Luis Alberto Davila Merino

Expediente 422/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
422/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Davila Merino
  • Luis Alberto Davila Merino y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio, sin que ninguna de las partes lo haya hecho; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado; lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    se advierte que transcurrieron los diez días establecidos en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio, sin que ninguna de las partes lo haya hecho; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado; lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos, sin mayor proveído, el oficio signado por el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, por el que informa que se ha señalado en varias ocasiones fecha para la aplicación de la vacuna COVID-19, a los menores de edad directos quejosos de iniciales D.Q.C., V.J.M.G., S.A.L y V.G.L.H., sin que se hayan presentado. Lo anterior, en razón a que por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en atención a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, dentro del recurso de queja 206/2022, se dejó sin efectos la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, éste órgano jurisdiccional estima necesario verificar el estado procesal de la vacunación de los menores quejosos, como se verá a continuación: INICIALES DE MENOR EDAD PRIMERA DOSIS SEGUNDA DOSIS 1 L.A.D.M 11 AÑOS X X 2 M.M.G 6 AÑOS X X 3 A.Y.T.R 12 AÑOS X X 4 R.B.H. 13 AÑOS X X 5 L.D.V.D. 11 AÑOS X X 6 N.C.H.O. 11 AÑOS X X 7 M.S.C.O. 7 AÑOS X X 8 J.O.P. de L. 12 AÑOS X X 9 L.G.M. 7 AÑOS X X 10 L.G.M. 6 AÑOS X X 11 M.I.O.M. 6 AÑOS X X 12 A.M.O.M 11 AÑOS X X 13 M.B.F.R 11 AÑOS X X 14 J.R.R.F 8 AÑOS X X 15 K.A.R.G.P. 8 AÑOS X X 16 A.M.L.J. 14 AÑOS X X 17 A.Q.M. 10 AÑOS X X 18 S.D.T. 10 AÑOS X X 19 A.E.S.R. 14 AÑOS X - 20 S.K.T.M. 12 AÑOS X X 21 D.Q.C. 9 AÑOS - - 22 E.A.G.R. 12 AÑOS X X 23 M.G.R. 11 AÑOS X X 24 M.A.M.V 7 AÑOS X X 25 E.D.L.C. 7 AÑOS X X 26 C.D.T. 13 AÑOS X X 27 C.L.R. 11 AÑOS X X 28 J.E.P.I. 10 AÑOS X X 29 M.E.P.I. 6 AÑOS X X 30 S.E.C.R. 12 AÑOS X X 31 L.M.Y, 5 AÑOS X X 32 H.Z.V. 8 AÑOS X X 33 D.Z.V. 12 AÑOS X X 34 S.G.G. 10 AÑOS X - 35 A.S.M. 11 AÑOS X X 36 S.E.G.R. 11 AÑOS X X 37 G.L.D. 10 AÑOS X X 38 V.H.L.D. 7 AÑOS X X 39 V.M.C. 13 AÑOS X X 40 N.G.M. 12 AÑOS X X 41 J.G.M. 8 AÑOS X X 42 C.M.S.O. 13 AÑOS X X 43 F.V.S.O. 8 AÑOS X X 44 V.E.G. 7 AÑOS X X 45 P.E.G. 5 AÑOS X X 46 J.A.G.F. 4 AÑOS X X 47 A.E.G.F. 7 AÑOS X X 48 J.S.L. 7 AÑOS X X 49 J.E.S.M 13 AÑOS X X 50 A.Y.S.M 7 AÑOS X X 51 J.L.P.P. 10 AÑOS X X 52 M.B.M. 6 AÑOS X X 53 F.Y.S. 7AÑOS X X 54 G.V.V.P 12 AÑOS X X 55 R.D.C.A.M 12 AÑOS X X 56 J.A.M. 7 AÑOS X X 57 I.P.P.A. 7 AÑOS X X 58 A.E.S.E. 10 AÑOS X X 59 J.M.B.A. 14 AÑOS X - 60 Y.M.M.B. 8 AÑOS X - 61 A.O.I.M. 13 AÑOS X X 62 A.L.R.B. 5 AÑOS X X 63 J.P.C.M. 10 AÑOS X X 64 N.C.G.C. 11 AÑOS X X 65 M.H.R.G. 7 AÑOS X X 66 F.F.M. 12 AÑOS X X 67 G.F.M. 9 AÑOS X X 68 V.J.M.G. 14 AÑOS - - 69 S.A.L. 11 AÑOS - - 70 Z.I.V.F. 6 AÑOS X X 71 E.I.C. 12 AÑOS X - 72 S.M.G.R. 13 AÑOS X X 73 J.C.L. 8 AÑOS X X 74 A.V.A.V. 7 AÑOS X X 75 K.I.M.L. 8 AÑOS X - 76 I.A.S.C. 9 AÑOS X X 77 J.M.J.V. 9 AÑOS X X 78 K.A.M.J. 14 AÑOS X X 79 K.H.R. 9 AÑOS X X 80 C.A.V.R. 9 AÑOS X X 81 V.G.L.H. 9 AÑOS - - De la tabla inserta, se advierte lo siguiente: La mayoría de los menores quejosos cuentan con la primera y segunda dosis de la vacuna. Los menores de iniciales A.L.R.B. (5 años a la fecha de la emisión del presente acuerdo) y J.A.G.F. (4 años), ya completaron el esquema de vacunación (1ª y 2ª dosis). Respecto de los menores D.Q.C., (9 años) V.J.M.G., (13 años), S.A.L., (10 años) y V.G.L.H., (9 años) no se cuenta con información de aplicación de alguna vacuna, sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dichos menores se encuentran en el supuesto anunciado por la Secretaría de Salud respecto al registro para la vacunación de niños a partir de cinco años sin comorbilidad y, por ende, que a partir del día dieciséis de junio del año en curso el portal "Mi vacuna" tiene la opción de registrar a los menores de manera universal. En primer término, se tiene que en la presenta instancia se reclama de las autoridades responsables la omisión de incluir a los menores de edad en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, a juicio de este Juzgador Federal contra dicho acto, respecto de los menores D.Q.C., (9 años) V.J.M.G., (13 años), S.A.L., (10 años) y V.G.L.H., (9 años), de los que no se tiene evidencia de inoculación ya que no han comparecido según lo informado por el apoderado legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, así como el resto de los que promovieron demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.].". En su momento, bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que para que se actualizara la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad responsable tendría que: a) Derogar o revocar el acto reclamado, dando como resultado una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto; o, b) Sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo y reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, el Alto Tribunal consideró que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse que no sólo implica la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Lo anterior, ya que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tercer lugar, es necesario destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, estableció que una nueva reflexión conducía a abandonar la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, toda vez que los alcances por los que se otorgara la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; ello, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, al haber cesado los efectos del acto reclamado, como se verá a continuación. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales, se hace consistir entre otros, en la omisión de aplicar e incluir a los menores quejosos en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y la falta de esquema de vacunación para los menores de edad. En esa tesitura, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veinte, el Gobierno de México a través del Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, publicó en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV-2, para la prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector"; documento que fue autorizado por el Secretario de Salud, según se advierte de su contenido, y desde entonces, se publica su actualización periódica, actualmente en su versión 7.0, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, que es la aquí reclamada. En el cual, se previó contar con una estrategia de vacunación en cinco etapas, en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, así como las diferentes dosis con las que contará el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en función de los seis grupos de priorización. La primera etapa de vacunación comprendió de diciembre de dos mil veinte a febrero de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud de Primera Línea de Control de COVID-19; la segunda, de febrero a mayo de dos mil veintiuno, en la que se incluyó al personal de Salud restante y personas de sesenta y más años; la tercera, de mayo a junio de dos mil veintiuno, se incluyó a personas de cincuenta a cincuenta y nueve años; en la cuarta etapa, se incluyó a personas de cuarenta a cuarenta y nueve años; y por último, en la quinta etapa que comprende de julio de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós, al resto de la población. En lo que aquí interesa, debe decirse que el grupo etario de cinco años de edad en adelante se encuentra comprendido en la quinta y última etapa de vacunación. Además, debe destacarse que en la página de internet con dirección url "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php", la cual pertenece a la Secretaría de Salud del Gobierno de México que se invocó como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que todos los menores a partir de la edad de cinco años, tienen la opción de registrarse para recibir su esquema de vacunación. Lo cual se corrobora con la siguiente imagen: Ello y lo acordado en el punto XII.a.2., cobra sustento en el contenido de la tesis I.7o.A.16 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, del título: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO.". Robustece lo anterior, la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito número I.3o.C.35 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Página: 1373 , Décima Época, Registro: 2004949, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.". En ese tenor, se pone de manifiesto que todos los menores de edad de cinco años en adelante, pueden ser registrados para recibir su esquema de vacunación contra el COVID-19, por lo que si los menores aquí quejosos, se encuentran dentro del grupo etario señalado, es evidente que ya están dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra el SARS-COV-2. De ahí que los menores quejosos, ya no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación. Así, pone en evidencia que cesaron los efectos del acto de omisión de que se trata, pues como se dijo, el grupo etario al que pertenecen se encuentra en proceso de vacunación de acuerdo al plan nacional de vacunación y por ende, deberán realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculados. Lo anterior, debido a que dicho criterio, parte del cuadro fáctico de que los menores de edad fueron excluidos del plan nacional de vacunación; sin embargo, a la fecha se han emitido comunicados oficiales que demuestran que ya se encuentran contemplados a fin de ser inoculados, como el resto de la población de este país. En ese orden ideas, se desprende que a la presente data, no se les encuentra negada la aplicación de la vacuna, sino que el periodo dentro del cual está el grupo poblacional al que pertenecen se encuentra en proceso para efecto de que le sea suministrada. De lo anterior, se aprecia que, a la presente data, el grupo etario al que pertenecen los menores de edad directos quejosos se encuentra en proceso de vacunación, pues a la fecha pueden registrarse para recibir su esquema de vacunación contra el COVID-19 y en consecuencia, recibir la vacuna. Lo anterior, pone en evidencia que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de aplicar e incluir a menores y la falta de esquema de vacunación, dado que surgió una situación similar a la que se hubiere dado de haberse concedido el amparo y, por ende, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del referido acto sin afectar la nueva situación jurídica, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra apoyo en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En el mismo sentido, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, en términos de lo anunciado al inicio de este punto; se procede pues, al análisis de la causal de improcedencia advertida respecto de la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, a los menores quejosos. En ese tenor, a efecto de estudiar la actualización de la citada causal de improcedencia, es menester tener en consideración lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXII; y, 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. - - - Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de la norma reproducida, se deduce que la causa de improcedencia examinada se actualiza cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual aquél se emitió. Ello, en razón de que en caso de concluirse que el acto combatido es inconstitucional, resultaría imposible restituir a los menores quejosos en el goce del derecho fundamental violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia amparadora, dado que la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando subsiste, se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica de los gobernados, susceptible de reparación, lo que impide que el acto reclamado y sus efectos trasciendan a estos últimos y que, por tanto, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 131 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 154, Novena Época, registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS." Tal como se precisó en apartados que anteceden, uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo, se fijó respecto de: La negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los menores quejosos. Negativa que deriva de la aplicación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, que excluye al grupo etario al que pertenecen los quejosos. Dicho lo anterior, se toma en consideración la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México, documento Rector" Versión 7.0 de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En específico, el apartado relativo a la estrategia de vacunación: etapas y logística. A la fecha de la presentación de la demanda, la población de cinco años de edad cumplidos en adelante está contemplada para ser vacunada. No obstante, conforme a lo expuesto en párrafos que preceden, se desprende que actualmente se encuentra abierto el registro de vacunación para las personas de cinco años o más; lo que se corrobora con la consulta de la página de internet mencionada en párrafos que anteceden. En tal virtud, la omisión de recibir la supracitada vacuna ya no deriva de aquella exclusión, pues se abrió el registro de vacunación contra coronavirus para las personas de cinco años o más y, por ende, ya tienen acceso a recibir esa vacuna. De ahí que, la falta de aplicación de la vacuna en cuestión, que se hizo derivar de que se había excluido de la Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, al grupo poblacional de la edad de los menores quejosos, ahora subsiste pero no por esa situación, y si dichos menores de edad han sido incluidos en el registro para recibir el biológico contra el coronavirus, es evidente que la omisión de no haber estado contemplado en la Política Rectora de Vacunación Contra Covid-19, ya no les genera perjuicio alguno, puesto que con motivo de la apertura de registro para la obtención de la vacuna de que se trata, en el rango de edad en que se ubican los menores quejosos, recibirán dicha inoculación. En ese sentido, si bien es cierto los directos impetrantes al momento de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal -a través de sus progenitores- se encontraban en un grupo etario que en ese momento no se encontraban contemplado dentro del plan de vacunación correspondiente. También lo es que, actualmente se encuentra abierto el registro para que las personas de cinco años o más se registren para ser vacunados, por ende, adquirieron la posibilidad de ser inoculados sin las restricciones aducidas en su ocurso inicial de demanda. Sobre todo porque justamente la perspectiva de la promoción de amparo se construye bajo la óptica de que como menores de edad no estaban considerados para ser objeto del plan nacional de vacunación y eso ya no sucede respecto de los hoy quejosos. Bajo ese tenor, actualmente los directos quejosos están posibilitados en realizar aquellas acciones de forma personal, ante las instancias sanitarias correspondientes, a efecto de ser inoculados, pues -se reitera- al momento se encuentra posibilitada para obtener la vacuna, previo registro que realicen en la página de internet referida en líneas que anteceden. También resulta evidente por las campañas de difusión establecidas actualmente en medios masivos de comunicación e internet, que la vacunación es voluntaria y depende de la asistencia de las personas interesadas en su aplicación. Destacándose que, de así considerarlo los menores quejosos podrán realizar las gestiones conducentes para su obtención. Ahora, no es ocioso mencionar, en su ocurso de demanda fueron alegadas cuestiones inherentes a la forma en que se implementan los programas y existe discriminación al grupo etario especificado en el párrafo precedente. Pero lo cierto es que esa argumentación estaba encaminada a la protección exclusiva del directo impetrante de amparo, pues en atención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 73 de la Ley de la materia, en el supuesto de haber procedido la admisión de la demanda y una eventual resolución favorable del juicio de Amparo, los efectos concesorios hubiesen recaído exclusivamente sobre los promoventes y no en el colectivo. En esa tesitura, se estima que aun cuando subsistiera la negativa de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a los menores quejosos, ésta no puede surtir efectos porque al haberse abierto el registro para ser vacunados, dejó de existir la afectación aludida; y ante ello, no existe materia para este juicio de amparo y se actualiza la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, pues ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que, en su caso pudiera emitirse. Así, cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Por consiguiente, si en el caso tal finalidad ya no puede materializarse, porque si se abordara el examen del acto reclamado y se concediera el amparo, los efectos de dicho fallo no producirían algún beneficio a los quejosos. Por tanto, en virtud que el objeto del acto reclamado ya no puede surtir efecto legal o material alguno, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. No es desapercibida la circunstancia que dentro del grupo de menores directos quejosos, por lo que hace al infante de iniciales J.A.G.F. (4 años), sin bien no queda comprendido dentro del grupo etario de cinco años o más, también lo es que como se asentó en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, ya completó su esquema de vacunación (1ª y 2ª dosis); circunstancia, por la que de igual forma cesaron los efectos del acto reclamado en esta instancia, sin que haya necesidad de realizar mayor abordaje al respecto. En consecuencia, al haberse actualizado una causa de improcedencia, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de criterios 95/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común-Penal, con registro digital 2025272, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las once horas con cincuenta y cinco minutos del día de hoy, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado. Al caso concreto, cobra vigencia por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia. Lo anterior, así se advierte de la jurisprudencia número P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada con el número de registro 2007920, el viernes 14 de noviembre de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Incidental

    agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el correo electrónico del abogado Dictaminador Jurídico y Consultivo, mediante el cual acusa recibo del oficio *****, dirigido al Gobernador del Estado de México, por el que se comunicó la interlocutoria de diez de octubre del año en curso; de lo anterior, se toma conocimiento.

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