registrado bajo el recurso de queja número 246/2023 penal. Se autoriza acceso a expediente electrónico a la Superioridad. Ahora, respecto a la solicitud de la Superioridad, relativa a que este órgano jurisdiccional realice las medidas necesarias para que ese Tribunal Colegiado cuente con acceso al expediente electrónico del presente Juicio de Amparo; con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35, 39, 55, y demás relativos y aplicables del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente, como lo solicita la superioridad, realícense las gestiones correspondientes a efecto que el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del actuario de la adscripción, para los efectos legales a que haya lugar. Se informa a Superioridad. Finalmente, como se solicita, comuníquese al Tribunal de alzada que se capturaron los campos respectivos para que tenga acceso al expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa y, en atención al contenido del mismo, acuérdese lo siguiente: Recurso de queja. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de expresión de agravios que sea agregado a los presentes autos, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo. Remisión a la Superioridad. Con apoyo en el último de los numerales invocados, remítase el original y duplicado del escrito de recurso interpuesto, copia certificada de las constancias respectivas, así como el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad. Informe. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, anexando para ello las constancias necesarias a fin de apoyarlo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *****************, y signada también por ************* y ************* quienes establecen ser defensores particulares del primero en cita, en términos del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1185/2023. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la demanda de amparo, escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Al respecto es aplicable a contrario sensu, la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "Registro digital: 186605 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXI/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 448 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza de forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, que la misma ley, aplicado en sentido contrario, los cuáles establecen lo siguiente: Los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la primera de las porciones normativas se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que ello resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia legislación. Vinculado con ello, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, dispone que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; es decir, el amparo indirecto es improcedente contra actos que dada su naturaleza no tienen una afectación material sobre derechos sustantivos de la persona quejosa. Lo anterior implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales. De manera que la afectación irreparable o sus efectos se verifican cuando se constata hipotéticamente si se destruyen o no con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural favorable a sus pretensiones. Por lo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En ese contexto, este Juzgado considera que la acción de amparo es improcedente, pues el acto reclamado por la parte quejosa no puede considerarse como de imposible reparación; y para justificar lo anterior conviene establecer que el acto reclamado por la parte gestora del amparo consiste en la resolución pronunciada el treinta de agosto de dos mil veintitrés, dentro del toca penal número 0367/2023, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en esta ciudad, virtud del recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de exclusión de los medios de prueba que fueron ofrecidos por la ahora parte gestora del amparo en la audiencia intermedia que tuvo verificativo el seis de marzo del año dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 3394/2019, instruido por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, al considerar que no se dio contestación al escrito de acusación por parte del acusado refiriendo que no se cumplieron las reglas del descubrimiento probatorio. Bajo ese contexto, se puede afirmar que el motivo del acto reclamado a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, no es de aquellos que transgreda derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues como puede advertirse, reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva (intraprocesal). Lo anterior, toda vez que si la Sala señalada como responsable determinó que fue correcta la determinación del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, de excluir los medios de prueba que fueron ofrecidos por la hoy parte quejosa en la audiencia intermedia que tuvo verificativo el seis de marzo del año dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 3394/2019, ello no atenta contra el derecho humano que tiene el quejoso a una debida defensa, pues no afecta un derecho sustantivó; bien porque existe otro medio de prueba que puede ser empleado para probar el mismo hecho, porque no es relevante para el caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la persona quejosa; máxime, que de no obtener sentencia favorable, tiene la oportunidad de interponer el recurso de apelación, o de hacer valer como una violación procesal lo que aquí se reclama en amparo directo de conformidad con el artículo 173 apartado B. fracción X de la Ley de amparo, para que sea analizada dicha violación en dicho amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

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