Luis Alberto Duarte Chacón

Expediente 1747/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1747/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • Luis Alberto Duarte Chacón

Actuaciones

  1. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese...".

  2. Principal

    "...ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, interpuesta por... regístrese bajo el número 1747/2017-V-B. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la integración de la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/127569/17/06, ECO 1478/17, respecto al delito de despojo del inmueble ubicado en calle de ... DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, el suscrito estima que en el presente caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) En primer término, es conveniente precisar que el artículo 107, Constitucional establece: "Artículo 107 Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes. I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, el amparo sólo procederá en los casos siguientes. c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.". De los anteriores preceptos deriva que los justiciables podrán promover amparo contra actos que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos, del trabajo, que no sea reparable mediante algún medio de defensa legal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos generales de procedencia del juicio de amparo; esto es, la afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso respecto del acto reclamado. De lo expuesto se infiere que, el interés jurídico a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación causada por el acto reclamado de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse, para determinar que los gobernados pueden promover juicio constitucional, es la afectación real y actual a su esfera jurídica, respecto de los derechos subjetivos sobre los que alude ser titular; es decir, que el acto reclamado vulnere de manera directa o indirecta su esfera jurídica de derechos. Ahora, por lo que hace al acto que por esta vía se reclama, esto es, que se integre la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/127569/17/06, ECO 1478/17, respecto al delito de despojo del inmueble ubicado en calle de Nogal número 122, Colonia Fraccionamiento Los Reyes Ixtacala, código postal 54090, Tlalnepantla, Estado de México. Debe decirse que, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta de investigación mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. En esas circunstancias, es dable concluir que la integración de la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/127569/17/06, ECO 1478/17, no causa perjuicio al inconforme, pues a través de la misma no se decide sobre la desocupación del inmueble; en todo caso, será hasta que el Juez competente determine lo conducente sobre el ilícito respecto del bien inmueble en cuestión, que de ser el caso, causará una afectación real y actual sobre los derechos de propiedad de la justiciable. De ahí que, hasta en tanto ello no ocurra, la posible afectación que pudiera resentir la promovente, deberá ser considerada como un acto futuro e incierto, contra el cual, también es improcedente el juicio de amparo, pues este sólo es procedente contra actos que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control constitucional no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su procedencia respecto de actos futuros. Cabe precisar que dicho concepto no debe entenderse referido exclusivamente en relación con aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe analizarse a la luz de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización. Estos principios, aplicados a la hipótesis en estudio, permiten establecer que no existe certeza respecto de la realización de la ejecución que pudiera tener el acto controvertido por la quejosa, consistentes en cualquier orden futura que pudiera tener por objeto desposeer el bien inmueble ubicado en calle de Nogal número 122, Colonia Fraccionamiento Los Reyes Ixtacala, código postal 54090, Tlalnepantla, Estado de México, pues del contenido de la demanda de amparo no se advierte elementos que revelen la certeza de su realización. Sirven de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis: (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, cuyo rubro señala: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". La diversa: II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, visible a página 2601, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Así como la sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2385, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XXXI, que dice: "ACTOS FUTUROS. Los actos futuros contra los cuales es improcedente el amparo, son aquellos que tienen el carácter de futuros e inciertos; pero si se tiene la certeza de que se ejecutarán, el amparo procede contra ellos, en los términos de la ley." En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia advertidas, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracciones XII y XXIII, y 5º, fracción I, de la de la Ley de Amparo en relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Duarte Chacón. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tienen como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente...".

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