Luis Alberto Enriquez Hernández
Expediente 652/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Alberto Enriquez Hernández
- Juez de Control del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Dada la certificación que antecede, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 652/2019-I, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En el buzón de correspondencia de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el tres de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió la demanda que dio origen al juicio, recibida en dicha oficina el cuatro del mismo mes y año, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito ese mismo día. En el escrito inicial el quejoso ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, a quien reclamó el auto de vinculación a proceso de trece de agosto de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal ****/2019, por su probable participación en hechos que encuadran en los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado, en perjuicio de las menores de edad de iniciales ****** y ******,respectivamente. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la responsable, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó emplazar a juicio a las víctimas y al fiscal que actuó en el expediente de origen y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución emitida por un Juez de Control que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el auto de vinculación a proceso de trece de agosto de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal ********/2019, por su probable participación de hechos que encuadran en el delito de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172, fracción I y 175, fracción VII, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, respecto de los hechos ocurridos entre marzo y junio de dos mil diecisiete y violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172, fracción I, párrafo segundo, en relación con el diverso 175, fracción VII, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos entre marzo y junio de dos mil dieciocho, ambos cometidos en perjuicio de la menor de iniciales *******,así como el diverso ilícito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de la menor de edad de iniciales *********,por hechos cometidos entre marzo y junio de dos mil catorce. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación el Juez de Control del distrito judicial Bravos, indicó que es cierto que en audiencia de trece de agosto de dos mil diecinueve, decretó auto de vinculación a proceso en contra de ************, dentro de la causa penal ********/2019, por los delitos de violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172, fracción I y 175, fracción VII, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, respecto de los hechos ocurridos entre marzo y junio de dos mil diecisiete y violación agravada, previsto y sancionado por los artículos 172, fracción I, párrafo segundo, en relación con el diverso 175, fracción VII, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos entre marzo y junio de dos mil dieciocho, ambos cometidos en perjuicio de la menor de iniciales******,así como el diverso ilícito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en los artículos 174 y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de la menor de edad de iniciales ******,por hechos cometidos entre marzo y junio de dos mil catorce. Para corroborar lo anterior, se exhibieron dos discos versátiles que contienen videograbadas las audiencias celebradas el ocho y trece de agosto de dos mil diecinueve, además, diversas documentales en copia certificada; probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tiene como cierto el auto de vinculación a proceso de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que: III.1. Se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente ****************, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra del citado quejoso. II. Rendición de la declaración del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, el imputado asistido de su defensor se reservó el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyeron. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Atento a lo anterior, este tribunal de amparo analizará si el Juez de Control encuadró las conductas que se atribuyen al aquí quejoso, a lo previsto y sancionado por los artículos 172, fracción I, párrafo segundo, 174 y 175, fracción VII, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: 172. Se aplicarán de años de prisión a quien: I.Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 174. A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. En la especie, el suscrito considera que el Juez responsable correctamente estableció que existían hechos constitutivos de los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado, previstos y sancionados en los artículos transcritos con antelación, cometidos en perjuicio de las menores de edad de iniciales *********** Lo antes expuesto, toda vez que, como bien lo señaló el Juez responsable, con la denuncia y comparecencia de quince y veintidós de julio del año en curso, de *********, madre de las víctimas menores de edad de iniciales **********; con la comparecencia de las menores de edad de referencia de quince de julio de la presente anualidad; con los informes de agresiones sexuales de quince de julio del presente año, emitidos por la perito *************, efectuados a las menores en cita; con los dictámenes psicológicos preliminares elaborados por la psicóloga **********, efectuados a las menores de edad de mérito; así como el parte informativo, serie fotográfica y entrevistas realizadas por el agente ministerial Sergio Rivera Escobedo, respecto de **************, las víctimas menores de edad de iniciales********** y de la vivienda ubicada en calle ***********; quedó establecido que aproximadamente entre los meses de marzo y junio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en ************, la víctima menor de edad de iniciales ******,fue violada vaginalmente; asimismo, que entre los meses de marzo a junio de dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en *************, la víctima menor de edad de iniciales ********,fue violada analmente; así como que, entre los meses de marzo a junio de dos mil catorce, en el domicilio ubicado en ************, la víctima menor de edad de iniciales ******, fue abusada sexualmente. Además, el suscrito considera correcto el valor otorgado por la autoridad responsable a las manifestaciones vertidas por **********, madre de las víctimas menores de edad de iniciales ************, en la denuncia y comparecencia de quince y veintidós de julio del año en curso, respectivamente, ante la representación social, toda vez que las mismas son confiables, sin que se apreciare su interés en faltar a la verdad, ello no obstante que la querellante no presenció el hecho delictivo, sin embargo, debe considerarse que conoció lo expresado por sus hijas quienes sufrieron directamente el injusto penal. Asimismo, en relación al deposado de las menores de edad de iniciales ************, el que suscribe comulga con el Juez natural quien adecuadamente le concedió valor a los mismos, en atención a que fueron vertidos por quienes se dice sufrieron los hechos de carácter sexual denunciados; asimismo, en virtud de que el relato de las víctimas fue coherente, objetivo, espontáneo y descriptivo en cuanto a los hechos, lo que los volvió confiables; además, con relación al valor probatorio que refiere le concedió a la declaración de las víctimas, debe decirse, que la autoridad responsable acertó en la ponderación que de tales narraciones hizo, pues estableció los datos que de las mismas obtuvo, indicó las razones por las que debía o no conferírseles valor, también las relacionó con los datos de prueba expuestos en audiencia y la manera en que se sumaban para acreditar los hechos delictivos. Por otro lado, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso refiere que el Juez responsable realizó una inexacta valoración de la prueba, ya que con los antecedente narrados por el representante social, no se acreditaron las circunstancias de tiempo de comisión del hecho delictivo que al efecto prevé el artículo 19 constitucional, toda vez que la "supuesta víctima" (menor de iniciales *******, manifestó que no recordaba cuándo "su papá" la empezó a tocar, por lo que no existe ningún dato de prueba que establezca temporalidades, sino que no fue la madre de dicha víctima quien manifestó ante el representante social la fecha de comisión del hecho delictivo, por lo que el dicho de la menor se encuentra aislado; además, de que no debió darle valor a la declaración de la diversa menor de iniciales*******, toda vez que no existió dato alguno en el que se estableciera al menos circunstancialmente la fecha en que sucedieron los tocamientos denunciados, ya que la misma refirió no recordar cuándo aconteció el injusto penal, lo que ocurrió hasta que la madre de dicha menor, en una ampliación de declaración, en que manifestó las fechas del ilícito. Tales inconformidades resultan infundadas. Lo antes expuesto es así, en atención a que para el dictado de un auto de vinculación a proceso la ley no obliga al órgano acusador el establecer de manera exacta la hora y fecha de la comisión del hecho delictivo que se investiga, sino que, los mismos deberán encontrarse acreditados bajo un parámetro razonable en que se dice sucedieron, lo que en el presente caso así ocurrió, dado que en atención a lo referido por la madre de las menores víctimas en su comparecencia de veintidós de julio de dos mil diecinueve, se tuvo que aproximadamente entre los meses de marzo y junio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en ************* la víctima menor de edad de iniciales *******, fue violada vaginalmente; asimismo, que entre los meses de marzo a junio de dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en ************, , la víctima menor de edad de iniciales ***, fue violada analmente; así como que, entre los meses de marzo a junio de dos mil catorce, en el domicilio ubicado en ************, la víctima menor de edad de iniciales *******, fue abusada sexualmente; con lo cual se cumple con el deber de establecerse la temporalidad en que se dice se cometieron los hechos que la ley señala como delitos, sin que dada la propia naturaleza de su minoría de edad, se pueda exigir a las víctimas que establezcan con mayor precisión la fecha en que ocurrieron los hechos. Por otra parte, señala el quejoso que fue equívoco el valor preponderante otorgado por el Juez de Control al dicho de las menores, toda vez que los mismos se encuentran aislados; asimismo, que fue incorrecta la vinculación a proceso que le fue dictada dado que el responsable únicamente valoró la declaración de las víctimas, aplicando para ello el protocolo en caso que se involucren a niñas, niños y adolescentes y el interés superior del menor, omitiendo que a él también le asisten derechos como los estipulados en el artículo 1° constitucional, a lo cual está obligado, pues no tomó en consideración las manifestaciones vertidas por su defensa en la audiencia respectiva en relación a los antecedentes que obran dentro de la carpeta de investigación; aunado a que el Juez de origen sobrevaloró el dicho de las menores sin concatenar los mismos con lo que "dijo la psicóloga"; lo que en su caso llevaría al absurdo de que con un simple señalamiento de cualquier menor de edad fuere suficiente para que una persona sea vinculada a proceso. Tales conceptos de violación resultan infundados. Lo anterior, dado que el suscrito considera que resultó acertado lo señalado por el Juez responsable en el sentido de que en atención a la edad de las víctimas al momento del evento delictivo (menores a los catorce años), debían ubicárseles en una categoría sospechosa de vulnerabilidad y, por tanto, era dable aplicar el protocolo en caso que se involucren a niñas, niños y adolescentes, por lo que no era obligación requerirles que su narración de los hechos fuera con un grado mayor de precisión al efectuado; finalmente, respecto a este tópico, resultó acertado por parte del Juez de origen, los criterios jurisprudenciales que reseñó relativos al valor que debía otorgarse a las declaraciones efectuadas por las víctimas de delitos sexuales. En el mismo sentido, fueron correctas las consideraciones adoptadas por el Juez de origen en relación al valor probatorio que otorgó al certificado previo de lesiones y valoración psicológica, efectuados por los expertos ***************, respectivamente, al señalar que dichas experticias fueron elaboradas por profesionistas en la materia, a través de los cuales se confirmó la denuncia efectuada por la víctima. Por tanto, contrario a lo señalado por el quejoso, el Juez de origen no valoró de manera aislada el dicho de las menores víctimas, sino que los concatenó con diversos datos de pruebas como lo es lo expuesto por la perito que elaboró el certificado previo de lesiones, en el que se estableció signos de una penetración vaginal en la menor de edad ******, así como en lo referido en las valoraciones psicológicas efectuadas a las víctimas de los que se desprenden que, las menores víctimas presentan una alteración emocional reflejando altos índice de ansiedad como consecuencia de las experiencias que sufrieron (hechos delictivos), así como que de continuar una interacción con su agresor no se descartaba un incremento en la afectación emocional y psicológico, así como la posibilidad de una revictimización. De igual forma, inverso a lo referido por el quejoso en el sentido de que el Juez responsable protegió únicamente los derechos de las menores víctimas, este juzgador no comulga con su dicho, en atención a que de una revisión efectuada a la videograbación de las audiencias de imputación y vinculación a proceso, se desprende que el responsable en todo momento respetó los derechos humanos y procesales a que tiene derecho, dado que se encontraba asesorado por los defensores privado y público que en su momento designó para su defensa; asimismo, en todo momento se le dio la oportunidad de declarar o no hacerlo, acogiéndose a este último derecho, así como a ofrecer los medio de prueba que considerare necesarios a efecto de soportar su postura defensiva; además, de que sus derechos no se vieron conculcados en atención a la valoración que efectúo el Juez de origen respecto de los datos de pruebas esgrimidos por la representación social, sino que, atendiendo a las máximas de la experiencia y criterios de valoración, así como fundando y motivando sus decisiones, otorgó el valor correspondiente a los mismos, con lo cual no se violó derecho alguno en su contra, sino únicamente se llegó a la conclusión de que con dichos datos de prueba se acreditaba la comisión de los ilícitos de violación agravada y abuso sexual agravado, siendo este uno de los requisitos necesarios para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Por último, se tiene que el Juez de origen refirió la existencia en autos de las copias certificadas de las actas de nacimiento de las víctimas menores de edad de iniciales *************, con lo que se acreditaba que éstas contaban con una edad inferior a los catorce años al momento de la comisión de los eventos delictivos. Es por lo anterior, que tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delitos de violación agravada y abuso sexual agravado, previstos en los artículos 172, fracción I, párrafo segundo, 174 y 175, fracción VII, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de las menores de edad de iniciales *********, respectivamente, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten advertir la existencia de hechos señalados en la ley como los delitos precisados. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, este Juzgador no advierte lesión a los derechos del imputado; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la posibilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y los datos de prueba que refirió en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delitos, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. Respecto a este tópico, en un primer aspecto, el quejoso aduce que el responsable aplicó inexactamente la ley, al valorar en "exceso" el dicho de las menores víctimas. Tal planteamiento es infundado, pues al efecto, debe tomarse en cuenta que, como bien lo expuso el resolutor de primera instancia, las víctimas contaban con una edad menor a los catorce años al momento de los eventos delictivos, lo que permite establecer que en un interés superior del menor deben tomarse medidas adecuadas para salvaguardar su integridad física y emocional, además de que tal circunstancia permite adentrarse en una categoría sospechosa de discriminación, por lo que sus afirmaciones requieren una atención especializada diversas a la de un adulto, y por tanto, consideró que debía juzgar bajo una óptica del interés superior de la niñez. A mayor abundamiento, cabe acotar que cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debido a que por ser víctimas de delitos sexuales la mayor parte de las veces aquéllos son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir evidencia física. Ello hace de su testimonio una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. En efecto, toda valoración de una declaración de un menor de edad deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño, niña o adolescente, deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Con base en lo dicho, podemos inferir que es infundado el concepto de violación hecho valer por el accionante, toda vez que el Juez responsable fue acertado al señalar que respecto de las declaraciones de las menores víctimas del delito, éstas, precisamente provenían de las personas que sufrieron los hechos de carácter sexual, sumado a que, como ya se dijo, los delitos de esa naturaleza se realizan en la clandestinidad, sin que se haya apreciado mendacidad en su dicho; además, de que el relato de las menores fueron coherentes y objetivos, sin que pueda dudarse de ese deposado ante su espontaneidad y lo característico de su descripción detallada del hecho. Además, conviene indicar que era un derecho de las menores ofendidas participar en un proceso judicial, una obligación de cara a su derecho a ser oídas, así como un medio para coadyuvar en la labor del impartidor judicial, al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. El hecho de ser menor no impide la posibilidad de contar con su relato ni existe razón para restarle valor a su dicho. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia VI.2o. J/149, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, visible en la página 1082, registro 195364, del tenor siguiente: TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. También resulta aplicable al caso, por las razones que la sustentan la tesis aislada 1a. XLI/2011, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materias Constitucional, Penal, que se consulta en la página 463, registro 162548, que dispone lo siguiente: MENOR DE EDAD. CUANDO ES SUJETO PASIVO EN UN DELITO DE ÍNDOLE SEXUAL, NO ES OBLIGATORIO PARA EL JUZGADOR ORDENAR LA PRÁCTICA DE CAREOS PROCESALES ANTE LA DISCREPANCIA DE LO DECLARADO POR ÉL Y POR LOS ATESTES. Tanto en los instrumentos jurídicos internacionales (Convención sobre los Derechos del Niño) de observancia obligatoria conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes internas (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), se reconoce el interés superior del menor como un principio rector traducido en un conjunto de acciones y procesos, a cargo de los particulares y de las autoridades, tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Así, dicho interés superior debe guiar tanto a las autoridades como a la sociedad a adoptar las medidas necesarias para que los derechos fundamentales de los menores se respeten, de manera que cuando se encuentren involucrados en una controversia de carácter judicial, ésta debe solucionarse atendiendo a las circunstancias de cada caso particular prevaleciendo el interés del menor sobre cualquier otro, y el juzgador debe resolver escuchando la opinión de éste, ponderando las circunstancias planteadas en cada caso concreto y allegándose oficiosamente todos los elementos necesarios para establecer lo mejor para el bienestar del menor. Por tanto, la norma legal debe aplicarse con sentido funcional, pues el juez debe poseer un margen de discrecionalidad cuyo límite y justificación lo constituye el caso concreto a resolver del mejor modo posible para el bien del menor, por lo que cuando éste es sujeto pasivo en un delito de índole sexual, no constituye obligación para el juzgador ordenar la práctica de careos procesales ante la discrepancia de lo declarado por el pasivo y los atestes, siendo inaplicable en estos casos de menores la jurisprudencia 1a./J. 50/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, aplica la tesis aislada (X Región) 1o.4 P (10a.), que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia Penal, que se consulta en la página 1935, registro 2006729, que a la letra dispone lo siguiente: TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O TUTOR. De acuerdo con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo nacional e internacional en la materia; de manera que para su aprobación y eficacia procesal, será indispensable observar una serie de condiciones, a fin de que su información sea recogida de manera óptima, sin producir algún menoscabo en su persona; para lo cual se requiere que estén asistidos por abogado o defensor público, así como por sus padres o tutor; ello, en virtud de que al rendir su declaración sobre hechos que impliquen la comisión de delitos, los menores de edad se encuentran expuestos a un estado de vulnerabilidad tanto física como emocional, que puede poner en tela de juicio su espontaneidad, veracidad e imparcialidad, al estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigación ministerial. Por otro lado, refiere el quejoso que el Juez responsable inobservó los parámetros de la valoración de los datos de prueba respecto al referente al informe de agresiones sexuales elaborado por la médico legista **********, el quince de julio del año en curso, a la menor de edad de iniciales *******, expuesto en la audiencia de vinculación a proceso de trece de agosto de dos mil diecinueve, en el que el juzgador señaló que, no obstante que del dictamen referido con anterioridad la experta de referencia haya concluido que respecto a la exploración proctológica LOS HALLAZGOS DESCRITOS EN LA EXPLORACIÓN PROTCOLOGICA NO PRESENTAN DATOS COMPATIBLES CON PENETRACIÓN DE DATA RECIENTE NI ANTIGUA, en atención a que dado la presencia de una verruga en dicha área corporal, existía la posibilidad de que la misma derivara de una enfermedad de transmisión sexual por una violación sexual. No asiste la razón al quejoso. Lo anterior es así, toda vez que como bien lo estableció el Juez responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encontraba facultado para asignar el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba, de manera libre y lógica, justificando adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicara y justificara su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, lo cual, respecto al dato de prueba en comento efectuó; determinación con la que este juzgador comulga. Lo antes expuesto, toda vez que con independencia de lo acertado o no de la consideración del juez responsable, en el sentido de que en atención a las máximas de la experiencia es posible establecer en un grado de posibilidad la relación entre la posible verruga en el área anal detectada en la exploración referente al informe de agresiones sexuales elaborado por la médico legista **********, el quince de julio del año en curso, a la menor de iniciales *****, a la edad con que contaba la víctima en su realización (menor de catorce años), lo cierto es que también refirió que no obstante que la cavidad anal es distinta a la vaginal, la misma puede ser manipulada al ser aquélla distensible, lo que este juzgador considera acertado, si se toma en consideración que por tal circunstancia, no toda penetración deja necesariamente huella, máxime que del propio dictamen de referencia, no se advierte que la experta haya establecido la inexistencia de la penetración anal, sino únicamente refirió el no haber encontrado signos de ello, lo que no es suficiente para tener por no acreditado el ilícito sexual, por lo menos, para esta etapa del juicio, además, atendiendo al propio informe de agresión sexual, se desprende el hallazgo de rastros de una penetración vía vaginal en la propia víctima, lo que, robustece el dicho de la menor y genera credibilidad en la totalidad de su relato (tanto de la penetración vaginal como anal), que en este momento procesal es suficiente para el dictado de una vinculación proceso. Aunado a lo antes expuesto, toda vez que como ya se estableció anteriormente, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delitos, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso; ante ello, resulta infundado el concepto de violación vertido por el quejoso. Finalmente, contrario a lo argumentado por el quejoso, el conjunto de circunstancias y datos de prueba reseñados por el Juez de Control, hacen probable la posible participación del procesado en la comisión de los delitos que se le imputan, por tanto, se compromete la presunción de inocencia que se deducía en su favor. Por todo lo anterior, es que este Juzgado Federal comulga con el Juez responsable, en el sentido de que, los datos de prueba que narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que ***************, realizó el hecho configurativo de los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado, previstos en los artículos 172, fracción I, párrafo segundo, 174 y 175, fracción VII, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de las menores de edad de iniciales ************, respectivamente. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de hechos descritos por la ley penal como delitos de violación agravada y abuso sexual agravado, previstos en los artículos 172, fracción I, párrafo segundo, 174 y 175, fracción VII, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de las menores de edad de iniciales *************, respectivamente, y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, los realizó, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****************** contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el trece de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal *********/2019, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el ocurso de cuenta que signa ** en representación de las terceras interesadas de iniciales ** en atención a su contenido, se tiene a dichas terceras, apersonándose al juicio constitucional de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción I de ley en cita. Luego, vista la certificación de cuenta, se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró inscritos a los licenciados **, por tanto, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a **, por no estar empadronada en el citado sistema. En el entendido que, la mencionada podrá actuar en los términos amplios a que se ha hecho referencia si al momento de la diligencia acredita con prueba fehaciente tener la calidad de profesional del derecho. Finalmente, téngasele ofreciendo como prueba la instrumental de actuaciones que refiere, la que se tiene por admitida y desahogada, toda vez que se constituye con las constancias que obran en el sumario; probanza que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tiene entidad propia, al ser medio de convicción que se obtiene del seguimiento del juicio respectivo. Sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la citada ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el termino de tres días para que **, a nombre de las menores terceras interesadas ***, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que se hubiere manifestado al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de treinta de septiembre pasado y se ordena que las notificaciones que deriven de este juicio aún las de carácter personal, le sean practicadas por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado; lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 27 de la Ley de Amparo y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.*CRM
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